miércoles, 11 de febrero de 2009

Prisión incondicional para Correa y dos colaboradores en la trama de corrupción

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó anoche prisión incondicional para Francisco Correa, presunto líder de la trama de corrupción y tráfico de influencias descubierta en la "operación Gürtel", y para dos de sus colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo. Ya están los tres en la prisión de Soto del Real.

El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de las dos fiscales Anticorrupción, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, después de haber prorrogado este lunes su detención, que tuvo lugar el pasado viernes, para practicar nuevas diligencias.

Garzón acusa a los tres de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho, los mismos que atribuye a los otros 34 imputados que figuran, por el momento, en esta causa.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que el número de imputados en esta causa, que ya se eleva a 37, se amplíe "al menos en dos o tres personas" más, según han informado fuentes fiscales.

Antes de celebrar las vistillas para la adopción de medidas cautelares, han comparecido ante Garzón las tres primeras imputadas llamadas a declarar de la lista de 34 que ayer martes notificó el magistrado: Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa), Felisa Jordán -puestas en libertad por la Policía tras ser detenidas junto a Correa, Crespo y Sánchez- y Carmen Luis Cerezo.

Las tres han quedado en libertad tras ser interrogadas desde este mediodía hasta las siete de la tarde y el juez las ha impuesto comparecencias mensuales y la obligación de comunicar al juzgado si tienen intención de abandonar España.

Jordán fue la que más tiempo permaneció declarando ante el juez, unas tres horas, seguida de Rodríguez Quijano, que estuvo hora y cuarto, mientras que Luis Cerezo sólo entró diez minutos en el despacho de Garzón y acto seguido abandonó la Audiencia Nacional.

También ha sido conducido este mediodía a la Audiencia Nacional el último detenido en la "operación Gürtel", Álvaro Pérez Alonso, conocido como "El bigotes" y responsable de la empresa Orange Market, que fue detenido el lunes en Valencia. Sin embargo, aunque ha permanecido desde las 13.00 horas en los calabozos de la Audiencia, finalmente Garzón no le ha interrogado y previsiblemente lo hará este jueves por la tarde.

Durante su declaración, la mujer de Correa ha tratado de desvincularse de las actividades de su marido -responsable de la empresa Special Events, que organizó eventos para el PP hasta el 2004-, alegando que no viven juntos y que se encuentran en trámites de separación.

Según el abogado de Rodríguez Quijano, Enrique Molina, ex fiscal de la Audiencia Nacional que trabajó con Garzón en el desmantelamiento del entramado político, social y mediático de ETA, éste ha explicado al juez que desde que se casó con Correa tenía régimen de separación de bienes y ha asegurado que "la relación personal es inexistente" porque llevan cuatro años "sin tratarse".

Durante el interrogatorio se le ha preguntado además por su relación con las empresas de su marido, Special Events y Pasadena Viajes, en las que ella aparece como administradora hasta 2001. Ha explicado que aceptó este cargo porque se lo pidió su amigo José Luis Izquierdo, otro de los imputados en esta causa, y ha asegurado que ella firmaba los documentos que éste le decía.

De esta manera se ha desvinculado de las contrataciones y cuentas de estas dos empresas, que están siendo investigadas por Garzón, y ha añadido que no recibe ningún sueldo por su condición de administradora de estas sociedades.

También ha declarado que su único sustento es el sueldo que recibe de la empresa Construcciones Salamanca, propiedad del padre de la mujer de Correa, Emilio Rodríguez Bugallo, quien fue imputado en la "operación Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y que falleció el pasado año.

Respecto a su relación con el Ayuntamiento de Majadahonda, cuyo ex alcalde Guillermo Ortega Alonso (PP) también está imputado, la esposa de Correa, que fue jefa de gabinete en este consistorio, ha destacado que sólo tenía "una relación institucional".

El resto de los imputados serán interrogados por el magistrado en grupos hasta el próximo 5 de marzo, aunque hasta el próximo lunes Garzón no tiene previsto reanudar las tomas de declaraciones.

¿Quién es Paco Correa?

