jueves, 19 de enero de 2012

EU considera "poco plausibles" las palabras de Carlos Fabra sobre la venta del aeropuerto

CASTELLÓN.- La diputada autonómica de EU Marina Albiol considera "poco plausibles" las declaraciones que realizó este miércoles el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, sobre la venta del aeropuerto y le reta a que "concrete la información relacionada con las empresas interesadas en la compra del aeropuerto".

   En su opinión, "simplemente ha sido una fanfarronada propagrandística más del presidente de  Aerocas, sin mucho fundamento, pues la situación actual no invita a creerle sin ninguna prueba", y ha añadido que "de nuevo está jugando con el dinero de todos".
   En un comunicado, ha señalado que la actuación de Carlos Fabra al frente de Aerocas sí que ha sido una "auténtica bufonada", en referencia a la expresión que utilizó el expresidente de la Diputación para referirse a las críticas de la oposición.
   "Firmó un contrato con Concesiones Aeroportuarias nefasto, para que un año después, sin que haya cambiado ninguna circunstancia, apoye su ruptura por parte del Consell, y sin ruborizarse ni un poco",  ha lamentado.
   La diputada ha recordado que EU ha pedido una comisión de investigación parlamentaria en las Corts valencianas para que se investigue la gestión económica y "exagerado gasto" del aeropuerto. "Estamos hablando solo en promociones de 30 millones de euros para una infraestructura cerrada", ha dicho.
   Albiol ha anunciado el apoyo de EUPV a la iniciativa de diversos profesionales de educación de transformar por un día el aeropuerto "muerto" y sin actividad en un lugar de educación para los alumnos de Castellón como forma de protesta contra los recortes del Consell en enseñanza pública.

El PSPV exige al Consell un plan de tesorería para abonar las nóminas y un calendario de pago

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista ha registrado un total de 340 iniciativas en las Corts Valencianes. Entre ellas, destacan las exigen a la Generalitat que ponga en marcha de forma "urgente" un plan de tesorería "que garantice liquidez" para abonar las nóminas y un calendario de pago a proveedores. Asimismo, pide que se den a conocer los criterios que se van a tener en cuenta "para pagar a unos antes que a otros".

   Así lo han explicado en rueda de prensa las portavoces adjuntas del PSPV en las Corts, Cristina Moreno y Carmen Ninet, quienes han hecho hincapié en que la forma de pagar a los proveedores debe ser "clara, transparente y no depender de que sean amigos". Además, Moreno ha destacado que los 420 millones que el Gobierno anticipará a la Comunitat para hacer frente a las deudas con los proveedores "no son nada para todo lo que debe la Generalitat".
   El grupo socialista, ante la decisión del Consell de que los empleados públicos no cobrarán el cien por cien de sus retribuciones a partir de los 15 días de baja por enfermedad, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Consell a elaborar un catálogo de enfermedades excluyentes de este medida. "Una embarazada con riesgo de pérdida -del bebé- o los enfermos oncológicos no tienen por qué sufrir la quiebra de la Generalitat", ha resaltado Moreno.
   El PSPV también ha pedido la suspensión "inmediata" de la compra de Valmor Sports por parte de la Generalitat y que el Consell "desista" de celebrar la Fórmula 1, de modo que "se resuelvan todos y cada uno de los contratos que se tienen relativos" a la celebración del Gran Premio de Europa. Además, solicita al Gobierno valenciano que inicie los trámites para vender la Ciudad de la Luz de Alicante.
   En materia de sanidad, han reclamado la comparecencia del conseller del área, Luis Rosado, para que explique en las Corts "en qué consisten los recortes que no ponen por escrito" y que, según Carmen Ninet, ascienden a 400 millones de euros.
   Para Ninet, el "ataque" a la sanidad "es la prueba palpable del fracaso del modelo del PP, entendiendo la sanidad como un negocio, pero ha sido un elemento más para la ruina de las arcas valencianas".
   En el área de bienestar social, el PSPV quiere saber "qué va a pasar con los valencianos que tienen reconocidas las prestaciones de la Ley de Dependencia pero que están en lista de espera" y "por qué se paga un euro más por residente y día a las residencias del Grupo Savia".
   En materia de educación, Ninet ha indicado que, entre otras iniciativas, han planteado una pregunta para conocer cuándo se van a hacer efectivos los gastos de funcionamiento de los colegios y una proposición no de ley sobre el pago a las universidades valencianas, por considerar que el Consell "hace daño al futuro de los jóvenes".
   Asimismo, el PSPV ha urgido al Consell a que inste a la dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) a entregar a las Corts y a los grupos de la oposición el informe de auditoría de PwC "que se paga con los impuestos de los valencianos".
   Por otro lado, Cristina Moreno ha anunciado que la primera pregunta de control que hará el PSPV al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones será cómo hará frente "a los más de 3.000 millones de euros de déficit que tiene". La diputada también ha señalado que el "seguimiento exhaustivo" que los socialistas valencianos van a hacer "incluye también el seguimiento de los futuros ajustes del Consell".
   Preguntada por si saben a quién debe la Generalitat y a cuánto asciende la deuda total, ha respondido que los socialistas llevan "mucho tiempo" pidiendo una lista con esa información. "Hasta hace muy poco decían que éramos los que más cumplíamos el pago", ha destacado la parlamentaria, quien ha asegurado que desde el Consell llegaron a decir que "todo estaba solucionado y que no se debía nada a nadie".
   Por su parte, Ninet ha recordado que el PSPV pondrá en marcha un observatorio de seguimiento de los recortes para explicar a los ciudadanos las medidas de ajuste que aplica la Generalitat y hacerles ver que los socialistas "no nos resignamos ante el mayor recorte de los servicios básicos de la democracia de la Comunitat Valenciana".
   En su opinión, esa situación "tiene que tener una respuesta en la sociedad y los socialistas valencianos no nos vamos a quedar al margen de esa respuesta". "Vamos a estar a la cabeza de todas las iniciativas posibles contra los recortes", ha subrayado.
   El grupo socialista dará a conocer el viernes su "alternativa a los recortes", ya que considera que éstos no deben afectar los empleados públicos ni a los servicios sociales básicos.

Unos 400 abogados del turno de oficio se concentran ante la Ciudad de la Justicia

VALENCIA.- Cerca de 400 abogados del turno de oficio se han concentrado este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia durante 15 minutos contra los recortes en los baremos de los honorarios que perciben que llevaban congelados seis años y que ahora la Conselleria prevé bajar en un 26,5%. Una situación que, según han alertado, está llevando a un "goteo dirario" de abogados que se están dando de baja en el turno porque las retribuciones no cubren los gastos de su trabajo.

