domingo, 18 de julio de 2010

La desamortización de la CAM / Apunte de Argárico

El actual vértice de la CAM por obra y gracia del moribundo presidente Camps, un tal Modesto Crespo, vendedor de coches 'Ford' en Elche, debería mañana lunes dimitir y dejar paso a cualquiera de los tres vicepresidentes -preferiblemente Armando Sala, el de Alicante- por no haber defendido los intereses generales de los impositores, especialmente de Alicante y Murcia, para anteponer los suyos propios encaramándose en la presidencia de un SIP gobernado desde Cajasturias por un duodenato, aún a costa de agravar más la orfandad financiera de la Comunidad Valenciana.

El responsable histórico del desastre, creo entender que es el tal Roberto López, todavía director general de la CAM, amortizado al haber perdido toda credibilidad como gestor, y artífice de lo que tiene todas las trazas de ser ya una entidad virtualmente en quiebra a tenor de la intransigencia de un Banco de España, que hasta hace muy poco no nos había dicho la verdad de esta situación, enmascarada hasta para el consejo de administración, y que desde luego no ha cumplido en su momento estrictamente con su papel supervisor para evitar semejante devenida situación.

De ahí que el sometimiento a los astures o la intervención para posterior venta sean las únicas soluciones hoy a la vista tras la pregunta aún sin respuesta de ¿Quién ha vaciado la CAM? La Fiscalía tiene la palabra y el deber de actuar hasta de oficio por este cantado y no evitado saqueo.

La Comunidad Valenciana y, en parte, la Región de Murcia se quedan así sin palanca financiera propia para sus objetivos estratégicos de desarrollo regional en un momento histórico y fatídico, donde Bruselas urge a la desaparición de nuestro modelo propio de cajas de ahorro. Y especialmente de la CAM por tener, según parece, el mayor agujero del sistema financiero español, dificilmente digerible hasta con una incorporación al SIP de Caja Madrid-Bancaja.

Por eso el Banco de España está dispuesto a intervenir la CAM a partir del próximo 28 de julio aún a costa de sacrificar al 60% de su actual plantilla, se mire por donde se mire. Y ya no queda tiempo para poder esbozar una tercera vía socialmente aceptable. Los sindicatos apenas van a poder hacer nada sea cual sea la fórmula de salida. "¿Cómo se dejó comprar un banco en Ecuador y otro en Méjico a una caja en práctica situación de insolvencia?", se pregunta en voz alta este consejero por el PP de Alicante, que censura también al Banco de España.

En razonamiento de uno de los más emblemáticos consejeros de la CAM, el Banco de España no hizo los deberes en su momento y ahora quiere imponer una salida que perjudica a Alicante y Murcia al perder el control sobre una herramienta fundamental para su sociedad y sus empresas. Pero hasta Cajasturias prefiere ahora que la CAM diga que no a continuar en el SIP pese a las fuertes presiones y, hasta amenazas no veladas, del Banco de España. El 'mihura' le asusta al vaquero-banquero.

La muy reciente reforma de la LORCA contempla ayudas individuales a entidades de ahorro en apuros. Entonces por qué se empuja a la CAM a una fusión desigual e injusta a favor de Cajasturias en vez de respetar a sus órganos soberanos y buscar una situación a su medida por muy negro que pueda parecer su agujero. Y dónde está la CECA y a qué juega en este pulso. La bancada murciano-alicantina está firme aunque algo desmoralizada ante la desesperanza que la embarga.

Si tan mal anda la CAM por qué en cinco ocasiones otros han venido a por ella apoyados desde el Banco de España: Bancaja, Cajamurcia, BBK, Caja Madrid y Cajasturias. Qué se llevan entre manos el supervisor y sus niños mimados Carlos Egea (el del otro SIP imposible) y Manuel Menéndez, tal para cual. Algo huele a mafia de altura en todo ésto y a presuntos delincuentes de cuello blanco. Veo demasiada gente nada espontánea para alzarse con el santo y la limosna.

Pero aquellos son instrumentos complacientes para la creación de una nueva banca española semipública a través de estas mal llamadas fusiones frías, que exigen los plenos poderes de unos para un señor de la confianza total del Banco de España, como estos dos: al asturiano lo mandaron primero (con éxito) a comprar CCM y al murciano después (con fracaso) a intentarlo con Caja Sur. Ahora vamos a ver las segundas partes si salen como pensaban arriba.