Francisco Correa, "Paco", supuesto responsable de la red de corrupción, fue explícito: "Estoy bien jodido". Hubo un tiempo en el que Correa tenía acceso directo a la "planta noble" de Génova, se codeaba con los santurrones del partido que fue de Aznar,... Y se chuleaba de ello. Pero todo se le ha venido abajo. El chorizo principal que tenía un sueño: ser pijo.

Francisco Correa (en la imagen a la izquierda) empezó en una agencia de viajes situada en las cercanías de la sede central del partido en Madrid. Pasito a pasito, "Paco" se fue abriendo paso en los despachos. "Era un tío espabilado, atrevido, proclive a las fantasmadas, presumido, ambicioso, y quería ser rico", escribe Lucía Méndez en El Mundo.

"Por utilizar una palabra que le cuadra muy bien y que ha sido utilizada muchas veces para referirse a él, Paco Correa era un auténtico chulo. Su pinta lo delataba, con el pelo engominado y los rizos en la nuca. No era un pijo, ni mucho menos, pero sí quería ser uno de ellos y vivir como ellos, veranear en Marbella, navegar en yate, comer en restaurantes de lujo y tomar café en hoteles de cinco estrellas, conducir un deportivo y casarse con una mujer rica. Todo ello lo consiguió, e incluso más".

Las grabaciones desveladas del sumario le delatan. «Se va a enterar este hijoputa». «Le voy a dar a éste su merecido». «Tengo un negocio que me voy a salir de la tabla».

"Si el juez Garzón le deja leer la prensa en la cárcel, Paco Correa se habrá dado cuenta de que le dejaron entrar en los palacios, pero, cuando vienen mal dadas, nadie conoce a nadie. A diferencia de muchos dirigentes del partido que ahora se hacen de nuevas, todos los periodistas y todos los trabajadores del PP pueden dar testimonio de quién era Paco Correa. Aquel que tantas veces se peleó con los responsables del gabinete de prensa de Aznar -casi llegando a las manos- cuando el foco no se encendía al paso del entonces líder del PP o cuando la carpintería del escenario no estaba bien pintada".

Según Lucía Méndez, "uno de los que más discusiones tuvo con él fue Miguel Angel Rodríguez, el periodista que cambió la imagen del PP en los años 90 siguiendo las instrucciones de Aznar de pivotar hacia el centrismo y la modernidad. Algo había en Correa que no le gustaba al equipo de Rodríguez, encargado de la imagen de Aznar. Numerosos periodistas son testigos de los enfrentamientos de Correa y sus colaboradores con personas de confianza del entonces presidente del PP. Primero con Rodríguez, pero después también con Isidro Cuberos, el que también fue jefe de prensa del PP. Y, más tarde, con Esteban González Pons, que no quiso contratarle para organizar las reuniones de la Interparlamentaria".

Pese a que muchos les daba a la nariz que Correa no era "trigo limpio", "el ambicioso u osado empresario, poco a poco, se hizo íntimo amigo del gerente del partido, Luis Bárcenas, estrecho colaborador del entonces secretario general, Francisco Alvarez Cascos. Bárcenas, ahora tesorero del partido, y Correa pasaban juntos incluso las vacaciones. Todo el mundo conoce, asimismo, la estrecha relación que le unía con el eurodiputado Gerardo Galeote, hijo de un concejal de Boadilla del Monte".

"El asistió en directo, desde detrás de los escenarios de los mítines, al ascenso electoral del PP. Y cuando llegó la gloria del poder, en el 96 y después con la mayoría absoluta de 2000, también estaba allí, con la puerta grande abierta para él".

Pero Correa no trabajaba solo. Ahí estaba su colega Alvaro Pérez, ambos del cal de Becerril, liderado por Alejandro Agag. Pérez, presidente de Orange Market, se convirtió ayer en la última persona detenida por Garzón. El amigote de Correa centraba su actividad en la Comunidad Valenciana.

Los periodistas Carlos Ribagorda y Nacho Cardero, en un libro editado por La Esfera, aseguran que Alvaro Pérez, el socio de Correa, más conocido por Alvaro el del bigote, se encargó de organizar una de las reuniones del clan de Becerril, la tercera edición del Seminario con Jóvenes Altos Cargos, celebrada en el hotel Las Gacelas los días 16 y 17 de noviembre de 2001.