   En pie destrás de pancartas 'Por la dignidad del turno de oficio' entre las que se recordaba que 'El derecho es para todos' y que 'La Generalitat no paga el turno de oficio', al cual se le adedudan 10,8 millones de euros, correspondientes en un 68% al segundo trimestre de 2011 y a todo el tercer trimestre, han adevertido en el 'Turno de ofcio está en lucha por sus honorarios', y se han mostrado en contra de los recortes que prevé el protocolo que prepara la Conselleria de Justicia.
   En su opinión, hay otras "soluciones alternativas" para ajustar los presupuestos como son el expediente electrónico, mejorar la gestión y "sobre todo sentarse a hablar y no imponer por imponer, antes que hacer que a los abogados les cueste dinero", ha propuesto el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán.
   Así, ha señalado que "las cosas tienen un límite". El turno de oficio no cobra desde abril y ahora, con la previsión de rebajar las retribuciones, ya sea un 37% como pretendía la Conselleria en un principio o en un 26,5% como ha precisado este mismo jueves el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, "muchos abogados se están dando de baja porque en esas condiciones no interesa y el problema que podemos tener es que no haya bastantes abogados".
   "Si esto sigue así podemos encontrarnos con un problema serio diga lo que diga la Conselleria", ha insistido Durán, pues en la Comunitat Valenciana el turno de oficio atiende a unos 200.000 ciudadanos, "muchos ciudadanos para 3.000 abogados", cuya retribución media por llevar un asunto ha cifrado en unos 80 euros con los que deben hacer las fotocopias, pagar el teléfono, atender las visitas, ir al juzgado, presentar los escritos y hacer el juicio, todo por "80 euros", ha explicado.
   Para el decano del ICAV, la intención de Conselleria "no parece muy razonable" ya que el turno de oficio antiende a gente que acredita que carece de medios para pagarse un abogado. "Eso está reconocido en la Constitución, es como si en la sanidad pensáramos que hay muchos usuarios de la sanidad, eso no se soluciona reduciendo un 50% los salarios de los médicos, se soluciona intentando mejorar la gestión y sobre todo hablando y si en un momento se rompen las negociaciones se vuelve a hablar".
   En la misma línea, el portavoz del Turno de Oficio, Francisco Solans, ha comentado que "tras cuatros meses negociando un convenio de racionalización del servicio en el que asumíamos un recorte, la semana pasada la conseller dijo que se acababa de hablar del convenio, que no iba a haber convenio, que él iba a sacar la orden adelante y que como mucho firmaríamos un protocolo para cuestiones de organización".
   Para Solans, eso es "inasumible" y "una tomadura de pelo". A su entender, es "inadmisible" e "impresentable" que después de seis años sin actualización de baremos, prácticamente todo este año de retraso en el pago, "encima se nos amenaza con una orden que supone una rebaja de los honorarios" que con la qual, "el turno de oficio no va a poder cubrir ni siquiera los gastos que supone" y se va a "condenar el mantenimiento de este servicio esencial para la sociedad".
   "No hay más que hacer cuentas, una persona que para estar en el turno de oficio tiene que asumir unos costes, tiene que tener un despacho abierto, un teléfono, una colegiación, una mutua de seguridad social,... y por mucho que trabaje en el turno lo que ingrese en ese turno no le va a dar ni para cubrir esos costes, de modo que, hará cuentas y se dará de baja". De momento "está siendo un goteo pero nos tememos que pueda ser una tendencia seria".

El abogado Latorre dice que "cuadran" las piezas del puzzle del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- "Cuadran las piezas del puzzle". Así de contundente se ha mostrado Virgilio Latorre, abogado de la acusación popular (PSPV), en la exposición de su informe de conclusiones en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', y ha sostenido que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, recibieron regalos de la trama. Por este motivo, ha mantenido su petición de multa para los acusados, que asciende a 49.500 euros. La multa requerida por la Fiscalía para ambos es más baja, un total de 41.250 euros para cada uno. 

   Latorre ha introducido una "nota de color" al juicio y ha mantenido durante su intervención un power point para facilitar su explicación al jurado, a quien le ha dicho, en sus primeras palabras: "vosotros sois igual de importantes" --que los acusados--; y a lo largo de su exposición ha reiterado la siguiente frase: "existieron los regalos en tanto en cuanto autoridades y cargos públicos". También ha sido muy contundente con esta afirmación: "la gran conspiración para perjudicar a los acusados es un disparate que repugna al sentido común".
   El letrado ha realizado una exposición lineal de los hechos para recordar al jurado que el caso se reduce a una "estructura piramidal con prácticas mafiosas" con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez al mando. De la misma estructura se derivaron varias sociedades, entre ellas Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, las cuales "fueron adjudicatarias de contratos menores o negociados con la Generalitat valenciana" por valor de 7,2 millones de euros. De esta manera, Latorre se ha pasado casi una hora de su intervención explicando el sistema de contratación del Consell con estas entidades.
   Luego ha desglosado la cantidad de prendas, tickets, facturas y confirmaciones de pedido a nombre de los acusados. El primero de ellos ha sido Costa, a quien ha relacionado con un ticket, confirmaciones de pedido y una factura de Sastgor por la confección de diversas prendas. Y esta relación de prendas-tickets-facturas se ha podido establecer en base a un número de ticket, relacionado al acusado, y que se mantenía tanto en el inventario como en las facturas.
   Asimismo, Latorre ha mostrado las declaraciones de distintos testigos que han pasado por la sala y que han señalado que puede que no hayan hojas de confección a nombre de Costa porque se trabajase en ese momento con otro fabricante diferente a Sastgor. Respecto a la existencia de confirmaciones de pedido y de facturas pero no de tickets en Milano, testigos señalaron que podía deberse a que el pago de las prendas se hiciera entre los inventarios semestrales; o porque las prendas se englobaran bajo el nombre de 'Comunidad Valenciana'.
   A raíz de estas afirmaciones, el magistrado presidente del tribunal, Juan Climent, ha tenido que llamar la atención a Camps: "Señor Camps, señor Camps... ¿vamos a tener que acabar este juicio expulsándole de la sala al final?", en ese momento, el exjefe del Consell ha llamado a la secretaria de la sala y cuando le estaba dando una explicación, el juez le ha vuelto a interrumpir y le ha pedido que guardara silencio. "Guarde silencio, estamos en mitad de un informe, si no le interesa piense en otra cosa", le ha espetado.
   Tras esta intervención, el letrado ha seguido con su informe y ha mantenido, pese a la versión que ofreció Costa de que solo encargó un traje, que le vino "fatal", y que luego pagó a través de su secretaria, que el acusado "miente". "Ha mentido cuando ha dicho que no ha comprado más prendas y que pagó el traje que se llevó". Asimismo, ha cuestionado el argumento aportado por el letrado de Costa acerca de que las medidas de su cliente que figuraban en hojas de pedido de Sastgor no correspondían a él, y para corroborar este extremo vino a declarar su "sastre de toda la vida". Ante ello, Latorre ha dicho: "¿Estamos todos locos? Una cosa así no es de recibo, es absurdo".
   "A nadie se le ocurre que estas prendas --las asociadas a Costa-- no respondan a datos reales ciertos", y "se pagaron por empresas de la trama", ha continuado. Así, ha insistido en que "diga lo que diga" este acusado, "los datos dicen lo contrario". Ante ello, se ha preguntado "¿por qué se iba a pagar algo de la cuenta de Costa que no se hubiera comprado? Salvo que inventemos cualquier teoría...", ha dicho.
   Y luego ha llegado el turno de Camps. Sobre este acusado, Latorre ha señalado: "la imputación de Camps es siete-siete: En Milano siete trajes y en Forever siete trajes", aunque después ha matizado que se devolvieron cuatro de ellos en la primera de las tiendas. "Nos cabían serias dudas de que se habían devuelto, pero precisamente por eso lo hemos quitado del informe y damos por válida la devolución", ha aseverado.
   Asimismo, ha recordado que existen dos tickets a nombre de Camps, uno por valor de 3.300 euros y otro por 1.400. Y estos tickets coinciden "al milímetro" con los tres trajes y las tres americanas en Milano, ha dicho. También ha reproducido los testimonios de varios testigos que aseveraron que cuando en algún inventario ponía el nombre de 'Cams' o 'Campo' se refería al cliente 'Francisco Camps'.
   El letrado ha calificado de "disparate" la imagen que Javier Boix ha presentado de Camps ante el jurado, respecto a que era un "racanillo", a que no llevaba nunca dinero en metálico y a que sus trajes los pagaba tras pedirle dinero a su mujer. Así, sobre el pago de 3.300 euros en metálico atribuido al exjefe del Consell, se ha preguntado: "¿pueden imaginar por un momento al señor Camps con 3.300 euros en el bolsillo, en metálico, para ir a pagar estos trajes?".
"Tenemos el apunte de la Caja B, así que esto es blanco y en botella", ha comentado.
   "Camps nos ha mentido en muchas ocasiones", ha reiterado el letrado, y ha apostillado "Camps no ha pagado ni un céntimo". Tras pronunciar esta frase ha reproducido la declaración de varios testigos que "de forma radical" ponen de manifiesto que "ninguno de los acusados pagó absolutamente nada de las prendas que les fueron confeccionadas, así que no cabe otra conclusión más que fueron regaladas". Latorre también ha mantenido que las facturas falsas en las que se basa la defensa para demostrar la escasa fiabilidad del sistema "no eran tal", puesto que los testigos "han relatado" que se hacían facturas con conceptos falsos pero que sí correspondían a ventas reales "sin excepción".