La teórica gestión exitosa de Cajasturias no tiene nada que ver con la que necesita la CAM, calcetín aparte, de riesgo puro y duro. El señor Menéndez poco o nada debe saber como cántabro-astur de la dinámica financiera mediterránea. Como la presuntamente fracasada de una Cajamurcia castellana es diametralmente opuesta al estilo desarrollado por Sa Nostra o Caixa Penedés en la antigua Corona de Aragón. Los 'niños' son menos diestros de lo que dicen.

En ambos casos, aceite y agua. Y por eso la CAM no se entendió con Egea y ahora no se entiende con Menéndez aunque ambos sean perros de presa del gobernador Ordóñez para doblegar los legítimos intereses locales en cada caso, al margen del fracaso de los gestores impuestos por políticos de paso en todo tiempo.

Para bien o para mal, la gran caja del sureste, construida pacientemente por el viejo falangista cartagenero Oliver Narbona, está a punto de desamortización a manos de un habitual veraneante en Santa Pola que, en este caso, ojo, toca de oído pero es muy amigo de sus amigos.

La comisión de expertos declara el caso de Benidorm como el "exponente más claro de transfuguismo"

MADRID.- La comisión de expertos Independientes del Pacto Antitransfuguismo declara en su informe sobre la crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Benidorm el verano pasado que tanto la actuación del actual alcalde como la de los ex concejales electos en la lista del PSOE resultan constitutivas de transfuguismo. De hecho, establece que el caso de este municipio es el "exponente más claro del concepto de transfuguismo" tal y como se concibe en el Pacto.

El dictamen elaborado por la comisión de expertos será presentado ante la Comisión del Pacto Antitransfuguismo la semana que viene y establece que la "conducta" del ex edil del PP José Francisco Bañuls "resulta constitutiva de transfuguismo a todos los efectos".

Igualmente, la comisión considera tránsfugas al nuevo alcalde, Agustín Navarro, y a los otros 11 concejales electos en la lista del PSOE, hoy también declarados no adscritos, como Bañuls. Todos ellos conforman actualmente el equipo de Gobierno de Benidorm.

Los expertos destacan en su informe que, como en otros casos analizados, el caso de Benidorm pone de manifiesto un "patrón de transfuguismo muy común, en el cual la formación política que ha ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta pierde la Alcaldía por la deslealtad de uno de sus representantes electos, quien de forma unilateral otorga el citado cargo a otro candidato ajeno a su grupo, que hasta ese momento formaba parte de la oposición".

Así pues, la comisión explica que la persona que incurre en este tipo de conductas es, merced a las disposiciones del Pacto Transfuguismo, un "tránsfuga en toda regla", pero esto no quiere decir que no puedan existir otros "actores políticos" que merezcan también dicho calificativo por su "condición de terceros beneficiarios.

En el caso de Benidorm, subrayan los expertos, se pone de relieve la "estrecha colaboración entre el concejal tránsfuga y todos los concejales del PSOE".

"Todos ellos, sin excepción, conforman el gobierno municipal tras la moción de censura, asumiendo con total normalidad la nueva situación política, hasta el punto de que Bañuls es, por notoriedad mediática y por presencia en el gobierno municipal, uno de los pilares de la nueva corporación", señalan.

Por otro lado, Ezker-Batua del Ayuntamiento de San Sebastián presentará en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo el caso de dos concejales, Duñike Arriabalaga y Jon Lasa Laboa, elegidos como representantes de EB en las municipales de 2007 y actualmente expulsados tras anunciar su paso a otra formación política, Alternatiba, a nombre de la cual han registrado el grupo municipal. Así queda reflejado en el informe que EB ha enviado al Ministerio de Política Territorial.

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reúne el próximo jueves, 22 de julio, y son los representantes de distintas formaciones políticas las que proponen los casos a estudiar. En esta ocasión, la Comisión se ocupará de los casos de Velilla de San Antonio (Madrid), Vilafant (Girona), Tresjuncos (Cuenca), San Agustín de Guadalix (Madrid), Cañete de las Torres (Córdoba), Espinoso del Rey (Toledo), Balaguer (Lleida), Aitona (Lleida), Calafell (Tarragona), San Sebastián y La Bastida (Álava).

