martes, 24 de abril de 2012

Compromís denuncia en Fiscalía "desajustes" de 50 millones de euros en las cuentas de RTVV

VALENCIA.- Compromís ha denunciado en Fiscalía de Valencia "desajustes" de hasta 50 millones de euros en las cuentas de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el representante de la coalición en el Consejo de Administración de RTVV, Rafael Xambó, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia acompañado por el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera.

   Xambó ha explicado que la coalición ha decidido a presentar la denuncia en Fiscalía tras revisar las cuentas de 2010 de RTVV y detectar "graves diferencias" entre el informe presentado en el Registro Mercantil, el informe de cumplimiento de la auditoría, y la memoria presentada en el Consejo de Administración del ente.
   Al respecto, ha puntualizado que existen entre estos informes "diferencias notables" que globalmente "significan diferencias de más de 50 millones de euros", ha puntualizado.
   Xambó ha lamentado que desde la coalición no puedan analizar el detalle de estas cuentas, puesto que no les facilitan más información. Por este motivo, han decidido poner estos hechos en conocimiento del ministerio público, al que junto a la denuncia han entregado varios anexos correspondientes con los informes económicos.
   Ante esta situación, fuentes del ente han indicado que Compromís ha hecho una lectura "errónea e incomprensible" del informe de 2010, y ha recordado que la memoria de la televisión "viene siendo exactamente igual desde 1986, y no tiene carácter jurídico".
   Además, han criticado que Compromís se haya fijado "solo" en una parte de los datos de la televisión valenciana "y no en el total". Así, entiende que han realizado una lectura "incompleta" del texto, sobre el que --ha apostillado-- "ni PSPV ni EUPV han dicho nada".
   Asimismo, han recordado que son las auditorías y la Sindicatura los que tienen que aprobar los datos económicos del ente público: "el Consejo de Administración no aprueba las cuentas del ente, sino la Sindicatura", han insistido.

Puig afirma que los recortes de empleados en las empresas públicas "certifican la explosión de la burbuja de enchufados"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado este martes que los recortes de empleados en las empresas públicas en el proyecto de reestructuración del sector público que prepara la Generalitat "certifican la explosión de la burbuja de enchufados".

   Puig ha dicho en un comunicado que el momento que vive el sector público empresarial valenciano "ha sido única y exclusivamente responsabilidad del PP y del Gobierno de Alberto Fabra", puesto que "no ha adoptado ninguna medida para cambiar las nefastas políticas que ha llevado el PP a cabo durante los 17 años que ha estado al frente de la Generalitat y que han provocado la situación de quiebra que atraviesa la Comunitat Valenciana".
   El dirigente socialista se ha pronunciado de este modo tras conocer la decisión del presidente del Consell de reducir a entre el 40 y el 50 por ciento de los empleados del sector público empresarial valenciano. Así, ha apuntado que, "la última ocurrencia de Fabra, los recortes de empleados en las empresas públicas, certifican la explosión de la burbuja de enchufados y favores del PP".
   En ese sentido, ha incidido en que el PP "ha montado todo un sistema de chiringuitos que, en realidad ascienden a más de 130, en los que, en muchos casos, se contrataba a dedo a sus trabajadores", quienes "debían cumplir un único requisito: ser afín, militante o simpatizante del PP".
   El líder socialista ha llamado la atención sobre la "gravedad" de este modo de operar de los 'populares' valencianos, puesto que "vulneraron reiteradamente la Ley de Contratos en las adjudicaciones y crearon una Administración paralela, como tantas veces hemos denunciado los socialistas valencianos".
   De este modo, ha incidido en que esa situación del sector público "ha sido consecuencia de los 17 años de gobiernos del PP que nos han llevado a la peor crisis económica, ética e institucional que recordamos los valencianos". Por ello, ha considerado que el Gobierno de Fabra "se ha quitado la careta con este recorte en las fundaciones y empresas, que se han utilizado sistemáticamente para la propaganda y el autobombo del PP valenciano".
   El secretario general del PSPV ha criticado que el "enchufismo" del PPCV "ha lastrado la función pública" y ha asegurado que "se hace necesario, efectivamente, quitar todo aquello que es improductivo, pero esta actuación no debe ni puede afectar a aquello que sí es útil para la sociedad valenciana".
   A ese respecto, ha recordado que "3.000 profesores interinos valencianos que sí hacen falta van a ir a la calle, mientras durante años se han mantenido miles de cargos para los amigos del PP valenciano". Asimismo, ha subrayado que este año, el presupuesto que la Generalitat ha destinado a los grandes eventos y sus fundaciones (CACSA, Circuito del Motor, Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana) un 23 por ciento más, "lo que demuestra cuáles son los intereses del PP".
   Por ello, ha indicado que "todo ello es una muestra más de que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat necesitamos una alternativa a un gobierno, el de Fabra, que está agotado desde todos los puntos de vista". Puig ha destacado la necesidad de "plantear una alternativa con un plan valenciano de reformas serio y riguroso, que elimine el montaje improductivo de fundaciones y sociedades prescindible, pero que garantice aquello fundamental para salir de la crisis", y que ha apuntado que es "la formación, la educación y los servicios públicos esenciales como la sanidad".

