jueves, 19 de abril de 2012

Cayo Lara insta al Gobierno a hacer campaña contra el fraude

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al Gobierno a hacer campaña contra el fraude, que ha cifrado en 90.000 millones de euros anuales entre los 60.000 millones por empresas que eluden el pago de impuestos y los 30.000 millones a los que se eleva la economía sumergida, señalando que, según un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011, España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.

   En rueda de prensa en el Congreso y en la semana en que han comenzado los debates parlamentarios sobre los presupuestos de 2012, Lara ha insistido en que "hay alternativas a los recortes", que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE.
   Así, ha recordado que el Gobierno podría "hacer campañas publicitarias" y "una reforma fiscal progresiva" para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer "amnistías fiscales" y "rebajar impuestos".
   "Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional, sino que tiene que ser una obligación. Es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública", ha zanjado.
   En este punto, Lara ha hecho referencia al informe 'El coste del abuso fiscal' de la organización Tax Justice Network sobre el nivel de fraude fiscal de 145 países, basado en datos oficiales sobre PIB de cada gobierno así como las estimaciones del Banco Mundial sobre economía sumergida.
   Este documento sitúa a España, con un 22,5% de economía sumergida, como el décimo país donde más fraude se registra, con 107.350 millones de dólares menos de recaudación. El ranking lo encabeza Estados Unidos que, con una tasa de economía sumergida del 8,6%, deja de recaudar 337.349 millones de dólares.
   Ocupan los siguientes puestos Brasil (280.111 millones), Italia (238.723 millones), Rusia (221.023 millones), Alemania (214.996 millones), Francia (171.264 millones), Japón (171.147 millones), China (134.385 millones) y Reino Unido (109.216 millones); si bien el porcentaje de economía sumergida con respecto al PIB nacional sólo Rusia (43,8%) y Brasil (39%) tienen porcentajes superiores al de España.
   Así, la evasión fiscal en el total de los países analizados (que suman el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta) se estima en 3,1 trillones de dólares, equivalente al 5,1% del PIB global. Una cifra equivalente al 54,9% de lo que los estados analizados invierten anualmente en sus departamentos de Sanidad pública, cifrado en 5,7 trillones de dólares.
   Por continentes, la economía sumergida registra sus cotas más altas en África (34,8% del PIB) y Sudamérica (36,8%), mientras que Europa (20,5%) supera las cifras tanto de Asia (17,7%) como de Oceanía (14,1%) y Norte América (10,8%). Sin embargo, las mayores consecuencias económicas recaen en el Viejo Continente, que deja de recaudar 1,5 billones de dólares al año, más del doble de lo defraudado en Asia (665.000 millones) y muy por encima de los 452.000 millones de Norte América.
   Esto supone, concluye el informe, que uno de cada seis dólares que circulan en el mundo no paga impuestos, una ratio que baja a uno de cada cinco dólares en Europa, con picos en países como Italia o Grecia.

Casi 100.000 inmigrantes abandonaron España en 2011

MADRID.- Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la población extranjera se redujo un 0,7 por ciento pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. 

