jueves, 15 de diciembre de 2011

El Presidente del TSJA propone "filtros administrativos" para frenar la corrupción urbanística

GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado este jueves por establecer controles previos y "filtros" por parte de la Administración que ayuden a paliar e impedir conductas urbanísticas delictivas y evitar, de esa manera, dar solución a estos casos exclusivamente desde el ámbito de la jurisdicción penal. 

   Antes de inaugurar en la Facultad de Derecho de Granada del congreso 'Delincuencia urbanística y corrupción política', Del Río ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que, pese a que este tipo de casos tienen gran trascendencia social y económica, no debe de trasladarse a la sociedad que España es una país donde "campea" la corrupción, puesto que esa "no es la regla ni la tónica".
   No obstante, sí ha advertido de la necesidad de dotar a los juzgados de medios suficientes para el tratamiento de este tipo de casos, ya que en ocasiones relacionan a un gran número de imputados, e implican la realización de periciales y el trabajo de personal de refuerzo.
   El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR), Lorenzo Morillas, ha apostado también por arbitrar soluciones en el marco del derecho administrativo para resolver posibles infracciones administrativas, frente al ámbito penal, como, según ha dicho, se aplica en países como Alemania.
   En ese sentido, ha abogado por una "alternativa intermedia" entre el sistema alemán y el español, donde el ámbito punitivo es cada vez "más expansionista", en parte porque, a su juicio, las infracciones urbanísticas han sido "un factor importante" en el desencadenamiento de la crisis actual en el país. Si la vía administrativa logra ser eficaz en el tratamiento de los casos de corrupción, las penas más severas podrían ir destinadas a los hechos más graves, ha señalado Morillas.

El proceso de fusión entre Cajamar y Ruralcaja podría culminar en mayo

ALMERÍA.- El director de Comunicación de Cajamar, Manuel Gutiérrez Navas, ha indicado este jueves que el periodo de fusión entre la almeriense y la valenciana Ruralcaja, cuyo inicio se ha acordado por los consejos rectores de ambas entidades y que se va a abordar en asambleas generales el próximo 17 de enero, podría culminar en los primero días de mayo, si bien hasta entonces se espera que se produzca la incorporación de más entidades al grupo.  

   Según ha señalado Gutiérrez Navas en rueda de prensa, tras la próxima asamblea general será necesario iniciar el proceso de autorizaciones, tras lo que el proyecto de fusión será comunicado al Banco de España, que deberá ser aprobado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda.
   Así, será sometido a información pública a través del Borme para, seguidamente, firmar la escritura de fusión y dar entrada a los distintos registros.
   Hasta esta fecha, "los consejos rectores de ambas entidades seguirán con su funcionamiento habitual y será a partir de ese momento cuando causará efecto el inicio de actividad de la nueva entidad", ha indicado  el director de Comunicación. Así, ha precisado además que ambas entidades mantendrán sus marcas comerciales, si bien después de tres años se unificarán bajo un mismo nombre.
   El propósito del Cajas Rurales Unidas pasa por "fortalecer el papel de las cajas rurales españolas, en convertirlas en actores relevantes del sistema financiero español" sentido en el que las partes han usado la nueva denominación para que sea una "invitación" a que se unan otras entidades. "Hay algunas entidades con las que tenemos contactos, si bien aún no se ha avanzado en ello ni se ha cerrado", ha señalado Gutiérrez Navas al respecto.
   Con esto, la fusión de ambas cajas conlleva la "operación de concentración de mayor calado de las cajas rurales españolas" de manera que ha contemplado que "lo ideal" sería que "todas las cajas rurales españolas" estuvieran "unidas bajo un único proyecto"; sentido en el que además no se descarta una futura integración con grupos ya existentes si bien el trabajo se ha centrado en la configuración de un grupo propio.
   Así, el proyecto de fusión parte del último trimestre en curso, si bien será a partir del segundo trimestre de 2012 cuando la caja "sea una", cuando "se consolidará los balances, la cuenta de resultados y la contabilidad de la entidad".
"El propósito que mueve a Cajamar es la integración en un proyecto común de todas las cajas rurales españolas", ha subrayado.

Salgado adelanta los pagos a cuenta de diciembre de 4.500 millones a las CC.AA.

MADRID.- La vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, ha anunciado este jueves que el Gobierno efectuará el pago a cuenta a las comunidades autónomas correspondiente al mes de diciembre, que asciende a un total de 4.500 millones de euros, el próximo día 20, en lugar del día 23, como es habitual en el último mes del año, ante las necesidades de tesorería de algunas de las comunidades.

   En una comparecencia a modo de despedida, Salgado ha pormenorizado que de estos 4.500 millones de euros de los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, que habitualmente el resto de los meses del año se realiza el día 29 de cada mes, un total de 1.000 millones corresponderán a Cataluña, 700 millones a Andalucía y 480 millones a la Comunidad Valenciana.
   Por otro lado, la ministra de Economía ha calificado de "éxito" la subasta del Tesoro de hoy, en la que se ha superado el examen al colocar 6.000 millones en obligaciones, como las celebradas en las últimas semanas.

'El Bigotes': "Ni mi empresa ni yo hemos regalado alguna vez traje alguno a los imputados"

VALENCIA.- El responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha decidido no contestar a las preguntas que le iban a formular las partes en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' en la que se juzga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, si bien ha querido hacer una manifestación para negar haber realizado ningún regalo de trajes a los que han sido los cuatro acusados en el procedimiento. 

   "Ni mi empresa ni yo nunca hemos regalado ningún traje a ninguno de los cuatro imputados", ha dicho.
    Así lo ha señalado dado que se encuentra investigado en otros dos procedimientos derivados del 'caso Gürtel', uno en Madrid y otro en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que, según su abogada, que le ha asistido en este trámite, no ha sido aún llamado a declarar, para referirse a la investigación abierta por presunta financiación irregular del PPCV, entre otros delitos.

