viernes, 25 de mayo de 2012

El Gobierno analiza con "todas las cautelas" la forma de ayudar a las CCAA

MADRID.-   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno está analizando "con todas las cautelas y garantías" un mecanismo de ayuda que permita a las comunidades autónomas financiarse a un coste menor.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que este tipo de mecanismos son "complejos" y hay que analizarlos teniendo en cuenta todas las dificultades que entrañan.
   La portavoz ha reconocido que varias comunidades han trasladado al Gobierno la necesidad de contar con un mecanismo de este tipo y que el Ejecutivo trabaja en esta materia. "Cuando se apruebe se lo comentaremos", ha dicho.
   Ante la pregunta de por qué el Gobierno no informó el pasado viernes tras el Consejo de Ministros de la nueva cifra de déficit del año 2011 si ya la conocía, Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que este asunto no compete al Consejo de Ministros, sino a las comunidades y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Además, ha recordado que el Gobierno envió un comunicado el viernes por la noche y que esta misma semana ha trasladado el nuevo dato a las instituciones europeas en un "ejercicio de transparencia".
   "Entiendo que es una novedad el cambio en la transparencia de las administraciones públicas", ha ironizado la portavoz, tras recordar que ha transcurrido muy poco tiempo desde que España conoció la nueva cifra hasta que se la comunicó a Bruselas.
   Sobre el aplazamiento que ha anunciado la Junta de Andalucía en la puesta en práctica de su plan de ajuste para negociar con los sindicatos, la vicepresidenta ha asegurado desconocer la paralización, y ha recordado que todas las comunidades tienen que cumplir.
   Así, ha pedido a todas las regiones que se ciñan a lo pactado en el CPFF y que ejecuten las medidas necesarias para cumplir con la consolidación fiscal, al tiempo que les ha advertido de que, a partir de ahora, tienen que enviar mensualmente la información de sus cuentas al Gobierno.

PSC y PSPV celebrarán una cumbre en Valencia por el Corredor Mediterráneo antes de verano

BARCELONA.- El primer secretario del PSC, Pere Navarro, y el secretario general del PSPV, Ximo Puig, han explicado este viernes que convocarán una cumbre en Valencia antes de verano en defensa del Corredor Mediterráneo para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de priorizarlo ante la "amenaza" que supone la actitud del Gobierno.

   En rueda de prensa tras reunirse en la sede central del PSC, ambos han concretado este anuncio en un documento de siete puntos, donde exponen su acuerdo en reclamar un cambio de orientación a la política económica a los gobiernos de España, Cataluña y de la Comunitat Valenciana que priorice la reactivación económica y aparque los recortes.
   Ambos han explicado que priorizar el Corredor Mediterráneo puede ayudar a la recuperación económica y que quieren que se evidencie en su cumbre, donde quieren reunir tanto a representantes políticos de ambas comunidades como también a la sociedad económica y social.
   "Si el PP continúa bloqueándolo será un golpe muy importante para el futuro de Valencia", ha advertido Puig, quien ha criticado con Navarro la actitud recentralizadora del Gobierno respecto a las comunidades.
   Según el documento acordado entre ambos, el "maltrato" del Ejecutivo central contra el autogobierno tiene consecuencias también sobre la financiación y, en paralelo, a posibles inversiones que ayudarían a la reactivación de sectores productivos.
   También han defendido la reciprocidad en las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana y de Canal 9 en Catalunya, por lo que han instado a los gobiernos autonómicos a garantizar su recepción con "plena normalidad".
 "No tiene sentido que dos territorios tan cercanos haya esta separación a nivel comunicativo", ha lamentado.
   Como socialistas, ambos han coincidido en destacar la importancia de potenciar las relaciones entre ambas formaciones y entre catalanes y valencianos, aparcando "batallas absurdas y estériles".

El Consell, dispuesto a cualquier gestión en el aeropuerto de Castellón, incluso a la "privatización absoluta"

VALENCIA.- El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha asegurado este viernes que el Gobierno valenciano está "dispuesto a cualquier tipo de gestión, sea pública, sea pública-privada o sea de privatización absoluta", en el aeropuerto de Castellón.

