viernes, 13 de julio de 2012

Puig propone bajar a seis los consellers y eliminar otros 143 cargos de la Generalitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado este viernes un plan extraordinario de reducción de altos cargos de la Generalitat, que propone reducir de diez a seis los consellers, suprimir los secretarios autonómicos y los delegados provinciales del Consell y bajar entre un 40 y un 70 por ciento otros altos cargos y asesores del Gobierno valenciano. 

   En concreto, la propuesta del PSPV plantea eliminar 147 cargos del Ejecutivo de Alberto Fabra lo que, según Ximo Puig, permitiría ahorrar 8.983.486 euros. El dirigente socialista ha destacado que se trata de un plan "de fácil aplicación", que solo precisa "voluntad política y coraje".
   Preguntado por el anuncio lanzado el jueves por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre una posible reducción de diputados en las Corts, Puig ha señalado que "de todo se puede hablar", pero ha indicado que esto no sería posible hasta dentro de tres años y "los ciudadanos necesitan respuestas hoy, no en 2015".
   Además, ha asegurado que el plan de los socialistas valencianos permitiría "cuatro veces más ahorro" que suprimir 20 escaños en las Corts. "No hace falta esperar a 2015, ahora es el momento de hacer las reformas necesarias", ha subrayado.

Calatrava ve una conspiración comunista contra su obra

VALENCIA.- El arquitecto valenciano Santiago Calatrava achaca las críticas lanzadas por EUPV al coste de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) a "una maniobra política de los comunistas". Y añade: "ellos no atacan a La Alhambra de Granada; ellos no atacan a la Catedral de Santiago de Compostela ni a El Prado en Madrid". 

   El urbanista realiza estas declaraciones en una entrevista publicada el 27 de junio por la revista especializada 'Architectural Record', en la que se le pregunta por las críticas de Esquerra Unida sobre el pago de 100 millones de euros por parte de la Generalitat valenciana por el proyecto de la Ciudad de las Ciencias.
   Al respecto, Calatrava --que dice "agradecer mucho" la cuestión-- destaca que ha estado trabajando en el complejo cultural durante 20 años. Agrega que su firma ha recibido unos 90 millones de euros de honorarios por esta labor, una cantidad que insiste en calificar de "modesta" --como ya hizo anteriormente su estudio en un comunicado a la prensa-- si se tiene en cuenta que ha sido "el responsable de todo", desde la arquitectura a la ingeniería.
   Cuando el periodista le plantea si el coste total de CACSA --que cifra en unos 1.000 millones-- no es "mucho dinero para esta economía", el arquitecto recuerda que España "ha recibido 100.000 millones de la Unión Europea. La gente dice que se necesitará un billón. Comparado con esto, los 1.000 millones de mis edificios no son nada", apunta.
   "Es equivocado decir que yo he hecho mucho dinero ahí. No es verdad", asevera. Cuando el entrevistador le hace notar que le ve "muy apasionado" en este asunto, el autor valenciano explica que le gusta mucho esa palabra, pasión, "porque viene del latín 'passio', que quiere decir sufrimiento". "He trabajado muy duro, esa es la verdad", recalca.
   Finalmente, sobre si cree que su proyecto en Valencia superará el examen del tiempo, se muestra convencido de que sí "porque no es algo volátil, como el rescate a los bancos". 
"Es algo que ha sido construido y que permanecerá como testimonio de que España ha encontrado su lugar en el mundo como país libre y democrático", señala.

Urdangarin ofreció en 2008 a Rambla, Miró y Barberá sus servicios para organizar unos Juegos de Juventud

VALENCIA.- El duque de Palma, Iñaqui Urdangarin, ofreció en el año 2008 al entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, a la consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró --actual diputada regional--, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sus servicios para organizar unos Juegos de la Juventud en la ciudad, según ha podido saber hoy. Este hecho demuestra que Urdangarin seguía en 2008 vinculado al instituto, pese a que su suegro, el Rey Juan Carlos, le aconsejó apartarse de esos negocios en 2006.

