El CGPJ archiva la queja contra De la Rúa por no abstenerse en el 'caso Gürtel'

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar la queja presentada contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en el sobreseimiento de la rama valenciana del 'caso Gürtel'.

Así lo han informado fuentes del órgano de Gobierno de los jueces, que han señalado que la decisión de archivar la queja, que había sido presentada el pasado mes de agosto por el abogado murciano José Luis Mazón, ha correspondido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

Mazón pidió al Consejo que incoara un expediente disciplinario a De la Rúa, que formó parte de la sala que decretó el archivo de la causa abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que éste hubiera declarado que el presidente del TSJCV era "más que amigo" suyo.

"El denunciado no ha desmentido esa supuesta estrecha amistad con Camps", señalaba en su denuncia Mazón, que añadía que De la Rúa "ha intervenido en un asunto de su presunto 'más que amigo' y, además, ha sido el artífice de su absolución".

Es la segunda ocasión que se rechaza una queja contra De la Rúa después de que a principios de noviembre la Fiscalía General del Estado archivara la denuncia que interpuso Iniciativa del Poble Valencià contra el presidente del TSJ por un supuesto delito de prevaricación en el archivo del 'caso Gürtel'.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV archivó el pasado mes de agosto la causa abierta contra el presidente valenciano por un delito de cohecho al estimar que no hay relación entre los "agasajos" que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, empresa ligada a la trama "Gürtel".

Posteriormente, en octubre, la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del TSJCV al estimar que Camps cometió un delito de cohecho impropio al aceptar regalos aunque éstos no tuvieran contrapartida alguna.

También consideró que el archivo de la causa fue "prematuro", ya que la fase de investigación seguía abierta y, al tratarse de un sobreseimiento libre -es decir, definitivo- y no provisional, es imposible reabrirla "aun cuando aparecieran nuevos datos referidos a los hechos del procedimiento".

El archivo decidido por el TSJCV afectó, además de a Camps, al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes, como el primero, aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market.

El TSJCV pide información al TSJM, Corts y PPCV antes de decir si es competente

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado pedir información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), a la Junta Electoral Central y a las Corts Valencianes antes de pronunciarse sobre la competencia en la querella interpuesta por el PSPV en relación al 'caso Gürtel'.

Según informó en un comunicado el TSJCV, la sala, con carácter previo a decidir sobre su competencia para iniciar una investigación, quiere establecer, para el caso de que así lo estime, que los hechos a los que se refiere la querella "no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos, y a la que expresamente se refiere el informe policial" en el que se basa la denuncia socialista, y que fue remitido a diversas instancias.

Cuatro diputados socialistas en las Corts valencianes, --Ángel Luna, Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno-- presentaron una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, altos cargos del partido y varios empresarios, --hasta un total de 17 personas--, por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

La querella de los diputados socialistas se basa en el informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales del 31 de julio, en el que se indica que el original de este documento se remitió, además de al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se investiga la causa principal iniciada en su día por la Audiencia Nacional, según señala el comunicado.

La querella va dirigida contra 17 personas, que son Francisco Camps; el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; y los considerados principales responsables de la 'trama Gürtel' en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', entre otros.

Además de los ya nombrados, el PSPV incluyó en la querella a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.

La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.

El Consell propone a la Fundación Vicente Ferrer como Nobel de la Paz

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, mantuvo este jueves una reunión con Anne Ferrer, viuda de Vicente Ferrer y actual responsable de la Fundación Vicente Ferrer, a quien trasladó el "compromiso" del Consell para impulsar la candidatura del organismo fundado por el cooperante español al Premio Nobel de la Paz.

A la audiencia también asistieron Jordi Folgado, sobrino de Vicente Ferrer y el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, según informó la Generalitat en un comunicado.

Blasco explicó que el Consell está "entusiasmado con la posibilidad de que la Fundación Vicente Ferrer opte al premio Nobel de la Paz" porque considera que sería "una grandísima oportunidad de reconocer el valor de la solidaridad". Además, dijo, consideran que sería "muy merecido y vamos a poner todo nuestro empeño para apoyar esta propuesta en reconocimiento a toda su labor".

