sábado, 2 de abril de 2011

Alarte insta a Cospedal a "exigir explicaciones" a Camps y ve "evidente" que Rajoy "mentía" sobre los trajes

MADRID.- El secretario general del PSPV y candidato a la Generalitat, Jorge Alarte, ha instado este sábado a la secretaria general del PP nacional, María Dolores De Cospedal, a aprovechar su visita a Valencia para "exigir explicaciones" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en un momento en el que, a su juicio, "es evidente que Rajoy nos mentía a todos al decir que eran tres trajes". 

   Según ha informado el PSPV, Alarte se ha pronunciado así a su llegada al Comité Federal del PSOE que se celebró hoy en Madrid, en alusión a las "gravísimas informaciones" publicadas este sábado por las que la Fiscalía "plantea graves acusaciones sobre la cúpula del PPCV y los principales dirigentes populares de la Comunitat".
   En cuanto al encuentro que celebran los socialistas, ha confiado en que el Comité Federal apruebe el programa electoral marco".
   En opinión de Alarte, "lo importante es el debate futuro de las comunidades autónomas y los ayuntamientos", a lo que ha agregado que el "principal objetivo y preocupación" de los socialistas valencianos es que "se produzca el debate de la honradez y el futuro en la Comunitat Valenciana".

La Generalitat defiende la legalidad de sus contratos y estudian acciones legales contra EUPV

VALENCIA.- La Generalitat valenciana asegura que los contratos adjudicados a Santiago Calatrava "lo han sido con pleno respeto a la normativa que resulta de aplicación tanto a CACSA --Ciudad de las Artes y las Ciencias-- como a SPTCV --Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana--".

   En un comunicado, se ha referido así a las "acusaciones vertidas por representantes de EUPV" tras presentar una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción para que investigue esos contratos de la Generalitat con el arquitecto valenciano al considerar que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".
   En concreto, alude a las manifestaciones realizadas por la coordinadora de EUPV y diputada autonómica del grupo de no adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, y por los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, firmantes todos ellos de la denuncia.
   La Generalitat considera que la denuncia y las manifestaciones posteriores de éstos "pueden ser constitutivas de delito tipificado en el código penal", por lo que indica que "las sociedades públicas anteriormente referenciadas se reservan el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes en defensa del interés general".
   En el comunicado, recalca que CACSA y SPTCV "han sido sometidas anualmente a auditorías por empresas independientes" y que, posteriormente, su actividad también "es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas, sin que se haya detectado ningún motivo que haya dado lugar a la determinación de responsabilidad contable".
   La Generalitat asegura que "no existe incumplimiento de la normativa fiscal" dado que la sociedad Santiago Calatrava GMBH carece de establecimiento permanente en España y, en ese caso, "se produce la inversión del sujeto pasivo, por lo que la entidad pagadora de los honorarios debe autorrepercutir el IVA".
   También recalca que "no existe infracción de la normativa en cuanto a la determinación de los honorarios" de Calatrava, ya que los contratos suscritos están "amparados" por el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y sostiene que "la determinación de honorarios profesionales de un arquitecto en función del precio real de ejecución de las obras no es contraria a Derecho, sino habitual en este tipo de contratos".
   En cuanto al abono de esas cuantías, indica que se han abonado los honorarios correspondientes a las entregas de los anteproyectos, proyectos básicos, master plan, entre otros documentos, "de acuerdo con lo previsto en los documentos contractuales suscritos".    
   La Generalitat precisa que esos proyectos "obran en poder de las sociedades públicas y responden al trabajo encomendado" y remarca que "las posibles discrepancias que puedan haber existido en orden al desarrollo futuro de los mismos a través de los proyectos de ejecución no pueden confundirse con la realidad de la entrega de unos trabajos profesionales y la obligación de satisfacer los honorarios pactados".
   En cuanto al inicio de las obras del Centro de Convenciones de Castellón, indica que actualmente está "a la espera" de que el Ayuntamiento de la ciudad "entregue el suelo a la SPTCV" tras una "demora" debida a la "difícil tramitación" de la modificación puntual del PGOU de Castellón requerida, "con impugnaciones en sede judicial que obligan a esperar la resolución de los Tribunales de Justicia".
   Recuerda asimismo que, en virtud del protocolo suscrito en diciembre de 2007, SPTCV asumió la obligación de contratar la redacción de los proyectos y ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento debe encargarse de la tramitación del planeamiento y la obtención del suelo para su ejecución.
   La Generalitat subraya que, en sus presupuestos de los últimos años, "aparecen reflejadas las líneas de crédito concretas con los importes que el Consell destina a estos proyectos" y que, en concreto, sus cuentas de 2011 recogen la venta de la parcela M-3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
   Respecto a las Torres junto al complejo, remarca que "desde la formalización del encargo a Santiago Calatrava hasta la fecha, las partes han estado trabajando para su ejecución", que se ha visto "dificultada hasta el momento" por la "difícil coyuntura económica que atraviesa el país en estos momentos, y la actual situación del sector inmobiliario privado".
   Apunta asimismo que la Generalitat sacará a subasta la parcela en la que se planeaba la realización de las Torres de Calatrava, junto con el proyecto de construcción de las mismas.
   En su comunicado, defiende asimismo que "todas las iniciativas parlamentarias" presentadas por los grupos de la oposición en las Corts "han sido contestadas, o la documentación ha sido puesta a disposición de los mismos".
   Es más, incide en que "en uno de los casos, las manifestaciones realizadas por los denunciantes se basan en la exhibición del expediente administrativo, lo que --a su juicio-- evidencia la absoluta transparencia de las sociedades públicas".
   Por todo lo anterior, concluye que tanto la denuncia de EUPV como las manifestaciones posteriores "pueden ser constitutivas de delito tipificado en el código penal, por lo que las sociedades públicas anteriormente referenciadas se reservan el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes en defensa del interés general".