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, junto al conseller de Economía, Máximo Buch, en la que han presentado el nuevo mapa de entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana.
   Preguntado por la situación de Aerocas en este nuevo mapa, el vicepresidente ha destacado que esta entidad "lo que está haciendo es gestionar una infraestructura que es el aeropuerto de Castellón". Al respecto, ha señalado que sobre esta infraestructura el Gobierno valenciano "está dispuesto a cualquier tipo de gestión, sea publica, sea pública-privada o sea de privatización absoluta".
   "Lo que queremos es que ese aeropuerto funcione en las mejores condiciones de viabilidad económica para las arcas de la Generalitat y que, al mismo tiempo, preste servicio para el turismo de Castellón y de la Comunitat Valenciana para que el fue diseñado", así como "cualquier otro servicio que siendo un aeropuerto esté en condiciones de prestar", ha resaltado el también portavoz del Consell.
   Por su parte Máximo Buch, inquirido por si el hecho que Aerocas sea una sociedad que no se fusiona en ninguna entidad de derecho público implica que no habrá cambios en su estructura de personal, ha respondido: "no necesariamente".
   Según el Consell, "eso no quiere decir que no vayamos a plantearnos caso por caso, si se puede racionalizar y hacer más eficiente o no" las entidades que son "no fusionables". Así, ha indicado que "el hecho de que se mantenga separada no quiere decir que no se vaya a revisar en su caso la adecuación de las estructura a las circunstancias y necesidades actuales".

Costa asegura que las cuentas del PPCV están "claras" por lo que la causa debe archivarse

VALENCIA.- El ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha considerado este viernes que la causa de financiación irregular del PPCV en la que está imputado debe archivarse ya que ha destacado que, con su declaración ante el magistrado que instruye este caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha contribuido a demostrar que las cuentas de los populares valencianos están "claras". 

   Costa llegó este jueves sobre las 9.30 horas de este viernes al TSJCV para comparecer como imputado en la supuesta financiación irregular del partido relacionada con la trama Gürtel, donde ha prestado declaración durante más de cuatro horas.
    El ex número dos del PPCV ha confirmado a la salida, sobre las 14.00 horas, que se había negado responder a las preguntas del abogado que ejerce la acusación popular ejercida por el PSPV, al igual que hicieran esta semana la extesorera y el exvicesecretario de organización del PP valenciano Yolanda García y David Serra, también imputados en esta causa.
   Costa, que tanto a la entrada como a la salida iba acompañado por su abogado, ha señalado a los numerosos periodistas que le esperaban que se encontraba "muy satisfecho" porque, ha dicho, "creo que he contribuido a demostrar que en el PPCV está todo correcto".  
   Además, ha destacado: "con mi declaración he contribuido a demostrar la inocencia del Partido Popular, que las cuentas están claras y que, por lo tanto, este proceso tiene que archivarse cuanto antes".
   El parlamentario ha agradecido "muchísimo la presencia" y "compresión" de los medios de comunicación, pero ha indicado que se retiraba a "descansar".

Císcar, sobre el sumario de Cooperación: "Algunos contenidos nos causan vergüenza ajena"

VALENCIA.- El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha admitido este viernes que algunos de los contenidos del sumario de la conocida como 'causa de cooperación' que se están conociendo en los últimos días tras levantarse el secreto de sumario causan "vergüenza" ajena al Ejecutivo regional. Asimismo, ha insistido en que "hay que mantener la actitud de tolerancia cero contra la corrupción" y la "colaboración máxima y absoluta" con los tribunales de justicia.