   En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el 12,1% del total de inscritos.
   Durante el año 2011, el número de españoles empadronados aumentó en 62.944 personas (un 0,2%), mientras que el de extranjeros descendió en 40.447 (un 0,7% menos). De ellos, los oriundos de países de la Unión Europea se incrementaron en 45.494 (hasta 2,4 millones de personas), mientras que los nacidos fuera de la UE se redujeron en 85.941 personas, hasta los 3,2 millones.
   Según la estadística del INE, las bajas más numerosas se produjeron entre los ciudadanos de Ecuador, que perdieron 54.330 habitantes, los de Colombia, con 28.506; los bolivianos, de los que figuran 14.374 menos; los de Argentina, que se han reducido en 12.348; los peruanos, que restan 10.701 y los brasileños, que en enero de este año eran 8.553 menos.
   En términos relativos, las comunidades que experimentaron una mayor reducción poblacional fueron la de Ecuador (-15,1%), la de Colombia (-10,4%) y la Argentina (-10,2%), conforme el avance del Padrón Municipal.
   En cuanto al aumento del número de residentes procedentes de la UE se debió al impulso de los ciudadanos rumanos, la comunidad que más creció el año pasado, con 30.263 nuevas personas empadronadas pese a que desde el mes de julio y por Real Decreto, estos ciudadanos ya no tienen derecho a trabajar libremente en España, sino que necesitan un permiso laboral como el resto de inmigrantes de fuera del continente europeo.
   Entre enero de 2011 y enero de 2012 también creció la comunidad pakistaní en 9.461 personas, los marroquíes sumaron 9.142 nuevos ciudadanos y los chinos vieron crecer su comunidad en 8.681 personas.
   Por lugar de residencia, los mayores descensos de población extranjera se produjeron en la Comunidad de Madrid, que perdió 57.656 extranjeros; la Región de Murcia, con un descenso de 3.796; la Comunidad Foral de Navarra, donde la reducción fue de 2.452 habitantes foráneos; Cataluña, con 1.945 menos y la Comunidad Valenciana, donde fueron 1.616 bajas. En términos relativos, las mayores pérdidas fueron las de Madrid (5,5%) y Navarra (3,4%).
   Con todo, también se produjeron incrementos de población extranjera en algunas zonas de España. En términos absolutos, Andalucía (13.465), País Vasco (5.906), Canarias (2.665) y Melilla (1.228) son las que vivieron el año pasado un mayor aumento de habitantes foráneos.
   En total, la población extranjera supone el 12,1 por ciento de los residentes en España, pero sigue teniendo mayores porcentajes de presencia en en Baleares (21,6%), la Comunidad Valenciana, (17,2%) y Región de Murcia (16,1%). Mientras, en Extremadura (3,8%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,7%) es donde menos peso tienen los inmigrantes respecto del conjunto de habitantes.
   El 49,3% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,9%). Además, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 41,1% tiene entre 16 y 44 años y el 43,1% tiene 45 o más años, conforme los datos del INE.
   La estadística destaca que mientras los empadronados españoles de entre 16 y 44 años son el 38,4% del total, entre los extranjeros la población de esta edad supone el 59,9 por ciento.

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.
   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.
   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.
   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.
   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".
 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.
   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.
   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.
   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.
   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.
   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.
   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.
   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.
   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.
   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.
   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.
   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.
   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.
   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.
   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.
   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.

Fabra cree que no se rescatará a la Comunitat

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que no cree que el Gobierno central lleve a cabo una posible intervención o rescate a la Comunitat y ha recalcado que lo que ha hecho esta autonomía es un ejercicio de "transparencia" informando de todas los pagos que adeuda. 

   "No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes, me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho", ha señalado el 'president', que se ha mostrado "convencido" de que "otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen, pero allá ellos".  
   Fabra, que no ha querido especificar a qué autonomías se refiere, ha señalado, preguntado por los medios por una supuesta intervención a la Comunitat Valenciana, que lo que han hecho las comunidades es "comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea".
   "Y nosotros lo vamos a hacer; nos va a costar más quizás que a otras comunidades autónomas pero, al final, el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado".
   Fabra ha abogado por, en esta situación, "hablar con claridad y decir las cosas como son". "Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit", ha argumentado.
   En este sentido, ha subrayado: "desde que yo soy presidente puedo asegurar que lo que se ha hecho es ir con la verdad por delante, decir cómo están las cosas e intentar buscar soluciones".
   Asimismo, y preguntado por el hecho de que la Comunitat es una de las regiones con mayor nivel de deuda, el jefe del Consell ha resaltado que la Valenciana "también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peores financiadas por el Gobierno", lo que ha provocado el endeudamiento, especialmente en capítulos como el de sanidad.
   "Nosotros nos marcamos un estándar que tienen que alcanzar todos los ciudadanos en cuanto a derechos y prestación de servicios y lo hemos hecho a pesar de no tener financiación", ha agregado Fabra, que ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València.
   Ahora, ha apuntado, gracias a las medidas del actual Ejecutivo central para el pago a proveedores, "las empresas podrán ver cobradas sus cantidades".