Por otro lado, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) rendirá homenaje a su fundador, tras cuatro meses desde su fallecimiento, con dos actos. Uno, este jueves en el Ateneo Mercantil de Valencia; y otro, el viernes en el Auditorio CAM de Alicante, según informó en un comunicado la entidad.

Así, a las 19.30 horas de este jueves, se celebrará un acto-homenaje en Valencia, en el salón de actos del Ateneo Mercantil, que estará presentado por Rosana Pastor. El viernes, 27 de noviembre, a las 20.00 horas, se realizará el acto-homenaje en el Auditorio CAM de Alicante. Ambos actos contarán con la presencia de Anne Ferrer, directora de Programas en la India y esposa de Vicente Ferrer.

Será un punto de encuentro para todos aquellos que quieren mantener viva la figura de Vicente Ferrer, así como recoger de manera simbólica su testigo. En la línea del homenaje virtual que la Fundación hizo en el espacio www.mantegamosvivalaluz.org, todos los asistentes al acto recibirán un detalle que simboliza la misma idea: mantener viva la memoria y el trabajo de Vicente Ferrer.

La organización continúa el proceso de transformación iniciado en Anantapur ampliando, por primera vez en 40 años, su trabajo a otros distritos, también en el estado de Andhra Pradesh. Y de hecho éste es el mejor homenaje que Vicente Ferrer podría recibir: continuar trabajando para conseguir erradicar la pobreza extrema en la India, destacaron las mismas fuentes.

El PSPV señala que el PP "obliga a rectificar a Camps" por "ponerse del lado de los imputados"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts Carmen Ninet aseguró hoy que el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, "ha obligado a rectificar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "ponerse del lado de los imputados" en el caso 'Gürtel'.

Ninet, que en un comunicado se refirió de esta manera a las declaraciones de los 'populares' en relación las declaraciones de la portavoz del Consell sobre Sitel, aseguró que ahora Sánchez de León "se desdice, cuando hace una semana afirmó que los abogados públicos de la Generalitat, pagados con los impuestos de todos, recurrirían para anular pruebas del caso 'Gürtel' que inculpan a Francisco Correa, todavía en prisión, y a Álvaro Pérez, el Bigotes".

"Otra vez más --dijo-- el PP nacional obliga a Camps a rectificar; lo que demuestra que cada vez más es un político conflictivo para sus jefes, para la dirección de su partido, por su relación con la trama corrupta", aseveró.

Ninet agregó que "Camps y Sánchez De León han tenido que rectificar porque, además de romper la estrategia nacional de su partido, el anuncio que hicieron suponía un gravísimo atentado a las normas de funcionamiento de la democracia".

"El Consell --añadió---, en lugar de defender los intereses de los valencianos, la honestidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, del dinero de todos los valencianos, se ponía del lado de los imputados en la trama de corrupción más grave en la historia democrática de la Comunitat Valenciana", subrayó.

Ninet, que recordó que legalidad "ha sido avalada de nuevo por el Tribunal Supremo hace menos de una semana", instó al jefe del Consell a convocar elecciones anticipadas y que "abandone en su empeño de ocultar sus escándalos y los valencianos podamos regenerar la dignidad de la política y la vida pública en la Comunitat Valenciana".

EUPV se muestra satisfecha por la modificación de la ley que permitirá "parar los pies" a la privatización de la Sanidad

VALENCIA.- La diputada de la Agrupación de Diputados No Adscritos y miembro de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Marina Albiol expresó hoy su satisfacción por la proposición no de ley presentada por IU y aprobada en el Congreso que "abre al fin una puerta para que el afán privatizador del Gobierno del PP en la Comunitat esté amenazado y empiece a restringirse".

Albiol, en un comunicado, aseguró que "ahora más que nunca hace falta esta modificación de la normativa para que se acaben los abusos privatizadores que se dan en la Sanidad valenciana y en aquellos modelos de otras comunidades que han seguido a nuestra, como es el caso de Madrid".

En este sentido, opinó que la intromisión de la empresa privada en la Sanidad valenciana, en casos como el de Alzira, "ha sido un perjuicio para el sistema sanitario público y ha convertido el servicio sanitario en un negocio para unos pocos", criticó.