   Císcar se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por los medios sobre los últimos datos conocidos del sumario, que revelan, entre otros aspectos, que el empresario César Augusto Tauroni, en prisión por esta causa, se refería a los países en desarrollo objeto de la cooperación como 'Negrolandia'.
   "Algunos de los contenidos que estamos conociendo nos causan vergüenza ajena", ha aseverado Císcar, que ha apuntado que algunas de las expresiones conocidas son "absolutamente reprobables", especialmente teniendo en cuenta que se trata de un área, la cooperación al desarrollo, que es "muy sensible" y "afecta a ciudadanos necesitados y a personas que viven en estado de pobreza".
 "Esto nos reafirma en que contra la corrupción tenemos que luchar con todas nuestras armas", ha recalcado.
   En la causa se investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía --que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
   Por otra parte, preguntado por la valoración de la actuación de la extinta Conselleria de Solidaridad en el marco de la trama que se investiga, Císcar ha señalado que se ha creado una comisión en Justicia y Bienestar Social que está "evaluando y analizando todos los expedientes de cooperación" y tiene de plazo hasta mediados de junio para sacar sus propias conclusiones.
   Así, ha señalado que el Consell prefiere "esperar a conocer esas conclusiones y no hacer antes ninguna valoración". No obstante, ha recordado que se ha personado a través de la Abogacía de la Generalitat como acusación particular en el sumario y exigirán "todas aquellas responsabilidades penales y civiles necesarias" si de la investigación de la comisión se dedujera alguna responsabilidad. "No tengan la más mínima duda de que la vamos a seguir exigiendo", ha apostillado.
   Cuestionado sobre la razón por la que se mantuvo a la cúpula de la Conselleria después de que una directora general se marchara tras negarse a firmas los expedientes, ha indicado que "seguramente ese alto cargo no nos planteó la necesidad" y ha recalcado que, en cualquier caso, ya existe una investigación judicial en curso.
   "Dejemos trabajar a los jueves y a los tribunales, es un sumario muy voluminoso, muy completo, muy exhaustivo y va a haber unas conclusiones en sede judicial que antes o después vamos a conocer", ha apuntado Císcar, que ha insistido en que en estos momentos el "mejor servicio" que el Consell puede prestar es colaborar con la justicia.
   Sobre la exigencia de responsabilidades políticas, ha señalado que no hay "ninguna duda" del compromiso del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, en la lucha contra la corrupción y ha apuntado que no queda "ningún alto cargo (imputado) en su puesto" y se han abierto los expedientes disciplinarios correspondientes a los funcionarios presuntamente implicados. No obstante, ha indicado que "la línea que marca la diferencia es la imputación"
   No obstante, respecto a la existencia de diputados autonómicos 'populares' imputados que conservan su acta, como Ricardo Costa --que declara este viernes en el TSJCV en la causa por la supuesta financiación irregular del PPCV--, ha señalado que cuando habla de esa "línea" se refiere a aquellos cargos que el Consell o el presidente tienen capacidad para nombrar y cesar, y no a los casos en los que ese cargo procede de la legitimidad de las elecciones.
   "El presidente de la Generalitat y el Consell donde tienen competencias actúan, no creo que pueda haber ninguna duda de cuál es nuestro compromiso en perseguir la corrupción: exigimos la máxima ejemplaridad y transparencia a los altos cargos", ha indicado Císcar, que ha puntualizado que, no obstante, en los ámbitos en que no pueden actuar hay que respetar la ley.
   Por otra parte, ha querido resaltar que la 'causa de la cooperación' no tiene "por qué poner en entredicho a la cooperación al desarrollo valenciana, al resto de ONG que hacen una labor importantísima".
   Ha recordado que en los últimos cuatro años la Generalitat ha destinado más de 150 millones de euros a cooperación al desarrollo, que ha ido a parar a más de 43 países y de la que se han beneficiado más de 8 millones de ciudadanos. En este periodo, la Comunitat Valenciana ha ayudado a financiar más de 900 proyectos y ha colaborado con más de un centenar de ONG, datos que para Císcar, "son más que suficientes para poner de manifiesto la importancia de la cooperación al desarrollo desde la Comunitat".