Standard & Poor's rebaja a nivel de bono basura la calificación de Bankia

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha recortado el rating de diez entidades financieras españolas en el marco de una revisión generalizada con motivo de la aplicación de los nuevos criterios y la nueva metodología en la elaboración de las calificaciones de la banca, según informó la agencia en un comunicado. 

   En concreto, la agencia ha revisado en un escalón a la baja la calificación a largo plazo de Bankia, desde 'A-' a 'BBB+', así como la de su compañía matriz Banco Financiero y de Ahorros, desde 'BBB-' a 'BB+', lo que implica situar su nota en la categoría considerada 'bono basura'.
   Asimismo, también ha recortado en un escalón el rating de Caixabank, desde 'A+' hasta 'A' y la de su matriz La Caixa, desde 'A-' a 'BBB+'. En esta misma línea ha rebajado también en un escalón la calificación 'A-' que tenían Ibercaja, Kutxa,  BBK, Bankinter y Banco Popular, hasta 'BBB+'.
   Por otro lado, S&P ha decidido recortar el rating del Banco Sabadell en dos escalones, pasando así desde 'A-' hasta 'BBB'.
   En el caso de la deuda a corto, la agencia ha mantenido sin cambios tras actualizar sus criterios de revisión la calificación a corto plazo de estas diez entidades, excepto la de Banco Financiero y Ahorros, que pasa desde 'A-3' a 'B'.
   Standard & Poor's ya aplicó sus nuevos criterios y metodología a la nota de Santander, de Santander Consumer Finance, de Banesto y de BBVA el pasado 29 de noviembre, lo que se saldó con una rebaja en un escalón de 'BBVA', desde 'AA-' hasta 'A+', y de Santander Consumer, desde 'AA-' a 'A+', y con el mantenimiento de la nota de las otras dos.
   Asimismo, la agencia recuerda que la calificación de estas entidades se encuentra desde el pasado 8 de diciembre en revisión con implicaciones negativas, tras adoptar una decisión similar sobre la deuda soberana española. S&P prevé tomar una decisión sobre su rating en las cuatro semanas posteriores a la resolución de la revisión del de España.
   Por último, informa de que no se ha incluido en esta revisión la calificación 'A-/A-2' de la Confederación Espñaola de Cajas de Ahorros (CECA), a la que tiene previsto aplicar los nuevos criterios a principios de 2012.

Los comerciantes temen que Rajoy extienda la liberalización de horarios de Madrid a otras CC.AA.

MADRID.- Los comerciantes madrileños han expresado su temor ante la posibilidad de que el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, extienda la decisión de la Comunidad de Madrid de liberalizar los horarios comerciales a otras comunidades autónomas y le han reclamado que clarifique su postura al respecto.     

   "Lógicamente cuando lo hace una presidenta de una comunidad del PP nos hace pensar que esto puede ser el ambiente y el pensamiento que pueda haber dentro del PP y por lo tanto dentro del partido que está llamado a gobernar", afirmó el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   En su opinión, una liberalización de los horarios comerciales no supondrá un incremento de las ventas, ni del empleo, e irá, por el contrario, en detrimento del equilibrio entre los distintos formatos, que es "vital" para favorecer al consumidor.  
   "El ritmo que se marcará en la Comunidad de Madrid, y esperemos que se quede única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid, no lo podrá mantener el pequeño y mediano comercio", subrayó el presidente de la CEC, quien agregó además que tampoco las grandes superficies podrán aguantar el reto de abrir 24 horas.
   García-Izquierdo insistió en que esta medida no aumentará el empleo, sino que lo que se producirá será una trasvase de los horarios que tengan actualmente algunos empleados. "No creemos que se produzca un aumento del empleo, puesto que en las propias fiestas navideñas tampoco se registra", señaló.

El Banco de Valencia no pagará hoy el cupón de su primera emisión de participaciones preferentes

MADRID.- El Banco de Valencia no pagará hoy jueves el cupón trimestral de su primera emisión de participaciones preferentes, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la entidad intervenida por el Banco de España el pasado 21 de noviembre.

   El Banco de Valencia, entidad integrada en Banco Financiero y de Ahorros (BFA), no procederá al pago de esta emisión porque "no cumple con los coeficientes de recursos propios exigidos por la normativa bancaria que le es aplicable".
   La primera emisión de participaciones preferentes de Banco de Valencia por importe de 170 millones de euros ha quedado registrada en la CNMV el 21 de diciembre de 2006.
   Los administradores provisionales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), José Manuel Oliver Martínez y Margarita Reyes Medina, firman la comunicación enviada al organismo supervisor de los mercados.
   El Banco de España intervino el Banco de Valencia tras constatar que la entidad no podía garantizar su viabilidad y le inyectó 1.000 millones para fortalecer su capital, al tiempo que le concedió una linea de crédito de 2.000 millones para asegurar su liquidez.
   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez sustituyó a los administradores del banco a petición de su consejo y lo administra para estabilizarlo y recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo.

El Puerto de Valencia cerrará 2011 con aumentos del 2% en contenedores y 3% en tráfico

VALENCIA.- El puerto de Valencia prevé cerrar 2011 con un crecimiento del 2,2 por ciento en tráfico de contenedores y del 3 por ciento en tráfico total respecto al año anterior, después de haber registrado un aumento del 1,67 por ciento en contenedores y del 2,3 por ciento en tráfico total en noviembre en relación con el mismo mes de 2010.