Escuelas concertadas no descartan "medidas de fuerza" si el Consell no les paga

VALENCIA.- Los centros de educación concertada de la Comunitat Valenciana continúan proponiendo medidas para paliar la situación provocada por el impago de los gastos de funcionamiento por parte del Consell, al tiempo que confían en que, tal y como anunció la consellera del ramo, María José Catalá, este viernes se haga efectivo el pago de una parte de al deuda.    

   Así, Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), que agrupa a más de 450 centros concertados en la Comunitat, ha advertido de que no descarta tomar "medidas de fuerza" en el caso de que no se lleve a cabo este primer pago por parte de la administración autonómica, ya que los centros están "muy decepcionados y con graves dificultades de funcionamiento".
   La organización celebró este miércoles tres asambleas simultáneas en sus sedes de Castellón, Valencia y Alicante con el objetivo de analizar la situación con la administración y la deuda pendiente de cobro por parte de los centros educativos y de la que Conselleria se ha comprometido a abonar una parte antes del día 20 de este mes.
   El encuentro "puso en evidencia las dificultades de los centros por el retraso, en este caso, de la partida de gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre del año pasado, que contempla los sueldos del personal de administración y servicios, así como los gastos de mantenimiento, la luz o el agua y cuya cantidad asciende, según la Conselleria, a unos 35 millones de euros", han recordado fuentes de la entidad en un comunicado.
   Durante el encuentro, la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, comunicó el compromiso de la nueva consellera, confirmando que se trata de "una situación puntual", aunque también recordó que este es el tercer plazo propuesto desde Conselleria. "El compromiso de la Conselleria es pagar el tercer trimestre antes del 20 de enero y la consellera nos ha emplazado para, en reuniones posteriores, solucionar las demás deudas pendientes", explicó Rodríguez.
   Y es que, además de los gastos de funcionamiento del tercer y cuarto trimestres, la Conselleria tiene pendiente el pago de otras partidas a los centros concertados como las derivadas de los bonolibros, el bono infantil o módulos de formación profesional.
   La presidenta destacó la "fuerza" de los centros educativos de ESCACV, su amplio respaldo social y la necesidad de mantener informados a las familias y al profesorado de la situación de cada centro.
   Por su parte, la Federación de sindicatos independientes de enseñanza de la Comunitat Valenciana (Fsie) mantuvo ayer una entrevista con la consellera de Educación, Mª José Catalá, en la que le manifestó su rechazo al Decreto Ley de medidas de ajuste del Consell al entender que "no es la administración con quien se mantienen las relaciones laborales, sino con las empresas contratantes y que las relaciones entre trabajadores y empresas vienen legisladas por medio de un convenio colectivo en el que no participa la administración, siendo tan solo los sindicatos y las patronales firmantes del mismo quienes lo hacen".
   El sindicato destaca que el convenio colectivo tiene ámbito nacional y que con estas medidas vería reducida su eficacia, produciéndose un "ataque a la negociación colectiva".
   Al mismo tiempo, Fsie recalca que este Decreto Ley sólo podría tener efectos sobre el personal propio de la administración y no sobre quienes tienen pago delegado por parte de ella. Los motivos del rechazo al Decreto Ley en general "residen en la recesión que se produce en las condiciones económicas de los trabajadores para pagar una deuda que en ningún caso han generado los propios trabajadores", explican.
   El colectivo también propone la creación de una mesa general de centros sostenidos con fondos públicos, en los que participe tanto la educación pública como concertada.
   En la reunión también se planteó la necesidad de mantener reuniones periódicas y calendarizadas de los distintos foros en los que participa la enseñanza privada: mesa sindical, mesa de la enseñanza concertada y mesas técnicas.

CC.OO. calcula que uno de cada cuatro funcionarios puede perder su trabajo

ÁVILA.- La secretaria de Empleo y Migraciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Paloma López Bermejo, ha estimado que el 25% de los empleados públicos son temporales e interinos, y que con los recortes "irán a la calle", por lo que ha pedido el reparto del trabajo.

   En una jornada sobre cambios en la legislación laboral, formación y empleo, López Bermejo ha propuesto "calibrar" lo que se hace para hacer "justamente lo contrario", que es "reducir los tiempos de trabajo para repartir el trabajo existente".
   López Bermejo ha dicho que la situación de recesión y la destrucción de empleo "van a continuar a lo largo del primer semestre de 2012", ante lo que ha propuesto "una apuesta firme por el mantenimiento del empleo y no por la destrucción".
   Por ello, ha instado al Gobierno a manifestar su postura sobre la reforma laboral porque "habla siempre de ella pero no concreta qué es exactamente lo que quiere", de manera que "debería apuntar ya en la dirección que quiere ir".
   El sindicato, ha dicho López Bermejo, ha propuesto cambios en el sistema financiero para favorecer la liquidez de las empresas, medidas para contener los precios evitando la subida del IVA, y no congelar los salarios.
   Al congelar los sueldos "no habrá capacidad de consumo", por lo que "quien tenga dinero ahorrará en previsión de lo que pueda ocurrir en un futuro y no consumirá", situación que puede generar "un problema de demanda".

Los impagos podrían provocar el cierre de colegios concertados en Valencia y Castellón

MADRID.- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) alerta de que los retrasos en los pagos a colegios concertados por parte de algunas administraciones autonómicas pueden provocar el cierre temporal de varios centros.

   El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, denuncia en un escrito la "delicada situación" que atraviesan los centros concertados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, que acumulan "varios meses" de impagos que afectan al funcionamiento de los centros y ocasionan un "grave perjuicio" al personal de administración y servicios "cuyo salario depende de esta partida económica".
   Asimismo, incide en que los centros empiezan a "no tener capacidad" para seguir funcionando por lo que su cierre "podría producirse de forma inminente, dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo". Pueyo denuncia también que "prácticamente" solo se cubren con sustitutos las bajas por maternidad de profesores y las de especialistas en este tipo de centros.
   El secretario general de FSIE afirma que Navarra ha recortado un 3,6 por ciento el presupuesto para la enseñanza concertada que si bien no afectará directamente al profesorado sí lo hará en el funcionamiento de los centros. Sobre Extremadura, señala que el Gobierno de esta comunidad prevé en su Proyecto de Presupuesto un recorte de más de 17 millones de euros.
   En Galicia, subraya que hay un "claro incumplimiento" por parte de la Xunta de los acuerdos suscritos con los sindicatos en materia de equiparación retributiva con los funcionarios docentes y añade que en Asturias y Comunidad Valenciana hay "graves problemas" para que la administración abone a los docentes la paga extraordinaria por antigüedad reconocida en su convenio colectivo.
   "De forma generalizada la enseñanza concertada es discriminada en el acceso a los programas de apoyo o educativos como el bilingüismo o nuevas tecnologías", asevera Pueyo, que advierte de que son "muy pocos" los centros que pueden obtener de las administraciones las autorizaciones y financiación correspondiente a estas planes. "Tampoco las familias que eligen la enseñanza concertada se pueden acoger a las becas de comedor y transporte", añade.
   Respecto las declaraciones este jueves del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en las que aseguraba que hay "voluntad" de las comunidades autónomas del PP de conseguir recursos financieros para solucionar los retrasos en los pagos a los concertados, desde FSIE afirman que esta afirmación "no es suficiente".
   "Lo que deben hacer las administraciones es cumplir con la obligación marcada en la ley de garantizar la gratuidad de la enseñanza a coste real en los centros concertados", aseveran. Por eso,
exigen a los responsables políticos que "cesen ya los recortes" en educación y "cumplan su compromiso de invertir en educación para asegurar el futuro del país".