El PSPV cree que Fabra sí puede cesar a Blasco como portavoz y acabar con la imagen "lamentable" que da a la Comunitat

VALENCIA.- La presidenta y secretaria general del grupo socialista en las Corts, Ana Barceló, ha recordado este viernes al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "sí puede cesar" a Rafael Blasco como portavoz y acabar con la imagen "lamentable que se da en la Comunitat Valenciana", según ha indicado en un comunicado.

   Barceló considera que el valor de la ética en política "está por encima de las cuotas de poder del PP y de cualquier partido" y ha pedido al presidente de los 'populares' valencianos que cumpla con su compromiso de tolerancia cero con la corrupción, "después de saber que el conseller Císcar ha señalado que los diputados imputados en casos de corrupción seguirán en sus cargos y con sus responsabilidades dentro del PP, ya les legitiman las elecciones".
   Con independencia de esto, Barceló ha señalado que Rafael Blasco es "el portavoz, la voz, del PP, una voz que está bajo sospecha y traslada una imagen lamentable de la Comunitat Valenciana".
   Barceló ha apuntado que el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, ha dicho que todos los imputados en casos de corrupción "serían apartados de sus responsabilidades en el Consell, pero a renglón seguido señalaba que esta 'norma' no afectará a los diputados autonómicos por tratarse de cargos electos". En estos casos el PP si apela a "la presunción de inocencia", ha agregado.
   Desde el PSPV-PSOE, Barceló no ha dudado en señalar que en estas circunstancias "con más motivo" deberían aplicarse criterios de ética y deberían dejar sus responsabilidades en la cámara. "Se trata de un acto de decencia política que Fabra elude porque, efectivamente, el acta de diputado es suya y podría verse con un amplio grupo mixto si intentara imponer su autoridad en el partido", ha apuntado.
   Así, Barceló se ha referido en especial al caso de Rafael Blasco, no imputado, pero "sí envuelto" en el caso cooperación, con "ya demasiados datos sobre al mesa como para que Fabra pueda mantenerlo de portavoz".
   "Fabra --ha reiterado Barceló-- sí puede quitar de portavoz a Blasco ahora o si, en breve, resulta ser imputado, pero no lo hará porque él la línea roja de la corrupción la pone o la quita a su conveniencia".
   Barceló ha recordado que la censura de Císcar a las conversaciones conocidas a partir del sumario del caso cooperación, con insultos racistas, "no afectan posteriormente al portavoz Blasco".
   La presidenta y secretaria general del grupo socialista en las Corts no ha dudado en calificar de "burla" las declaraciones de Císcar, al destacar que "si la línea que marca la diferencia es la imputación debería valer también para los diputados".

Barberá lamenta la "demagogia" de la oposición municipal y dice que no desea "a nadie las amenazas" que conoce

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha lamentado este viernes, en la celebración del pleno ordinario del mes de mayo, la "demagogia" de la oposición municipal en asuntos como los referidos a la seguridad y protección personal y ha dicho que no desea "a nadie" las amenazas, "incluso de muerte", que ella conoce. 