   Así lo ha avanzado el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, quien ha aseverado que 2012 será "un año muy difícil para el puerto" y ha hecho un llamamiento a la comunidad portuaria a "ajustar costes, sin tocar salarios" y acometer reformas con "esfuerzo y mucho realismo", en vísperas de la negociación del convenio colectivo de la estiba.
   Aznar ha remarcado que desde el puerto de Valencia afrontan el futuro "muy bien posicionados en la parrilla de salida" y con la intención de "estabilizar" esa buena posición en el mercado que se han "ganado a pulso" y de "crecer, que es posible si seguimos haciendo correctamente los deberes", ha dicho.
   De hecho, en 2011, esperan obtener un resultado cercano a los 24 millones de euros antes de impuestos, más de 1,4 millones por encima de las previsiones iniciales, y un resultado neto de 12,5 millones, 1,2 millones más que los presupuestados.
   En cuanto a los ingresos, está previsto que sumen 127 millones de euros a cierre de ejercicio y que se sitúen en torno a 140 millones en 2012. En ese año, las inversiones presupuestadas ascienden a 112 millones de euros --14 millones correspondientes a inversiones financieras y 98 a las materiales--, con un ritmo inversor "similar" al de 2011 para acometer proyectos como el nuevo muelle de cruceros.
   "Tenemos un Plan Estratégico que hemos madurado con los empresarios de la comunidad portuaria y divulgado con la sociedad civil, tenemos estrategia y sabemos que la situación es complicada", ha subrayado Aznar, quien ha señalado que, "por lo tanto, la preocupación tiene que ser serena, tranquila y siguiendo la hoja de ruta trazada", que refleja una competencia "muy dura y creciente" y que deberá hacer frente a un 2012 que "podría ser peor" que 2011.
   En este punto, ha incidido en la conveniencia de "ajustar costes sí o sí" y ha pedido "reflexión, una mayor profesionalización, más esfuerzo y mucho realismo para hacer las reformas --en el entorno del puerto-- que van a ser los cimientos de la recuperación". En concreto, ha apostado por "inducir a la racionalización en el mercado de la estiba para que hayan avances en la responsabilidad".
   Aznar ha valorado el inicio de las conversaciones para "revisar esa plataforma" y ha defendido que el puerto "tiene que ser globalmente competitivo, y que eso pasa evidentemente por la estabilidad social, pero también por racionalizar" y por "ajustar costes desde el realismo del mercado". "Es posible atraer más carga, tener más actividad y por lo tanto generar más empleo, y con esa fe debemos de trabajar", ha aseverado.
   Así, ha remarcado que "el foco hay que ponerlo donde hay riesgo" para trabajar "en condiciones de estabilidad, con compromiso, con unión y con diálogo", un mensaje que ha querido lanzar ante la renovación del convenio de la estiba aunque ha eludido precisar qué ajustes deberían hacer por ser competencia de los agentes sociales.
   Por otro lado, el consejo de administración del puerto ha decidido archivar el concurso público para la construcción y explotación de cuatro terminales de cemento abiertas al uso general o dedicadas en el puerto de Sagunto, ya que esa iniciativa no ha prosperado como consecuencia de la crisis "especialmente aguda" que atraviesa el sector de la construcción.
   Igualmente, ha aprobado los acuerdos alcanzados por la APV con algunos de los agentes a los que, por mandato del Tribunal Constitucional y al igual que el resto de puertos españoles, debía devolver parte de las tasas facturadas. Ante la "posibilidad de enriquecimiento injusto" que se abría con este tema, los servicios jurídicos del puerto han sido pioneros en plantear acuerdos con una quita "significativa", que ya han sido aceptados por esos acreedores.
   El consejo también ha aprobado los coeficientes correctores y las bonificaciones para 2012, que dedicarán a partes iguales a fidelizar a los clientes del puerto y a atraer a otros nuevos, al tiempo que ha delegado en Aznar su representación en Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística), quien ha dicho que lo está "pensando".

El juez de Emarsa confirma la imputación de Gimeno para saber si concertó con Crespo y Cuesta obtener "beneficios ilícitos"

VALENCIA.- El titular del juzgado de instrucción nº 15 de Valencia ha confirmado la imputación del que fue concejal del PP en Valencia Juan Carlos Gimeno en la 'causa de Emarsa' --en la que se investigan las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la depuradora de Pinedo con el fin de investigar si actuó en connivencia con otras personas también imputadas, entre las que cita a Enrique Crespo y a Esteban Cuesta, para "obtener beneficios ilícitos". 

   En un auto el juez desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación legal del exedil 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno en el que éste recurría la decisión de admitir a trámite la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) contra él mismo.
   Gimeno, que está imputado por presuntas irregularidades cometidas en los contratos que facturó a Emarsa por medio de las sociedades (IEM) y CRM Adecua S.L, afirmaba en su recurso que la querella presentada por Emshi es una "manipulación evidente de lo realmente acontecido".
   No obstante, ahora el juez del caso rechaza esta pretensión y señala que "existen motivos bastante para investigar si Gimeno, por medio de IEM SL, se concertó con otras personas ya imputadas en la presente causa" --como el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, el exdirector financiero de la entidad, Enrique Arnal, e, "incluso", al alcalde de Manises y vicepresidente de al Diputación de Valencia, Enrique Crespo, que fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa-- para obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad Emarsa, facturando a la misma por servicios no prestados o por precio superior a su valor".
   Igualmente, justifica su decisión en la "necesidad de investigar a la sociedad CRM Adecua SL", dadas las facturas aportadas por la acusación particular que "requieren también una investigación" por las "características e irregularidades y conceptos que incluyen".
   El auto, de fecha del pasado 13 de diciembre, argumenta que la admisión a trámite de la querella presentada por Emshi "comporta necesariamente que Gimeno solo pueda ser llamado como imputado al objeto de esclarecer si tuvo o no participación en los hechos penalmente relevantes que se le atribuyen".
   Añade que en el auto recurrido por el exconcejal "se recogen, con la suficiente precisión, los hechos que se le atribuyen y los motivos por los que se decidió ampliar la investigación".
   En este punto, recuerda que Gimeno fue trabajador de Emarsa, como encargado de gestión ambiental desde 1997 y hasta el 21 de octubre de  2004, fecha en la que recibió un finiquito de más de 71.000 euros. Además, "y apenas ocho días antes, constituyó junto a su esposa la mercantil IEM SL y fue nombrado administrador único".
   El mismo 21 de octubre de 2004, "antes incluso de la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil, parece" que Gimeno, como administrador de la nueva sociedad, suscribió un contrato de arrendamiento de servicios por valor de 3.500 euros con Emarsa en el que figuraba que ya intervenían Esteban Cuesta y Enrique Crespo, por parte de la empresa pública.
   "Pues bien, como ya se dijo y para empezar, el hecho mismo de la existencia de este contrato debe ser objeto de investigación", asevera el juez.
   Pero además, en la resolución judicial se hace referencia a otros puntos que hay que aclarar, como la relación de otra sociedad, Dos Grados SL, de la que Gimeno era representante legal, que facturó a Emarsa entre 2007 y 2008 más de 70.000 euros.
   Por todo ello, el juez concluye que desestima el recurso de reforma interpuesto por Gimeno y lo notifica a las partes personadas en la causa.

