MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto
abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas
responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de
los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que
recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar
su quiebra.
Según confirmaron fuentes jurídicas, Anticorrupción
no actuará por iniciativa propia y esperará a recibir las
correspondientes denuncias contra Bankia, que le lleguen de forma
directa o desde los tribunales, para abrir una investigación.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) también tiene capacidad para denunciar ante la Fiscalía las
presuntas irregularidades cometidas en las entidades financieras. El
organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez controló el proceso
de fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más, que dio lugar a
Bankia, y el organismo presidido por Julio Segura supervisó la salida a
Bolsa.
Por otro lado, los fiscales esperan que en las denuncias que
reciban se determinen las operaciones concretas realizadas en Bankia que
presenten indicios claros de delitos penales, así como una
argumentación jurídica que sostenga la acusación, para admitirlas a
trámite.
Con ello, la Fiscalía advierte de que no podrá abrir una
investigación general por la gestión realizada en Bankia y solo lo hará
por hechos concretos como podrían ser los préstamos fallidos al sector
inmobiliario, el proceso de salida a Bolsa, la declaración de cuentas
anuales o la venta de productos financieros 'tóxicos' a los clientes,
entre otros.
Por otro lado, la fiscalía dirigida por Antonio Salinas todavía no
ha recibido la comunicación de apertura de diligencias previas de
investigación enviada el pasado 21 de mayo por el Juzgado de Instrucción
nº 21 de Madrid para que emita un informe sobre las presuntas
irregularidades cometidas en Bankia, según las mismas fuentes.
La denuncia que tramita este juzgado la presentó el sindicato
Manos Limpias y en ella se acusa al gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a los expresidentes de Bankia, Rodrigo
Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la
gestión de la entidad.
Por otro lado, Anticorrupción ha desestimado por no denunciar
hechos concretos la denuncia presentada por la Confederación
Intersindical de Cajas (CIC) contra el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime
Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no
frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición
al ladrillo.
El sindicato consideraba que todos ellos son "presuntos autores de
un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la
nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
De esta forma, la Fiscalía deniega las pruebas aportadas por CIC
entre las que se encuentra el informe elaborado por la Asociación de
Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que
se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la
exposición al ladrillo.
El informe informaba de la existencia de "motivos suficientes para
la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario
y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la
sociedad en conjunto".
Asimismo, CIC también ha aportado un informe elaborado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) un año después en el que también se
advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, señaló que, a pesar de la "decepción" que ha supuesto esta
contestación recibida este martes por parte de Anticorrupción, "no van
desistir de denunciar estos hechos" y presentarán en los próximo días
denuncias por "operaciones concretas y fallidas otorgadas sin ningún
rigor técnico".
Rosa Díez quiere que algunos vayan a la cárcel
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha anunciado este martes que su
partido tiene intención de llevar ante los tribunales no sólo a los
gestores de Bankia, sino también a los políticos que los nombraron.
En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta
de Portavoces, Díez ha explicado que UPyD ha tomado esta decisión "no
como una vía alternativa sino complementaria" para depurar las
responsabilidades económicas, políticas y penales, si las hubiera, sobre
la situación en la que se encuentra Bankia.
"Esto no puede ser gratis. Tiene que haber justicia y para que
haya justicia hay que actuar y puesto que el fiscal general del Estado
(Eduardo Torres Dulce) no actúa, actuaremos nosotros como partido
político", ha subrayado.
Y lo hará, según ha insistido, presentando la demanda
correspondiente contra los gestores, pero también contra los políticos
que los nombraron puesto que, ha recalcado, también ellos deben asumir
la responsabilidad política y, en su caso, penal de haber designado a
personas que han llevado a la citada entidad a la actual situación.
"No sólo hay que mirar al gestor que ha dimitido, al presidente,
al que esta arriba --ha dicho--. Éste tiene una responsabilidad, pero a
éste le puso ahí alguien, al igual que a todo el Consejo de
Administración que aprobó con él determinadas decisiones y la Asamblea
General, que está compuesta por representantes de los partidos y que
actúa, no con un interés económico, sino político y partidario".
Al margen de llevar este asunto a los tribunales, la líder de la
formación magenta también ha querido dejar claro que seguirá pidiendo
las explicaciones oportunas sobre lo sucedido en Bankia y urgiendo
responsabilidades sobre lo que ha llegado a calificar como "una gran
estafa política y económica".
"En el sistema financiero español ha habido una gran estafa
política a la hora de montar un gran entramado institucional dentro de
las cajas --ha sentenciado--. El sistema financiero español no ha
llegado donde está simplemente por unos malos gestores, sino porque PSOE
y PP han sido cómplices a la hora de definir un modelo económico y
financiero que ha permitido que ambos partidos hicieran lo que les diera
la gana con el dinero de todos los españoles".
De ahí que, según Díez, ni PSOE ni PP quieran comisiones de
investigación ni depurar las responsabilidades sobre lo sucedido. "No la
quieren porque deberían comparecer el señor Rajoy y el señor Rubalcaba
porque son ellos los que nombraron a los gestores políticos que han
llevado al sistema financiero español a una situación de quiebra", ha
remarcado.
"Mientras no se depuren las responsabilidades, no saldremos de
esta situación, y las consecuencias de prima de riesgo, de la falta de
confianza en el sistema económico y financiero y de las dificultades de
todo tipo las pagarán los ciudadanos españoles", ha concluido.