También Compromís

El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha señalado este martes en un comunicado que "los que sobran del sector público valenciano son los enchufados del PP".
   Al respecto, ha indicado que el despido de hasta un 50 por ciento de los trabajadores del sector público valenciano dependiente de la Generalitat que ha anunciado el vicepresidente del Consell, José Císcar, "corrobora que la contratación de personas que con una simple entrevista han pasado a formar parte del sector público valenciano ha sido desmesurada".
   Morera ha destacado que Compromís ha denunciado en reiteradas ocasiones que el PP "había creado una red clientelar de enchufados en la administración valenciana que tenía un coste altísimo para las cuentas públicas". Por eso, ahora, "el PP no tiene más remedio, cuando hemos tocado fondo y la Generalitat está a punto de ser intervenida, que realizar un drástico recorte del sector público valenciano".
   "No vamos a tolerar --ha añadido el portavoz de Compromís-- que paguen justos por pecadores, que aquellos que han entrado en el sector público enchufados por ser amigos o familiares del PP son los que se tienen que ir fuera y aquellos profesionales que han entrado de manera correcta mediante oposiciones se tienen que quedar".
   Según Morera, "los 5.000 enchufados del PP que sobran han creado un agujero muy grande en las arcas públicas, pero ahora lo que no se puede permitir es que la nefasta gestión de los gobiernos del PP dañe los servicios públicos". Que se vayan fuera los enchufados y que no se sacrifique la educación, la sanidad o la aplicación de la ley de dependencia", ha manifestado.

Activistas de AnimaNaturalis reivindican con una performance el fin de la experimentación con animales

VALENCIA.- Activistas de AnimaNaturalis han reivindicado este martes con una performance en la calle Colón de Valencia el fin de la experimentación con animales en el Día Mundial del Animal de Laboratorio, en el que han advertido a los consumidores que pueden elegir, a la hora de comprar un producto, aquel en el que no se haya utilizado un ser vivo para testarlo.