Salvador Navarro, elegido nuevo presidente de la CEV con un 85,6% de los votos

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Salvador Navarro, ha sido elegido este jueves presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con 273 votos, el 85,6 por ciento del total de los emitidos en la asamblea electoral (319). Su único adversario en los comicios, Juan Manuel Real, ha recabado 44 votos y se han registrado otros dos en blanco.

   Así, el que fuera el primer candidato en formalizar su intención de optar a la presidencia --y el único hasta apenas un día antes del vencimiento del plazo-- se ha impuesto al propuesto por la patronal de la construcción Fevec, Juan Manuel Real, presidente de la Asociación de Materiales de la Construcción y de la empresa familiar Materiales Real SL, y sucederá a José Vicente González al frente de la patronal provincial.
   González se ha dirigido a los cerca de 200 asistentes a la asamblea durante la apertura del acto, antes de proceder a la votación y al posterior recuento de votos.

Campos dice que aceptó la culpabilidad por su salud

VALENCIA.- El exvicepresidente del Consell Víctor Campos ha afirmado ante el tribunal del jurado que aceptó su culpabilidad en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' por su salud y también porque pensaba que lo habían acordado así los cuatro acusados --el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabiente de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

   Campos, quien ha acudido al Palacio de Justicia de Valencia sobre las 08.20 horas y sin pararse a atender a los medios de comunicación, lo primero que ha hecho durante su declaración ante el jurado en calidad de testigo es explicar que su conformidad solo era "a efectos formales" para "acabar con este drama", es decir, que se considera inocente de los hechos que reconoció porque nunca recibió ningún traje.
   Esta aclaración de Campos ha provocado que el letrado de la acusación popular (PSPV) haya pedido la suspensión de su declaración al estimar que su "revelación" le generaba indefensión a la hora de plantear sus preguntas. No obstante, el magistrado lo ha rechazado y ha ordenado continuar con el juicio, puesto que él comparece hoy como testigo y no como acusado, y puede dar la explicación que estime oportuno.
   Como consecuencia, el letrado ha querido dejar constancia de una protesta, que ya resolverá el magistrado presidente del tribunal, Juan Climent. Seguidamente, ha comenzado a interrogar a Campos, quien en primer lugar ha indicado que conocía a Pablo Crespo --uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel-- de "dos o tres ocasiones", y ha aseverado que desconocía si éste confeccionaba ropa para Camps o Costa. "No tengo ni idea, no podría ni saberlo", ha apostillado.
   También ha señalado que nunca ha hablado con Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', sobre si estaban gestionando la confección de prendas de vestir a los dos acusados en este procedimiento. En concreto, sobre el día en que firmó su conformidad en el tribunal, ha indicado que ese día estaba con su abogado, quien presentó su escrito, y él firmó, al igual que hizo Betoret. Luego, según ha comentado, leyó que el abogado de Camps presentó también un escrito que "no leí nunca", ha apostillado.
   Sobre este aspecto, y preguntado por si los cuatro acusados acordaron conformarse, ha explicado que él, presonalmente, era una idea que ya llevaba en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Ha recordado que se le imputó en esta causa en febrero de 2009, y seis más tarde, en agosto, después de "escuchar infinidad de veces acusaciones infundadas" y que se les llamara "corruptos todos los días", sufrió un infarto por el que estuvo cinco días en la UCI y una semana hospitalizado.
   En este tiempo, ha señalado que reflexionó y entendió que por la acusación que había contra él y la pena que se le pedía, que era de multa, no le compensaba pasar "este sufrimiento", por lo que prefirió pagar y "acabar con toda esta historia". "A alguien le puede parecer un acto de cobardía, pero lo hice por mi salud y por mi familia", ha aseverado.
   Luego, Campos ha explicado que acudió a prestar conformidad porque "entendía" que habían quedado los cuatro acusados. "Entendía --ha agregado-- que era la única opción válida y segura para que acabara todo este proceso, este extraño proceso cargado de un tufo político tremendo desde mi punto de vista, y acudí a primera hora. Firmé conformidad, luego Betoret, y no vino nadie más, yo no sé nada más".
   Preguntado por si habló con alguien más para acudir al tribunal, ha indicado que con Francisco Camps, "ni con Costa ni con Betoret", ha precisado. El exjefe del Consell, según ha comentado, le dijo que "la idea era acudir a conformarse. De hecho, la audiencia estaba llena de medios, era algo que no era ni secreto".
   Por último, a preguntas del letrado de Costa, ha indicado que un diputado --y esto lo sabe porque fue parlamentario en las Corts entre los años 2003 a 2007-- no puede influir en el gobierno de la Generalitat ni en los funcionarios. "Entiendo que no, no tiene ningún sentido que los consellers estuvieran a las órdenes de un diputado", ha señalado.

