lunes, 28 de noviembre de 2011

La Fiscalía propone reformar la Audiencia Nacional para centrarse en la lucha contra el crimen organizado

BARCELONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

   En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.
   Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.
   El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.
   Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".
   Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.
   Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.
   Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.
   Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.

El Supremo ordena que el caso Gürtel vuelva a la Audiencia Nacional

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas de que el caso Gürtel continuara en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tal y como planteaba en una queja registrada a principios de verano, y ha ordenado que la causa vaya a la Audiencia Nacional, según han informado fuentes cercanas al caso.

   En julio, Bárcenas impugnó la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM de denegar que el Tribunal Supremo se pudiera pronunciar sobre el órgano competente en la investigación del 'caso Gürtel' tras la inhibición acordada por el magistrado Antonio Pedreira.
   Bárcenas anunció entonces ante el TSJM la interposición de un recurso de queja ante el Supremo, la última vía que queda para que el Alto Tribunal debata sobre a qué órgano judicial se deben de remitir las actuaciones penales iniciadas en febrero de 2009 por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
   Con este escrito se pretendía impugnar el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que confirmaba la devolución inmediata de la investigación del 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional tras perder la competencia el magistrado Antonio Pedreira de dirigir la instrucción al no haber aforados madrileños en el procedimiento penal.
   En un auto fechado el pasado 20 de julio, los magistrados estimaron el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Francisco Correa contra el auto de 21 de junio de 2011 en el que se daba por preparado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el auto de inhibición a la Audiencia Nacional.
   El recurso impugnaba la decisión del TSJM de formalizar que el Tribunal Supremo debatiera la inhibición acordada por Antonio Pedreira en el 'caso Gürtel' en un intento de retrasar el proceso al ser la última vía de recurso posible ante el Alto Tribunal madrileño.
   Así, los magistrados argumentaron que "la cuestión relativa a cual juzgado de instrucción debe ser el competente para continuar con la instrucción puede replantearse por las partes ante el juzgado receptor de las actuaciones".
   Añadieron que podrán ejecutarse "contra su decisión los recursos oportunos y permitiendo que, caso de surgir una controversia con otro juzgado de instrucción, se resuelva definitivamente la cuestión de competencia por el superior jerárquico común".

El PSPV exige una comisión de investigación del 'caso Emarsa'

VALENCIA.- El síndic socialista en las Cortes Valencianas y secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha presentado en la Cámara autonómica la petición formal para crear una comisión de investigación del 'caso Emarsa' para determinar los "responsables políticos del saqueo" en la gestión de la depuradora de Pinedo.

   Alarte ha explicado en un comunicado que exigen al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, "la máxima transparencia y claridad, o demostrará que es un cómplice político de lo sucedido". El dirigente socialista ha calificado de un "esperpento y un auténtico bochorno" el caso, del que cada día "debido a las denuncias de los representantes socialistas y a la investigación judicial conocemos un capítulo más lamentable que el anterior".
   En su opinión, "estamos ante el más claro ejemplo de hasta dónde es capaz de llevar la corrupción el PP en la Comunitat, hasta una simple depuradora" y ha recordado que Emarsa se financiaba principalmente a través de la Conselleria de Medio Ambiente, y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), por lo que ha considerado que en este caso "hay varios consellers que han sido responsables de lo sucedido".
   "Queremos saber por qué el PP triplicó los ingresos de dinero público inyectados a esta estación depuradora entre 2003 y 2010 sin que la cantidad de agua tratada variara", ha apuntado y ha hecho hincapié en que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "era quien controla la mayoría en los órganos metropolitanos, y puso al frente a gente de su estricta, como el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que era uno de sus alcaldes pedáneos, y también eligió al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo para el cargo de presidente y consejero delegado".
   Alarte ha subrayado que actualmente "ambos están imputados por estafa, delito societario y malversación". 
"Fabra está obligado a iniciar una nueva etapa y cambiar el modo de actuar de su partido ante estos casos", ha apuntado, para añadir que, por este motivo, "debe aceptar la creación de esta Comisión de Investigación para que se esclarezca lo sucedido y debe cesar a todos los dirigentes de su partido implicados, como Enrique Crespo, que además forma parte de su ejecutiva", ha indicado.
   En esta línea, el síndic socialista ha pedido a la Generalitat que "se persone en el procedimiento y defienda los intereses de los vecinos y vecinas de Valencia y el área metropolitana, ya que ha sido perjudicada por la gestión realizada". 
Alarte ha recordado que además el grupo socialista ha pedido la comparecencia en la comisión correspondiente de la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, quien ahora tiene las competencias de la Epsar, para "que explique los criterios fijados para pagar a las depuradoras valencianas el precio del agua depurada".
   "Sabemos la verdad de lo ocurrido en Emarsa gracias al Partido Socialista y al trabajo que están realizando nuestros representantes en la entidad metropolitana. El PP ha tratado de impedirlo desde el primer momento con oscuras maniobras realizadas por Enrique Crespo. Esperamos que Fabra ponga orden en este asunto", ha finalizado.