La fiscal al jurado: "¿Por qué es siempre 'El Bigotes' el que regala?"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura ha destinado la parte final de su informe en la vista contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'-- a apelar directamente al jurado al que ha expuesto una serie de interrogantes que cree que se plantean en este caso, como la pregunta de "por qué es siempre Álvaro Pérez --considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama-- el que regala y no recibe regalos?".

   "Hemos llegado hasta aquí y es su turno. Son los jueces de la causa y cada uno de ustedes es fundamental. Les pedimos que viendo las pruebas, sin odio ni afecto, como dice la ley, lleguen a su conclusión y valoren según su conciencia", ha manifestado la fiscal, en la parte de su informe, que se ha prolongado durante unas dos horas, en la que se ha dirigido directamente al jurado, a quien ha pedido que encaje las "piezas del puzzle".
   "¿Creen que es posible que una persona que supervisa los actos de su partido no sepa quién lo hace cuando son actos de la Generalitat?; ¿creen que se puede hacer una compra de encargo a medida y que en la tienda no se sepa quién la ha comprado y a quién deben llamar para recogerla?; Si era una relación meramente cordial, ¿por qué se hacen regalos tan personales que recogen tallas y medidas?; ¿Les regala algo alguien que no es de su círculo familiar?; ¿Por qué Álvaro Pérez dice que a ver si se jubila y deja de aguantar a políticos?", ha interrogado.
   Asimismo, ha dejado al aire las preguntas: "¿hacen regalos a las parejas o los hijos de sus amigos?; Si fueran a devolver regalos valiosos... ¿se pondrían a hablar de si les vale la talla y el tamaño?; Si hubieran hecho algo tan importante como mandar una circular interna para tratar el tema de los regalos en 2003, no la hubieran aportado a la causa?; Si estuvieran en una situación delicada y la secretaria hubiera pagado de la forma alegada el regalo, no la hubieran hecho venir?".
   La fiscal también ha preguntado, ante las afirmaciones de Camps de que no pagaba con tarjeta, si no es "más fácil que los ciudadanos piensen que se carga a protocolo restaurantes antes que prendas de vestir". Otra de las cuestiones planteadas al jurado es si algún amigo les ha recogido trajes, los ha pagado o les ha llevado a alguien para medidas".
   "¿Cuántos mensajes han recibido del tipo con las medidas del señor Camps?", ha insistido y ha incidido en preguntas como: "si uno no ha hecho nada irregular, ¿por qué muestra tanta preocupación por el hecho de que pudiera haber una investigación?", o del estilo de si todas las conversaciones grabadas y reproducidas en la sala sobre "regalos circunstanciales, no nos llevan a la otra consideración".
   Asimismo, ha recordado las palabras de Álvaro Pérez indicando a Camps "fíjate si te debo". "¿Tiene algún tipo de lógica que quien hace los regalos diga 'fíjate si te debo'?", plantea y concluye: "¿es posible que sea una conspiración donde han participado jueces, policías, interventor del Estado y personas que han trabajado en tiendas?".

La fiscal expone 18 motivos que cree probados para condenar a Camps y Costa y niega que sea un "juicio político"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura, encargada de exponer el informe final de la acusación pública en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha expuesto hasta 18 motivos que considera que han quedado probados para condenar a ambos acusados en un juicio que ha negado que sea "político" y en el que ha recalcado que esta parte no ha recibido "ninguna indicación" para sostener su acusación.

   "¿Alguien les ha preguntado a quién votan?", ha preguntado al jurado, para, a continuación, incidir en que la referencia al juicio político solo la ha realizado Camps en sus declaraciones cuando aseguró que "había venido aquí a demostrar que los valencianos no votaron por un presidente inocente". Por contra, ha hecho hincapié en que la Fiscalía "solo ha hablado de trajes, de tickets y todas las cosas que tienen que ver con hechos descritos" en su calificación, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal es "para todos los funcionarios públicos" y "nadie está por encima de la ley".
   En una exposición en la que ha ido detallando al jurado los folios en los que sustenta sus acusaciones, ha destacado al tribunal popular que en este caso no se debe hacer "actos de fe", ya que va a poder tener a su alcance toda la información, por lo que pide que usen el sentido común. "No solo es que se hicieron los regalos, sino que fueron en función de cargo público", ha manifestado, para señalar que es "muy difícil" desligar cuándo se ve a una persona de su faceta pública y de la privada y para concluir con que existe prueba "suficiente y abundante" de que ambos recibieron regalos en consideración a su cargo público.
   Al tiempo, ha cuestionado las alegaciones aducidas sobre que es un proceso "absurdo", que se han "ocultado pruebas" por parte del fiscal y por que la causa haya procedido de Madrid "como si esto fuera una cuestión territorial". Asimismo, ha rechazado la "teoría del montaje" en el caso de la versión del 'director de moda' José Tomás, y que la intervención de los peritos de Hacienda, en especial la de los que analizaron los pagos a través de la caja B del grupo Correa, y la Policía pueda suscitar dudas.
   En todo caso, ha incidido en que en esta causa han visto la existencia de delito, no solamente la Fiscalía, sino también jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En esta línea, ha añadido que la única resolución que existe en este proceso decidida por el Tribunal Supremo acordó en mayo de 2010 que siguiera adelante el procedimiento.
   Así, ha alegado que existe prueba documental del encargo de prendas para los dos acusados en Milano y Forever Young --cuyo cruce de documentos acredita que 'Camps nuevo cliente' es Francisco Camps, como dijo la mayoría de testigos--; de la confección y del envío de las prendas a Valencia.
   Como cuarto punto, sostiene que existe prueba documental del pago de las prendas de vestir por personas distintas a los acusados, no solo por declaraciones sino también por la documentación proporcionada por cuatro bancos. En relación con Forever Young, ha destacado que, además de cheques bancarios, hubo "tres grandes pagos": uno en 2007 que se corresponde con el "famoso documento 71" por 30.678,9 euros; otro por 36.000 y un tercero por 4.040.
   En el quinto apartado, recalca la existencia de prueba documental de que las compras se disfrazaron con facturas que recogían conceptos falsos y que existen numerosos testigos que confirman los hechos que sostiene la acusación, y que son "creíbles" porque concuerdan testimonios y "no tienen motivos para mentir".
   De ellos, ha señalado empleados de Cortefiel, Milano y Forever Young, testigos que confirmaron la versión de José Tomás, del que ha destacado que fue la primera persona que habló en un juzgado de las compras para cargos públicos por parte de empresas de la trama y del que ha rechazado que su declaración pudiera estar influida por la "animadversión" hacia el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, al que está enfrentado laboralmente.
   Respecto a las declaraciones de los considerados presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo-- ha señalado que no declararon porque están procesados en otras causas lo que les presenta un "conflicto que les dificulta para poder decir la verdad".
   En relación con la contable de Forever Young, Raquel Vázquez, y del propio Hinojosa, ha resaltado que sus versiones no concuerdan con el resto de testimonios, pero en el caso de la primera, ha subrayado que mantiene una posición "comprometida" por su relación laboral, mientras que el segundo contestó con "ambigüedades e imprecisiones". Por ello, ha avanzado que, cuando haya veredicto, esta parte valorará si se puede haber producido falsedad en este juicio en relación con estos testigos.
   En el punto nueve, ha situado la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria que confirmaron que hubo confección y pagos mediante cheque y transferencia. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la pericial realizada sobre los pagos en metálico, el apartado diez, que confirma que hubo pagos en efectivo de prendas.
   En esta línea, ha fijado como eslabones once y doce las declaraciones de auditores de Milano, que confirmó que el establecimiento vendió las prendas y cobró el importe, y el de Forever Young, confirmó la existencia de pagos. La fiscal ha contabilizado en decimotercer lugar la declaración de los inspectores de Policía que llegaron a la conclusión en sus informes periciales que el grupo tenía como estrategia hacer regalos y que, dentro de ella, estaban los que hicieron a Camps y Costa.
   Para la fiscal, el punto 14 es la pericial que confirmó la voz de Álvaro Pérez en las llamadas grabadas por la Policía. Dentro de ella, sitúa en decimoquinto lugar, las conversaciones que reflejan regalos circunstanciales que ayudan a comprobar si existe "complacencia" o no en la recepción de los presentes y que las actuaciones llevadas a cabo por 'El Bigotes' también se centraron en cuestiones que no tenían que ver con el partido sino con actos institucionales así como la preocupación que había en el grupo Correa por una posible investigación en relación con Milano.
   Asimismo, ha destacado como punto 16 la documentación intervenida en los registros que pone "blanco sobre negro" la existencia de la caja B, con coincidencias en apuntes entre la del grupo Correa y Orange Market, con una salida de esta última coincidente con un pago de prendas a Camps en Milano.
   En penúltimo lugar, ha destacado las condenas por conformidad del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y del exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret por hechos similares y ha concluido, como último punto, con las declaraciones de ambos acusados, que negaron los hechos, aunque para la fiscal se trata de una prueba de descargo "escasa e inconsistente".
   Según ha sostenido, "Camps habló del montaje terrible y muchas cosas", aunque también ha dicho que contestó "muchas" que no tenían que ver con lo preguntado. "Lo cierto es que habló poco de los trajes y muchas sobre aspectos personales y profesionales", ha estimado, al tiempo que cree que ejerció su derecho a no declarar la verdad.
   Sobre Costa, ha destacado que su testimonio se contradice con la información que obra en el procedimiento y ha señalado que hubiera sido deseable poder conocer la versión de su secretaria --que no ha sido llamada a declarar-- en relación con el pago de unas prendas como así declaró.