Francisco Camps dice que lleva "bien" el proceso

VALENCIA.- El expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha indicado este jueves que lleva "bien" todo el proceso por el que se le está juzgando, junto al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, por la llamada 'causa de los trajes' derivada del caso Gürtel, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Camps ha realizado estas declaraciones al llegar al Palacio de Justicia, al ser preguntado por cómo está llevando todo el procedimiento. El que fue jefe del Consell ha llegado al palacio de justicia sobre las 08.50 horas y minutos más tarde lo ha hecho el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.
   Este jueves se celebra la cuarta sesión del juicio, en el que ya han declarado, entre otras comparecencias previstas, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la conselleria de Turismo Rafael Betoret, quienes aceptaron su culpabilidad en este procedimiento y fueron condenados a pagar una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio.

Peñas asegura que Correa le dijo que hacían trajes para Camps y Costa

VALENCIA.- El exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, que grabó durante dos años conversaciones a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel que entregó a la Policía para iniciar el caso, ha asegurado este jueves en su declaración como testigo ante el jurado que juzga al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, que Francisco Correa le dijo en un par de ocasiones que hacían trajes para los dos acusados.

   Peñas, que está imputado en la causa general por lo que ha comparecido asistido por un abogado, ha querido contestar a todas las preguntas formuladas por las partes, y ha indicado que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, hablaba de que tenían un "chiringuito" en Valencia y que le iban a nombrar un cargo --"un no sé cuántos", ha dicho-- con motivo de la organización de la visita del Papa.
   El testigo, que ha subrayado que las casi 100 horas de conversaciones que grabó durante unos dos años, 17 de ellas aportadas a la Policía, ha explicado que no lo hizo por venganza, si no porque veía irregularidades que consideraba que debía comunicar. 
Durante su declaración, ha explicado que Correa le habló en "muchas ocasiones" de Costa y Camps, y que Álvaro Pérez 'El Bigotes' se refería al ex secretario general del PPCV "de forma entrañable". Por parte de Pablo Crespo, las referencias a la Comunitat valenciana abarcaban un área más difuminada.
   Así, ha indicado que Pérez, sin hablar de trajes, le manifestó que "por unas cosas y por otras", él "podía hacer lo que quería en la Comunitat, especialmente con la televisión valenciana" y ha especificado que, en una conversación con Correa, el testigo le explicó que se tenía que comprar un traje o una americana y que él le informó de que le podía acompañar a un sastre "con el que hacemos todas las cosas para la Comunitat, con Camps y Costa".
  Peñas ha recalcado que no le hizo referencia a Milano ni a Forever Young y que en una conversación "tangencial" a raíz de su comentario, al tiempo que ha reconocido que nunca ha grabado esta expresión en ninguna de sus cintas. 
"Hacemos las cosas para Valencia para el señor Camps", ha reiterado que le dijo Correa. A preguntas de la defensa del expresidente ha admitido no recordar que en el juzgado declaró que el considerado presunto cabecilla de la trama le habló de que los trajes se los dejarían "a buen precio".
   En esta línea, ha precisado que todos ellos "hablaban alabanzas de Valencia y su gente", tras haber pasado un "momento crítico" en el PP a nivel nacional y allí "encontraron un cobijo muy importante". Asimismo, ha señalado que, de las pocas conversaciones que mantuvo con Álvaro Pérez, reflejaban que en esta autonomía no quiere decir que tuvieran un "chiringuito pero se aproximaba mucho a lo que hablaban y hacían", y ha recalcado que tenían "todas las facilidades del mundo" con actos y eventos.
  Peñas ha reconocido que el PP le expedientó en 2.005 porque no votó al candidato del PP en Majadahonda, y que en octubre creó otro partido. "Vaya por Dios", ha exclamado entonces el abogado de Camps. La denuncia la presentó ante Fiscalía Anticorrupción el 6 de noviembre de 2007, con las conversaciones recogidas, entre ellas la del 15 de octubre de 2007 con Isabel Jordán (exdirectora comercial de Easy Concept, una de las empresas del grupo Correa), que se ha reproducido en la sala.
  "Isabel pidió la reunión por una preocupación sobre la empresa porque Correa y Crespo al parecer la habían amenazado y seguido y estaba preocupada por resolver el tema económico porque se podía volver en su contra", ha explicado, y ha recalcado que desgranó "de manera tranquila" su situación. "Finalmente, sin apenas preguntas, termina diciendo: imagínate como es la situación que he pagado o hay un apunte de 30.000 euros sobre unos trajes que se han pagado a Camps", ha dicho.
   El exedil ha apuntado que ha asistido a conversaciones en las que los presuntos cabecillas se daban instrucciones para que consejerías de comunidades autónomas pagaran actos que no podía pagar el PP y cambiar el nombre del evento y ha añadido que tenían una asesoría en la que las empresas "enjugaban beneficios". Asimismo, ha indicado que en la sede del grupo en Madrid, en la calle Serrano 40, había una caja fuerte donde Correa "guardaba importantes cantidades de dinero que no se declaraba al fisco".
   Preguntado por la acusación popular por qué hizo las grabaciones, ha contestado: "soy normal y corriente y si veo algo que pasa que es ilegal, cualquier persona sabe que tiene que denunciar". Por ello, ha señalado que cuando tuvo la "convicción personal" de que Correa, su grupo y dirigentes del PP "hacen irregularidades que exceden de toda la lógica normal", decidió recoger las conversaciones que mantenía.
  "Podría haberme ido a mi casa. Hubiera sido más fácil" porque se habría evitado "muchas cosas", ha dicho, pero ha agregado que adoptó una decisión "con toda la fuerza moral que debía tener". Asimismo, ha reconocido que no se sentía "muy bien" porque no es "del CNI".
"Cuatro años después estamos aquí", ha concluido.

La Asociación de Impositores Valencianos dice que las soluciones a las cuotas participativas de la CAM se han de dar ya

 
ALICANTE.-   La Asociación de Impositores Valencianos de Caja Mediterráneo ha considerado que las soluciones a las cuotapartícipes "se tiene que dar ya, aunque se ejecuten más tarde" y ha insistido al Banco de Sabadell que un "empresario sabe que un cliente se fideliza con muchos años de esfuerzo y constancia, pero también sabe que, ese mismo cliente, se puede perder en un solo día".