Fabra avanza un plan de pagos a ayuntamientos y colectivos con subvenciones de la Generalitat

VALENCIA.-   La Generalitat está trabajando en un plan de pagos   a entidades locales y colectivos que se benefician de alguna subvención del Consell para que el Gobierno valenciano atienda sus "obligaciones" y se pueda hacer un "planteamiento justo de gastos e ingresos".

   Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Alberto Fabra, tras presidir la inauguración del Foro de Empleo 2012 de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) al ser preguntado por la reclamación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para que el Gobierno valenciano pague sus deudas a ayuntamientos.
   Al respecto, Fabra ha asegurado ser "consciente" de la situación y ha avanzado que la Generalitat "trabaja en un posible plan de pagos que podrá ser efectivo el 50 por ciento a final de este año y el otro 50 por ciento el año que viene para no generar ningún problema a los ayuntamientos".
   El 'president' ha recalcado que "claro" que le preocupa este retraso en los pagos y ha agregado que también le preocupa "el hecho de que la Comunitat Valenciana ha tenido menos recursos, menos ingresos y una mala financiación, lo que ha hecho que no pudiera atender las obligaciones que tenía con ayuntamientos, colectivos a través de subvenciones y proveedores".
   En este sentido, ha hecho notar que "el tema de los proveedores se va a solucionar con la propuesta que ha hecho el Gobierno (central)". 
 "Y ahora --ha proseguido-- tenemos que buscar una solución para que las entidades locales y colectivos también puedan ver cubiertas esas necesidades".
   Fabra ha apuntado que, por medio del Ejecutivo estatal, los ayuntamientos también han podido pagar a proveedores pero ha reconocido que eso "no quita la responsabilidad" a la Generalitat de "tener que afrontar sus obligaciones".
   "En estos momentos se está haciendo un esfuerzo muy importante para crear una nueva administración, para no gastar más de lo que ingresamos y administraciones como la nuestra tienen que cumplir con las locales para que podamos hacer un planteamiento justo de gastos e ingresos", ha aseverado.

Puig, más partidario de denunciar la corrupción en el ámbito político que en el judicial

VALENCIA.- El nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, es más partidario de denunciar la corrupción desde el ámbito político que desde el judicial, por lo que el partido podría retirarse de la causa de presunta financiación ilegal del PPCV derivada del 'caso Gürtel'. 

   Así lo han explicado hoy fuentes socialistas, quienes han señalado que Puig no está en contra de las denuncias contra la corrupción que se han presentado desde el partido, pero cree que en el momento actual es más apropiado que estas denuncias se limiten al ámbito político, ya que en el judicial existen otras personas e instituciones para hacerlo.
   En cualquier caso, la posibilidad de retirarse de la causa de financiación irregular del PPCV derivada del 'caso Gürtel' que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la decidirá el PSPV de forma consensuada con la Ejecutiva Federal del partido.
   En este sentido, las mismas fuentes han recordado que la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto-ley 1/2012, de 5 de enero del Consell de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat se acordó de forma conjunta entre el PSPV y el PSOE.
   Por su parte, el vicesecretario de Educación, Formación, Empleo e Integración Social del PSPV, Miquel Soler, al ser preguntado en rueda de prensa por si el partido retirará la querella en la causa de financiación irregular, ha señalado que "más allá de las decisiones concretas que se puedan tomar en un caso puntual", seguirán denunciando, "por la vía que se considere en cada caso más adecuada, cualquier proceso de corrupción menor o mayor que se produzca por un puro sentido de ética ciudadana y de compromiso con la honradez".
   Así, Soler ha insistido en que "lo que habrá que analizar en cada caso es, ante situaciones concretas, cuál es la vía que se considera más adecuada para llevarlo adelante". Por tanto, a su juicio, "la noticia no tiene que ser si el recurso se va a hacer así o asá, sino la manera de denunciar una situación determinada y cómo seguir adelante los procesos para que los tribunales tomen las decisiones que consideren adecuadas".
   Inquirido por si en estas decisiones pesará la deuda que el PSPV tiene con los abogados, el dirigente socialista ha señalado: "en las decisiones se valoran todas las posibilidades".
 "No es un tema de deuda o no deuda, sino de cuál es la opción que se considera más razonable en cualquier proceso jurídico", ha apostillado.