Calatrava asegura haber cumplido sus contratos con la Generalitat y dice sentirse "lesionado en su derecho al honor"

VALENCIA.- El arquitecto valenciano Santiago Calatrava asegura haber cumplido sus contratos con la Generalitat valenciana "en todas y cada una de sus cláusulas" y haber percibido, por ello, los honorarios contemplados en esos acuerdos "suscritos dentro de la legalidad".

   En un comunicado, señala que se siente "lesionado en su derecho fundamental al honor" por las declaraciones y la denuncia presentada ante Fiscalía Anticorrupción por la coordinadora de EUPV y diputada del grupo no adscritos en las Corts, Marga Sanz, y por los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, para que investigue esos contratos por creer que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".
   De hecho, el arquitecto indica que se reserva las "posibles acciones legales, civiles o penales" que puedan corresponderle en defensa de su honor a consecuencia de esos hechos.
   Calatrava sostiene que los honorarios a los que se refieren esos diputados "corresponden a proyectos y trabajos de arquitectura e ingeniería realizados en el marco de contratos suscritos dentro de la legalidad", que ha cumplido "en todas y cada una de sus cláusulas".
   En este sentido, critica el "juicio de valor" realizado por los parlamentarios "con temerario desprecio hacia la verdad" y que, a su juicio, "supone un total desconocimiento de los hechos sobre los que se está opinando".
   "En todos los proyectos en los que he intervenido está presente igual filosofía de trabajo, que sintetizo en: una absoluta seriedad y ética profesional, independencia del signo político que coyunturalmente dirige la Administración pública contratante y una constante preocupación por el interés de los ciudadanos", recalca.
   El arquitecto acusa a los parlamentarios y miembros de EUPV de "poner en bajo concepto y estima" su persona con unas afirmaciones que constituyen "una irresponsabilidad y difamación".
   En ese comunicado, califica como "demostrada" la "falta de interés por conocer los hechos" de esos diputados, algo que hace que se plantee "dudas respecto a la legitimidad de las motivaciones que se esconden detrás de estas actuaciones".
   Al respecto, argumenta que su abogado, Francisco Vega, se puso en contacto con la sede de EUPV en Valencia ante las "reiteradas exigencias de los diputados de 'querer saber" y las denuncias de 'ocultación de información'" y solicitó reunirse con Albiol para "aclarar cualquier extremo que ésta considerase necesario en relación con los contratos referidos".
   Según las mismas fuentes, la respuesta de la diputada, a través de su propio abogado, "fue negarse a mantener esta reunión", algo que Calatrava considera "curioso" dada la "insistencia" de la parlamentaria por conocer la información relativa a esos contratos.
   De hecho, incide en que ese encuentro "les hubiese permitido conocer, por ejemplo, el hecho de que Santiago Calatrava constituyó hace ya tres décadas una sociedad profesional de arquitectos e ingenieros en Zurich (Suiza)", que "dirige, aglutina y coordina todos los medios materiales y humanos necesarios para la ejecución de sus proyectos en todo el mundo".