   Tras conocer que el Banco Sabadell estudiará soluciones comerciales para los cuotapartícipes de la Caja Mediterráneo (CAM), ya sean clientes o empleados de la entidad alicantina, cuando la adquisición de ésta sea efectiva, la asociación ha asegurado que están de acuerdo de que el traspaso no está hecho pero "la soluciones se pueden tomar ya, aunque después se ejecuten más tarde".
   En este sentido, el presidente de la asociación, Víctor Baeta, ha indicado que los "dos propietarios de CAM, Banco de España y Banco Sabadell, deben tomar las decisiones ya porque después estará todo hecho". Desde su punto de vista, "la solución no puede venir después, ya será tarde".
   Así, ha destacado que los acuerdos respecto a las cuotas participativas "pueden ejecutarse en marzo, pero deben ser tomadas antes por el Banco de España y el Banco de Sabadell".
   En esta línea, ha insistido en que un "empresario sabe que un cliente se fideliza con muchos años de esfuerzo y constancia, pero también sabe que, ese mismo cliente, se puede perder en un solo día".
   Víctor Baeta ha resaltado que su asociación está "haciendo lo posible por contribuir para que la estructura de perfil 'retailer' del Banco CAM que ha adquirido el Banco Sabadell se mantenga intacta, pero para ello es necesaria la voluntad, tanto del comprador como de los interventores, por superar los escollos que impiden dar una solución digna a las cuotas participativas".
"Trataremos según nos traten; confiamos que será para bien", ha apostillado.

Nace 'Cajas Rurales Unidas' de la fusión Cajamar Caja Rural-Ruralcaja

ALMERÍA.- Los consejos rectores de Cajamar Caja Rural y Ruralcaja, las dos primeras cajas rurales de España, han rubricado ayer miércoles el proyecto de fusión de ambas entidades, que se va abordar en asambleas generales el 17 de enero. La entidad resultante, con la denominación social 'Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito', nace con 63.559 millones de euros de volumen de negocio y activos por importe de más de 38.000 millones.

   La operación dará lugar a la integración de los dos SIP que encabezan ambas entidades, el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM, que ya suma 22 entidades y fortalece su posición de liderazgo en el sector de cajas rurales españolas con un coeficiente de solvencia del 12,33 por ciento, 968.851 socios, 3,3 millones de clientes, 6.352 empleados y un total de 1.465 oficinas.
   En un comunicado, ambas entidades han coincidido en la necesidad de "dar un impulso al proceso de concentración del sector de cajas rurales", que contribuya a "reforzar su solvencia" y a "mejorar su eficiencia y competitividad" en el sistema financiero español.
   Asimismo, han trasladado una invitación a las demás cajas rurales españolas para que se sumen s a un nuevo grupo nacional "unido y cohesionado, capaz de dar respuesta a los retos derivados de la situación económica actual", y que mantiene "especialmente" su compromiso con el sector agroalimentario y el mundo rural.

Duran i Lleida dice que es ilegal despedir funcionarios

BARCELONA.- El líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha reprochado al presidente de la CEOE, Joan Rosell, que despedir funcionarios "no es legalmente posible", por lo que las reformas que necesita España no pueden pasar por esta medida. 

   "Las cosas no se pueden decir así", ha criticado Duran al presidente de la patronal, aunque ha admitido que una de la reformas que debería afrontar el Estado es la de la función pública.
  Duran ha destacado que la mejora del mercado laboral pasa por una reforma que facilite la contratación y reforme la prestación por desempleo.
   También se ha mostrado escéptico con la propuesta de la CEOE de los 'minijobs' --trabajos de pocas horas con una remuneración próxima a los 400 euros--, y ha apostado por la creación de un "contrato de obra nueva" del que solo ha precisado que facilitaría la creación de empleo para las nuevas empresas.
El portavoz del PSOE en el Senado y secretario de Organización del partido, Marcelino Iglesias, ha respondido igualmente al presidente de la CEOE, Juan Rosell, que su propuesta de empleos por 400 euros es "excesivamente radical" y ha apostado por "buscar fórmulas imaginativas".
  "En un momento de dificultades económicas si se hacen determinados discursos radicales la población puede recibir una impresión de que la función pública en España no sirve para nada y eso sería un gran error", ha señalado en Iglesias en una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press.
   El dirigente socialista responde así a las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien ha asegurado que el sector público está sobredimensionado porque parte de los funcionarios y empleados públicos "no cumple o no tiene trabajo".
   Iglesias ha asegurado que los funcionarios públicos no pueden ser tratados como si fueran de una empresa privada  y ha rechazado la idea de Rosell de que sobren empleados del Estado. "Otra cosa es si hay que reubicar mejor", ha manifestado.
   En este sentido, el portavoz del PSOE en el Senado ha valorado que 400 euros es un "sueldo imposible" para que un trabajador pueda salir adelante junto a su familia. "Tendríamos que buscar fórmulas imaginativas pero ésa es excesivamente radical", ha apostillado.
   Por otra parte, el dirigente socialista ha subrayado que durante la última legislatura se quedaron muchas leyes sobre la mesa y por ello las van a proponer al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. "Con estas iniciativas pretendemos garantizar las políticas de cohesión social en un momento difícil", ha asegurado.