CC OO pide más inspectores de Trabajo en el Vinalopó para atajar posibles fraudes en Industria y Hostelería

ELDA.- El sindicato CCOO ha pedido al Gobierno central un aumento de la plantilla de inspectores de Trabajo en el Vinalopó para atajar los presuntos casos de fraude a la Seguridad Social que se registran en los sectores de la industria y la hostelería.

Fuentes de la central sindical han afirmado que, con llegada del verano, se incrementan esos posibles fraudes en la industria del calzado.

Las mismas fuentes han lamentado que el Ejecutivo central "no atiende" sus demandas de ampliar la plantilla de la Inspección de Trabajo, ni tampoco cubre las bajas laborales que se producen en el colectivo de inspectores.

Según datos aportados por CCOO, en la actualidad trabajan entre 52 y 60 profesionales, entre jefes, inspectores y subinspectores de Trabajo, en la provincia de Alicante.

A su juicio, esa cifra es "escasa" para combatir las supuestas "irregularidades" que en materia de Seguridad Social se dan en el Vinalopó.

Las fuentes sindicales han indicado que a esa situación se añade el hecho de que "pronto causarán baja cuatro de estos inspectores", cuyas plazas la Administración central "no tiene pensado cubrir".

CCOO ha considerado "necesario" un aumento de la plantilla de inspectores para prevenir y erradicar los posibles casos de fraude a la Seguridad Social en la industria y en el sector servicios.
Comisiones Obreras ha pedido la intervención de los inspectores de Trabajo y de Hacienda en restaurantes y salones de banquetes en los que, según el sindicato, se cobran menús de hasta 100 euros con plantillas de 40 personas de las que únicamente están con contrato entre 5 y 10 trabajadores.

En cuanto al sector del calzado, el sindicato ha revelado que "tristemente" la Inspección de Trabajo debe solicitar de nuevo la presencia de agentes de la Policía en empresas de Elda y Petrer para poder demostrar la actividad de trabajadores sin contrato.

Las citadas fuentes han asegurado que, en dos meses, se han llevado a cabo veinte intervenciones, tras las que se han presentado varias denuncias por presunto fraude de ley.

La central sindical ha advertido también de nuevas "irregularidades" en "la vuelta al trabajo a partir del 31 de agosto, ya que hay empresas que ahora no están renovando contratos a sus empleados aprovechando el verano".

El Síndic recuerda al Consell que Alicante no quiere la basura de Castellón

VALENCIA.- La Sindicatura de Greuges ha instado a la Conselleria de Medio Ambiente a que, a la hora de autorizar la ampliación de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Alicante, tenga en cuenta la voluntad "unánime" del pleno del Ayuntamiento para que la planta no reciba residuos de otros planes zonales.

El Síndic, José Cholbi, atiende así una queja presentada por la Coordinadora de Asociaciones y Colectivos de las Partidas Rurales de Alicante (CACPRA) para que medie en el proceso de autorización ambiental integrada para la ampliación del centro de tratamiento de residuos.

Los vecinos han denunciado ante la institución que están sufriendo "insoportables molestias" por los "fuertes olores" que emanan del vertedero y "los constantes ruidos" generados por el intenso tráfico de camiones de basura durante toda la jornada.

Según ha indicado el consistorio al Síndic, el pliego de condiciones sobre el tratamiento de residuos urbanos no prohíbe que en las instalaciones de Alicante entren basuras de otros planes zonales, aunque no ha precisado qué municipios depositan sus residuos en la planta de Fontcalent.

Respecto a las quejas por los fuertes olores, el Ayuntamiento asegura que se han realizado siete inspecciones de olfametría, llevadas a cabo por una inspectora municipal "con un olfato capaz de diferenciar los diferentes olores" que emanan del vertedero. En su informe, la técnica municipal sostiene que las dos ganaderías cercanas a la planta "emiten muchos más olores que las instalaciones municipales de tratamiento y eliminación de residuos urbanos".

Por su parte, la Conselleria ha asegurado al Síndic que la autorización ambiental integrada prevé medidas para evitar la propagación de olores, como el compostaje de la parte orgánica de las basuras en una nave cerrada, dotada de un sistema de depuración de aire.

En cuanto a las molestias acústicas, el Ayuntamiento reconoce que cada día circula hacia el vertedero una media 67 camiones, y unos 61 cada noche. Al respecto, Medio Ambiente se ha comprometido ante la Sindicatura a incorporar a su autorización la exigencia a la empresa de que disminuya las molestias ocasionadas por el tráfico de 128 vehículos pesados diarios.