   Así lo han indicado este viernes Rambla y Miró en sus declaraciones, en calidad de testigos, ante el juez que instruye el caso Nóos, que investiga una supuesta trama en torno al Instituto Nóos cuando estaba presidido por el duque. El magistrado lleva dos días en Valencia practicando interrogatorios, y hoy, los más destacados, han sido los del exvicepresidente, la exconsellera y el también exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos.
   Tanto Rambla como Miró estaban citados a declarar en relación a una comida que mantuvieron en el año 2008 junto con Iñaki Urdangarin. En este almuerzo también estaban presentes --según han indicado ellos mismos-- Rita Barberá y otras dos personas del entorno de Urdangarin, de las que no sabían el nombre.
   Este encuentro tuvo lugar a instancias de la Alcaldía de Valencia --tal y como ha indicado Miró ante el juez--, algo que Rambla ha asegurado no recordar. Ninguno de ellos ha podido precisar quién pagó la cuenta, pero el exvicepresidente ha aseverado que él seguro que no.
   En el almuerzo se estuvieron tratando los diferentes eventos deportivos que había acogido o tenía previsto acoger la ciudad de Valencia. Con este objetivo, Urdangarin --según han relatado Rambla y Miró ante el magistrado-- les ofreció sus servicios, a través del Instituto Nóos, para organizar unos Juegos de la Juventud. Sin embargo, el Consell rechazó esta propuesta y se lo comunicó meses después.
   Asimismo, en este encuentro se dio por zanjado el tema de la organización de unos Juegos Europeos en la ciudad. En este punto, Miró ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el objetivo fue "suspender toda posibilidad de celebrar cualquier evento" con Nóos en Valencia.
   Por su parte, Víctor Campos ha negado ante el juez que recibiera algún tipo de presión para contratar con el Instituto Nóos, cuando estaba dirigido por el Duque de Palma, y ha justificado su firma en el convenio sobre los Juegos Europeos porque éste era "legal", según ha podido saber Europa Press.
   También ha detallado que firmó el convenio con Nóos para intentar conseguir que Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos --algo que finalmente no tuvo lugar-- porque era todo "legal y estaba respaldado por los informes de los técnicos".
   Ya a su salida, Víctor Campos ha declarado a los medios de comunicación que no tenía ninguna "instrucción, sospecha o resquicio de duda" sobre la actuación del Instituto. "Me ha sorprendido todo esto", ha aseverado. Asimismo, el exvicepresidente del Consell, que no ha contestado a algunas de las preguntas que se le han formulado porque no recordaba, ha agregado a los periodistas, respecto al convenio, que en 2005 el PP y el PSOE apoyaron esta idea.
   Posteriormente, ha dicho, se hizo una comparecencia pública con el presidente del Comité Olímpico Español en el Palau de la Generalitat donde se dijo que se iba a apostar por este proyecto. Tras ello, Campos ha asegurado que la iniciativa se tramitó "correctamente".
   Por otro lado, uno de los peritos que ha declarado este viernes, el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València (UV), ha afirmado que Urdangarin podía haber organizado perfectamente los Juegos Europeos. También ha puntualizado que la universidad hace por 30.000 euros más de 200 congresos al año, aunque éstos no tienen repercusión mediática.
   Con la sesión de este viernes, el magistrado ha dado por concluidas las declaraciones en Valencia. En total, entre ayer y hoy, han pasado por la Ciudad de la Justicia 28 personas, cuatro de ellas en calidad de imputadas: la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, Isabel Villalonga; la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Elisa Maldonado; el exsecretario de Turismo y exresponsable de Grandes Eventos del Consell, Luis Lobón; y la exresponsable del área jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), María Ángels Mallent.

David González, de Compromís, nuevo alcalde de Oliva tras prosperar la moción de censura

OLIVA.- El concejal del Bloc-Compromís David González ha sido nombrado este viernes nuevo alcalde tras prosperar la moción de censura presentada por la oposición municipal contra la alcaldesa del PP, Chelo Escrivá.