Tercian los sindicatos
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha pedido al presidente de la CEOE, Juan Rosell que precise "quién va, en dónde y quién no está trabajando", en respuesta a las declaraciones del líder de la patronal en las que abogaba por una importante reducción del número de empleados públicos.
    "Se dice que sobran 900.000 funcionarios. Si lo cree, que ponga los datos sobre la mesa, y explique quién va, en dónde y quien no está trabajando. España tiene mucho menos empleo público por cada 1.000 habitantes, no ya que Suecia, que es el extremo, sino que Francia y Alemania. Sólo Grecia, Portugal e Irlanda tienen menos empleo público que España ¿Suena de algo en qué situación están estos países?", ha subrayado Toxo.
   Para el dirigente sindical, es algo "tramposo" utilizar el argumento que emplea la CEOE sobre que si a un parado le preguntas si quiere un 'mini empleo' o nada, decida quedarse con el 'mini empleo'. "Si uno le pregunta a quien le van a cortar los dos brazos si prefiere que le corten uno solo, pues probablemente también diga que sí. En la respuesta y la pregunta está la trampa", ha dicho.
   Toxo cree que esta propuesta de los mini trabajos es un abuso, aunque ha reconocido que no sabe si es una "cortina de humo" o una propuesta concreta.
   De cualquier modo y por si acaso, el líder de CC.OO. ha dejado claro que en Alemania "no es oro todo lo que reduce", pues algunas cosas se hacen mejor que en España, pero otras no tanto. Así, ha recordado que en Alemania no existe un salario mínimo interprofesional de referencia y que no tiene una negociación colectiva de eficacia universal, pues allí sólo se negocia para los afiliados.
   "Eso que Rosell identifica como 'mini empleos' ya se utiliza en España", ha precisado Toxo, que ha puesto de ejemplo a los estudiantes que compatibilizan sus estudios con unas horas de trabajo. Eso sí, esos empleos tienen unas garantías y sus salarios se rigen por los convenios de referencia.
   Toxo ha denunciado que con la propuesta de los 'minijobs' lo que se pretende es "deteriorar tanto el mercado laboral, que al final se tendrá a la gente a la absoluta discreción de las empresas", una situación que ha comparado con la que protagonizaban los terratenientes de los siglos XVIII y XIX cuando acudían a las plazas de los pueblos en busca de mano de obra para unas horas.
   Tras advertir que las políticas "casi suicidas" de la UE apuntan a un 2012 peor que 2011, Toxo ha indicado que no sabe si los sindicatos lograrán el acuerdo con los empresarios en los plazos fijados por el presidente del PP, Mariano Rajoy, pero ha dicho que se está trabajando, incluso desde antes de que se lo pidiera el futuro presidente del Gobierno.
   En todo caso, ha advertido de que de la modificación de las leyes laborales no van a nacer los nuevos empleos que necesita España, ya que eso depende de la actividad económica, ahora estancada.
   Toxo, que ha asegurado que su sindicato "nunca convocará movilizaciones preventivas" ha resaltado la buena sintonía que mantiene con su homólogo de UGT, Cándido Méndez, y ha restado importancia al hecho de que algunos periodistas destacaran que, tras la reunión con Rajoy, Méndez salió más pesimista que Toxo. "Ni yo he visto a Cándido forzado ni me he visto descolocado después de aquella reunión", ha dicho.
   Preguntado por el futuro ministro de Trabajo, si es que finalmente lo hay, Toxo no ha querido especular y se ha limitado a señalar que el ministro de Trabajo debería tener un peso importante en el Gobierno, similar al que tiene habitualmente el ministro de Economía.

Los economistas temen que la desaparición de Bancaja y la CAM complique el acceso al crédito

VALENCIA.- Los economistas de la Comunidad Valenciana consideran que la "práctica desaparición de la banca valenciana", con Bancaja "absorbida" por la integración en Bankia, Caja Mediterráneo (CAM) intervenida y adjudicada a Banco Sabadell y Banco de Valencia "ingresado de urgencia" en el FROB, puede tener "importantes consecuencias sobre el crecimiento económico" de la autonomía y complicará el acceso al crédito especialmente a las Administraciones Públicas, según 'El País'.

La desaparición del sistema financiero valenciano también complicará el acceso al crédito de empresas y familias. Leopoldo Pons, presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Valencia, ha subrayado el "efecto penalizador" que sufrirá el tejido empresarial valenciano, integrado muy mayoritariamente por muy pequeñas empresas, que pierde "una forma de evaluar el riesgo".
"Para las empresas de diez trabajadores para abajo es importantísimo, necesario, que las comisiones de riesgo estén territorializadas", ha dicho Pons, "y la concentración bancaria no ayuda a entender a los muy pequeños, aunque puede ser más eficiente para los muy grandes".
Pons ha presentado junto a sus colegas de Alicante, Francisco Menargues, y Castellón, Joan Querol, los resultados de la VI Encuesta de Coyuntura que elabora el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana (Coev). Los economistas coinciden al señalar que erraron por optimistas en las previsiones sobre la evolución de la situación desde el pasado mes de junio. Las cosas han ido peor de lo previsto.
Pero 2012 no se presenta mejor. Los economistas auguran un "estancamiento" económico a lo largo del próximo año. Pons ha ilustrado la situación: "No estamos en una V ni en una L ni en una U, seguimos a la baja, la tendencia es a empeorar".
El decano del Colegio de Valencia ha comentado las dificultades que atraviesan las comunidades autónomas para vender deuda en los mercados financieros porque "no han sabido transmitir que son capaces de contener el déficit estructural" que arroja la ejecución presupuestaria mes a mes.

Los socialistas valencianos reclaman una comisión que investigue la financiación del PPCV

VALENCIA.- En medio del juicio por la 'causa de los trajes', los socialistas valencianos han vuelto a insistir en la necesidad de que se cree una comisión de investigación que estudie la financiación del PP en esa comunidad. Según han anunciado, la reclamarán en las Cortes con la esperanza de que el nuevo presidente, Alberto Fabra, se desmarque de la "actitud inaceptable de Camps". Sobre éste, la popular Celia Villalobos ha dicho que "se ha equivocado" en la fórmula de defensa elegida.

