domingo, 6 de marzo de 2011

No hay castigo / Joaquín Estefanía

Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales. Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez.

Con estos mimbres, los ciudadanos acuden a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. La cuestión que se suscita es si conclusiones tan pesimistas podrían extenderse desde los municipios a las comunidades autónomas y, más allá, a la Administración central; aunque no hay evidencias empíricas que lo demuestren, es difícil pensar que el comportamiento electoral podría ser, en esos últimos casos, esencialmente distinto.

Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España.

El estudio, que examina el impacto electoral de los escándalos de corrupción que han tenido lugar en los Ayuntamientos de Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las elecciones municipales de 2003 y 2007, contribuye al debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a los políticos implicados en casos sospechosos. Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral.

El estudio de la Fundación Alternativas (que incorpora un rastreo exhaustivo de los casos de corrupción y no se basa en una selección determinada de ejemplos) demuestra que la aparición de escándalos en los Ayuntamientos sigue un cierto patrón: estos tienden a concentrarse en municipios costeros con un nivel de población superior a la media y con una mayor disponibilidad de suelo urbanizable. Y que no existen diferencias significativas entre los principales partidos en la proporción de sus alcaldes que se ven afectados por escándalos; en cambio, sí parece que los independientes son más propensos a ser investigados judicialmente.

La Ley de Memoria Histórica reconoce 170.000 nuevos españoles

MADRID.- La conocida como Ley de Memoria Histórica para paliar los efectos del franquismo ha concedido la nacionalidad española a 170.183 personas en sus dos primeros años de vigencia, algo más de la mitad de las peticiones registradas, según los datos existentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De ellos, 112.151 ya cuentan con un pasaporte español, y por tanto de la Unión Europea. La obtención de la nacionalidad permite además optar a las ayudas estatales contempladas para ciudadanos en el exterior, así como el derecho de voto en las elecciones generales, entre otras cuestiones.

El número de peticiones recibidas es algo menor de los cálculos que las asociaciones hicieron con motivo de la aprobación de la ley y que estimaban en más de medio millón de personas los posibles beneficiarios de la nueva norma.

En 2009 y 2010 las oficinas consulares de España recibieron un total de 293.500 solicitudes, la mayoría de ellas (un 96 por ciento) en las representaciones diplomáticas en Iberoamérica.

La presentación de las peticiones se ha hecho de forma bastante escalonada. En el primer año de vigencia de la ley se registró el 51,7 por ciento del total de solicitudes, frente al 49,3 por ciento en 2010.

El grueso de las demandas presentadas, un 91,48 por ciento, procede de hijos de españoles emigrados o exiliados, mientras que 19.646 corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española al exiliarse durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las restantes 5.333 pertenecen a españoles que obtuvieron la nacionalidad en la reforma del año 2002, pero sin el derecho a transmitirla a sus hijos y que pueden optar ahora a esa posibilidad.

Desde el departamento que dirige Trinidad Jiménez se subraya que queda un "número importante" de solicitudes en fase de estudio o pendientes de la presentación de algún documento, especialmente certificados de nacimiento de padres y abuelos que no son siempre fáciles de conseguir, explican a Europa Press fuentes diplomáticas.

Los trámites hasta conseguir la nacionalidad se prolongan de media durante más de un año si la petición se cursa en España, mientras que en los consulados en Iberoamérica no se suele rebasar los seis meses, según relatan algunos beneficiarios.

Para gestionar la presentación de las demandas, las oficinas consulares de España se han dotado de un sistema informático de cita previa que ha dado en estos dos primeros años un total de 522.871 citaciones.

El 22 de enero de 2010 el Gobierno amplió un año el plazo para poder optar a la nacionalidad española en virtud de esta ley con el fin de poder atender el "elevado" número de solicitudes recibidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación llegó a presupuestar para 2009 cuatro millones de euros para aumentar en unos 150 efectivos el personal de ciertos consulados en Iberoamérica con el fin de atender las múltiples demandas que se preveían con la entrada en vigor de la ley, sobre todo en países como Argentina, Cuba, México, Uruguay y Chile.

La ley permite a los hijos de españoles obtener la nacionalidad de origen aunque hayan nacido en otro país, con independencia de su edad y al margen del lugar de nacimiento de los padres. En el pasado, la nacionalidad sólo se transmitía si el padre o la madre eran nativos de España y si los hijos eran menores de 18 años.

También posibilita a los nietos de españoles emigrados entre el 18 de julio de 1936 y la Ley de Amnistía aprobada tras el franquismo (octubre de 1977), adquirir directamente la nacionalidad de origen, siempre que acrediten su descendencia.

Rajoy, con la 'china Camps' en el zapato / Paulino Guerra

Las fotos de aquellos días retratan a un hombre pletórico, a un político en ascenso, cuyo nombre comienza a sonar para los más altos designios. En Valencia se celebra el XVI Congreso Nacional del PP y Francisco Camps, el joven que había pasado por Madrid sin pena ni gloria, es ya el respetado "molt honorable president" y un líder territorial emergente. Disfruta de una reforzada segunda mayoría absoluta y sobre todo acaba de participar activamente en la operación para sostener al frente del partido a Mariano Rajoy, después de su segunda derrota electoral. 