Bancaja aportó 1.867 millones al Banco de Valencia en 2010

MADRID.- Bancaja aportó un total de 1.867 millones de euros de capital y préstamos al Banco de Valencia durante el ejercicio 2010, según datos de la entidad recientemente intervenida por el Banco de España.

   Sin embargo, Bancaja, actualmente integrada en BFA y a través de la que la matriz de Bankia cuenta con el 38,3% de los derechos de voto en Banco de Valencia, no logró con esta aportación evitar el deterioro financiero de la entidad.  
   Asimismo, el Banco de Valencia concedió durante el pasado ejercicio créditos por 100 millones de euros a su consejo de administración de 16 miembros presididos por José Luis Olivas, presidente de Bancaja.
   También integraban el máximo órgano rector el consejero delegado, Domingo Parra (Valenciana de Inversiones Inmobiliarias); los vicepresidentes Antonio José Tirado (Bancaja) y Celestino Aznar (independiente); y los consejeros Rosa María Lladró (Agroinmobiliaria), José Luis de Quesada (Bancaja Habitat), y María Boluda (Bancaja Participaciones), entre otros.
   El sueldo del consejo se elevó a 1,969 millones de euros, importe que representó el 2,9% del beneficio atribuido de la sociedad. Por su parte, los siete miembros de la alta dirección recibieron emolumentos por 2,838 millones de euros. El consejo no sometía a la junta general de accionistas su política de retribuciones.
   El Banco de España tomó el control el Banco de Valencia el pasado lunes 21 de noviembre y calcula que la entidad registra un déficit de provisiones al cierre del primer trimestre de al menos 562 millones, deterioro que podría resultar superior.
   Por esta razón, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España ha inyectado 1.000 millones de dinero público en la entidad y le ha concedido 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez.
   Asimismo, ha sustituido a los gestores de la entidad, participada en un 27% por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por sus propios administradores con el objetivo de estabilizarlo y recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo.

La Comunidad Valenciana no cumple con el objetivo de déficit y es la tercera que lo tiene más elevado

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron un déficit de 12.873,78 millones hasta septiembre, el 1,19% del PIB, una décima por debajo del objetivo que se había fijado el Ejecutivo para el conjunto del año (1,3%), según ha adelantado la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.

   En una rueda de prensa, Salgado ha explicado que la cifra es ligeramente inferior al déficit del 1,21% registrado en el trimestre anterior, ya que si sólo se tiene en cuenta el resultado del tercer trimestre del año se ha registrado un superávit de 192 millones.

   En este sentido, el Gobierno considera "evidente"  el efecto de las medidas previstas en los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en las cuentas de las comunidades y asegura que si se analiza únicamente el comportamiento presupuestario del tercer trimestre, diez comunidades cerraron con superávit.

   Según Salgado, el dato demuestra que las comunidades han hecho esfuerzos y están en la senda de reducción del déficit, por lo que ha confiado en que finalmente cumplan el objetivo marcado, tal y como hará el Estado.

   De hecho, ha descartado la posibilidad de nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit público (6%) porque "no tendría mucho sentido" que las tomara un Gobierno en funciones y porque la Administración Central va a cumplir.

   "La Administración Central va a cumplir y las comunidades deberían hacerlo", ha señalado, tras asegurar que el dato de las comunidades en los nueve primeros meses es un "buen indicativo" de cómo los diferentes territorios están reduciendo el déficit.

   El dato registrado de 12.873 millones es consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 3%, mientras que los gastos han bajado un 2,81% respecto al mismo periodo de 2010.