La diputada subrayó que esta medida "permitirá eliminar la participación de empresas privadas en la gestión pública de la Sanidad", y señaló que la Conselleria de Sanidad "deberá aplicar esta modificación, pese lo que le pese al PP" y "esperamos que la privatización en nuestros centros sanitarios acabe siendo un mal sueño que hemos sufrido durante casi 15 años", apostilló.

El 52% de los alquileres en la Comunitat Valenciana no se declaran a Hacienda

VALENCIA.- Unos 70.000 alquileres de vivienda en la Comunitat Valenciana no están declarados a Hacienda, lo que representa el 51,92 por ciento del total del parque de viviendas arrendadas de la región, según el Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España, realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con motivo de su IX Congreso Nacional que se celebra hoy y mañana.

La cifra de casas que escapan al control del Fisco en la Comunitat Valenciana es inferior a la media de España, que se sitúa en el 54% del total del parque de viviendas alquiladas.

El estudio de los Técnicos de Hacienda cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

El informe, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.

Gestha denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su "medida estrella", que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando "muy mal".

"Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos", indicó.

Ante esta situación, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.

Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado lunes, sea un "primer paso" para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.

También sostienen que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.

El presupuesto municipal de Valencia para 2010 asciende a 769.195.745 euros

VALENCIA.- El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2010 asciende a 769.195.745 euros, una cifra que supone un descenso de un 3,8 por ciento respecto a las cuentas municipales de 2009, que alcanzaron los 799,3 millones de euros. Asimismo, el presupuesto consolidado del consistorio valenciano para el próximo año --en el que se incluyen los organismos autónomos y las empresas municipales-- asciende a 876.366.575 euros, lo que supone un 4,1 por ciento menos que en 2009.

Así lo explicó este jueves la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que presentó las cuentas del Ayuntamiento de Valencia para 2010, que se aprobarán este viernes en la Junta de Gobierno Local y se debatirán la próxima semana en un pleno extraordinario, tras recibirlos el PSPV, en la oposición municipal, y pasar por la Comisión de Hacienda.

Respecto a los gastos corrientes, la primera edil sostuvo que bajan un 6 por ciento. Comentó que aunque hay una "reducción global" en el conjunto del presupuesto, por otro lado, tres "políticas muy importantes" --bienestar social, empleo y educación, precisó-- ven "incrementado el gasto" con el fin de "atender a las personas" y sus necesidades.

Barberá dijo que "a pesar del tremendo zarpazo" y la "tropelía" del Gobierno central hacia los ayuntamientos, con la reducción de transferencias, ella ha decidido aplicar la máxima de "más por menos" para ofrecer "más atención aunque se tengan menos recursos" y hacer "los presupuestos más sociales de la historia".

Consideró que el del próximo año es un presupuesto "austero", "inteligente", "realista", en el que "no se han hinchado los ingresos", y "muy responsable" con la actual situación económica.

Señaló que son unas cuentas "muy claras" y "cargadas de sentido común", que "aplican el gasto en las necesidades de las personas", a lo que agregó que su "principal finalidad es seguir luchando contra los efectos de la crisis a la que nos ha sometido" el presidente del Ejecutivo central, "José Luis Rodríguez Zapatero", destacó.

Asimismo, consideró que con el PP al frente del gobierno municipal los valencianos tienen "garantizadas sus prestaciones a pesar de las dificultades".

Rita Barberá resaltó también que las cuentas del consistorio para el próximo ejercicio tienen como base la congelación, desde hace dos años, de impuestos --con el fin de "dejar dinero en las manos de los ciudadanos" y "ayudar a dinamizar la economía", subrayó--, de los sueldos de los concejales y asesores, y de la asignación a los grupos municipales, así como de la plantilla.

Igualmente, la alcaldesa apuntó que tienen en cuenta el Plan de Austeridad aplicado por su equipo, que contempla la paralización de la revisión catastral, la reducción de gastos electores (76%), de representación (10%), suministros postales masivos (15%), material de oficina (30%), teléfono (19,6%), y el ahorro energético (se pretende seguir bajando un 5% el consumo de kilowatios.