Hacienda asegura el pago a proveedores de ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha garantizado el pago a los proveedores de las facturas pendientes de cobro que tienen los ayuntamientos, hasta el punto de que descontará a los municipios con deudas su financiación proveniente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de ser necesario.

   Así lo ha asegurado el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha insistido en que "los proveedores cobrarán" y que "no se van a enterar" si el dinero que se les debe procede de los créditos que pidan los municipios para pagar las facturas pendientes o de la retención de la PIE.
   Osorio ha indicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene hasta el próximo 30 de abril para comunicar a las corporaciones locales si los planes de ajuste que debían presentar para acogerse al mecanismo de pago a proveedores han sido aprobados.
   En caso de que un municipio haya solicitado adherirse al mecanismo, pero no haya remitido su plan de ajuste o éste no sea aprobado por Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro procederá a retener sus ingresos procedentes de la PIE para poder pagar a los proveedores.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya adelantó esta idea la semana pasada, cuando dijo que de los más de 4.000 ayuntamientos que se habían sumado al plan de pago a proveedores, unos 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exige, lo cual calificó de "intolerable" y anunció la retención de sus participaciones en los ingresos del Estado.
   El secretario general de Coordinación Autonómica y Local también ha augurado en el Congreso que los proveedores, principalmente pymes y autónomos, comenzarán a cobrar hacia mediados o finales de mayo, un poco más tarde de lo anunciado en un principio, ya que cuando se aprobó el plan de pago se hablaba de principios de ese mes.
   Al igual que el propio secretario de Estado en la misma Comisión de Presupuestos, Osorio ha defendido las condiciones establecidas para que los municipios puedan pedir los préstamos ante las críticas de la diputada socialista Meritxell Batet.
   La parlamentaria ha censurado sobre todo el tipo de interés del 5 por ciento que tendrán los créditos, una cifra que considera muy alta para las corporaciones locales. Además, ha advertido de que el tipo real podría subir hasta el 7,45 por ciento por las condiciones del mercado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) presta al 1 por ciento a las entidades financieras.
   Según Osorio, las condiciones que se les da a los municipios no son las mismas, ya que, a diferencia de los bancos, que han de devolver los préstamos en tres años, los ayuntamientos lo podrán hacer en diez años con dos de carencia. Por tanto, a su juicio, "se ha conseguido un tipo muy bueno".

El PSPV propone que el Ayuntamiento cree un servicio de intermediación hipotecaria

VALENCIA.- La concejala socialista del Ayuntamiento de Valencia Anaïs Menguzzato ha anunciado que presentará una moción al próximo pleno para que el consistorio cree "una oficina municipal de información, asesoramiento e intermediación en materia de ejecuciones hipotecarias" para personas o familias que tengan dificultades para atender los pagos de los préstamos hipotecarios y se encuentren "en riesgo de perder su vivienda".