Delegados sindicales se encierran en el Registro de Presidencia en protesta por los recortes salariales

VALENCIA.- Alrededor de 20 representantes de Intersindical Valenciana (Iv), CCOO, UGT, FSES y CSIF se han encerrado esta mañana en el Registro de Presidencia de la Generalitat, ubicado en la calle Juristes, para protestar por el decreto-ley que regula los recortes salariales. A las puertas del centro, unas 200 personas han secundado la protesta.

   Así lo ha explicado el portavoz de Iv, Vicent Mauri, quien ha precisado que primero se han concentrado a las puertas de la Conselleria para pedir una interlocución con el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela. No obstante, les han cerrado las puertas y, por eso, han decidido entrar al Registro de Presidencia.
   Unos 20 delegados sindicales han entrado durante unos minutos a este centro y les han dicho, según ha relatado Mauri, que un secretario autonómico de la Conselleria les recibiría. Una vez en la Conselleria, los sindicalistas han solicitado al secretario autonómico una reunión con Vela para negociar. Éste les ha dicho que les diría algo a lo largo del día.
   Unas horas después el secretario autonómico ha llamado a los protagonistas de la concentración y les ha transmitido que el conseller no se iba a reunir con ellos porque "la situación está muy crispada" y por "los insultos que está recibiendo", ha apostillado Mauri.
   En este sentido, el portavoz de Iv ha lamentado "la actitud poco dialogante" de Vela y ha comentado que con este comportamiento "la crispación crecerá". Además, considera que "los que han sido insultados son los funcionarios".
   "No tenemos porque pagar el agujero que han creado otros. El Gobierno valenciano ha metido mano en la cartera de los funcionarios", ha añadido Mauri, quien ha subrayado que, tras la manifestación del próximo día 26 de enero, los sindicatos "no descartamos ninguna medida de presión de ningún tipo".

El TSJM rechaza una petición del Ayuntamiento de Valencia por creer que pretende "impugnar" la orden de expolio

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado una demanda de ejecución de sentencia presentada por el Ayuntamiento de  Valencia por considerar que lo que pretendía realmente el consistorio era "impugnar" la orden dictada por el Ministerio de Cultura que declaró expolio el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio valenciano del Cabanyal y suspendió los derribos. 

   El Ayuntamiento de Valencia presentó el pasado mes de febrero de 2010 ante el TSJM un escrito promoviendo una demanda de incidente de ejecución de la sentencia de 27 de septiembre de 2004 que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la plataforma Salvem el Cabanyal y anulaba, en consecuencia, una resolución de 2001 de la Dirección General de Bellas Artes que avalaba las actuaciones del Pepri y, además, ordenaba retrotraer el proceso a un momento anterior para que el Ejecutivo central, tras oír a la Comunitat Valenciana, motivara su decisión.
   Posteriormente, el Ministerio de Cultura procedió en 2010, en cumplimiento de aquella sentencia, a emitir una orden que consideraba expolio el plan urbanístico previsto en El Cabanyal, obligaba al Ayuntamiento a suspenderlo hasta que asegurara la protección del patrimonio histórico y requería a la Generalitat a la suspensión inmediata de todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Pepri.
   Ahora, en el nuevo auto del TSJM del 12 de enero --que ha difundido este jueves Salvem el Cabanyal-- el tribunal madrileño da por ejecutada aquella sentencia por lo que rechaza los argumentos expuestos en su escrito por el Ayuntamiento que dirige Rita Barberá, que alegó, entre otras cuestiones, que no existe tutela superior del Estado en lo que respecta al patrimonio de El Cabanyal y, consecuentemente, al Pepri.    
   Así, en primer lugar, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM mantiene que "no se puede pretender algo más allá de lo que dice la sentencia, que es lo que intenta el Ayuntamiento de Valencia en este concreto supuesto, , al no estar de a cuerdo con el pronunciamiento de la Orden del (Ministerio) de Cultura sobre su declaración de la existencia de un acto de expolio, pretende impugnar aquí y ahora en fase de ejecución la referida orden".
   "Pero al ordenarse tan solo en la sentencia la retroacción y la motivación del expediente del Pepri por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, no se puede seguir tratando también como ejecución el examen del contenido de la orden, que habrá de ser impugnada por un proceso administrativo o judicial independiente si el Ayuntamiento de Valencia entiende que se ha excedido de sus estrictas obligaciones de motivación". "No podemos sino concluir que las pretensiones del Ayuntamiento desbordan el objeto del cauce procesal de ejecución", señala la sala.
   Asimismo, apunta como "motivo sumamente relevante para rechazar la demanda del Ayuntamiento", que la propia corporación local ha interpuesto también contra la orden --"y de forma independiente y formalmente correcta"-- un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional por lo que el consistorio "podría incurrir en un ir contra sus propios actos".
   Igualmente, el TSJM recalca que "no podría entrar a examinar, aunque sea en trámite de ejecución de sentencia, la legalidad o no de una orden pues su conocimiento se encuentra atribuido a la Audiencia Nacional".
   El tribunal realiza asimismo otra "precisión" al Ayuntamiento, al que recuerda que la orden ministerial de la ejecución "no se pronuncia sobre la adecuación del Pepri a la legislación valenciana en materia de protección del patrimonio histórico, ni mucho menos a la normativa urbanística, sino sobre el ejercicio de una competencia constitucionalmente atribuida a la Administración del Estado".
   Seguidamente, hace notar que es "evidente que no se puede convertir este incidente de ejecución de sentencia en una nueva instancia procesal como parece pretender el Ayuntamiento de Valencia".
   Por lo demás, el tribunal recuerda que, a raíz de la sentencia, se han recabado numerosos informes sobre el plan y, aunque los provenientes del Ayuntamiento y de la junta de gobierno de los Colegios Territoriales de Arquitectos de Valencia son desvirtuadores del expolio, la mayoría --entre los que cita los aportados por la Subdirección General de Protección del Patrimonio, Real Academia de Historia, Colegio de Arquitectos de España o Museo González Martí, entre otros-- "apoyan de manera rotunda los amplios y exhaustivos informes desfavorables a la ejecución del Pepri".
   En este sentido, considera que estos estudios "conforman con carácter suficiente y con independencia de sus conclusiones que no gustan al Ayuntamiento una base suficiente para entender cumplida la sentencia en su totalidad, pues solo exigía una audiencia de la Comunitat Valenciana y una motivación adecuada".
   Por esta razón, el TSJM concluye su auto --contra el que cabía recurso de reposición en cinco días-- que la sentencia está ejecutada en su integridad, sin perjuicio de que se pueda impugnar en vía jurisdiccional independiente la orden del Ministerio de Cultura.
   Tras conocer el contenido de este auto, Salvem el Cabanyal ha mostrado su satisfacción por lo que califica de "nuevo espaldarazo judicial al trabajo que realiza la Plataforma" que "reafirma la validez y el rigor de la Orden del Ministerio de Cultura en la que se declaraba que el Plan del Cabanyal produce expolio".
   Salvem El Cabanyal hace "una llamada al consenso social y a que la administración local convoque una reunión a todas las partes interesadas en el desarrollo del barrio y de la ciudad de Valencia para replantear de una vez por todas el futuro de la zona".
   "Sabemos --prosiguen las mismas fuentes en un comunicado-- que con el futuro del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad y la única forma de encontrar una rápida solución es que la Administración Municipal cuente con los vecinos, con los partidos políticos en el Ayuntamiento, otras fuerzas sociales y sindicales representativas de la ciudadanía de Valencia".
   "La quiebra de las arcas valencianas aconsejan ahora más que nunca la vía de la rehabilitación, porque ésta crea puestos de trabajo de forma inmediata y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que le cuesta dinero al Ayuntamiento y retrasa la solución", concluyen.