   El Ayuntamiento de Oliva ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para llevar a votación la moción de censura, que ha salido adelante con 14 votos a favor, los de todos los miembros de la oposición, y siete votos en contra, del PP.
   Según han asegurado desde Bloc-Compomís, "la duda" ante la moción la representaban los partidos Proyecto Oliva y Gent d'Oliva que hasta última hora no se han manifestado a favor de cesar a la 'popular' Escrivá "aunque al final se han adherido incrementando considerablemente el número de votos a favor".
   El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha acudido al pleno municipal para dar su "apoyo" a la coalición y ha destacado la "voluntad de consenso manifestada por todas las fuerzas de la oposición", tal y como han informado desde Bloc-Compomís.
   Durante su discurso, David González ha destacado "la falta de consenso político" que ha habido en el consistorio durante el mandato de Chelo Escrivá, así como "la falta de información" de cara a los concejales de la oposición alegando que se les ha negado el acceso al registro de entrada o que el gobierno municipal publicase un boletín sin que la oposición tuviera constancia.
   Del mismo modo, González se ha referido a "las descalificaciones constantes que la alcaldesa ha realizado en declaraciones y redes sociales". "Presento la moción por responsabilidad. Creemos en un gobierno fuerte y estable para Oliva. Seré alcalde con humildad y respeto", ha asegurado David González.
   Por su parte, el portavoz del PSOE, Salvador Fuster, ha insistido en que esta moción es una "difícil decisión". Y ha recordado que "el año pasado, la falta de acuerdo entre el Bloc y el PSOE dejó la alcaldía en manos del Partido Popular, aunque tan sólo había obtenido un 28,3 por ciento de los votos emitidos en las elecciones y 49 votos más que el partido socialista".
   "La nueva situación municipal requería precisamente de una buena dosis de diálogo por parte del Gobierno y una colaboración por parte de la oposición. Pero frente a esa colaboración ofrecida, nos encontramos con la intransigencia y el abuso de poder", ha señalado Fuster, quien ha añadido que este "abuso de poder" se ha hecho patente "a la hora de limitar el derecho de los concejales a la información local; el menosprecio a concejales y funcionarios y menosprecio a las mociones presentadas por la oposición".
   Del mismo modo, Fuster ha asegurado que "el abuso de poder se ha manifestado más allá del Ayuntamiento afectando a distintas asociaciones y personas particulares que no han admitido las imposiciones de la Sra alcaldesa", como la Federación de Moros y Cristianos, la Asociación de Jubilados y Pensionistas y "prácticamente todos los periodistas que cubren la información local y comarcal han sido insultados y despreciados para informar de aquello que sucede en Oliva, y que la alcaldía no quiere que se conozca".
   Por su parte, la que hasta ahora ha sido alcaldesa de Oliva, Chelo Escrivá ha manifestado que es la primera vez que se produce un hecho similar en Oliva, que ha tildado de "crónica negra". Escrivá ha asegurado que deja la alcaldía "con la cabeza alta y las manos limpias".
   "Nadie puede acusarnos de haber realizado parálisis municipal. Hemos intentado dar respuesta a los problemas y el resto han obstaculizado nuestras decisiones", ha respondido Escrivá a las acusaciones del resto de partidos respecto a la falta de consenso.
   La edil del PP ha asegurado que asume el cargo en la oposición "con el mismo orgullo".
 "No necesito vivir de la política para tener un sueldo", ha dicho. En cuanto a la moción de censura, Escrivá ha manifestado que viene motivada porque "se iban descubriendo nuevos asuntos que ponían en evidencia al anterior gobierno y eso ha acelerado la moción".
   Una vez finalizados los discursos, se ha procedido a la votación que ha contado con los 14 votos a favor de Bloc, PSOE, Proyecto Oliva y Gent d'Oliva. David González ha jurado su cargo y ha ofrecido unas palabras ya como nuevo alcalde, en las que ha asegurado: "gobernaré para todas y todos los ciudadanos de Oliva. Y lo haré con honestidad, con rigor, con dedicación plena y con el objetivo principal de contribuir al bienestar de mis conciudadanos".
   González ha manifestado que el nuevo gobierno de Oliva se caracterizará por el consenso político y ha anunciado que trabajará por: "la modernización de la administración local; por la generación de actividad en todos los sector económicos y de las condiciones que permitan luchar contra el principal problema que tenemos hoy en día, el paro".
   Asimismo, ha recalcado que trabajará por mejorar infraestructuras y edificios públicos, y finalizar la tramitación del PGOU que establezca el modelo de ordenación territorial del término municipal.