   En un comunicado, ha señalado que su propuesta contempla "informar, asesorar o intermediar en apoyo a las personas y familias con dificultades para que así puedan atender a los pagos de sus préstamos hipotecarios y no perder su vivienda".
   Menguzzato considera que se trata de una "obligación" del Ayuntamiento, "sobre todo cuando los desahucios han marcado otra cifra récord creciendo un 21,2 por ciento en el segundo trimestre del año 2011".
   A su juicio, el "persistente aumento del paro" y los problemas económicos que atraviesan muchas familias "requieren del esfuerzo de las administraciones" y, para adoptar medidas, "sólo hace falta voluntad política y trabajo porque los recursos y los técnicos municipales ya existen".
   Así, ha señalado que el consistorio "puede facilitar la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar soluciones efectivas antes de la demanda de ejecución hipotecaria y/o durante el proceso".
   Además, la edil ha propuesto que el posible asesor "pueda mediar entre las familias que tienen dificultades y las entidades bancarias, planteando medidas correctoras o negociando alternativas".
   En este punto, ha criticado que en Valencia "no se planteen alternativas desde el ámbito municipal para dar apoyo a los que más lo necesitan, como ya hacen otros ayuntamientos", pese a que la Comunitat es "la autonomía española donde se han registrado más procedimientos de desahucios, en un contexto marcado por un agravamiento de la crisis económica".  
   Ha reivindicado, en este sentido, que "no es posible abandonar a las personas que están pasando por una situación dramática a su suerte", por lo que espera que la alcaldesa, Rita Barberá, "acoja positivamente esta propuesta para evitar el drama que supone el desalojo de las familias de sus viviendas".

Rosado dice que las medidas de Sanidad supondrán un ahorro de 700 millones para la Comunitat

MADRID.- El conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Luis Rosado, ha destacado este miércoles que las medidas de ajuste presentadas por el Ministerio de Sanidad supondrá un ahorro adicional de 700 millones de euros a la Comunitat.

   Así se ha manifestado el conseller, tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que ha reunido a los consejeros del ramo y que preside la ministra, Ana Mato, en la que se han abordado las medidas de ajuste en ámbito de sanidad.
   Según ha destacado, por medio de estas medidas y del trabajo de la región, la Comunitat se podría congratular de "conseguir el déficit cero", que es lo que se pretende. En su opinión, la reunión, que ha tenido una duración de unas cinco horas, ha sido "extremadamente productiva", ya que supone un "paso más" en la consecución de la sostenibilidad del sistema.

La conexión Puerto-Aeropuerto de Metrovalencia alcanza en su quinto año los 23,5 millones de viajeros

VALENCIA.- La conexión Puerto-Aeropuerto de la red de Metrovalencia ha superado este miércoles, en su quinto año de funcionamiento, los 23,5 millones de viajeros, con lo que se ha convertido en uno de los ejes "más importantes", según ha indicado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en un comunicado.