"Un año después, los autores aseguran que Alvaro el del bigote también organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella en El Escorial. Eran profesionales en la organización de eventos y el de El Escorial era, sin duda, un gran evento internacional. Ambos asistieron al enlace. Las fotos de archivo de los ahora detenidos en el patio real del Monasterio de El Escorial han dejado sin habla a numerosos dirigentes del PP. También han supuesto el enfado mayúsculo de Alejandro Agag. El yerno de Aznar creía que Correa era sólo un mal recuerdo, pero el pasado le ha salido al encuentro".

Y concluye Méndez en El Mundo:

"Al grupo de amistades personales de Correa pertenecía, asimismo, el dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que, como concejal que era entonces del Ayuntamiento de Madrid, cerró al tráfico los alrededores de la discoteca Gabana la noche de la despedida de solteros de Alejandro y Ana. Los carteles ponían: «Prohibido aparcar por acto oficial».La despedida de soltera de la hija del presidente era un acto oficial, de la misma forma que Alvaro Pérez se ha presentado en alguna ocasión como «asesor de relaciones públicas del Gobierno de Aznar».

Los días de esplendor en la hierba no sólo ya no volverán, sino que en el PP tampoco nadie quiere acordarse ahora de cómo fueron".

El Parlamento Europeo sigue breando al depredador urbanismo especulativo de la costa mediterránea española

BRUSELAS.- BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy, con los votos en contra de los socialistas y los 'populares' españoles, un informe en el que amenaza con congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe --aprobado por 23 votos a favor, once en contra y una abstención-- pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias.

La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa.

Si sale adelante el texto aprobado este miércoles, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.

En todo caso, la eurodiputada socialista Maruja Sornosa dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es el mayor responsable del informe porque no ha ajustado la Ley Urbanística Valenciana a las exigencias de la normativa comunitaria pese a las peticiones de la Eurocámara y la denuncia interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El primer informe del Parlamento sobre el urbanismo en España se centraba en la Comunidad Valenciana, mientras que en el aprobado este miércoles se generalizan las críticas al resto del país.

"Si desde el Gobierno del señor Camps se hubiesen hecho las cosas de forma adecuada, en este momento no estaríamos con una mala imagen", afirmó Sornosa, que volvió a reclamar un pacto en la Comunidad Valenciana sobre urbanismo. Indicó en todo caso que el informe del Parlamento "no tiene ninguna validez" y ha salido adelante sólo porque da argumentos a los eurodiputados británicos y alemanes de cara a las elecciones europeas de junio.

En contraste con esta postura, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo criticó al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para "defender el buen nombre de su país", tal y como pidió el PP. También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de "rectificar tarde".

A su juicio, el informe "es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis" porque transmite una imagen de España "absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles" al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.

La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una "gran victoria" para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español "se lo tome en serio" y recordó que pueden "pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario".

Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que "el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados". "Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos", remachó.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el informe representa un "tirón de orejas muy fuerte a todas las administraciones del Estado". Y va "al centro del problema", que, en su opinión, ha sido "la apuesta por un crecimiento económico totalmente salvaje que ha situado a España en estos momentos de la crisis en el peor estado para poder salir adelante".

El informe denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".

Ulibarri, el hombre que pudo reinar

MADRID.- Entre los 34 imputados por 'operación Gürtel' destaca el nombre por encima del resto: José Luis Ulibarri. Un ambicioso empresario burgalés que no contento con controlar la construcción y los medios en Castilla y León, decidió formar su propio 'imperio' mediático.

Cuando llegó a Ponferrada, Ulibarri tenía muy claro que quería llegar lejos. Entró 1981 en la constructora Begar SA como vicepresidente y consejero delegado y ya en 1995 alcanzaba la presidencia de la piedra angular de su proyecto.

Según cuenta Aníbal González en Cotizalia, de su antiguo socio José Martínez Nuñez "aprendió las triquiñuelas del negocio constructor pero, sobre todo, la manera de tratar con los políticos de la Junta.