   Por comunidades, los datos muestran que todos los territorios menos el País Vasco (+0,60%) han registrado un saldo negativo y sólo seis incumplen el objetivo del 1,3% frente a las ocho que lo rebasaban en el trimestre anterior.

   Diez comunidades mejoran sus datos respecto al segundo trimestre (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja), mientras que siete los empeoran (Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia).

   De hecho, Castilla-La Mancha (4,84%) y Murcia (3,03%) son las comunidades con el déficit más elevado, aunque también se sitúan por encima del objetivo marcado (1,3%) Comunidad Valenciana (2,32%), Extremadura (1,98%), Asturias (1,57%) y Cataluña (1,34%).

   Por encima del 1%, pero por debajo del objetivo marcado se sitúan Castilla y León (1,25%), Cantabria (1,19%), Andalucía (1,11%), seguidas de Baleares (0,97%), Aragón (0,89%), Galicia (0,82%), La Rioja (0,56%), Canarias (0,51%), Madrid (0,47%) y Navarra (0,06%).

   De cara al futuro, Salgado ha confiado en que las comunidades se mantengan en la senda de reducción del déficit tomando nuevas medidas, ya que es "evidente" que hay que seguir haciendo esfuerzos hasta finalizar el año.

   No ha querido valorar las iniciativas concretas que ha puesto en marcha cada comunidad, aunque sí ha dicho que el Ministerio se pondrá en contacto con las comunidades que no están cumpliendo para conocer la situación.

   De la misma forma, ha asegurado que no está previsto convocar otra vez el CPFF y no ha querido dar "consejos" a su sucesor al frente de la cartera de Economía y Hacienda o anticipar los resultados de su trabajo.

   Sobre la situación concreta de Cataluña, Salgado se ha limitado a decir que la relación con la Comunidad Autónoma es "cordial" y que el Estado no escucha que no va a cumplir el objetivo fijado porque entiende que es su "obligación".

"Todo el mundo tiene que hacer lo posible por cumplir", ha dicho.

Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros

VALENCIA.- Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros que los bancos ofrecen a los clientes que buscan una rentabilidad superior a la media para sus ahorros. La ley prohibe a las entidades "vender" este tipo de inversiones a personas que carezcan de la preparación adecuada para entender sus riesgos, pero los banqueros han llegado a colocárselas a octogenarios, según el diario 'Levante'.

  Hace unos días se conocían tres nuevas sentencias relacionadas con productos financieros complejos que se habían ofrecido a los clientes de los bancos sin informar correctamente sobre los riesgos que se asumían. Uno de los casos lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia condenando a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria, domiciliada en Cartagena, los 134.000 euros colocados en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers -quebrado en 2008-, al no haber advertido la entidad financiera al cliente los riesgos a los que se enfrentaba en la operación.
Otro juzgado, en esta ocasión de Valencia -la Audiencia-, se pronunciaba a favor de un matrimonio que había invertido 250.000 euros en el mismo producto, "seguro y de buena rentabilidad", según les dijeron en 2008 en la oficina de Bankinter, aunque un año después la sucursal les envió una comunicación en la que les trasladaba que habían perdido todo lo invertido.
Por las mismas fechas, a casi ochocientos kilómetros de distancia, la sección séptima de la Audiencia Provincial, en Gijón, atendía una reclamación similar y obligaba a Banif, la filial de banca privada del Banco de Santander, a pagar a una clienta los 262.318 euros que había invertido en Lehman. Los motivos, los mismos: no habían advertido adecuadamente a la demandante los riesgos que asumía con la adquisición del producto. Esa misma oficina bancaria ya había tenido que devolver con anterioridad otros 800.000 euros a una decena de clientes por incumplir los deberes de "información y lealtad" en la venta de los productos.
Lo cierto es que mientras la economía funcionaba bien y la burbuja inmobiliaria se hinchaba no había problemas. Los bancos y las entidades financieras ingresaban regularmente los beneficios en las cuentas de los inversores y nadie se paraba a pensar dónde estaba metido su dinero. Sin embargo, septiembre de 2008 marcó, como en casi todo, el punto de inflexión. La caída del banco de inversión Lehman Brothers, de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG provocaron la caída del castillo de naipes y la conversión de los boyantes rendimientos en importantes pérdidas, que en algunos casos supusieron no solo un porcentaje, sino todo el dinero invertido, como en el caso de Lehman.
Estas pérdidas soliviantaron a numerosos inversores que, aún siendo conscientes de que podrían perder dinero, jamás habían llegado a imaginar que su cuenta se podría quedar a cero. Se trataba en la mayoría de los casos, que se están resolviendo ahora en los juzgados, de personas sin experiencia en la inversión, que pretendían sacar de sus ahorros una rentabilidad superior a la media, desconocedores, además, del amparo que les brinda la legislación ante este tipo de productos. En concreto, la Ley de Mercado de Valores de 2007, que modificaba la de 1988 para incluir una serie de directivas europeas. En su artículo 79 bis se regulan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades financieras con los demandantes de un producto de inversión. Cuando se trate de clientes no profesionales, la ley deja las cosas meridianamente claras. Primero, la entidad deberá asegurarse de la capacidad intelectual del cliente para comprender el tipo de producto que se le ofrece y los riesgos que comporta, estableciendo un perfil sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión. En caso de que el potencial comprador tenga dudas, el banco está obligado a no ofrecerle ese producto.