   Esta línea se ha convertido en una de las más utilizadas de la red gracias a la numerosa población a la que presta servicio (Valencia, Mislata, Quart y Manises), la intermodalidad en el transporte que permite (conexiones entre barco, avión y ferrocarril) y la consecución de una reivindicación histórica en la capital del Turia, como es acercar la fachada marítima a los ciudadanos "en una época en que ésta acoge o ha acogido grandes eventos como la Copa América de vela o la Fórmula 1", según se ha recordado desde FGV.
   El 18 de abril de 2007 se abrieron al público las estaciones de la prolongación de las Líneas 3 y 5 de Metrovalencia que enlazan Mislata-Almassil y Aeroport. Días antes se pusieron en funcionamiento la estación de Marítim-Serreria y el tramo tranviario que une esta estación, con trasbordo gratuito, con la parada de Neptú, en el Puerto de Valencia.
   En total, con una inversión de 200 millones de euros, se construyeron diez estaciones que, unidas a las once ya existentes en ese momento, permiten la actual conexión entre el Puerto y el Aeropuerto en 35  minutos y del recinto aeroportuario al centro urbano en doce minutos, por 2 euros y sin tener que pagar suplemento como en otras explotaciones de metro.
   En este quinquenio se han sobrepasado los 23,5 millones de viajeros en estas diez estaciones (en 2007 se alcanzaron los 2,7 millones; en 2008 los 4,4 millones; en 2009 los 4,5 millones; en 2010 los 5,1 millones; en 2011 los 5,1 y en 2012, hasta la fecha de la efeméride, los 1,5 millones de usuarios).
   Si el conteo de clientes se refiere a toda la Línea 5 y no sólo a estas diez estaciones con cinco años de vida, el cómputo global al sumar las once instalaciones de Metrovalencia ya existentes y en el mismo periodo es de 15,1 millones de pasajeros en 2007; 16,5 en 2008; 16,9 en 2009, 16,8 en 2010, 15,9 en 2011 y 5,3 en lo que llevamos de 2012. Esto supone un total de 86,5 millones de usuarios de toda la Línea 5 en este quinquenio.
   En este tiempo, la Línea 5 (Torrent Avinguda/Marítim Serrería-Aeroport), que mantiene un tramo común con la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport), se ha consolidado y es uno de los trayectos "más utilizados" en la red de Metrovalencia.
   Además, los beneficios alcanzan al medioambiente, ya que la puesta en servicio de los citados tramos evita cada año el movimiento de 4,2 millones de vehículos, con el consiguiente ahorro de combustible y de emisiones de CO2 a la atmósfera.
   De las diez estaciones de la Línea 5, nueve entraron en servicio desde el primer día, pero una, la de Faitanar, lo hizo el 16 de diciembre de 2008, una vez resuelto el contencioso existente entre el urbanizador de varios PAI de la zona y el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ajenos totalmente a FGV, que tenía la instalación preparada desde el 18 de abril de 2007.
   En las nuevas estaciones de la conexión Puerto-Aeropuerto se produjo un cambio de filosofía, ya que se dotaron a éstas de un diseño y funcionalidad novedoso, a excepción de alguna estación en concreto, como Alameda del arquitecto valenciano Santiago Calatrava.
   Prueba de ello es la estación de Marítim-Serrería, la única instalación subterránea de España que combina metro y tranvía, que constituye un hito dentro de la trama urbana donde quedan incardinadas. Se trata de un urbanismo 'conceptual' y de calidad, que conjuga la funcionalidad con la apuesta por la creación de hitos urbanos de primera magnitud. Para ello, el diseño de las instalaciones persigue el objetivo de conseguir que la estación quede como elemento de referencia. Salt de l'Aigua y Manises siguen las mismas pautas.
   En cuanto a la estación de Aeroport, la funcionalidad es máxima, dado que, entre el andén del metro y los aviones en pista, sólo existen 175 metros, la distancia más pequeña en cualquier conexión entre aeropuerto y suburbano en España.
   Durante estos cinco años, la estación más utilizada ha sido Marítim-Sererrería, con 5.778.431 viajeros, seguida de la de Aeroport, con 4.022.910; la de Rosas, con 3.426.778 y Quart de Poblet, con 3.334.677 pasajeros.
   La estación de Aeroport de Metrovalencia se ha convertido en una de las principales entradas turísticas de la capital del Turia, al trasladar a las miles de personas que llegan a diario al aeropuerto de Manises, hasta el centro de la ciudad de una manera "rápida, cómoda y con un coste muy competitivo", tal y como señalan los propios usuarios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
   Cuando ya se han cumplido los cinco años de su inauguración, se ha consolidado como la "mejor alternativa" para que los turistas, en especial los de procedencia internacional, se desplacen hasta el corazón de Valencia.

El juez pide averiguar bienes de la familia de Morenilla y Bernácer

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ordenado averiguar el patrimonio de los familiares del exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, y del exjefe de explotaciones de la entidad, Ignacio Bernácer. Para estos dos imputados, las acusaciones solicitan una fianza de 13.700.000 euros.