EUPV pide la comparecencia de Camps, Zaplana y Olivas en la comisión de investigación de la CAM en las Corts

VALENCIA.- El grupo parlamentario EUPV en las Corts ha pedido que comparezcan en la comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) creada en la cámara autonómica los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, por considerar que "tienen mucho que decir sobre su responsabilidad respecto de las decisiones políticas y no políticas sobre la caja de ahorros".

   Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto de EUPV, Lluís Torró, que, junto a la diputada Esther López Barceló, ha explicado la propuesta de este grupo para la comisión de investigación de la CAM. El plazo para presentar estos planes de trabajos finaliza este viernes. Ese mismo día, la Mesa de las Corts se reunirá y decidirá el plan a seguir.
   Torró ha criticado que ni EUPV ni Compromís estén representados en la Mesa y teme que el PP "utilice su mayoría absoluta para que no se produzca lo que debería de producirse" en este tema. "El PP tiene una responsabilidad política muy importante y eso la comisión de investigación lo debe de aclarar", ha subrayado.
   La propuesta de EUPV también reclama las comparecencias de los exvicepresidentes del Consell Vicente Rambla y Gerardo Camps; del actual conseller de Hacienda y Administracion Pública, José Manuel Vela; y de los exdirectores generales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio y Enrique Pérez Boada, así como del actual responsable de esta entidad, Jorge Vela. Al respecto, Torró ha argumentado que el IVF "es igual de responsable, si no más, que el Banco de España" de la situación de la CAM.
    Asimismo, solicita que comparezcan los dos últimos gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.
   Además, el grupo parlamentario propone que expliquen su función en las Corts los directivos de la cúpula de la CAM, especialmente los que han ostentado esta responsabilidad en los últimos años, así como representantes de los trabajadores, el abogado Diego de Ramón que ha presentado varias querellas sobre la caja y un integrante de la Plataforma de Afectados por el Engaño de la CAM y del Banco de España.
   Respecto a la documentación, el portavoz adjunto de EUPV ha explicado que pedirán los balances de la empresa CAM Capital SA y de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL. También solicitarán informes de viabilidad en poder de la CAM sobre los proyectos Terra Mítica, Cabo Cortés, Novo Carthago, Puntas de Calnegre, Polaris World, Residencial Francisco Hernando y sobre la adquisición de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario, entre otras.
   Lluís Torró considera que en la comisión de investigación se debe analizar la gestión de la caja alicantina para conocer todo el proceso que ha llevado a su "quiebra", así como aclarar su estrategia empresarial y el proceso que ha conducido a la adquisición de Banco CAM por parte del Banco Sabadell. Del mismo modo, considera que se deberán depurar las responsabilidades personales que se hayan podido derivar de la gestión de la entidad.
   Preguntado por si la comisión en las Corts puede verse afectada por las investigaciones que lleva a cabo la Justicia, Torró considera que "no deberían de generarse interferencias" dado que "son dos vías diferentes". Así, ha precisado que "una comisión de investigación no va a juzgar penal ni civilmente a nadie", sino que "se trata de establecer una valoración política sobre unos hechos determinados".
   Por su parte, Esther López Barceló ha denunciado que las cajas se han convertido "en instrumentos para alimentar financieramente la especulación urbanística y los despropósitos megalómanos de algunas administraciones", a lo que ha añadido que las cajas valencianas "han sido los exponentes más destacados".
   Según la diputada, en marzo de 2011 el "agujero" en las cuentas de la CAM era de 4.587 millones de euros, "la morosidad más alta del sistema financiero español". Al respecto, ha dicho que algunos problemas financieros de la caja son de "naturaleza partidista" mientras que otros se derivan "de una mala gestión comercial, especialmente de su implicación en el sector inmobiliario".
   Asimismo, López Barceló ha denunciado que la cúpula de la CAM "se haya dedicado a prestar dinero en condiciones privilegiadas a los consejeros, cosa prohibida por la Ley de Cajas Valencianas" y que, además, "se han querido asegurar prejubilaciones o indeminizaciones millonarias". Por este motivo, considera que existen "claros indicios de corrupción en la gestión que deberían ser clarificados".

Alberto Fabra dice que "podría haber" compradores para el aeropuerto de Castellón

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que "podría haber" compradores para el aeropuerto de Castellón, al tiempo que ha indicado que no se descarta "ninguna opción" para este recinto.  

   Fabra se ha pronunciado de este modo en una entrevista a la Cadena Cope, preguntado por si está a la venta el aeropuerto de Castellón y por sí podría haber compradores. "Podría haber. No descartamos ninguna opción", ha respondido el jefe del Consell.
   Ha comentado que ésta es "una infraestructura de financiación público-privada" y ha explicado que es "de los pocos" aeropuertos "que hay en España" donde "no ha sido Aena, como es habitual, quien ha hecho esta infraestructura que está al servicio de la provincia de Castellón".
   El responsable autonómico ha agregado que lo que se ha de hacer es "de forma eficaz y con el menor coste posible hacer que empiecen a llegar turistas a la provincia de Castellón".

La dirección del PP defiende las sanciones penales de Montoro, también para la gestión que hagan los populares

MADRID.- El secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves la propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de pedir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto y que "dilapiden" el dinero de los españoles. Así, ha asegurado que esta normativa se aplicará también a la gestión que realicen los populares.

   En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del partido, Floriano ha arremetido contra los socialistas por criticar esta propuesta ya que, según ha recordado, el PSOE es el "responsable" de la situación de déficit en la que se encuentran "muchas administraciones" y de que, concretamente, la Administración central haya tenido "déficits ocultos".
   "Esta iniciativa no es una ocurrencia del PP sino que es una exigencia del sentido común y de la mayoría de la gente que entiende que el dinero de todos no es el dinero de nadie. El PSOE pretende hacernos creer que el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos es un dinero con el que se puede hacer cualquier cosa y para nosotros esto no es así", ha recalcado.

El ministro Soria pide a las CC.AA. más endeudadas que "hagan sus deberes"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido este jueves a las comunidades autónomas cuyo nivel de endeudamiento respecto a su PIB es superior a la media que "hagan sus deberes", al igual que ha hecho la Comunidad Valenciana, que ha aprobado un ajuste por valor de 1.000 millones de euros.