Campos niega presiones para contratar con Nóos y justifica su firma en el convenio de JJOO por ser "legal"

VALENCIA.- El vicepresidente de la Generalitat valenciana Víctor Campos ha negado que recibiera algún tipo de presión para contratar con el Instituto Nóos, cuando estaba dirigido por el Duque de Palma, Iñaki Udangarin, y ha justificado su firma en el convenio sobre los Juegos Europeos porque éste era legal".

   Campos se ha pronunciado de este modo en su declaración ante el juez que instruye el 'caso Nóos', que investiga una supuesta trama para desviar fondos cuando la institución estaba presidida por Urdangarin. El magistrado se desplazó ayer a Valencia para interrogar en dos días a casi una treintena de personas, cuatro de ellas imputadas.  
   Campos, que ha comparecido en calidad de testigo, ha prestado declaración durante una hora ante el magistrado, a quien ha explicado el proceso que siguieron para contratar con el Instituto. A preguntas de las partes, ha asegurado que no recibió presiones "expresamente" para contar con esa entidad.
   También ha detallado que firmó el convenio con Nóos para intentar conseguir que Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos --algo que finalmente no tuvo lugar-- porque era todo "legal y estaba respaldado por los informes de los técnicos".
   A su salida, Campos ha declarado a los medios de comunicación que no tenía ninguna "instrucción, sospecha o resquicio de duda" sobre la actuación del Instituto. "Me ha sorprendido todo esto", ha aseverado.
   Asimismo, el exvicepresidente del Consell, que no ha contestado a algunas de las preguntas que se le han formulado porque no recordaba, ha agregado a los periodistas, respecto al convenio, que en 2005 el PP y el PSOE apoyaron esta idea.
   Posteriormente, ha dicho, se hizo una comparecencia pública con el presidente del Comité Olímpico Español en el Palau de la Generalitat donde se dijo que se iba a apostar por este proyecto.
   Tras ello, Campos ha asegurado que la iniciativa se tramitó "correctamente" y el 23 de diciembre de ese mismo año se amplió con una addenda para dotarlo de presupuesto en el siguiente ejercicio.

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
A partir de septiembre
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA
- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO
- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
- Se facilitará su movilidad.
- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La nueva Ley de Costas ampliará a 75 años la concesión a viviendas

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.
   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

Adicae pide imputar a Blesa y a consejeros de las cajas que forman Bankia

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este viernes una querella criminal ante el juez Fernando Andreu, que investiga al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato y a su consejo de administración por su gestión de la caja, en la que solicita que también sean imputados por presunta estafa, falsedad, administración desleal y otros delitos todos aquellos que integraron el consejo de Caja Madrid desde 2007, entre ellos el que fuera su presidente Miguel Blesa, así como de las otras seis cajas que conforman Bankia.