Un paseo triunfal. Porque, siguiendo ese universal catón español tan conocido por todo constructor que se precie, Ulibarri y Begar entraron en el complicado negocio de los medios de comunicación simplemente por su condición de arma de disuasión masiva para políticos con remilgos a la hora de otorgar proyectos, recalificar terrenos y, en definitiva, hacer crecer el negocio constructor. Real como la vida misma.

Así, Ulibarri es propietario del 20% de Punto Radio en Castilla y León y posee una red de televisiones locales en esa región. Además tiene dos cabeceras en Soria y Burgos asociadas a Unidad Editorial. Pero el gran golpe lo dio en marzo de 2007 cuando se hizo con el Diario de León, líder de la provincia, tras desembolsar a Santiago Rey 36 millones de euros.

Ulibarri puso entonces sus ojos en Madrid. Gracias a la amistad con Antonio Martín Beaumont, director de El Semanal Digital y con buenos contactos en Génova, y del ex concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, el grupo Begar comenzó a hacerse cada vez más presente en la capital, con escándalo incluido.

Sin embargo, Ulibarri quería seguir los pasos de los grandes empresarios de la comunicación y puso destino a Valencia gracias a la inestimable ayuda de José María Michavila y su hermana Ana Michavila, jefa de prensa de Camps.

Ulibarri desembarcó en 2006 para revolucionar el mapa televisivo valenciano. Convenció a varias televisiones que emitían sin licencia la cesión del 51% de su negocio a cambio de crear, junto a Antonio Martín Beaumont, Mediamed Comunicación Digital y poder hacer frente común en la lucha por las licencias TDT de la Comunidad Valenciana.

Y no le fue mal. Quiso la providencia que firmas ligadas a Mediamed se hicieran con licencias en trece de las catorce demarcaciones locales que el Consell había dividido el espectro televisivo valenciano.

Esta disposición se tradujo en la buena sintonía mostrada durante la presentación de Tele 7, el proyecto de Mediamed; Ulibarri estuvo bien arropado por Camps, González Pons y Vicente Rambla, entre otros.

Los movimientos de Ulibarri en la Comunitat no se quedan ahí. El constructor también se impuso en la adjudicación del contrato de construcción del alcantarillado y de un hospital.

Bancaja agota en dos meses la línea de financiación del IVF

VALENCIA.- Bancaja ha agotado, en sólo dos meses, la dotación de 46 millones de euros correspondientes a la línea de financiación empresarial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dirigida a dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas valencianas (pymes) con las que la entidad ha gestionado un total de 206 operaciones.

Junto a ello, Bancaja sigue trabajando en la concesión de las otras dos líneas del IVF destinadas a facilitar la renovación de flotas y la inversión en activo fijo, según informaron en un comunicado fuentes de la caja.

Este hecho demuestra, según las mismas fuentes, el "interés" de la entidad de apoyar activamente la financiación empresarial y de las familias. De hecho, a partir de hoy, también estará operativa la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) Liquidez 2009, que tiene por objeto dotar de capital circulante a autónomos y pymes, que desarrollen proyectos empresariales solventes y viables.

El importe máximo a financiar será de 500.000 euros, aportando ICO el 50 por ciento y Bancaja el 50 por ciento restante. El riesgo de las operaciones también será asumido en un 50 por ciento por el ICO, hasta que el volumen del importe de fallidos llegue al cinco por ciento de su aportación de fondos. El tipo de interés será fijo y referenciado por el ICO, más un diferencial que podrá ser de 1,50, 2,00 ó 2,50. El plazo de amortización será obligatoriamente de tres años, incluidos seis meses de carencia.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos y pymes con menos de 250 trabajadores, y que tengan un volumen de negocio anual que no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Bancaja realizó en 2008 más de 4.600 operaciones a través de las líneas de financiación ICO, por un volumen de más de 246,22 millones de euros. Esta cifra la sitúa como una de las entidades financieras españolas más activas de las líneas del ICO.