   "Valencia está haciendo sus deberes. Lo deseable es que el conjunto de las comunidades que están por encima de esa media hagan también sus deberes", ha señalado Soria en declaraciones a Telecinco.
   El ministro ha insistido en que el objetivo de reducir el déficit público es "irrenunciable" y ha recordado que de los dos puntos en los que el Gobierno estima que se desvió el déficit respecto al objetivo previsto, las comunidades autónomas son responsables de 1,4 puntos de esa desviación.  
   Por ello, Soria ha declarado que son los gobiernos autonómicos los que "mayor esfuerzo" tienen que hacer en el marco de sus cuentas públicas para contribuir al recorte del déficit.
   El ministro ha reiterado además que el Gobierno tiene intención de introducir modificaciones legales para que se puedan imputar responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo aprobado en el presupuesto. "Incurriendo en ese tipo de actitudes se llega a problemas tan serios como los actuales", ha advertido.

El juez Climent expulsa de la sala en la causa contra Camps a una persona del público por hacer un comentario

VALENCIA.- El magistrado-presidente del tribunal del jurado de la 'causa de los trajes', Juan Climent, ha expulsado de la sala a una persona que se encontraba entre el público porque ha realizado un comentario en voz alta, y ha advertido al resto de los presentes de que la 'Policía de estrados' le permite poner multas por mal comportamiento.

   En el momento en el que el abogado de la acusación popular, Virgilio Latorre, que representa al PSPV comenzaba su informe final, el magistrado le ha pedido que se detuviera un momento y ha pedido a una persona del público que había hecho un comentario que se "identificara" y saliera de la sala.
   Posteriormente, ha advertido al resto del público de que la Policía de estrados le permite poner multas por mal comportamiento, como es éste caso, ha dicho, por lo que ha incidido en que no pueden hacer ningún comentario y les ha instado a que antes de hacerlo, salgan de la sala para evitar que les tenga que echar.
   Ésta es la segunda vez en la que el presidente del jurado desaloja a una persona de la sala durante el desarrollo de la vista, que se inició el 12 de diciembre. La primera fue porque sonó un teléfono móvil.

El fiscal niega que el juicio de la 'causa de los trajes' sea "político"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura, encargada de exponer el informe final de la acusación pública en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha expuesto hasta 18 motivos que considera que han quedado probados para condenar a ambos acusados en un juicio que ha negado que sea "político" y en el que ha recalcado que esta parte no ha recibido "ninguna indicación" para sostener su acusación.

   "¿Alguien les ha preguntado a quién votan?", ha preguntado al jurado, para, a continuación, incidir en que la referencia al juicio político solo la ha realizado Camps en sus declaraciones cuando aseguró que "había venido aquí a demostrar que los valencianos no votaron por un presidente inocente". Por contra, ha hecho hincapié en que la Fiscalía "solo ha hablado de trajes, de tickets y todas las cosas que tienen que ver con hechos descritos" en su calificación, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal es "para todos los funcionarios públicos" y "nadie está por encima de la ley".
   En una exposición en la que ha ido detallando al jurado los folios en los que sustenta sus acusaciones, ha destacado al tribunal popular que en este caso no se debe hacer "actos de fe", ya que va a poder tener a su alcance toda la información, por lo que pide que usen el sentido común. "No solo es que se hicieron los regalos, sino que fueron en función de cargo público", ha manifestado, para señalar que es "muy difícil" desligar cuándo se ve a una persona de su faceta pública y de la privada y para concluir con que existe prueba "suficiente y abundante" de que ambos recibieron regalos en consideración a su cargo público.
   Al tiempo, ha cuestionado las alegaciones aducidas sobre que es un proceso "absurdo", que se han "ocultado pruebas" por parte del fiscal y por que la causa haya procedido de Madrid "como si esto fuera una cuestión territorial". Asimismo, ha rechazado la "teoría del montaje" en el caso de la versión del 'director de moda' José Tomás, y que la intervención de los peritos de Hacienda, en especial la de los que analizaron los pagos a través de la caja B del grupo Correa, y la Policía pueda suscitar dudas.
   En todo caso, ha incidido en que en esta causa han visto la existencia de delito, no solamente la Fiscalía, sino también jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En esta línea, ha añadido que la única resolución que existe en este proceso decidida por el Tribunal Supremo acordó en mayo de 2010 que siguiera adelante el procedimiento.
   Así, ha alegado que existe prueba documental del encargo de prendas para los dos acusados en Milano y Forever Young --cuyo cruce de documentos acredita que 'Camps nuevo cliente' es Francisco Camps, como dijo la mayoría de testigos--; de la confección y del envío de las prendas a Valencia.
   Como cuarto punto, sostiene que existe prueba documental del pago de las prendas de vestir por personas distintas a los acusados, no solo por declaraciones sino también por la documentación proporcionada por cuatro bancos. En relación con Forever Young, ha destacado que, además de cheques bancarios, hubo "tres grandes pagos": uno en 2007 que se corresponde con el "famoso documento 71" por 30.678,9 euros; otro por 36.000 y un tercero por 4.040.
   En el quinto apartado, recalca la existencia de prueba documental de que las compras se disfrazaron con facturas que recogían conceptos falsos y que existen numerosos testigos que confirman los hechos que sostiene la acusación, y que son "creíbles" porque concuerdan testimonios y "no tienen motivos para mentir".
   De ellos, ha señalado empleados de Cortefiel, Milano y Forever Young, testigos que confirmaron la versión de José Tomás, del que ha destacado que fue la primera persona que habló en un juzgado de las compras para cargos públicos por parte de empresas de la trama y del que ha rechazado que su declaración pudiera estar influida por la "animadversión" hacia el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, al que está enfrentado laboralmente.
   Respecto a las declaraciones de los considerados presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo-- ha señalado que no declararon porque están procesados en otras causas lo que les presenta un "conflicto que les dificulta para poder decir la verdad".
   En relación con la contable de Forever Young, Raquel Vázquez, y del propio Hinojosa, ha resaltado que sus versiones no concuerdan con el resto de testimonios, pero en el caso de la primera, ha subrayado que mantiene una posición "comprometida" por su relación laboral, mientras que el segundo contestó con "ambigüedades e imprecisiones". Por ello, ha avanzado que, cuando haya veredicto, esta parte valorará si se puede haber producido falsedad en este juicio en relación con estos testigos.
   En el punto nueve, ha situado la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria que confirmaron que hubo confección y pagos mediante cheque y transferencia. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la pericial realizada sobre los pagos en metálico, el apartado diez, que confirma que hubo pagos en efectivo de prendas.
   En esta línea, ha fijado como eslabones once y doce las declaraciones de auditores de Milano, que confirmó que el establecimiento vendió las prendas y cobró el importe, y el de Forever Young, confirmó la existencia de pagos. La fiscal ha contabilizado en decimotercer lugar la declaración de los inspectores de Policía que llegaron a la conclusión en sus informes periciales que el grupo tenía como estrategia hacer regalos y que, dentro de ella, estaban los que hicieron a Camps y Costa.
   Para la fiscal, el punto 14 es la pericial que confirmó la voz de Álvaro Pérez en las llamadas grabadas por la Policía. Dentro de ella, sitúa en decimoquinto lugar, las conversaciones que reflejan regalos circunstanciales que ayudan a comprobar si existe "complacencia" o no en la recepción de los presentes y que las actuaciones llevadas a cabo por 'El Bigotes' también se centraron en cuestiones que no tenían que ver con el partido sino con actos institucionales así como la preocupación que había en el grupo Correa por una posible investigación en relación con Milano.
   Asimismo, ha destacado como punto 16 la documentación intervenida en los registros que pone "blanco sobre negro" la existencia de la caja B, con coincidencias en apuntes entre la del grupo Correa y Orange Market, con una salida de esta última coincidente con un pago de prendas a Camps en Milano.
   En penúltimo lugar, ha destacado las condenas por conformidad del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y del exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret por hechos similares y ha concluido, como último punto, con las declaraciones de ambos acusados, que negaron los hechos, aunque para la fiscal se trata de una prueba de descargo "escasa e inconsistente".
   Según ha sostenido, "Camps habló del montaje terrible y muchas cosas", aunque también ha dicho que contestó "muchas" que no tenían que ver con lo preguntado. "Lo cierto es que habló poco de los trajes y muchas sobre aspectos personales y profesionales", ha estimado, al tiempo que cree que ejerció su derecho a no declarar la verdad.
   Sobre Costa, ha destacado que su testimonio se contradice con la información que obra en el procedimiento y ha señalado que hubiera sido deseable poder conocer la versión de su secretaria --que no ha sido llamada a declarar-- en relación con el pago de unas prendas como así declaró.