   Así lo ha explicado el presidente de esta asociación, Manuel Pardos, a lo largo de una rueda de prensa en la que ha explicado que  esta iniciativa pretende ser tenida como ampliación de las diligencias abiertas por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 a raíz de las querellas presentadas por UPyD y la plataforma 15-M.
   Pardos confía en que su iniciativa sea acogida por el juez al considerar que Adicae está legimitada por ser una asociación de usuarios de cajas con más de 25 años de historia con experiencia en personaciones y por representar a "decenas de miles de usuarios estafados" por los 'productos tóxicos', como las participaciones preferentes, que utilizó la entidad "como fuga hacia delante" para esconder su verdadera situación financiera.
   La querella se presenta contra 19 administradores de Bankia, entre los que se encuentran directivos que ya están imputados como Rodrigo Rato, José Luis Olivas y otros contra los que no se dirigía la querella inicial de UPyD, aunque sí entran en la lista aportada por este partido político como ampliación de querella aún pendiente de admisión por el juez. En este grupo se encontraría el ex ministro socialista Virgilio Zapatero.
   También se pide la imputación de 21 administradores de BFA y de todos aquellos que integraron entre 2007 y 2012 los consejos de administración de las siete cajas que hoy forman Bankia, cuya identificación se solicita al juez, y que son Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
   Concretamente, esta asociación quiere que el juez Andreu, de quien Pardos ha dicho que confía en su "valentía" y en que "no se deje presionar", investigue los hechos relativos a la emisión y comercialización de participaciones preferentes  (delito de estafa continuado en concurso con publicidad engañosa); la constitución de Bankia (falsedad y cuentas); salida a Bolsa (alteración de precio de la acción y fraude); mantenimiento de la cotización de la acción (maquinación para alterar el precio de las cosas) y la gestión en general (administración desleal).
   Como testigos, esta parte solicita que Andreu llame a declarar al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, "con objeto de aclarar los acuerdos de no agresión y no investigación por parte del actual Consejo de Bankia", según Pardos; además de ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, ex presidente de la Comisión de autoría de Bankia.
   Además, piden la comparecencia como testitos del presidente de la  CNMV, Julio Segura; del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde; del ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del exsubgobernador Javier Ariztegui (como expresidente de la comisión rectora del FROB), entre otros.
    Entre otros documentos, esta parte solicita un informe del Banco de España de 2003 "donde se demuestra que el Banco de España es ya conocedor de que los inmuebles estaban sobrevalorados" y copia del expediente completo de salida a Bolsa de Bankia que obre en la CNMV, incluyendo la resolución que autorizó la salida a bolsa de dicha entidad.
   En el resumen de la querella aportado este viernes a la prensa aparecen como querellados Rodrígo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdu, Carmen Cavero, Arturo Fernandez, Javier López, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, Juan Manuel Serra, José Antonio Moral, Atilano Soto, Antonio Tirado, Juan Martín Queralt, Virgilio ZapaTero, Álvaro de Ulloa y Claudio Aguirre.
   También se añade como querellados a los administradores de BFA Francisco Pons, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez  Moreno, Agustín González, Mercedes de la Merced, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez y Ángel Villanueva.
   El Juzgado Central de Instrucción nº 4 ha admitido a trámite por el momento dos querellas contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y su consejo de administración presentadas por el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la plataforma 15-M., y ha rechazado por defectos de forma las de Manos Limpias y Democracia Real. El magistrado ha fijado para el próximo día 23 una vista para estudiar la petición formulada por ambos de que se proceda a una intervención judicial de la entidad.

El Gobierno eleva del 15% al 21% la retención en el IRPF por actividades profesionales

MADRID.- El Gobierno aumentará de forma temporal del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

   Esta medida fiscal, que aparece en las referencias del Consejo de Ministros, no figuraba entre las anunciadas el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco ha sido comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del Gobierno, en la que junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han comparecido los titulares de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente.
   Otra medida no anunciada y que figura también en las referencias es un aumento de la base máxima de cotización al Sistema de Seguridad Social de cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014.
   Como compensación, el Ejecutivo también elevará la cuantía de la pensión máxima en esos años un punto adicional a la variación del IPC. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los autónomos.
   Por otro lado, se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.
   De la misma forma, se homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social en el 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.
   Además, el Gobierno ha acordado proponer medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y abordar iniciativas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.
   En este mismo sentido, se presentará una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones.
   Otras medidas fiscales que se suman a la subida de IVA son la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   De la misma forma, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

El IVA subirá el 1 de septiembre para no perjudicar al turismo

MADRID.-   La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.
   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.
   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    
   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.
   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.
   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.
  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.
   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.
   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.
  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.
   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.
   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.
   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.
  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.
   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

Iniciativa afirma que Andrea Fabra demuestra que es "tan sinvergüenza como su padre"

CASTELLÓN.- El coordinador de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha afirmado este viernes que el video en el cual la diputada por Castellón, Andrea Fabra grita desde su escaño "que se jodan" después de la intervención de Mariano Rajoy en el Congreso anunciado las salvajes medidas que afectaran a millones de personas "demuestra es tan sinvergüenza como su padre, Carlos Fabra". 

    Así, ha afirmado que Fabra, presidente del PP en Castellón y expresidente de la Diputación, "la colocó primero como senadora y ahora como diputada, por simple nepotismo institucional al cual se presta el PP".
   Por ello, Mulet ha recalcado que "si en el PP queda la más mínima brizna de vergüenza de decoro, de sensibilidad, la expulsión de esta diputada tendría que ser inmediata, ni representa a Castellón, ni seguramente a sus votantes, que van a sufrir y mucho con las medidas impuestas por Rajoy."