   Así consta en diferentes providencias facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fechas de estos últimos días. El magistrado ha adoptado estas medidas después de que el pasado día 11 de abril, acordara imputar en esta causa a Morenilla y a Bernácer --ambos tuvieron cargos en la Generalitat-- al hallar indicios de criminalidad.
   En concreto, en una de las resoluciones, el juez ordena investigar el patrimonio de la mujer de Morenilla y de la mercantil Agromática del Este S.A., administrada por ella, además de los bienes de otros familiares de este imputado. Asimismo, ordena investigar el patrimonio de los familiares directos --cónyuge o pareja de hecho, padres o hermanos-- de Bernácer.
   En otra resolución, y respecto a este mismo asunto, el juez ordena incorporar a la causa un escrito remitido por la Agencia Tributaria por el que se adjunta un informe patrimonial de Morenilla. En éste se detallan sus bienes inmuebles, sus cuentas bancarias con saldo positivo, vehículos y otros bienes o derechos.
   Además, para estos dos imputados --Morenilla y Bernácer--, las acusaciones --la Emshi y Fiscalía-- solicitan que se les requiera una fianza, de forma conjunta y solidaria, por la cantidad total de 13.700.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.
   En esta misma resolución, el magistrado une a la causa un escrito presentado por el fiscal por el que interesa que se tenga como imputado a Vicente Ros Bartual, consejero delegado de Notec, como presunto autor de un delito de alzamiento de bienes, ampliándose la imputación respecto a su esposa.
   Por otro lado, en un decreto con fecha del día 13 de abril, el magistrado ordena embargar a Enrique Sena Gimeno, socio de Notec, su mitad indivisa de una casa construida sobre una parcela de una urbanización; así como sus participaciones en ocho sociedades. En tres de ellas participa en un 2% del capital; mientras que en el resto en un 12,5%; 12,6%; 16,6%; 45%; y un 49,03%.
   En otra resolución, también con fecha 13 de abril, el juez ordena que se alce el embargo acordado respecto a una cuenta corriente de Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, para que con su mantenimiento este imputado pueda seguir con la domiciliación de los recibos de los suministros básicos de agua, luz, contribuciones, que posibiliten el normal tráfico de ingresos y pagos.
   Asimismo, respecto a este imputado, el juez ordena unir al procedimiento un oficio remitido por el banco por el que se comunica que se ha procedido a la retención del saldo de una cuenta; y otro oficio de la misma entidad por el que se informa de la retención ordenada de 48 bonos emitidos por la Generalitat valenciana.
   En otras dos resoluciones sobre Enrique Crespo, el juez desestima los recursos interpuestos por el letrado del mismo contra los autos de fijación de fianza --25 millones de euros-- y de ordenar la libertad provisional del mismo y su obligación de comparecer ante el juzgado todos los jueves.

El juzgado de Nules remite a la Audiencia la causa en la que está acusado Carlos Fabra

CASTELLÓN.- El juzgado de instrucción nº 1 de Nules ha remitido a la Audiencia Provincial la causa en la que está acusado el expresidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación a la intervención que tuvo para agilizar la tramitación y obtención de autorización para la fabricación de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, según sostiene la Fiscalía.

   Una vez llegue a la Audiencia, la sala competente tendrá que admitir la causa, habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes y será entonces cuando se señale la celebración de juicio, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
   La Fiscalía Anticorrupción pide para Carlos Fabra una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros, mientras que otros de los imputados en el denominado 'caso Fabra', --María Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
   Posteriormente, la imputación se amplió al exsenador del PP Miguel Prim después de que la Audiencia de Castellón revocara el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con él, lo dejara sin efecto, y acordara la continuación de las actuaciones por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias.
   En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.
   Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.
   En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.
   Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos".
   Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90 por ciento de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.
   El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.
   Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.

Sanidad y CCAA acuerdan el copago farmacéutico de 8 a 18 euros al mes para jubilados

MADRID.- No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

   Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
   A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
   En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
   Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
   Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
   Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
   Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
   Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
   Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
   "Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
   De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
   Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
   Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
   Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
   Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
   Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
   Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
   Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
   También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
   En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
   Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
   Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.  
   La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
   Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
   Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".