Información clara y no engañosa
En segundo lugar, la información que se ofrezca ha de ser "imparcial, clara y no engañosa". Precisamente, este artículo de la ley es el que está llevando a los bancos a perder las demandas de los clientes. La Audiencia Provincial de Murcia, en la sentencia que da la razón a la octogenaria de Cartagena frente a la CAM, lo deja muy claro. El banco debe "proporcionar al cliente una información individualizada y adecuada en relación con el producto financiero que adquiere, a fin de que pueda alcanzar una cabal comprensión de sus características y de los riesgos asociados a la misma, en especial el referente a la posibilidad de pérdida total 0 parcial del capital invertido".
También hay otros productos complejos que han dado lugar a las reclamaciones de los clientes, como las llamadas participaciones preferentes, que se han convertido en un callejón sin salida para miles de pequeños ahorradores en la CAM. Con la compra de estos valores, el inversor lo que hace en realidad es prestar su dinero a perpetuidad al banco o caja en cuestión a cambio de un interés anual, generalmente bastante elevado, que se pagará siempre que existan beneficios.
Esto significa que, rentabilidad aparte, la única forma de recuperar lo invertido es encontrar a otra persona que desee comprar las participaciones, algo muy complicado en el actual momento de crisis, en el que todo el mundo desconfía de las entidades financieras y prácticamente no existe demanda para estos títulos. Tienen también el inconveniente de que en caso de quiebra, al tratarse de deuda subordinada, sus propietarios son los últimos en la lista de cobro, sólo por delante de los accionistas.
Para las entidades la principal ventaja es que el dinero captado con este tipo de emisiones computa como recursos propios de máxima calidad o "core capital" y les permite alcanzar los mínimos de solvencia que les exige la legislación. Por este motivo, aunque hay emisiones de finales de los noventa, fue a partir del año 2009 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva para hacer frente a los primeros embates de la crisis, hasta el punto que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que llamar la atención al sector y advertir públicamente de los riesgos del producto.
Aún así, en estos momentos los bancos y cajas españoles tienen colocados casi 24.000 millones de euros en participaciones preferentes, según los datos del AIAF, el mercado de renta fija donde en teoría pueden comprarse y venderse, como si fueran acciones, aunque la realidad es que las operaciones son muy escasas. Entre las entidades con más títulos destacan La Caixa, con emisiones por valor de 4.897 millones; el BBVA, con 3.475 millones; Caja Madrid, con 3.022 millones; el Santander, con 1.965; la CAM, con más de 1.400 millones; o Bancaja, con 600 millones.
Se trata, en definitiva, de un "instrumento complejo y de elevado riesgo que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", como deja claro la CNMV en sus folletos. Es decir, un producto destinado a inversores expertos que, sin embargo, se vendió indiscriminadamente a través de las redes de oficinas de las entidades, la mayoría de las veces camuflado bajo la apariencia de imposiciones a plazo fijo.