Y como compensación a su fidelidad en aquellos meses en los que al líder del PP le "faltaba la peseta para el duro" (según acaba de decir el presidente de la Diputación valenciana), le premian con la organización del Congreso en Valencia. Son los días 20, 21 y 22 de junio de 2008. Ningún recuerdo de sus discursos, pero sí de su amplia sonrisa, que está en todas las fotos y en todas partes: a las puertas del acristalado Palacio de Congresos recibiendo a Rajoy, en el plenario, con las delegaciones, en los pasillos, departiendo con los periodistas en la zona de prensa. Se le nota feliz, satisfecho, levita por los infinitos pasillos del edificio. Es el barón de moda. Incluso un posible recambio, si como pensaba José María Aznar, el Congreso resultaba fallido.

Todavía es un momento de empuje económico. Valencia toca el cielo con los dedos. La fabulosa Ciudad de las Ciencias y las Artes, el Mundial de Vela, los coches de Fórmula 1 por el circuíto urbano. Camps disfruta del momento y sueña. Aún faltan siete meses para que el juez Garzón encienda la primera traca de la "operación Gürtel" y la risueñas fallas de cartón piedra se transformen en frágiles pavesas. 

Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez "El Bigotes" son todavía personajes anónimos, aunque sus teléfonos estén pinchados desde hace meses por la Policía Judicial. José Luis Peñas, un oscuro ex concejal del PP en Majadahonda que lleva años grabando conversaciones a Correa, les ha puesto sobre la pista. Y entre las cintas que hablan de comisiones, paraísos fiscales y negocios sucios, una declaración sorprendente. Isabel Jordán, que trabaja para Correa, confiesa que ha pagado una factura de trajes para Francisco Camps.

La noticia salta a la calle en febrero de 2009. Al principio, sorpresa, incredulidad, cierre de filas y rotundos desmentidos. Siempre es así. Todos los partidos lo hacen. Negarlo todo y arremeter contra el periodista, la Policía o el juez. Sin embargo, dos años después ahí sigue vivo el presunto delito de 'cohecho impropio'. Pero nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Porque en ese tiempo las circunstancias han cambiado. Mariano Rajoy es ya el líder que ve cercana la meta y Francisco Camps el corredor descolgado, un hombre atribulado, una pesada carga que frena el ritmo del equipo. Además tiene por delante las etapas más duras y definitivas. En las próximas semanas, el procesamiento por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y después, hacia octubre, el juicio con jurado. Decenas de cámaras y fotógrafos para registrar al 'molt honorable' sentado en el banquillo de los acusados.

Este es el cálculo que hacen en la calle Génova y también que puede ser condenado y que lo ético y lo correcto es que en ese momento Francisco Camps se marche. Pero no quieren forzarlo. Quieren que sea él voluntariamente el que tome la decisión, el que asuma que no es compatible presidir una institución como la Generalitat valenciana y una condena por cohecho, aunque se limite a una multa y no implique la inhabilitación.

Mariano Rajoy necesitaría ese gesto para sus campaña de las elecciones generales. El país está ahogado económicamente, pero también sufre una enorme asfixia política. Y además de propuestas económicas tangibles y concretas, necesita un poco de aire fresco, algo de esa ética protestante, tan habitual en países como Alemania, donde el ministro de Defensa, también con un gran futuro, acaba de dimitir por plagiar el 20 por ciento de sus tesis doctoral. 

Incluso hay casos más extremos, como el de la ministra del Interior del Reino Unido, que dejó el cargo porque su marido había contratado dos películas porno a cargo del erario público. ¿Fueron las 15 o 20 libras?, ¿el contenido de las películas? Seguramente un modelo democrático mucho más exigente y esa famosa moral calvinista que condena al ostracismo al que incumple las más elementales reglas del decoro.

Porque en los países más serios de la Unión Europea se dimite por dos cintas o 'por cuatro trajes'. También por conceder una ayuda millonaria a la empresa de la que es directiva la hija del vicepresidente Manuel Chaves o aceptar que una constructora pague las facturas de la decoración de las habitaciones de las hijas del presidente del Congreso, José Bono. Se llama limpieza, regeneración de la vida pública, ejemplaridad, democracia.

Lo otro, la negación de los hechos, el partido político convertido en parapeto, el rechazo a asumir responsabilidades políticas, no es sólo la negación de las más elementales normas de respeto al ciudadano. Es algo mucho peor, la semilla de un modelo enfermo, degenerado, en el que no existe ni el bien, ni el mal, sólo el poder.

El PSPV critica que Camps presente la llegada del AVE a Valencia como fruto de su gestión

VALENCIA.- El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PSPV en las Corts, Francesc Signes, ha criticado que la "desvergüenza" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no tiene límites", ya que, a su juicio, la presentación en la convención de los 'populares' en Palma de Mallorca de imágenes del AVE y de las estaciones de Joaquín Sorolla y Requena como fruto de su gestión "dice mucho de cómo esta persona es capaz de distorsionar la realidad para ver avalada su enorme ambición personal".