EUPV tilda de "evasiva" la respuesta del Consell sobre los contratos con Calatrava y dice que "no se dejará coaccionar"

VALENCIA.- La coordinadora general de EUPV y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, ha tildado de "extemporánea y evasiva" la respuesta hecha pública por el Consell este sábado en relación con los contratos con el arquitecto Santiago Calatrava, al tiempo que ha recalcado que "no se dejará coaccionar por las amenazas de la Generalitat de querellarse" contra la formación.

   Así lo ha señalado en un comunicado después de que la Generalitat defendiera la legalidad de los contratos con Calatrava y señalara que estudia acciones legales por la denuncia de EUPV ante Fiscalía Anticorrupción para que investigue esos contratos al creer que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública".
   Al respecto, ha reprobado que las explicaciones del Consell "están llenas de contradicciones, expresadas por los propios Vicente Rambla y Gerardo Camps --vicepresidentes primero y tercero, respectivamente--, y eso que todavía no conocemos toda la documentación del tema", ha apostillado.
   Sanz ha remarcado asimismo que su "obligación" consiste en "denunciar el derroche de recursos públicos y la presunta corrupción en las instituciones".
   La coordinadora general de EUPV ha defendido que su formación "simplemente ha cumplido con su obligación de denunciar unas actuaciones que pueden ser constitutivas de delito y que aparecen documentadas tanto en el expediente del Centro de Convenciones de Castellón, como en los informes de la Sindicatura de Cuentas".
   Es más, ha subrayado que "fue esta institución la que llamó la atención sobre el hecho de que no se pagara IVA en los proyectos del Centro de Convenciones y las torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias".
   En su opinión, la respuesta dada por el Gobierno valenciano este sábado es "evasiva" porque "esquiva el derroche de los recursos públicos, evidenciado en el pago de cheques millonarios al arquitecto pese al criterio contrario de los técnicos de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana".
   Marga Sanz ha anunciado que "respetará el funcionamiento independiente de la justicia" y ha confiado en que "la Fiscalía abra finalmente la investigación sobre la denuncia".
   La representante de EUPV considera que "hay suficientes indicios em los documentos que Albiol hizo públicos y, en concreto, en la comunicación donde se reconoce el pago de 1.350.000 euros a Calatrava pese a incumplir el contrato", por lo que ha instado a la Generalitat "a no mentir y a entregar a EUPV toda la documentación sobre Cacsa, exigida en las Cortes".
   "Tanto que presume de transparencia, es hora de que haga pública toda la información", ha sentenciado.

RTVV dice que sus proveedores deben "entender" la situación actual de "crisis económica y financiera dura"

VALENCIA.- El director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, asegura, en una respuesta parlamentaria, que los proveedores del ente público deben "entender" la situación actual de "crisis económica y financiera dura y sostenida".