Fabra dice que quiere el Premio de Fórmula 1, "pero con otras condiciones"

MADRID.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que la Generalitat quiere continuar acogiendo el Gran Premio de Fórmula 1, aunque ha precisado con "otras condiciones". 

   El jefe del Consell, que ha realizado estas manifestaciones durante una rueda de prensa en la Feria Fitur de Madrid, ha indicado que están "negociando" para que la celebración de la prueba "cueste menos, y encontrar el equilibrio".
   Ha añadido que el premio deportivo es muy "interesante" para la Comunitat, ya que es un escaparate para que se vea a la autonomía "desde fuera".
   Asimismo, Fabra ha destacado que el Consell no va "a parar" hasta encontrar la opción "más eficaz" para el aeropuerto de Castellón, y que "se ponga en marcha con el menor coste posible".
   En concreto, ha indicado que está "orgulloso" de que Castellón tenga infraestructura aeroportuaria, para que así disponga de "oportunidades" como el resto de provincias de la Comunitat, que disponen de aeropuerto.
   Asimismo, ha indicado que el aeródromo "está al servicio de todos los ciudadanos", y que "podrá ser criticado, pero ahí está, no se lo lleva nadie", por lo que están trabajando para que se ponga en marcha y que se haga "con el menos coste posible".
   "No vamos a parar hasta hacerlo", ha aseverado Fabra, para explicar que no cejarán en la labor de poner este aeródromo con las mejores condiciones económicas, para que se convierta en "la puerta de entrada a millones de turistas".
   Fabra también ha declarado que los turistas no solo quieren ver, "también quieren tocar" la Comunitat, y que por ello hay que dar a conocer la riqueza del territorio que mezcla " cultura, tradiciones, paisaje y encanto de cada uno de los municipios de la región".
   Así, ha destacado la importancia del boca a boca, ya que muchos turistas acuden a la región "porque les han dicho que está muy bien", y porque han sabido buscar entre la amplia oferta de la región.
   En su opinión, el sector turístico, al igual que el resto, está sufriendo pero "ha sabido plantarle cara a la crisis", estableciendo las correcciones necesarias para poder "seguir creciendo", y así lo ha hecho en la Comunitat.
   Así, ha recordado que la región ha sido líder en turismo de interior en tipo de alojamientos como campings de turismo y salud, y "referencia a nivel nacional e internacional". Además, ha indicado que la Comunitat ha crecido en 2011 un 5 por ciento, hasta noviembre.
   "Somos un territorio que sabe adaptarse a las circunstancias", ha subrayado Fabra quien ha destacado que la región ha sabido "colocarse en el mapa internacional", a lo que han contribuido también a los grandes eventos que, aunque "muy criticados, han favorecido a que haya extranjeros que hayan descubierto la Comunitat y hayan tenido la inquietud de conocerla".
   Finalmente, ha indicado que también desde la Generalitat se está trabajando de una forma "acorde" con el momento actual y que, por ejemplo con respecto a su presencia en Fitur, ha indicado que se han "apretado el cinturón" y este año han reducido un 35 por ciento el espacio dedicado al estand y un 31 por ciento el coste del montaje.

El abogado Diego de Ramón y la Plataforma CAM convocan una manifestación el sábado en Alicante

ALICANTE.- La Plataforma CAM y el abogado Diego de Ramón han convocado para este sábado una manifestación en Alicante con el fin de recoger firmas para presentar una demanda penal en la Audiencia Nacional, según ha indicado la plataforma en un comunicado.

   La manifestación se celebrará a las 19.00 horas de este sábado en la plaza de Los Luceros, de Alicante. La plataforma recogerá firmas para presentar esta demanda por la infracción penal, y según han dicho, "la reparación  económica será solo para los que estén inscritos y hayan firmado la denuncia".
   La demanda será presentada por el abogado Diego de Ramón el 26 de enero en la Audiencia Nacional, junto con representantes de la plataforma, que ha destacado que continuarán con "el embargo de la Obra Social de la CAM para recuperar el dinero, ya que ni el FROB ni el Banco de España tienen la voluntad política de dar solución a los afectados". "Es como si nos castigasen a nosotros por los desmanes de los directivos que debían controlar".
   También han resaltado que los diputados de las Corts Valencianes de los cuatro partidos "aceptan y proponen a Diego de Ramón a declarar en la comisión de investigación sobre el caso CAM".
   Finalmente, respecto a las preferentes, han indicado que no hay "ningún acuerdo firmado ni escrito donde especifique que el Banco Sabadell pagará las acciones", al tiempo que han subrayado que las cuotas participativas "quedan fuera de toda negociación".

El fiscal atribuye a Costa más prendas y a Camps dos trajes y unos zapatos menos

VALENCIA.- El ministerio fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' y ha atribuido al exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, un traje más, tres pantalones y dos americanas, y ha restado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps dos trajes a medida y un par de zapatos. 

   La fiscal ha expuesto ante el tribunal del jurado que juzga a Camps y a Costa por un delito de cohecho pasivo impropio la modificación de sus conclusiones, aunque ha subrayado que el relato de hechos no varía en esencia. Así, ha eliminado de sus conclusiones todas las referencias realizadas al exvicepresidente del Consell Víctor Campos y al exjefe del gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret, puesto que ambos ya reconocieron los hechos y fueron condenados.
   Además, respecto a Francisco Camps, el ministerio público le atribuye 10 trajes, cuatro americanas, tres pares de zapatos y cuatro corbatas, todo ello valorado en 13.121,5 euros. Así, según ha indicado la fiscal, el exjefe del Consell, en atención a su cargo de presidente, recibió al menos los siguientes regalos: entre finales de 2005 y septiembre de 2006 recibió tres trajes -en lugar de cinco, como señalaba inicialmente-- y tres americanas por valor de 4.700 euros adquiridos en Milano; entre finales de 2006 y julio de 2007 se le atribuyen cinco trajes y dos pares de zapatos por 5.393,5 euros de Forever; a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por 348 euros adquiridas en esta misma tienda; y antes del 8 de octubre de 2008 adquirió dos trajes, una americana y un par de zapatos -en lugar de dos-- por 2.680 euros.
   En cuanto a Ricardo Costa, la fiscal estima que adquirió más prendas de las descritas en su escrito de conclusiones provisionales. En total, le atribuye cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones valorados en 10.075 euros. Así, estima que el acusado, en atención a su cargo de diputado, recibió al menos entre enero y agosto de 2006 un total de cuatro trajes -en vez de tres, como decía el escrito inicialmente--, tres pantalones y dos americanas de Milano; y entre finales de 2006 y julio de 2007 adquirió otros seis pantalones y un traje en Forever Young.
   Con todo, la fiscal estima que estos hechos son constitutivos de dos delitos continuados de cohecho y pide que para los acusados se tenga en cuenta la imposición de la pena establecida en el momento en que se cometieron los hechos, que incluye una multa, en lugar de prisión y suspensión de empleo y cargo público, que es lo que se aplica en la actualidad. También solicita que se decomisen las prendas de Camps y Costa.
   Por su parte, el abogado de la acusación popular (PSPV), Virgilio Latorre, ha modificado su relato de acusaciones para al igual que el fiscal, hacer desaparecer las referencias a Betoret y a Campos mientras que mantiene el mismo número de prendas que la acusación pública y los importes para cada uno de los acusados, y deja el resto de conclusiones en los mismos términos.