   La sesión del martes, en la que declaró el ex presidente, no ha hecho más que avivar viejas tensiones entre los socialistas y los populares de la Comunidad Valenciana. El secretario general de los primeros, Jorge Alarte, ha reprochado a Camps que, en su discurso, se quejara de no haber podido explicarse hasta ese momento.
   En este sentido, Alarte ha recordado que él y su partido reclamaron hasta cuatro comisiones de investigación por los hechos que se le acusan, y que todas fueron rechazadas. A su juicio, ese "hubiera sido un buen sitio donde explicarse".
   También ha señalado que, durante sucesivas sesiones de control en el parlamento autonómico, interpelaron al ex presidente sin resultados, por lo que "sí que tenía un sitio donde hablar".
   Será, por tanto, la quinta vez que los socialistas pidan una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano, y la primera que se planteará con Alberto Fabra liderando el Ejecutivo. "Va a tener una nueva oportunidad para ver si él es otra cosa, y para dejar bien claro que no comparte la actitud inaceptable de Camps", afirmó.
   Así, la oposición presentará en las Cortes una petición formal para que esa comisión se forme y para que "Camps, que sigue siendo diputado, ya que no quiso contestar durante el tiempo que fue presidente, hable de las responsabilidades políticas".
   El discurso que ofreció Francisco Camps este martes para defender su inocencia ha sido comentado por numerosos políticos, más allá, incluso, de los de la Comunidad Valenciana. Un día después, Camps llegaba sonriente al Palacio de la Justicia y con la plena confianza de que contaba con el apoyo "nacional y autonómico".
   El valenciano llegaba a las 8.50 y decía estar tranquilo después de haber declarado. En su estado anímico influía, según explicó, el respaldo que había recibido "de todo el partido", tanto el nacional como el de su comunidad.  
   La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, confirmaba ese apoyo al afirmar que, desde el martes, había hablado con él "bastantes veces", y que efectivamente se encontraba "muy satisfecho" con su intervención en el tribunal. "Es que él estuvo muy bien, muy tranquilo", apuntaba la alcaldesa.
   A su juicio, el ex presidente ha dado "sobradas muestras de credibilidad, de serenidad, de sinceridad y, consecuentemente, de su inocencia". Por eso, ha sido muy positivo que el juicio se esté transmitiendo por los medios de comunicación, ya que así "todos estamos viendo la realidad".
   "Sobre todo lo que se ha valorado de una manera muy importante y ha sido muy bueno es que se diera por Internet y que lo vieran todos sus valencianos", subrayaba.
   Desde el PP a nivel nacional, sin embargo, la posición no es tan clara. En una entrevista a Televisión Española, la nueva vicepresidenta del Congreso de los Diputados, la veterana Celia Villalobos, aseguró que Camps se había equivocado en "la fórmula de su defensa", aunque no dio detalles de por qué lo consideraba un error.
   No obstante, valoró que la posición de Camps, frente a un magistrado socialista, no era nada fácil: "¿cómo te pueden poner en manos de un juez que ha colaborado con el PSOE? Me escandaliza la falta de independencia de la justicia de este país". El silencio que mantuvo el ex presidente fue, por tanto, comprendido por Villalobos, no así por la oposición valenciana, que tachó esa actitud de "bochornosa".
   Villalobos matizó que, a pesar de estas dificultades y de los posibles errores de Camps, confía "firmemente en su honorabilidad", y defendió su actitud al recordar que a ella misma y a muchos otros ciudadanos les ocurre lo mismo: que compran ropa y luego no guardan las facturas.
   En este sentido, comentó que le parece "terrible lo que le han hecho a Camps", y citó las grabaciones reproducidas durante el juicio. "Le han cogido conversaciones de todo tipo. Si a cualquier de nosotros nos cogieran todo tipo de conversaciones, muchas veces hablamos en broma de muchas cosas".
   "Usted no sabe en qué momento está hablando con alguien que en un futuro puede estar implicado en alguna trama, porque usted no está metido en esa trama. Al señor Blanco le han cogido en unas conversaciones con una trama que en principio no le afectaban y mire cómo le afectan", argumentó.
   Villalobos también citó a otro político socialista, concretamente a José Bono, de quien dijo que había recibido regalos sin ningún castigo por parte de la Justicia. "Me parece escandaloso que a otros políticos que le han regalado empresarios que se han beneficiado el dormitorio de su hija y no pasa nada", criticó.

Las farmacias de Valencia y Alicante cerrarán tres días por la deuda de Generalitat y el fracaso de Rosado

VALENCIA.- Las 2.100 farmacias de las provincias de Valencia y Alicante cerrarán durante tres días en diciembre para protestar por los 550 millones de euros que les debe el Gobierno regional, en una nueva muestra del malestar por los problemas financieros de las regiones.

Vestidos con batas blancas, farmacéuticos de toda la Comunidad Valenciana -formada por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón- se manifestaron el miércoles ante la consejería de salud del gobierno regional para reclamar "una farmacia digna".
"Esto viene del mes de julio: la consejería de salud (de la Comunidad Valenciana) que es la que paga las recetas de los usuarios, incumple en julio el convenio y no paga", explicó Salvador Calatayud, portavoz del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
La administración regional valenciana estableció entonces "un calendario de pagos, con varias mensualidades en noviembre, diciembre, enero, febrero", pero "cuando se tenía que hacer el segundo pago el día 10 de diciembre, la consejería incumplió", agregó.
"La deuda es, en estos momentos, de 550 millones de euros", afirmó Calatayud. Las farmacias "estamos en una situación abocada al desastre si esto no se soluciona", aseguró.
Los colegios de farmacéuticos de Valencia y Alicante, que suman un total de 2.100 establecimientos, decidieron así cerrar sus puertas el 19, 20 y 21 de este mes en señal de protesta, precisó el portavoz.
La situación financiera de las 17 Comunidades Autónomas españolas, fuertemente endeudadas desde el inicio de la crisis en 2008, es una fuente de preocupación para los mercados.
Pese a que, gracias a severas medidas de austeridad, lograron reducir su déficit a 1,19% del PIB a finales de septiembre, siguen teniendo muchas dificultades para pagar a sus proveedoreres.
La situación de Valencia no es un caso único. La Federación de Farmacias Españolas estimó recientemente en 1.930 millones de euros la deuda farmacéutica de las regiones a finales de 2011.