Con todo, la asociación ha reclamado a Cholbi que la autorización ambiental integrada de la ampliación del centro "sea denegada" y "pueda ordenarse el efectivo cumplimiento de la concedida en 2007".

En este sentido, Cholbi ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que, en el proceso de autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta de basuras, "tenga en cuenta" que el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad que el centro no recibiera residuos de otros planes zonales.

En concreto, el pleno municipal acordó por unanimidad de todos los grupos el pasado junio que la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent dejaría de recibir vertidos de las provincias de Valencia y Castellón a partir de enero de 2011.

Además, el Síndic cree necesario que se apliquen "en todo momento" medidas correctoras para eliminar los olores generados por la planta de residuos y la contaminación acústica provocada por el paso de camiones de gran tonelaje que "injustamente están soportando los vecinos afectados".

Cholbi considera que la aplicación de estas medidas será más urgente si finalmente se decide ampliar la planta, pues "a nadie se le escapa que ello traerá consigo un aumento de los ruidos generados por el intenso tráfico de camiones de gran tonelaje que traerán más residuos".

El Síndic de Greuges ya se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente el pasado mes de marzo para conocer el proyecto de ampliación del centro de tratamiento de residuos sólidos de Fontcalent y los motivos que justificaban esa ampliación.

La crisis fiscal desata la voracidad recaudatoria de algunos municipios valencianos

VALENCIA.- La localidad valenciana de Bocairent sancionará la limpieza de los parabrisas de vehículos detenidos en los semáforos o en la vía pública con una multa de 750 a 1.500 euros, y el juego del "trile" en el espacio público con entre 1.500 a 3.000 euros.

Así lo recoge la ordenanza municipal de seguridad y convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Bocairent, que entrará en vigor en los próximos días, y cuyo objetivo es "preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo".

La normativa prohíbe en el espacio público toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, de contenido racista, xenófobo, sexista u homófobo, lo que se podrá sancionar con entre 750 y 1.500 euros.

Quedan especialmente prohibidas esas conductas cuando tengan por objeto personas mayores, menores y personas con discapacidad, y se perseguirán las conductas de asedio a menores por grupos de personas, todo lo cual se podrá multar con entre 1.500 y 3.000 euros.

La ordenanza distingue entre infracciones leves, sancionables con una cuantía máxima de 750 euros, como por ejemplo hacer pintadas o depositar en contenedores de basura orgánica envases de vidrio, plástico, papel o cartón; graves, con multa de 750 a 1.500 euros; y muy graves, multables desde los 1.500 hasta los 3.000 euros.

Las infracciones muy graves incluyen abandonar vehículos en la vía pública; el abandono de cadáveres de animales, o tirarlos a contenedores de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no autorizados expresamente; deteriorar de forma grave el mobiliario público, o colocar objeto que obstruyan el paso de personas.

También se consideran infracciones muy graves no cumplir las restricciones de riego y de llenado de piscinas dispuestas por el Ayuntamiento en periodos de sequía o en situaciones de escasez: incendiar basuras, o hacer pintadas en las señales que impidan o dificultan su visión.

Constituyen infracciones graves no recoger los excrementos depositados en lugares públicos por animales, no introducirlos en una bolsa de plástico o tirarlos a un lugar no adecuado; llevar mechas encendidas o disparar petardos sin autorización municipal; o la negligencia en la reparación inmediata de fugas de agua.

La circulación temeraria con patines o monopatines por aceras o lugares destinados a viandantes y la utilización de elementos del mobiliario urbano para su práctica podrá multarse con 750 a 1.500 euros, mientras que se prohíbe la mendicidad con menores, que podrá ser sancionada con multa de entre 1.500 y 3.000 euros.

La ordenanza prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.

Asimismo, prohíbe especialmente ofrecer o negociar servicios sexuales retribuidos en el espacio público a menos de 200 metros de distancia de centros docentes, bajo multa de hasta 750 euros, y mantener relaciones sexuales con retribución en el espacio público, con multa de 1.500 a 3.000 euros.

Hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se multará con hasta 300 euros, y si se hace en lugares frecuentados por menores, en mercados de alimentos o en monumentos protegidos, con 750 a 1.500 euros.