En 2009, la entidad prevé superar las cifras alcanzadas el año anterior, a través de su adhesión a las siguientes líneas del ICO: Plan de Fomento Empresarial, e ICO Liquidez, Avanza, Transporte, Vivienda, Moratoria Hipotecaria, Moratoria Pymes, Plan Vive y Renove Turismo.

El Banco de España no descarta una intervención en las cajas de ahorros

ZARAGOZA.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió hoy de que "no se puede descartar" una intervención estatal en los bancos y cajas de ahorros españoles, si bien matizó que por el momento "no es necesario".

"Hasta ahora en España no es necesario, pero a la vista de la intensidad de la crisis, no se puede descartar nada", dijo Fernández Ordóñez al término de su intervención en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas de Ahorros.

El gobernador contestaba así a una pregunta de los periodistas sobre si veía factible la posibilidad de una intervención estatal en las cajas de ahorros si la crisis se endurece, a la que Fernández Ordóñez contestó refiriéndose a todas las entidades financieras, no sólo a las cajas, según precisó posteriormente el Banco de España.

El máximo responsable del instituto emisor recalcó que el sistema financiero español es "muy sólido", pero se enfrenta a "problemas importantes" como el aumento de la morosidad y su elevada exposición al sector inmobiliario.

En este escenario, ahondó, es evidente que no asistiremos a un crecimiento del crédito como en años anteriores, lo que afecta a los resultados empresariales, a lo que se añade el mayor coste de la financiación exterior.

"Todo eso debe llevar a las entidades a saber que necesitan reestructurarse, se fusionen o no", dijo el gobernador, para quien, a veces, "es buena una fusión" como fórmula de aunar fuerzas, de reestructurarse.

"Si una fusión mejora la solvencia y la situación financiera, adelante, lo que nos importa es tener un sistema financiero sólido", insistió el gobernador del Banco de España.

En cualquier caso, Fernández Ordóñez, aseguró hoy que "hay que estar contentos" de que los bancos y cajas de ahorros tengan buenos beneficios, porque éstos son la primera linea de defensa de las entidades frente a la crisis.

"Depositantes y usuarios deben estar muy contentos de que las entidades tengan buenos resultados, es satisfactorio", dijo al término de su discurso en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas.

Fernández Ordóñez afirmó que los beneficios de las entidades financieras están cayendo, pero confió en que desciendan "poco", al tiempo que incidió en la necesidad de que se utilicen para afrontar adecuadamente el "oscuro" escenario.

En este sentido, sostuvo que en el reparto de los beneficios las entidades financieras deben tener en cuenta que la crisis "puede ser muy duradera y deben dejar recursos dentro de las instituciones, no como en otros años", por lo que el organismo vigila "estrechamente" las provisiones que realizan las entidades.

Sobre la contracción del crédito, Fernández Ordóñez describió la situación de "círculo vicioso" en la que cae tanto la demanda como la concesión de los mismos en un entorno de contracción del consumo.

"Todo es verdad, que la demanda de créditos cae es evidente, como pone de manifiesto que se compren menos casas y menos coches, pero es verdad que los bancos, en la medida que la morosidad aumenta y la financiación es complicada, tienen una actitud más cuidadosa a la hora de dar créditos", argumentó.

El PPCV creará un reglamento interno de contratación de proveedores

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, anunció hoy que su formación elaborará un reglamento interno de contratación de proveedores para que "situaciones así" no se vuelvan a producir, dijo en relación a la investigación judicial sobre Orange Market.

No obstante, añadió que en las contrataciones realizadas "no ha fallado nada" y apuntó que lo que no quieren es que, por una situación que es "ajena" al PPCV, "ocurran estas cosas".

Preguntado por qué quiere decir con "situaciones así", apuntó que el objetivo de este reglamento es establecer unos requisitos a los proveedores que contraten con el PPCV para la elaboración de actos, que permitan "garantizar que situaciones así --reiteró--" no se repitan.

Costa, que se expresó de esta manera en una rueda de prensa convocada en la sede popular de Valencia al ser preguntado por las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Orange Market en la denominada operación 'Gürtel', explicó que el encargado de la elaboración de este texto es el vicesecretario general del PPCV, David Serra, junto con los servicios jurídicos de la formación.