Aseveró que los gastos financieros "han salvado" el presupuesto para 2010 y apuntó, el respecto, que la "buena gestión" y la bajada del euríbor han hecho posible "recuperar" para el consistorio 26,5 millones de euros.

Por lo que se refiere a las diferentes concejalías, indicó que, "garantizando la prestación de los servicios", ven reducidos sus gastos un 9 por ciento en conjunto, salvo las delegaciones de Empleo, que lo sube un 29,3%; la de Bienestar Social, en la que crece un 11,7%, y Educación y Deportes, con aumento del 4,6% respectivamente.

La responsable municipal manifestó que todas éstas son "políticas sociales directas y auténticas, contra las que ha atacado Rodríguez Zapatero", dijo.

Detalló que Empleo contará con 5,3 millones de euros, principalmente para aumentar los proyectos de empleo y talleres; que Bienestar Social crecerá en 11 millones, hasta los 29,5, para incrementar las ayudas a domicilio, poner en marcha un servicio de atención continuada de urgencias de 24 horas, y ampliar la teleasistencia y las ayudas de emergencia social.

Agregó que esta concejalía mantendrá el reparto de alimentos no perecederos y las ayudas a la Casa Nostra, a los mayores y participará en un nuevo comedor social. A estos se suman, según la alcaldesa, 27 millones del Plan Confianza, del Plan E y del propio consistorio. Por su lado, Educación crece un 4,6 por ciento hasta contar con 18 millones, entre otras actuaciones para hacer una limpieza extraordinaria en prevención de la Gripe A.

Desde la Concejalía de Deportes, con un 4,6% más, hasta los 14 millones, se seguirá fomentando el deporte base, "fundamental para la educación y la integración social de las personas", y los grandes eventos, "que ayudan a dinamizar la economía", precisó Barberá.

A ello se suman 39,2 millones del Plan Confianza, del segundo Plan E y del consistorio. Barberá dijo que no hay una partida específica para la America's Cup, si se hiciese en Valencia, porque la 33 edición, "no exige canon".

Respecto a los ingresos, la primera edil comentó también que los procedentes de impuestos indirectos bajan un 12,22 por ciento (IVA 26%, Icio 8,33%, licencias urbanísticas 38,56%, tasas de construcción 50%, entre otros), mientras los procedentes de los directos suben un 0,15% (sube el IBI un 3,25 porque lo hace el catastro y bajan IRPF, Plusvalías y el IAE se mantiene).

Señaló que en 2010 entrarán en la ciudad, procedentes del Plan Confianza, del segundo Plan E y del mismo Ayuntamiento (por parte del consistorio 62,6 millones frente a 68 en 2009), un total de 294 millones de euros, según dijo, "un gran volumen de inversión" con "más de un centenar de equipamientos en los barrios".

Entre las actuaciones previstas está acabar centros para mayores, urbanizar parcelas escolares, el nuevo edificio de bomberos y policía en el centro histórico, rehabilitar y adecuar Tabacalera, las obras de la Plaza Redonda, rehabilitar San Vivent de la Roqueta y el nuevo Pont de Fusta.

Por lo que se refiere a la deuda, Barberá indicó que gracias a la "buena gestión" se ha logrado, "un año más", reducirla en 5 puntos, estar "saneados" y situar la tasa de endeudamiento en el 102,66 por ciento, dentro del límite que fija la ley. Añadió que esto permitirá "pedir un nuevo crédito para las inversiones del Ayuntamiento".

En concreto, la deuda para 2010 se incrementará en 48 millones destinados a inversiones.

El Parlamento aprueba la Ley de Extranjería por 180 votos a favor y 163 en contra

MADRID.- El Parlamento ha aprobado hoy la nueva ley de Extranjería con 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones, gracias al apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria.

Se han opuesto a la reforma, que necesitaba 176 apoyos por ser de carácter orgánica, el PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai, mientras que el BNG ha optado por la abstención.

Al debate en el Congreso de los Diputados, ha asistido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que la ha definido como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban" y ha asegurado que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".

A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".