Avistados 755 cetáceos en un censo aéreo sobre el mar de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- La Conselleria de Medio Ambiente ha avistado un total de 755 cetáceos esta semana, en unos censos realizados en avioneta para la prospección del talud continental, con la colaboración de la Universitat de València, han informado fuentes de la Generalitat.

Los vuelos se han realizado los días 12, 13 y 14 de julio y se ha recorrido 1.374 kilómetros sobre el mar de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se han contabilizado 722 delfines listados, 14 delfines mulares, 10 ejemplares de calderón gris y 4 comunes, y 5 delfines no identificados. Además, en la prospección también se han localizado 24 ejemplares de manta y 28 peces luna.

Según las mismas fuentes, con estos vuelos se pretende conocer la distribución y la abundancia de cetáceos en la Comunitat Valenciana, y comprobar si el número de delfines ha variado en los últimos cinco años, después de que en 2007 el delfín listado (Stenella coeruleoalba) sufriera un proceso de mortandad por una infección por Morbillivirus.

Los datos de este censo indican que las poblaciones de delfines no parecen haber sido afectadas por el Morbilivirus, aunque los datos han de ser cotejados durante más tiempo, según las mismas fuentes.

Los muestreos aéreos se han llevado a cabo cubriendo las aguas de la Comunitat Valenciana, siguiendo transectos en zigzag a una velocidad constante de 90 nudos y una altura de 500 pies (150 metros).

Dos observadores miran constantemente al mar durante aproximadamente 4 horas intensivas y comunican los avistamientos al anotador.

Además de cetáceos, se registran localizaciones de tortugas, así como peces luna, peces espada, mantas o aves marinas, cuyas citas se registran junto a los datos de tamaño de grupo y de comportamiento, el ángulo del animal con respecto a la avioneta, para el cálculo de la densidad, y parámetros ambientales.

El Rentabús y las plataformas de atención han realizado 35.000 declaraciones

VALENCIA.- Los servicios del Rentabús y las plataformas de atención al contribuyente han efectuado cerca de 35.000 declaraciones de la renta y revisiones de borradores durante la campaña de la Renta 2009 en la Comunitat Valenciana, han informado fuentes de la Generalitat.

Desde la puesta en marcha de esta campaña el pasado tres de mayo hasta finalizar la misma el 30 de junio, las tres unidades móviles del Rentabús han visitado 15 municipios, 21 en Alicante, 15 en Castellón y 29 en Valencia, realizando un total de 13.038 declaraciones y revisiones de borradores de la renta.

El Rentabús se puso en marcha en el año 2003 con motivo de la Campaña de la Renta 2002 y en la actualidad la Comunitat es la única Administración tributaria que presta este servicio hasta la fecha.

La directora general de Tributos, Araceli Muñoz, ha destacado que el volumen de declaraciones realizadas durante esta campaña y el éxito de los años anteriores, certifican que el Rentabús se ha convertido en un mecanismo eficaz y ágil de información y asistencia, con una aceptación creciente por parte de los ciudadanos".

El objetivo es acercar y mejorar este servicio, a aquellas localidades que carecen de una dependencia administrativa permanente de Hacienda, o de un puesto fijo habilitado por la Generalitat donde realizar la declaración de la Renta.

El personal especializado de la Generalitat ha prestado servicios en un total de 30 puntos de atención, 8 en Alicante, 8 en Castellón y 14 en Valencia, atendidos por un total de 36 personas, utilizando para ello el programa de ayuda para la confección de la declaración de la Renta de las Personas Físicas (P.A.D.R.E) y los demás instrumentos diseñados para agilizar la confección de las declaraciones.

Unas 13.200 declaraciones se han presentado telemáticamente a través de los puntos de atención habilitados por la Generalitat en la Campaña recientemente finalizada.

Por otro lado, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ha habilitado por segundo año consecutivo, en la campaña recientemente finalizada, una plataforma propia de atención al contribuyente en el Palacio del Almirante, ubicado en la calle Palau.

En esta plataforma de atención ubicada en Valencia, que ha contado con un total de 10 puntos de asistencia, se han confeccionado 11.992 declaraciones y confirmaciones o rectificaciones de borradores, un 8,8 % más que el año pasado.

La CECA cree que no habrá sorpresas en las pruebas de solvencia a las cajas de ahorro

MADRID.- Los bancos y cajas españolas no se llevarán una desagradable sorpresa cuando se conozcan las pruebas de resistencia a finales de la próxima semana, según el director general de la Confederación española de cajas de ahorro (CECA).