   "No deseo a nadie las amenazas, incluso de muerte, que yo conozco y tener a dos etarras a menos de 40 metros", ha señalado la primera edil. Se ha pronunciado de este modo durante el debate de los puntos referidos al área de Economía, Hacienda y Empleo, momento en el que la responsable municipal ha intervenido para responder a las críticas de la oposición por el vehículo oficial y el servicio de escoltas.
   Rita Barberá se ha referido de este modo a las alusiones que el concejal del PSPV Pedro M. Sánchez ha realizado a los gastos en su coche oficial y a las del portavoz de Compromís, Joan Ribó, al servicio de escoltas de los miembros del gobierno local durante el debate de la segunda, tercera y cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto de 2012.  
   Sánchez ha criticado que el gobierno local presupueste "por debajo de las necesidades", que haga "unos presupuestos irreales" y que recorte "donde no deben y no en gastos innecesarios". Ha citado el gasto de "37.000 euros en el coche de la alcaldesa a punto de acabarse el renting". Posteriormente, en otro punto del pleno el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha dicho a Barberá que las alusiones a su coche eran "en términos alegóricos" y que su grupo no se mete en la seguridad de la alcaldesa.
   Por su lado, Ribó se ha referido a la decisión del equipo de gobierno de cambiar el modelo de coches oficiales y ha dicho que "el problema" y lo que ha estimado de "escándalo" no es el tipo de coche sino que los ediles del PP, "con la que cae, mantengan escoltas que deberían llamarse asistentes" por las tareas que asumen de asistencia a los concejales.
   "La seguridad es una excusa. No son los coches, son los policías que se sacan de los barrios en beneficio" del gobierno municipal, ha argumentado el responsable de Compromís.
   Respecto a las modificaciones de créditos extraordinarios debatidas, que han contado con el voto a favor de PP y PSPV y la abstención de EU y Compromís, la concejal de Esquerra Unida Rosa Albert ha valorado que el consistorio pague a los proveedores los 181 millones de euros que les adeudaba hasta el 31 de diciembre de 2011, aunque ha recordado que su grupo se opuso al Plan de Ajuste que esta operación requiere por los intereses que conlleva.  
   Albert ha considerado que las modificaciones de crédito aprobadas "constatan la situación financiera tan precaria del Ayuntamiento de Valencia" y ha censurado que, "una vez más", sean "los vecinos, a través del IBI, quienes tienen que hacer frente a la mala gestión económica del equipo de gobierno".
   Igualmente, ha criticado que estas modificaciones se usen para atender el pago de "muchas partidas aprobadas" que no habían sido dotadas de manera "suficiente" y ha citado como ejemplo el gasto de suministro de agua y luz.
   La edil ha pedido al gobierno local que "priorice" a la hora de pagar porque "en un momento de escasez de recursos" se ha priorizar "a las personas, los puestos de trabajo de quienes desarrollan su actividad en o para el Ayuntamiento" y dejar "en un segundo plano los intereses de las entidades financieras". Ha criticado que se de "luz verde a los EREs" de algunas contratas.
   El portavoz de Compromís, por su lado, ha censurado el nivel de endeudamiento del consistorio, según ha dicho "en el 140% y de 1.106  millones de euros" y ha destacado que "se ha presupuestado por debajo de las necesidades mínimas" y que eso ha llevado a "aumentar partidas para atender necesidades" como el pago del agua. Ribó ha expresado su respaldo al crédito para el pago a proveedores.
   Por su parte, el concejal socialista Pedro M. Sánchez, que también ha mostrado el apoyo del PSPV a esta operación de pago, ha lamentado, no obstante, que el Ayuntamiento se retrase en los pagos. Ha dicho que las tres modificaciones tratadas son "la foto" de los veinte años de "mala gestión" del PP, con "el crecimiento al límite de la deuda", "gastando sin presupuesto" y haciendo "presupuesto irreales" por "debajo de las necesidades" mientras se "atienden gastos innecesarios". También ha criticado la gestión del gobierno local por lo que respecta a las expropiaciones.
   En respuesta a la oposición, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, ha manifestado su satisfacción por el hecho de que los proveedores cobrarán el 31 de mayo las facturas pendientes hasta final de 2011 y ha asegurado que la deuda generada por ello es "asumible" por las arcas municipales con los número que tiene ahora. Además, ha defendido la política y gestión de expropiaciones del gobierno local, a la que se refiere una de las modificaciones.
   Ha indicado a Albert que el Plan de Ajuste municipal "no contempla ningún ERE" y que "no es responsabilidad" del PP "que una empresa privada que tiene una contrata con el Ayuntamiento lo plantee".
   Por otra parte, en el pleno se ha aprobado con el voto a favor de PP y PSPV y la abstención de EU y Compromís la tercera relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y obligaciones de 2012. Senent ha manifestado que éste es "un mecanismo" y procedimiento "normal" de la administración local "para poder incluir y pagar todas las facturas".