La cuarta reforma de la ley de Extranjería, que incorpora directivas europeas y sentencias del Constitucional, ofrece protección a las extranjeras maltratadas, acota la reagrupación, incorpora nuevas infracciones como los matrimonios fraudulentos y amplía el plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días.

La nueva ley permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las Comunidades Autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, entre otros asuntos.

El diputado socialista Óscar Seco Revilla ha lamentado el uso por parte del PP de una "retórica xenófoba" en esta materia, así como el rechazo de IU-IcV-ERC al proyecto, porque "les ha dado vértigo aproximarse a un partido de Gobierno".

Ha opinado que la nueva ley es la más garantista de toda la democracia y que construye un nuevo modelo de convivencia e integración.

Carles Campuzano, de CiU, ha opinado que se mejora la regulación de extranjería, lo que justifica el apoyo de su grupo, a pesar de que mantenga algunas discrepancias en aspectos de reagrupación familiar y respecto a la ampliación del internamiento.

También ha defendido la ley, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien ha destacado "el avance" en la regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, porque lo aborda como "un tema de estado".

Frente a ella se ha posicionado el diputado popular, Rafael Hernando, quien ha considerado que se trata de una "reforma parcial y chapucera".

Ha opinado que la tramitación de urgencia ha sido "una auténtica chapuza", ya que de las 38 enmiendas aprobadas en el Senado, 30 han sido reformas técnicas y ha lamentado que no se hayan admitido ninguna de las 73 propuestas del PP.

Hernando ha aprovechado este debate para exigir al Gobierno que resuelva la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que permanece en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado día 14.

Para el diputado de IU-ICV Joan Herrera, "la ley es mala, mantiene el discurso de la dureza y da pasos atrás", además de "abrir la puerta a la privatización en la tutela del menor".

Desde el PNV, Emilio Olabarría, ha dicho que su grupo combate la ley porque, entre otros motivos, "puede contravenir el contenido de determinados derechos de la Constitución".

El BNG se ha abstenido, ya que, según ha explicado la diputada Olaia Fernández, su formación considera "discriminatoria" la ampliación del plazo de internamiento de los extranjeros.

Fuera del hemiciclo, miembros de unas sesenta asociaciones y ONG, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, han tachado la ley de "inhumana" e "injusta" y han entregado una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.

La jueza decreta prisión sin fianza para el ex alcalde de Polop Juan Cano

ALICANTE.- La jueza de primera instancia e instrucción número 2 de Vila Joiosa ordenó hoy jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ahora ex alcalde de la localidad alicantina de Polop de la Marina, Juan Cano, detenido el pasado martes por su presunta implicación en la muerte del anterior primer edil en octubre de 2007, según informó hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El detenido compareció ante la juez a las 13.30 horas y se acogió a su derecho de no declarar, por lo que se acordó su traslado a un centro penitenciario por orden judicial. El ex alcalde mantiene la condición de imputado por un delito de asesinato.

Además, la causa, abierta por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, sigue declarada secreta.

El hasta ayer alcalde de Polop de la Marina llegó a las 7.45 horas de hoy al juzgado número dos de la Vila Joiosa, en un coche camuflado, para prestar declaración, tras ser detenido en la madrugada del martes, por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro Ponsoda, quien falleció tiroteado en la puerta de su casa en octubre de 2007.

Cano, detenido en su casa de madrugada por la Guardia Civil, pasó hoy a disposición judicial en el juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, ante la mirada de los medios de comunicación y con la ausencia de vecinos.

Cuando fue detenido, el ya ex alcalde de Polop acompañó a los agentes de la UCO de la Guardia Civil en sendos registros en el Ayuntamiento y en su domicilio particular. Después, se lo llevaron arrestado, sin esposar, y con un ordenador portátil requisado.

Tras conocer la detención de Cano, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular decidió suspenderle cautelarmente de militancia.

La relación de Cano con la muerte de su antecesor era una de los rumores que circulaban hasta el punto de que él mismo compareció para anunciar su intención de personarse en la causa y amenazar con acciones legales contra los medios de comunicación que apuntaron esta posibilidad.