Muchos analistas han advertido de que las cajas de ahorro españolas podrían ser las que más sufran cuando los tests de estrés se hagan públicos el viernes, junto con los de otros bancos europeos, dados que están muy expuestas al muy afectado sector inmobiliario.

Aún así, José Antonio Olavarrieta, cuando se le preguntó si habría alguna sorpresa, declaró al diario ABC: "Creo que no, ni en cajas ni en bancos".

No obstante, no descartó que alguna caja tenga que pedir más capital del fondo de restructuración bancario, el FROB, creado para contribuir a un proceso de consolidación entre las 45 cajas, que prevé que queden en torno a una veintena, y reforzar la posición financiera de las más débiles.

Olavarrieta también indicó que esperaba que las pruebas de resistencia mejoren las condiciones en los mercados monetarios, ya que algunas entidades españolas pequeñas se han visto excluidas ante los temores de que España pudiera afrontar una crisis de deuda similar a la de Grecia.

"Si los estrés test son positivos y se restablece la confianza, empezará a haber más crédito al mejorar la liquidez de los mercados", declaró.

En otra entrevista a La Vanguardia, el presidente de la CECA y de La Caixa, Isidro Fainé también dijo que los bancos y las cajas no tendrían problemas con las pruebas de resistencia dados sus números claros, balances transparentes y suficientes garantías hipotecarias en relación con los créditos concedidos.

Pero dijo que el sector aún tenía trabajo por delante en cuanto a reducir costes y hacer más provisiones de capital.

La ausencia de 28 controladores en Barcelona causa "retrasos fuertes" en Manises

BARCELONA.- El absentismo de 28 controladores en su puesto de trabajo del centro del control del aeropuerto de Barcelona ha causado "fuertes retrasos" en el tráfico aéreo de la zona mediterránea, especialmente en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Baleares, donde se han producido un retraso medio de una hora en algunos de sus vuelos.

El aeropuerto de El Altet, que ha llegado a acumular un retraso de hora y media en 21 de los 262 vuelos programados, ha sido el más afectado por la baja de casi la mitad de los controladores que tenían previsto trabajar este domingo en el centro de control barcelonés.

Aena había dispuesto 61 candidatos para cubrir los puestos de la torre de control del aeropuerto de la ciudad condal, de los que 55 estaban programados y seis eran de servicios de cobertura obligatoria.

Según Aena, de los 28 ausentes, un 46% de los que tenían servicio, 24 han alegado razones médicas, en la mayoría de los casos comunicados sin suficiente antelación para buscar sustitutos. Ante esta situación, el aeropuerto de El Prat (Barcelona) ha registrado un retraso medio de 28 minutos.

Asimismo, el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma) ha acumulado retrasos en 11 vuelos, diez de ellos internacionales, debido a que cerca del 90% de su tráfico aéreo pasa por Barcelona.

Por último, el aeropuerto de Valencia ha registrado una media de retraso de media hora, mientras que Girona y Reus han operado con normalidad.

Los servicios de inspección de la Seguridad Social ya están investigando cada una de las bajas producidas en el aeropuerto de Barcelona y Aena ha anunciado que se adoptarán "todas las medidas que la ley prevé" para estos casos. Asimismo, va a activar "todos los instrumentos legales" para garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia del tráfico aéreo.

Por su parte, el ministro de Fomento va a pedir a Físcalía que investigue las demoras en los aeropuertos españoles registradas este fin de semana ante las bajas de controladores. A su juicio, el hecho de que estas bajas se produzcan "de un día para otro" parece indicar que "se hace de forma organizada".

Sin embargo, los controladores aéreos han insistido en que las demoras en los aeropuertos españoles registradas en las últimas semanas tienen como causa la falta de plantilla y han lamentado la lenta evolución de las negociaciones sobre el convenio de Aena.

El SIP pone en evidencia la brecha entre el presidente y los directivos y el consejo de CAM

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, intentó el jueves convencer a los principales consejeros de la entidad para que aceptaran las exigencias de Cajastur y aprobaran, sin enmiendas, el contrato de integración del SIP que concede a esta última entidad, no sólo la dirección del nuevo banco, sino poderes irrevocables.