   Un grupo de seis activistas de la organización han llevado a cabo una puesta en escena en la que han aparecido desnudas, tapadas con toallas, simulando que acababan de salir de una ducha ensangrentada, rodeadas de conejos. Una de ellas llevaba además un cartel con el lema '¿Cuántos conejos mata tu champú?'. Los miembros de la entidad han repartido a los viandantes trípticos con la frase '¿Son necesarios los animales en los laboratorios?'.
   La portavoz de AnimaNaturalis, Natalia Rizzo, ha explicado a los periodistas que esta puesta en escena sirve "para reivindicar los derechos de los animales en los laboratorios".
 "Denunciamos que los anhimales son utilizados en los laboratorios, son testados y matados para probar los productos y que más del 80 por ciento de los test son principalmente de productos cosmética y de higiene", ha criticado.
   Rizzo ha destacado que existen "alternativas" para no usar animales en los laboratorios y que los consumidores puede elegir si comprar algo que ha sido testado "en el sufrimiento de los animales" un producto que no y que es "efectivo" para los humanos.
   Según AnimaNaturalis, en Europa mueren más de 12 millones de animales en los test que se realizan en los laboratorios, 1,3 millones de ellos en España. Esta cifra "se puede reducir a cero si no se consumen productos que vienen de la sangre de los animales", ha reivindicado Rizzo, que ha añadido que las pruebas a las que se les someten son "extramadamente crueles", con disecciones "incluso en vivo", sin anestesia, sin agua, sin comida o "se les preña y se les quita el feto".
   En esta línea, ha advertido de que estas pruebas "nunca serán fiables" para los seres humanos porque "no compartimos el 100 por cien del ADN". 
"Si estas pruebas se realizaran de forma ética, como por ejemplo mediante el cultivo de células o tejidos humanos, solo con un puñado de células humanas se podrían hacer pruebas y serían fiables sin necesidad de sacrificios para este fin", ha recalcado, para añadir que, además, son "más fiables, rápidas y económicas".
   En este sentido, ha reivindicado que que las empresas privadas y compañías farmacéuticas dejen de utilizar a los animales y un "reemplazo absoluto" en los laboratorios. Según Rizzo, la acogida que tiene la gente con esta acción reivindicativa es "de sorpresa" porque desconocen que "sufren tremendas torturas".
   "No sabe que para el champú con el que se ha lavado el pelo se le han reventado los ojos a un conejo con productos químicos concentrados", ha dicho, y ha incidido en que, según las encuestas, "más del 70 por ciento de la población preferiría no usar productos usados en animales sino otros que sí que son fiables y no probados en animales".

EUPV denuncia que una empresa vinculada a la trama recibido dos adjudicaciones de Sanidad

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado que la empresa Over Marketing y Comunicación SL, vinculada a la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Conselleria de Sanidad valoradas globalmente en casi tres millones de euros para la planificación y difusión de campañas publicitarias.

   Blanco, en un comunicado, ha explicado que la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil "sospecha que esta empresa habría hecho costosísimos regalos a dirigentes del Partido Popular balear a cambio de contratos, parte de los cuales fueron a parar a la financiación de la entonces partido de Matas".
   Para el diputado de izquierdas, "esta es una historia de todos conocida, que nos suena mucho: es la historia de Orange Market en el País Valenciano". Así, Blanco ha anunciado que solicitará los expedientes de contratación de las dos campañas publicitarias porque "queremos saber si en 2002 ya existía la trama Gürtel y sus prácticas corruptas que tenemos que extirpar de nuestras instituciones". "Esperamos máxima transparencia por parte del Consell", ha añadido.
   Para el parlamentario de EUPV, "el paralelismo entre la trama valenciana y la trama balear es absoluto". De hecho, ha indicado Blanco, "el modus operandi puesto de manifiesto en la instrucción delata que numerosos políticos del PP presuntamente recibieron regalos de lujo de la empresa Over Marketing y Comunicación SL".
   Según Ignacio Blanco, esta mercantil, "vinculada a la rama balear de la trama Gürtel, recibió dos adjudicaciones de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en 2002 y 2005, valoradas globalmente en 2.927.220,6 euros por la planificación y difusión de campañas publicitarias".
   Asimismo, ha puntualizado que el 11 de noviembre del 2002, el entonces subsecretario para los Recursos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio, adjudicó a esta empresa la campaña publicitaria institucional por un importe total de 2.103.542,37 euros.
   Por otra parte, ha añadido Blanco, el 10 de febrero del 2005, el entonces director general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad adjudicó la campaña para fomentar el uso racional del medicamento por un importe total de 823.678,23 €.

El PSPV informará a Fiscalía de que la "falta de control" que permitió el "saqueo" se repite en otras depuradoras

VALENCIA.- La portavoz socialista en la Comisión de Investigación de Emarsa en las Corts Valencianes, Carmen Martínez, ha advertido de que la "falta de control" que permitió el "saqueo" de Emarsa, la empresa encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo, se está repitiendo en la gestión y control de otras depuradoras pertenecientes a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR). Martínez, que ya lo ha denominado 'caso EPSAR', ha señalado que se trata de un "escándalo que afecta a miles de millones de euros" y del que van a informar a Fiscalía.