En este sentido, afirmó que "el PPCV ha cumplido siempre con sus compromisos de forma escrupulosa" y que sus cuentas son "escrupulosamente limpias, consolidadas con las del PP nacional y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".

El responsable popular resaltó que en el curso de estas investigaciones "no hay ningún miembro del PP detenido" y que son los populares "los más interesados" en que esta situación se aclare.

Por ello, aseguró que cualquier persona que ponga en tela de juicio o insinúe que existe relación del PPCV con las causas investigadas, "se las verá" con esta formación porque "utilizará todos los medios legales para poner a salvo la imagen del partido y sus cargos públicos".

De esta manera, afirmó que no van a "aportar ni un sólo gramo a una cuestión que está en secreto de sumario", al tiempo que pidió "respeto" y "prudencia" al proceso judicial porque es una causa abierta. Costa añadió que "nada más podemos aportar porque, aunque no lo parezca, esto es una investigación sometida a secreto de sumario".

Sobre la relación del PPCV con Orange Market, Costa señaló que ha sido "exclusivamente" profesional, aunque recordó que desde el pasado viernes "se ha decido prescindir permanentemente de sus servicios.

Inquirido por si además ha mantenido relaciones comerciales con otra de las empresas investigadas, Costa manifestó que su "única relación" fue con Orange Market y reiteró que sobre el proceso y la investigación "no tenemos más que añadir".

Por otro lado, preguntado por si aceptarán en las Corts la tramitación de cuestiones como las planteadas en 2005 por el PSPV sobre los contratos de Orange Market con la Generalitat, que fueron rechazadas por los populares, Costa contestó que el PP "ha estado siempre en la transparencia y en facilitar la máxima información a los grupos parlamentarios".

Otra cosa es que la pregunta "no estaría bien formulada", algo que "le ocurre mucho al PSPV", apostilló.

Alinghi confía en que el tribunal ratifique la sentencia de la America's Cup del 2008

VALENCIA.- El abogado del Defensor de la America's Cup Alinghi, Lucien Masmejan, confía, tras la vista oral celebrada ayer en el Tribunal de Apelación de Nueva York, que los jueces ratifiquen la sentencia que les fue favorable en julio de 2008 y que validaba el Club Náutico Español de Vela (CNEV) como primer desafiante de la 33 edición de la regata.

Si el tribunal decide ratificar esa sentencia, según Masmejan se podrá ver una America's Cup "emocionante y competitiva" con 19 equipos en 2009 y 2010, "en lugar de forzar un duelo en multicascos entre sólo dos competidores" --Alinghi y BMW Oracle--. La sentencia, contra la que no cabrá apelación, se conocerá dentro de poco más de un mes.

El abogado recordó que la vista oral, en la que también han expuesto sus argumentaciones los abogados del demandante, BMW Oracle, y del CNEV "supone el último paso en este largo viaje legal instigado por el Golden Gate Yacht Club" club náutico por el que compite Oracle.

Masmejan confía en que el Tribunal de Apelación de Nueva York "publique una decisión final que permita" al Defensor Alinghi, al 'Challenger of Record' "legítimo", Club Náutico Español de Vela, y "a los demás 17 desafíos provenientes de 11 países avanzar en la 33ª America's Cup", deseó.

El letrado considera que es hora de que la America's Cup "vuelva al agua, donde se ha de perseguir la victoria, no en los tribunales".

El representante legal del equipo suizo recordó que con las reuniones y los acuerdos a los que han llegado con los otros 18 equipos, de forma paralela al proceso legal, "se ha demostrado al tribunal que la comunidad de la vela está unida a través de un proceso democrático que ha establecido reglas y que ha creado una nueva clase de barco".

Aena controlará las rutas, altura e impacto acústico de los aviones de Manises

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha logrado que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) eleve una propuesta de normativa medioambiental para el aeropuerto de Manises, al igual que los aeropuertos del Prat, en Barcelona, y Barajas, en Madrid, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

A este respecto, explicaron que a propuesta de la Concejalía de Contaminación Acústica del consistorio valenciano, Aena instalará un sistema de monitoreado para controlar las rutas, altura y el impacto acústico de los aviones.