La polémica por esta última condición ha puesto al borde de la ruptura la "fusión fría" entre CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pero también ha provocado una clara fractura entre el consejo de la caja alicantina y su presidente, y entre éste y los máximos directivos de la entidad, contrarios a ceder poderes irrevocables a quien será consejero delegado del futuro banco, Manuel Menéndez, revela hoy el diario 'Información'.

Crespo reunió a almorzar el jueves, antes de que el consejo se reuniera a las cinco de la tarde, a los tres vicepresidentes de CAM -Ángel Martínez, de Murcia; Benito Nemesio, de Valencia, y Armando Sala, de Alicante-, el secretario general del consejo, José Forner, un hombre que estuvo al frente del órgano coordinador de las cajas valencianas y que ha estado ligado a éstas durante casi toda su vida profesional, con un breve paréntesis en que, bajo mandato de Zaplana, ejerció como director general de RTVV; y los presidentes de las dos empresas participadas por la CAM, Ginés Pérez, de Incomed, y Martín Sevilla, de Gesfinmed, el fondo de inversiones de la caja, que fue también conseller de Industria, en este caso con gobiernos socialistas.

Mientras Crespo trataba de persuadir a los citados consejeros de que el SIP no se podía parar y de que había que aprobar el contrato de integración hecho por Cajastur aunque no coincidiera, en la cuestión de la irrevocabilidad de los poderes que la futura junta universal delegaría en el primer ejecutivo del nuevo banco, con el protocolo inicial del acuerdo aprobado semanas antes, en otro restaurante directivos de la caja mantenían otro almuerzo con otro grupo de consejeros y con un mensaje diametralmente opuesto: el SIP, en esas condiciones, no se podía aprobar.

Rechazo unánime

El resultado es conocido. Crespo no tuvo éxito, puesto que el consejo, por unanimidad, rechazó el contrato de integración, lo que provocó una contundente réplica de Cajastur, dando por roto el SIP, y la inmediata salida a escena del Banco de España, que el viernes abrió conversaciones para tratar de reconducir la situación.

Consejeros de peso en la caja han criticado en las últimas horas la actuación de Modesto Crespo, poniendo énfasis en que es quien personalmente más gana si el SIP sale adelante y achacando a ello su posición. Crespo no tiene poderes ejecutivos como presidente de la CAM, y tampoco los tendría como presidente de la nueva entidad nacida de la "fusión fría" con Cajastur y las otras dos cajas. Pero no es lo mismo presidir la cuarta caja de España, con graves problemas, que el tercer grupo de ahorro español o el quinto financiero.

Además, de acuerdo con el contrato de integración, el mandato de Crespo se prolongaría todo el tiempo que durara el de Menéndez como máximo ejecutivo, esto es, doce años: seis, con una prórroga de otros seis. Crespo, de hecho, ya ha saboreado las mieles de lo que sería su nueva posición: fue uno de los llamados a Moncloa para escuchar de viva voz del presidente Zapatero las reformas que está introduciendo en el sistema financiero español y ya ha salido en varias fotos con el presidente de Caja Madrid, el ex ministro y ex responsable del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, algo impensable hace apenas unos meses.

En el seno del consejo crece el malestar por todo lo que está ocurriendo. De una parte, hay quien critica cada vez más abiertamente la gestión del equipo directivo, al que se acusa de no haber hablado claro nunca a los consejeros de cuál era realmente la situación de la caja ni haber informado suficientemente de las distintas negociaciones que se han ido abriendo y cerrando en los últimos meses hasta llegar al SIP, ahora en peligro, que controla Cajastur.

Dimisión
Pero, de otra parte, varios consejeros importantes piensan que el presidente, Modesto Crespo, debería haber dimitido el mismo jueves después de que el consejo no aprobara el contrato del SIP en su integridad y, por tanto, en la práctica le desautorizara, puesto que él sí lo defendía. De hecho, hay consejeros que opinan que Crespo no debería seguir siendo quien representara a la CAM ante el Banco de España, puesto que su posición no coincide con la del consejo, que es el órgano de gobierno de la entidad y el que puede aprobar o rechazar el SIP.

Para complicar aún más las cosas, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la operación tenga que ser aprobada por la asamblea, algo que hasta aquí se había intentado eludir, pero que ahora se pide desde distintas instancias. Tal como están las cosas, todo el mundo es consciente de que la asamblea general es muy difícil que aprobara una integración con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria como la que se propone.