   Martínez, en rueda de prensa, ha explicado que creen que la "falta de controles provocó el saqueo de Emarsa" y ha añadido que ese "mismo patrón de ausencia de control se está repitiendo de forma generalizada en todo el sistema --de depuradoras--, porque las firmas encargadas de esa tarea --de control-- no son independientes". Por ello, ha asegurado que este martes pondrán la información de que disponen en manos de Fiscalía para que, "si así lo considera, abra una investigación".
   La parlamentaria socialista ha explicado que las depuradoras de la EPSAR se rigen por dos tipos de contratos, los de explotación --individual para cada una de ellas-- y los de control --que agrupan seis zonas en la Comunitat y son los "ojos" de la EPSAR--, encargados de asegurar el uso del dinero público proveniente de esta entidad. Para realizar esta labor de control "deben tener independencia absoluta", ha afirmado.
   Martínez, sin embargo, ha denunciado que "es evidente que existen vínculos empresariales y familiares y de amistad que pueden impedir que la labor de control esté garantizada en el sistema EPSAR".
   La parlamentaria socialista ha explicado que la EPSAR dispone de 460 depuradoras, cuyos contratos de explotación salen a concurso público. El reparto corresponde, en un 52 por ciento a Aguas de Valencia --entre ellas la de Pinedo--; un 25 por ciento  Facsa; el 15 por ciento a Agbar y el 8 por ciento restante otros grupos como Ivem, acusada de irregularidades en Emarsa, Aqualia o Lubasa, según ha informado Martínez.
   La diputada socialista ha querido llamar la atención en los contratos de control de las seis zonas de depuración de la Comunitat Valenciana porque, además de los "vínculos" con las empresas explotadoras, existe una suerte de "rotación" para en el reparto de las zonas de control, según ha dicho.
   Como ejemplo de la situación denunciada, Carmen Martínez ha recordado que desde 2005 hasta 2009, las empresas encargadas de controlar Emarsa fueron Consomar, Red Control y la UTE Iva Leying e Incivsa. Algunas de estas empresas son en la actualidad adjudicatarias del control de varias zonas de depuración de la Comunitat, ha dicho.
   El reparto del control zonal de las depuradoras tras las adjudicaciones de 2009 queda de la siguiente manera: Zona I, Ciopu S.L.; Zona II, Intercontrol Levante; Zona III, UTE Iva Leying-Incivsa; Zona IV, Consomar; Zona V, Red Control; Zona VI, Centro de Análisis de Aguas SA (CAASA). Todas las resoluciones de adjudicación fueron firmadas pro el entonces gerente de la EPSAR, José Juan Morenilla, ha apuntado.
   Tras explicar los contratos de explotación y el reparto de control zonal, Carmen Martínez ha pasado a señalar las "vinculaciones" entre algunas de estas empresas con las de explotación y con la propia EPSAR.
   En el caso de Consomar y Red Control --zonas 4 y 5--, el administrador esta última, Miguel Ángel Martínez Muro, es "a su vez el apoderado" de la primera. Asimismo, "según nuestras fuentes, pertenecen a una misma familia", ha explicado la diputada socialista, quien ha señalado que "mucho me equivocaría" si no acertara a señalar que Miguel Ángel Martínez Muro es el hermano del actual gerente de la EPSAR, José Luis Martínez Muro --que sustituyó en el cargo al imputado José Juan Morenilla--.
   Por otro lado, se ha referido a la UTE Iva Leying e Incivsa --zona 3--, que controla la explotación de la depuradora de Pinedo por parte de la UTE liderada por Aguas de Valencia.
   En este sentido, Martínez ha señalado que Incivsa tiene como administrador a Juan Carlos Girbés, que "compatibilizaba" este cargo con el de gerente de la empresa mixta Emimet, "con capital mayoritario de Aguas de Valencia". Aunque Girbés dejó de ser administrador de Incivsa cuando recibió la adjudicación de la EPSAR, "dejó en el puesto a Manuel Reyes, persona vinculada a las empresas de la familia del actual presidente de las Corts, Juan Cotino, que entonces presidía el consejo de administración de la EPSAR", ha indicado la diputada.
   Además, las empresas Incivsa y CIOPU -zonas 1 y 3 respectivamente-- llevan a cabo de "forma conjunta" la construcción de varias depuradoras en Alcossebre y Alcalà de Xivert. Igualmente, el hasta hace poco técnico de Leying Enrique Albors, ha sido nombrado gerente de la depuradora de Pinedo. Es decir, la empresa para la que trabajaba controló Emarsa desde 2009 y ahora "lo va a seguir haciendo" con una nueva firma, ha agregado.
   Martínez también se ha referido a Proaguas porque, "aunque no tiene la misión de controlar las zonas 5 y 6, no sabemos muy bien por qué todavía aparece en la web de la EPSAR alternándose con Red Control y Consomar, que son las que tienen ahora el control mayoritario de las depuradoras de Alicante". Al respecto, ha recordado que el director técnico de Proaguas era "hasta hace poco" Juan Luis Martínez Muro, actualmente gerente de la EPSAR.
   Estas son algunas de las "casualidades" que, según ha explicado Carmen Martínez, van a poner a disposición de Fiscalía para que, si lo estima oportuno, lo investigue. En esta línea, ha subrayado que "los mismos gestores a los que se les imputa el saqueo de Emarsa han gestionado 460 depuradoras" y que "las mismas empresas que tenían que controlar Emarsa y no lo hicieron, tienen que controlar ahora amplias zonas de la Comunitat". En su opinión, con este caso "estamos, a lo mejor, detrás de financiación irregular del PP".