   En un comunicado, el socialista ha lamentado la actitud del jefe del Consell, ya que, "no es solo que el AVE Madrid-Valencia haya sido ejecutado al 100% por el Gobierno socialista de España, sino que hasta la fecha Rita Barberá y el Ayuntamiento de Valencia todavía no han hecho efectivas sus mínimas aportaciones a este proyecto".
   "Nunca podíamos imaginar que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal y todo el PP avalaran esta falta de ética que desvirtúa el código que quieren hacernos creer que el PP piensa aplicar", ha agregado Signes.
   El socialista ha manifestado que "no sería tampoco de extrañar que cuando el próximo mes de abril la Unión Europea declare prioritario el corredor Mediterráneo, dentro de las Redes Europeas de Transportes, gracias a las gestiones del Gobierno central y del ministro de Fomento, José Blanco, Camps también quiera apropiarse de esta consecución".
   De hecho, ha resaltado que, según el Informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, "en 2003 este corredor quedó relegado al décimo lugar porque José María Aznar, entonces presidente del Gobierno y siendo Loyola de Palacio comisaria europea de Transportes, priorizó ante Europa que las conexiones que atraviesan la península pasaran por Madrid".
   "Entonces el PP traicionó los intereses de la Comunidad Valenciana y será ahora un gobierno socialista el que deshará un agravio y nos pondrá en la primera división del transporte europeo", ha aseverado.
   En este sentido, ha incidido en que el corredor Mediterráneo "será una realidad a pesar de los intentos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de seguir exigiendo que el corredor Mediterráneo quede relegado y sin que esas declaraciones hayan sido contestadas por Camps", un presidente que, a su juicio, "ha antepuesto su estrategia de no molestar a los líderes nacionales del PP sobre su obligación de defender los intereses de nuestra Comunidad".

Piden caudales ecológicos para el Júcar y así cumplir la Directiva Marco del Agua

CULLERA.-  'Queremos que el Júcar llegue al mar' es el lema para reclamar el establecimiento de caudales ecológicos, en cumplimiento con la directiva Marco del Agua, y para mostrar oposición a la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de dejar sin caudal los últimos cuatro kilómetros de río, según ha informado la plataforma 'Xúquer Viu' en un comunicado.

  La plataforma 'Xúquer Viu' recuerda que las reivindicaciones de este colectivo se centran en que la demarcación del Júcar debería contar desde diciembre de 2009  con un nuevo Plan de Cuenca que diera cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es "asegurar el buen estado de todas las masas de agua en 2015, así como el uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos".
   Sin embargo, según han recordado los responsables de 'Xúquer Viu', la cuenca del Júcar acumula tres años de retraso en la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca, un proceso que se encuentra paralizado "mientras el deterioro ambiental continúa a marcha forzada".
   Una de las principales consecuencias, según señala ese manifiesto, también leído por representantes de la plataforma, tras una concentración de un centenar de personas, es que "continúan sin establecerse caudales ecológicos, lo que supone un importante deterioro de la biodiversidad y ha contribuido, en los últimos años, a que algunos tramos se hayan secado en Cuenca, Albacete o Valencia".
   "El Júcar continúa sin caudales ecológicos y, a pesar de la importante cantidad de agua acumulada en los embalses, no hemos dejado de denunciar la falta de caudal en los últimos meses. De hecho, el pasado mes de diciembre, el caudal del Júcar a su paso por el Azud de Cullera, a 10 kilómetros del mar, fue prácticamente nulo durante ocho días", continúa el escrito de denuncia.
   Ante esta situación, 'Xúquer Viu' ha denunciado la "falta de respeto por nuestro río y nuestros ecosistemas", como demuestra la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente de dejar sin caudal el estuario del Júcar desde el Azud de la Marquesa.
   "O sea, que a partir de ese punto sólo se aseguraría que el agua del Júcar se trasvasará hasta Alicante a través de la conducción Júcar-Vinalopó. Se pretende que el Júcar no desemboque en el mar, sino en Villena", han denunciado desde la plataforma.
   A su juicio, esta propuesta no sólo incumple la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, sino también las condiciones impuestas por Bruselas para ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó, que insistían en la necesidad de "asegurar el equilibrio ecológico en el estuario del río de forma que mantenga o mejore su estado actual".
   "Estamos atrapados entre la desidia del Ministerio de Medio Ambiente, que no cumple con la directiva ni fija los caudales ecológicos y la codicia y el saqueo ambiental de la Generalitat, a la que no le preocupa en absoluto la salud de nuestros ríos", ha agregado la plataforma.
   El manifiesto también señala que la comarca de la Ribera está también "atrapada" entre "la voracidad de los regantes y gobernantes de Castilla-La Mancha, que esquilman y sobre-explotan nuestro río y la voracidad de los especuladores y gobernantes valencianos a quienes nada más les preocupan los intereses económicos de unos cuantos".
   No obstante, la plataforma ha asegurado que "no parará" ni "bajará la guardia" para que los más pequeños "puedan conocer este río, que ha sido siempre el río valenciano por excelencia y el corazón de agua para los valencianos".