Atrapados por las preferentes
En las últimas semanas el caso más paradigmático ha sido el de la CAM, donde a la desconfianza existente en los mercados se ha unido la intervención de la entidad y la más que probable suspensión del abono de intereses trimestrales (al entrar la caja en pérdidas) para aniquilar cualquier posibilidad de desprenderse de los títulos en el mercado. Es decir, que aunque oficialmente no han perdido ni un sólo euro, no pueden disponer de su dinero. En las asambleas de afectados que estos días está celebrando la asociación de usuarios de banca Adicae los testimonios se repiten.
"Yo quería un plazo fijo y me dijeron que esto era lo mismo. Le pregunté como diez veces si tenía algún tipo de riesgo y le dejó muy claro que no quería nada donde pudiera perder dinero pero me dijo que todo estaba asegurado y que podría sacar cuando quisiera", explicaba Manuel G., un camarero de 53 años de Benidorm, en la asamblea celebrada este viernes. En la fila de detrás, Ricardo T. sonreía al comprobar la similitud de la historia con su propia experiencia. "Si a mí me llegan a decir que esto era como invertir en Bolsa me levanto y me voy de la sucursal".
Un simple vistazo a las últimas operaciones realizadas en el AIAF da una idea de hasta qué punto pueden llegar las pérdidas, a pesar de las promesas de garantía de los comerciales. Así, en la última operación con preferentes de Ibercaja el precio pagado fue de sólo un 64% del valor nominal; las del Banco de Valencia se pagan a sólo la mitad de su importe original; y una emisión de la antigua Caixa Sabadell ya apenas vale el 36% de su precio de emisión.
Según Adicae, en más del 90% de los casos puede demostrarse que la venta no fue correcta. De hecho, esta asociación presentó hace unas semanas una reclamación ante la CNMV contra 52 entidades por comercializar preferentes y prepara una demanda colectiva contra la CAM. También en Ausbanc están atendiendo decenas de personas con este problema, aunque en su caso han optado por las reclamaciones individuales.
La cifra de afectados no hará más que crecer en los próximos meses, según las citadas asociaciones, a medida que el próximo año se cumpla la fecha de muchos de estos supuestos plazos fijos y los ahorradores descubran la verdadera naturaleza de su inversión. Muchos de ellos son pensionistas.
La situación, además, no ha mejorado precisamente con la aplicación de la nueva normativa bancaria internacional de Basilea III. A partir de ahora, si las entidades quieren que las nuevas emisiones de preferentes cuenten como capital de máxima calidad deberán incluir una cláusula en la que se indique que se puede suspender el abono de intereses de forma absolutamente discrecional, aunque existan beneficios. A las preferentes, además, hay que sumar el caso de las obligaciones y bonos subordinados sin fecha de vencimiento que, en la práctica, presentan los mismos problemas de liquidez y de imposibilidad de recuperar la inversión.

La trampa de los derivados
A la sombra del dinero también han nacido otros productos financieros, los llamados "swaps", que ya han dado lugar a 403 sentencias en contra de los bancos frente a 72 a favor, por las demandas presentadas por particulares y pymes, según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin). La asociación calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos de intercambio de tipos de interés (swaps) y permutas financieras (clips), vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008. Estos productos se comercializaron como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación. Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y solo 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto "Clip Bankinter", que incluía un tipo fijo a pagar del 4%.

Radiografía del expolio en las cajas de ahorros

MADRID.- El personal del Hotel Hilton de Toledo conocía a la perfección a la cúpula de Caja Castilla La Mancha (CCM). Hasta que la entidad fue intervenida, en marzo de 2009, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y su director general, Ildefonso Ortega, eran dos de los mejores clientes del restaurante del hotel. Allí agasajaban a empresarios y políticos con "el mejor arroz al senyoret de la meseta castellana". Tras la comida, una Visa Oro de la caja pagaba la cuenta y varios coches oficiales esperaban a la puerta.