Rosado afirma que en Sanidad se pueden ahorrar otros 500 millones

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha apuntado que a los 400 millones de euros de ahorro en Sanidad se pueden sumar otros 500 millones, aunque ha apuntado que en cualquier caso las medidas que se van a aplicar para ello tienen "carácter excepcional, son coyunturales, temporales y pueden revertirse cuando cambie la situación económica".

   Rosado, en una comparecencia ante las Corts para responder a una pregunta de EU sobre ayudas a drogodependencia, ha asegurado que a las medidas puestas en marcha por el Consell para ahorrar 400 millones se pueden sumar otros 500 millones con las nuevas propuestas del Gobierno central. No obstante, ha recalcado que no se tratan de recortes ya que se mantienen las mismas prestaciones para los ciudadanos.
   Así, ha recalcado que este ahorro se conseguirá "sin recortes de prestaciones ni servicios" sino a través de "la mejora de la eficiencia" del sistema porque está en juego "la sostenibilidad del sistema". Rosado ha incidido al respecto en que la "obligación" del Gobierno es "garantizar la sostenibilidad futura del sistema" y que la Sanidad "continúe siendo pública y con la misma calidad".
   En cualquier caso, ha garantizado que no renunciarán a la protección de los desfavorecidos y prueba de ello, ha dicho, es que  el dinero que se dedica se a la concertación con unidades externas ha crecido un 313 por ciento desde 2003.
  Por el contrario, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol ha apuntado que "la situación es dramática" y que se ha cometido "mayor atentado contra la sanidad pública" de la historia con estos ajustes. Además, ha advertido al Gobierno valenciano que "la ciudadanía no es tonta" y que se va a dar cuenta de los efectos de "estos recorets" en "la prestación de servicios".
   Por otro lado, respecto  al brote de legionela de Calpe, Rosado ha destacado que la Conselleria ha aplicado todas "las medidas de control" con "especial celo" por la "especial virulencia" que tuvo ya que afectó a 20 personas de las que  fallecieron cinco. En ese sentido, ha destacado que se actuó de una "forma impecable y exquisita" que "ya quisieran otros países europeos tener" ya que "la administración valenciana sabemos muchísimos de legionela y actuamos sin levantar la alarma social que perjudica al tejido productivo", ha recalcado.
  Rosado ha explicado todas las medidas que se adoptaron desde que se conoció el primer caso el 14 de diciembre de 2011 y que llevaron al cierre temporal del hotel origen del brote y su apertura tras más de 20 viistas de inspección. Además, ha justificado que el tercer caso se conoció mediante la red europea de alerta porque se trataba de un ciudadano británico que enfermó cuando volvió a su país.