   López Jaraba responde así a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, en la que le interroga sobre cuándo tiene previsto RTVV pagar la deuda de la pasada temporada a los equipos de fútbol de 2ªB valencianos y por qué se ha rebajado la cantidad que recibían los clubes "a la mitad" en esta temporada.
   Al respecto, José López Jaraba señala que RTVV "ha sido esencial para la promoción del deporte profesional y también aficionado en la Comunitat Valenciana". En este sentido, destaca que la "apuesta" en  las parrillas de emisión de las cadenas públicas por los equipos valencianos de todas las categorías "ha sido constante".
   De esta forma, subraya que el ente público "cumple una de las funciones más importantes para las que fue creada la televisión pública dependiente de la Generalitat Valenciana" y añade que "la conjugación de televisión y deporte constituye un binomio imprescindible para la vertebración económica y cultural  de la sociedad valenciana".
   No obstante, indica: "estamos atravesando una crisis económica y  financiera dura y sostenida que el equipo de gobierno de RTVV, pero también nuestros proveedores, deben entender". Por tanto, considera que "la nueva situación económica se debe ajustar a las nuevas circunstancias de mercado tal como han hecho otros sectores relacionados con RTVV como el doblaje o la producción externa y  delegada".
   Asimismo, señala que, en consecuencia, los equipos valencianos de fútbol "deben ajustar su dinámica empresarial, como el resto de proveedores de contenidos audiovisuales o servicios prestados en las empresas de nuestro grupo empresarial", que entiede que, como  empresa pública, "debe ser el primero en establecer unos parámetros de funcionamiento de acuerdo con la coyuntura económica y el entorno competitivo que atravesamos".
   Por otra parte, y en respuesta a otra pregunta de Morera sobre por qué Canal 9 no emite los partidos de fútbol del Valencia y del Villareal, el director general de RTVV explica que Canal 9, como el resto de las televisiones autonómicas, comparte los derechos  de emisión con La Sexta, "de acuerdo con un protocolo de distribución de la liga profesional de fútbol español en el que participan, al mismo tiempo, otros operadores de televisión de pago".
   En este sentido, López Jaraba indica que, de acuerdo con los propietarios globales de estos derechos, "cada semana se establece un  turno de selección de los partidos en abierto que nos corresponden a las cadenas de la Forta".
"Canal 9, por tanto, no tiene derecho exclusivo de la selección, sino a través de Forta y siempre en coordinación con La Sexta", reitera en respuesta.

Antena 3 distingue a Carlet por superar la brecha digital

MADRID.-   'Vive conectado' la acción social de Antena 3, ha distinguido a las comunidades de Abla, (Almería); Carlet (Valencia); Cehegín, (Murcia); Guardo (Palencia); y Moralzarzal (Madrid) por "superar la brecha digital y hacer realidad el derecho universal de acceso a Internet, a pesar de que alguno de ellos cuentan con menos de 500 habitantes", según ha informado la organización. 
 
   Así, ha detallado que Abla aprovecha las nuevas tecnologías para lograr la plena integración social y fomentar el desarrollo rural y sanitario. Además, en la comunidad existen más de 50 blogs activos y tres redes sociales propias y son pioneros en la organización de laboratorios de aproximación y ferias tecnológicas.
   En Carlet, existen más de 15.000 ciudadanos conectados, 23 puntos de conexión inalámbrica y un sistema de filtrado de contenidos online que busca proteger a los menores de material que pudiera ser peligroso, según la organización.
   Respecto a la singularidad de Cehegín, descansa sobre una Wifneta ambulante equipada con tecnología Wi Max y tres routers 3G de banda ancha. También cuentan con un Banco de Memoria online, en donde se graban vídeos, transmiten experiencias y costumbre del pueblo.
   Por otra parte, la web oficial de Guardo almacena todos los plenos celebrados por el Ayuntamiento desde 2007 y la página permite al ciudadano realizar hasta ochenta trámites online 365 días al año y 24 horas al día. También habilita los protocolos de firma digital y DNI electrónico y cuenta con una sala de exposiciones virtuales ara promocionar los comercios locales a través de Google Street View.
   Finalmente, Moralzarzal ha obtenido el reconocimiento por el sistema de ventanilla única electrónica, "el más transparente de España", según la organización. Asimismo, el municipio fomenta el desarrollo de sistemas de comercio electrónico mediante cursos gratuitos de formación para empresarios y emprendedores, a través de acuerdos alcanzados con eBay.