Andrea Fabra, 'indignada'

Andrea Fabra ha subrayado, por su parte, que quiere aclarar que "en ningún momento" de ese debate hizo referencia alguna a la situación de los desempleados, sino que respondió a la "bronca" que estaba montando la bancada socialista. Y cree que eso queda bien claro en el vídeo del pleno: "Eso lo demuestran las imágenes, que me dirijo en todo momento a la bancada de los diputados del PSOE, que estaban gritando y lanzando frases insultantes ante la comparecencia del presidente del Gobierno".
"Me siento dolida e indignada con el PSOE por manipular y tergiversar usando un drama que afecta a más de cinco millones de personas desempleadas y hacia las que tengo el mayor respeto y solidaridad", ha subrayado.
Una indignación, ha asegurado, que es aún mayor teniendo en cuenta que "las políticas de despilfarro e irresponsabilidad aplaudidas y apoyadas por los socialistas en la pasada legislatura fueron las responsables de la difícil situación que atraviesan millones de españoles".
Para ella, la actitud del PSOE hace evidente que el debate del pasado miércoles en el pleno de la Cámara Baja no le salió bien "y están intentando ganar lo que no ganaron en el debate a través de una campaña difamatoria contra el grupo popular".
Andrea Fabra ha hecho hincapié en que lo que pretendieron en esa sesión los diputados del PP es acallar las constantes protestas y gritos de los diputados socialistas.
"Pero sobre todo quiero insistir en que en ningún momento me refería a las personas que se encuentran en una situación de desempleo y por las que tengo el máximo respeto y la mayor solidaridad", ha reiterado.

El Tesoro garantizará las necesidades de refinanciación y liquidez de las CCAA

MADRID.- El Tesoro jugará un "papel de fondeo" en el nuevo mecanismo que el Gobierno pondrá en marcha para aliviar las necesidades de refinanciación y liquidez de las comunidades autónomas, lo que significa que será el encargado de "garantizar" las cantidades que los gobiernos regionales requieran.

   Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el Tesoro "garantizará que se satisfacen las necesidades, sobre todo de vencimientos y liquidez, de las comunidades autónomas en lo que queda de año una vez se identifiquen y a medida que se sometan al mecanismo de financiación centralizada".
   Para poder acogerse a esta asistencia, los gobiernos regionales tendrán que asumir nuevas y "estrictas condiciones de estabilidad económica y financiera", ya que la intención del Gobierno es que el mecanismo "no perjudique la disciplina fiscal, sino más bien lo contrario".
   Por eso, Jiménez Latorre considera que el nuevo mecanismo "no debe sembrar dudas sobre la calificación crediticia del Tesoro", y de hecho el secretario de Estado asegura que, con arreglo a las "conversaciones y contactos" que los responsables del organismo emisor han mantenido con las agencias de calificación, "se valora positivamente el mecanismo centralizado de refinanciación, sobre todo si va acompañado de un fuerte condicionado económico y financiero" que forzará una mayor "disciplina" a las finanzas públicas y está "en línea con todos los esfuerzos" realizados en este sentido desde el pasado mes de diciembre.
   Según adelantó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.  Montoro aseguró que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas".
   Este instrumento, que fue aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, se enmarca en un plan de ajuste más profundo que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso el pasado miércoles y que, sin embargo, no ha suscitado una respuesta de los mercados tan positiva como se habría podido esperar.
   Preguntado por las causas de esta reacción, el secretario de Estado ha reconocido que "es difícil interpretar a los mercados", aunque considera que "necesitan un poco más de tiempo para ver que todas las reformas se ponen en marcha, tanto a nivel nacional como europeo".
   "Estamos en la línea adecuada, y necesitan un poco más de tiempo para comprobar que las cosas se mantienen en su curso, que no hay sorpresas, que la situación económica y financiera se estabiliza. Eso explica que la respuesta de los mercados no sea tan inmediata", ha afirmado, insistiendo en que si España "persevera en las políticas de reformas y en el saneamiento de las cuentas públicas" la inversión extranjera "acabará entrando", si bien para eso hace falta que antes "desaparezcan las incertidumbres".

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.
   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.
   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".
   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".
   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.
   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.
   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".
   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".
   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.
   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.
   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.
   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.
   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.
   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.
   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.
   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.
   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.
   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.
   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.
   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.
   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 
Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.
   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".