Montoro recuerda a las CC.AA. que "no hay soluciones aisladas"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que "no hay soluciones aisladas" ni se puede "responder con políticas de luces cortas" a una crisis "de tanta envergadura" como la actual, instando a todas las administraciones públicas a cumplir el objetivo de déficit fijado para este ejercicio como único camino para recuperar la senda del crecimiento.

   Durante su primera intervención en el Pleno del Congreso en el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, Montoro ha defendido insistentemente que la reducción del déficit público es "la única manera, la más directa, el camino más corto para atajar la crisis" mediante la recuperación de la "credibilidad" del país para tener acceso a los mercados financieros.
   Y en ese objetivo, ha subrayado, es necesario que todos los niveles de la administración trabajen conjuntamente. "Estado somos todos. No se pueden producir quiebras parciales dentro del Estado, no es posible ni admisible porque de esas otras administraciones dependen los servicios públicos esenciales", ha dicho, llamando por ello a la "responsabilidad" al resto de gobiernos autonómicos y locales.
   "No es el momento de debates que puedan reducir la magnitud del problema al que nos enfrentamos, no es el momento de pensar en cada uno de nosotros como si tuviéramos solución aisladamente, ni de responder con políticas de luces cortas frente a una crisis de tanta envergadura como la que nos enfrentamos", ha añadido.
   A renglón seguido, el ministro ha asegurado que, en cualquier caso, el Gobierno ejercerá las funciones que le reconoce la Constitución relativas a la "coordinación de la política económica de las administraciones de España", algo que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria --que "previsiblemente" será aprobada definitivamente en el Senado este miércoles-- incluye la capacidad para intervenir a administraciones que no cumplan con los objetivos marcados.
   "El Gobierno, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución y la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, ejercerá la capacidad de prevenir, supervisar, penalizar e intervenir a las comunidades que no puedan cumplir por sí mismas los objetivos de déficit", ha proclamado Montoro, indicando que en la primera quincena de mayo se reunirán el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar los planes de reequilibrio presupuestario presentados "públicamente" por todos los gobiernos regionales para comprobar que "todos están en la consecución de ese objetivo irrenunciable del 5,3% de déficit" a final de año.
   Y es que "si actualmente hay dudas sobre España, sobre los presupuestos, éstas conciernen especialmente a la viabilidad financiera de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales", lo que se manifiesta en su "inaccesibilidad a la renovación de sus créditos".
   "Es así, no neguemos la evidencia. Esta Gobierno no ha creado esta situación ni la ha impulsado. Este Gobierno no ha cuestionado ningún elemento esencial del Estado de las Autonomías, sino lo contrario", ha insistido, en respuesta a las expresiones de desacuerdo de algunos diputados de la oposición.
   Por ello, ha defendido la actuación del Ejecutivo central para mejorar esta situación tanto mediante las consignaciones previstas en los presupuestos como con otras medidas tales como el "desarrollo pleno del sistema de financiación autonómica y local sin dudas y sin cortapisas", el plan de pago a proveedores o los retrasos aprobados en la devolución de las liquidaciones "derivadas de la mala presupuestación de 2008 y 2009".
   "Pero estas medidas no son suficientes. Las dudas sembradas no las vamos a despejar con las cifras de estos presupuestos. Es importante y obligado garantizar que las comunidades y ayuntamientos van a cumplir el objetivo de déficit público", ha zanjado.

Los inmigrantes irregulares perderán la tarjeta sanitaria el 31 de agosto

MADRID.- Todos los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando sólo accederán a la asistencia de urgencias, a no ser que acrediten la condición de asegurados, según establece el Real-Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que publica este martes el B.O.E.

   A partir de ese momento, según han explicado hoy fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes a inmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas.
   Hasta ese momento, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condición legal deberán regularizar su situación sanitaria, al igual que aquellos europeos que todavía no se hubieran inscrito en el Registro Central de Extranjeros.  
   En todo caso, cualquier inmigrante, sea cual sea su condición seguirá teniendo acceso a las urgencias y, especialmente, los menores y las embarazadas seguirán teniendo cobertura completa, tal y como recoge ya la Ley de Extranjería.