Las facturas abultadas en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo, los billetes de avión en primera clase, la compra de obras de arte, los carísimos viajes de incentivos... fueron el pan nuestro de cada día para unas entidades que se han convertido en la principal víctima de la crisis en el sector financiero.
Los gestores, protagonistas de estos dispendios y responsables de la mala gestión (tres cajas han sido intervenidas -CCM, Cajasur y Caja Mediterráneo- y otras tres han sido nacionalizadas -Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim-) lejos de ser castigados, han recibido generosas indemnizaciones.
El primer caso que saltó a la opinión pública, y uno de los más sangrantes, fue el de María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo (CAM). La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó por apuntarse al paro para cobrar el subsidio de desempleo y acudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa. El Estado tuvo que aportar 2.800 millones de euros para recapitalizar la entidad y otros 3.000 millones como línea de crédito.
Desde que se conoció este episodio han salido a la luz numerosos casos de directivos de cajas que han cobrado escandalosas compensaciones por abandonar las entidades en cuyo descalabro participaron activamente. El último, la semana pasada, el de la cúpula de Caixa Penedès. Cuatro ejecutivos se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.
Uno de los episodios que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (producto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones. Esta voluminosa indemnización no incluye los más de 15 millones de euros que cobró el último presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, como pensión.
La presión social y las gestiones de la nueva cúpula de la entidad gallega hicieron que los exdirectivos se replantearan el cobro de las sumas acordadas. Javier García de Paredes, ex director general adjunto, aceptó devolver la mitad de los 10 millones que le correspondía. El resto de directivos implicados aún no ha devuelto nada.
Otro caso sonado es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.
El principal problema al que se enfrentan tanto en Novacaixagalicia como en otras entidades financieras es que los contratos que esgrimen los directivos para cobrar las compensaciones son perfectamente legales. "Encargamos informes jurídicos a varios despachos y todos ellos han coincidido en que los contratos se ajustan a derecho", explicaba recientemente José María Castellano, el nuevo presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (la filial financiera de la caja). Por este motivo, la única vía que las cajas tienen para recuperar parte de la suma de las indemnizaciones es confiar en que los directivos rectifiquen, presionados por la alarma social y por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

Contratos legales
La dificultad para revocar los contratos sobre compensaciones a altos cargos se ha puesto de relieve en Caja España-Duero. El exvicepresidente, Francisco Fernández, ha cobrado 554.000 euros al prejubilarse de la entidad financiera, que también ha recibido el apoyo del FROB. El consejo de la caja analizó la posibilidad de revocar el pago, pero lo descartó el pasado viernes tras recibir un informe de un despacho de abogados en el que otorgaba plena legalidad a la indemnización.
"El debate no debería ser si nos escandalizamos más o menos por una indemnización", aseguraba recientemente Manuel Menéndez, presidente ejecutivo de Liberbank, una de las pocas entidades que no ha recibido apoyo público. "El debate debería ser si tiene sentido prejubilar a directivos con 55 años. Tal vez hacerlo tenga sentido económico, pero será, en cualquier caso, muy caro".
Lo que evidencia la crisis es que el sector bancario, especialmente las cajas, estaba sobredimensionado (lo que ha provocado el cierre de miles de oficinas y el recorte de decenas de miles de empleos) y sus salarios estaban inflados. Buen ejemplo de ello es un estudio reciente elaborado por el sindicato Comisiones Obreras que revela que, entre 2004 y 2010, el beneficio de las nueve mayores cajas cayó un 7%, mientras que la retribución de la alta dirección subió un 38%.

La fiscalía ya investiga

Hasta hace unos meses, las noticias sobre la remuneración de los directivos o los consejeros de una caja de ahorros apenas tenían trascendencia. "Caja Navarra pagó en 2010 dos millones de euros en sueldos directivos" o "La cúpula de Catalunya Caixa cobra 1,86 millones en seis meses" eran titulares que mostraban los altos sueldos que se pagaban en el sector financiero, pero no pasaban de ahí.
La percepción de estas informaciones cambió radicalmente cuando esta industria, de retribuciones privilegiadas, se tuvo que echar en manos del Estado para evitar su bancarrota. Con tres cajas nacionalizadas, otras tres intervenidas, y un banco (participado por una caja) también controlado por el supervisor, la tolerancia hacia los sueldos escandalosos ha terminado.
El principal cambio proviene de la actitud de la administración de justicia. Tras hacerse pública la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".
El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia. En este caso, Anticorrupción investiga dos interrogantes de la gestión de la entidad: por qué sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, y hasta qué punto son legales las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. Fue el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) el que tuvo la iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara los hechos.
El último paso de esta escalada son las investigaciones de oficio. Es lo que ha hecho la Fiscalía Superior de Cataluña, que el viernes anunció que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".
La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.