Así, comentaron que el aeropuerto de Manises podría regirse próximamente por una normativa medioambiental al igual que lo hacen los aeropuertos del Prat, en Barcelona, y Barajas, en Madrid. De aprobarse, Valencia sería la tercera ciudad que contaría con esta normativa, destacaron.

Hasta el momento, en la capital valenciana se aplicaba una normativa de seguridad que, según la Concejalía de Contaminación Acústica, "es insuficiente para controlar los efectos de la contaminación acústica del tráfico aéreo en la ciudad y su área metropolitana".

La nueva normativa establece un límite a la altura a la que deben volar los aviones, cuál debe ser su cabecera de entrada y salida, cuándo pueden virar y cuándo no, e incluye un seguimiento radar de las trayectorias de salida y entrada al aeropuerto, así como la medición del nivel acústico producido por cada operación.

La propuesta pasará ahora a manos de la Dirección General de Aviación Civil, para su posible tramitación como Real Decreto, según las mismas fuentes. La concejala de Contaminación Acústica en el Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, indicó que "si aprobaran la normativa medioambiental sería un logro para la ciudad, para su entorno y para los vecinos".

Bernal apuntó que "no obstante, hay que señalar que se han establecido un número de 2.200 pies para la entrada en la ciudad desde la baliza de Pinedo" y señaló que "todavía no tenemos la certeza de si será suficiente para minimizar el impacto acústico existente en la ciudad". A pesar de ello, valoró que se haya "conseguido que se duplique la altura que había anteriormente".

A la posible puesta en marcha de la normativa medioambiental se suman otras medidas que sí han sido confirmadas, señalaron las mismas fuentes. La contaminación acústica del aeropuerto y de los aviones que cruzan la capital y su entorno estará controlada por diez sonómetros instalados por Aena. La empresa Brüel se encargará de su instalación y empezarán a funcionar a finales de octubre.

De estos diez monitores, siete serán fijos y tres móviles. De los siete fijos, dos estarán instalados en el aeropuerto y los cinco restantes en las poblaciones valencianas de Manises, Quart, Xirivella y Mislata. Por otro lado, los tres sonómetros móviles funcionarán por rotación en las localidades de Aldaia, Paterna, L'Eliana, San Antonio de Benagéber y Riba-roja.

La Concejalía de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia está de acuerdo con su instalación. Sin embargo, según matizó su titular, "albergamos dudas acerca de la rigurosidad de las mediciones porque quienes autorizan a la compañía a realizar todas las operaciones son los propios controladores de Aena".

Con estas propuestas empiezan a tomar forma algunas de las principales iniciativas para poner freno a la contaminación acústica de los aviones, que padecen los ciudadanos, resaltaron las mismas fuentes.

Asimismo, indicaron que "hay que recordar que el Ayuntamiento de Valencia abandera desde hace un año estas reivindicaciones". Lourdes Bernal solicita también a Aena que "se tenga en cuenta en la Comisión a la Federación de Vecinos de Valencia y se atiendan sus peticiones".

Propietarios de Sierra Escalona y Sierra de Carrascoy piden al Parlamento Europeo la suspensión de ayudas a Valencia y Murcia

MURCIA.- El asesor jurídico de las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona, en Orihuela, y Sierra de Carrascoy, en Murcia, Diego de Ramón, se ha dirigido por escrito al Parlamento Europeo para que se abra una investigación sobre la extensión de zonas protegidas en sitios menos propicios que otros y para saber por qué se han elegido precisamente esas zonas y no otras en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

El letrado de los afectados habla de abusos urbanísticos a sus defendidos, incluso tras la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, con vulneraciones graves de la propiedad privada en el caso de Sierra Escalona, donde el Consell aumenta la imposibilidad de protección por las servidumbres de paso en el citado parque natural, a la vez que no señala nuevas zonas para ello por los intereses urbanísticos de empresas valencianas que se disputan las zonas ya recalificadas.

En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.

En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.

En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.

(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).

Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.

Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.

Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.

Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.

Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.