La CNMV suspende la cotización de los títulos de Bankia

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de los títulos de Bankia, al concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dicho valor, sin precisar cuándo regresará al parqué.

   Esta decisión del supervisor tuvo lugar minutos antes de la apertura, por lo que la entidad no llegó a iniciar la negociación, lo mismo que su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que también fue suspendido.
   La medida tomada por la CNMV se produce después de conocerse la intención del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, de proponer hoy a su consejo de administración un plan de capitalización para sanear la entidad que supondrá pedir al Estado una ayuda superior a los 14.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
   Las acciones de Bankia cerraron ayer a un precio de 1,570 euros, con un descenso del 7,43%.

El Gobierno valenciano despedirá en torno a 4.000 empleados públicos

VALENCIA.- La Generalitat valenciana reducirá a 18 las entidades del sector público empresarial y fundacional de la Comunitat Valenciana --en el que también habrá cinco sociedades mercantiles con participación del Consell-- frente a las 66 actuales. En ellas se intensificará la colaboración público privada.

   Así lo ha explicado el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto al vicepresidente valenciano, José Císcar, para presentar el nuevo mapa de entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana.
   El impacto económico superará los 1.000 millones de euros, de los que 773 millones ya estaban contemplados en los Presupuestos de la Generalitat para 2012. Asimismo, 61,3 millones se derivan de las recientes medidas contenidas en el Plan de Reequilibrio Financiero de la Comunitat Valenciana.
   También se contempla un ahorro que puede ser de hasta 215 millones de euros en 2013, de los cuales entre 160 y 200 millones será por la "optimización y eficiencia" en la gestión" y entre 12,5 y 15,5 millones de euros por el establecimiento de "sinergias de fusión".
   En cuanto a la reducción de personal, oscila entre el 40 y el 50 por ciento sobre unos efectivos totales de 7.555 empleados, por lo que tras el proceso de reestructuración se mantendrá una plantilla de entre 3.700 y 4.500 empleados. El ahorro en gastos de personal se cuantifica en un margen de 100 millones de euros.
   Asimismo, Buch ha explicado que el número de directores generales disminuirá y algunos de ellos pasarán a ser directores de entes concreto. En el caso de que haya cargos que "pierdan competencias" el Consell realizará una "revisión salarial".
   La nueva estructura se implementará a lo largo del segundo semestre y estará culminado el 31 de diciembre de 2012. El nuevo mapa del sector público empresarial y fundacional estará compuesto por seis áreas de funcionales de planificación y ejecución de las políticas públicas como son: Cultura, Arte y Ocio; Movilidad y Transporte; Medioambiente y Gestión de Residuos; Sanidad y Bienestar Social; Innovación, Competitividad e Investigación; y Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras.
   Estas áreas integrarán 18 entes, de las que siete son entidades de derecho público, cinco sociedades mercantiles y seis fundaciones. A éstas hay que añadir cinco sociedades mercantiles con participación de la Generalitat inferior al 50 por ciento como son Valencia Parque Central Alta Velocidad, Alta Velocidad Nodo de Transporte, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Parque Empresarial de Sagunto y Valencia Plataforma Intermodal y Logística.
   En concreto, el área de gestión de Cultura, Arte y Ocio estará compuesta por CulturArts Generalitat, entidad de derecho público que integrará las funciones del Institut Valencià de la Música, Teatres de la Generalitat, Proyecto Cultural de Castellón, Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, Fundación de les Arts Reina Sofía, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Fundación La Luz de las Imágenes.
   También formarán parte de esta área las sociedades mercantiles Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz y Circuito de Motor y Promoción Deportiva.
   Respecto a Movilidad y Transporte, esta área la formará la entidad de derecho público Operador de Ferrocarril que integrará a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). En cuanto al ámbito Medioambiente y Gestión de Residuos, de él dependerá la entidad de derecho público de Tratamiento de residuos y saneamiento de aguas residuales que integrará la actividad de tratamiento de residuos que realiza Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y sus filiales, y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).
   El área de Sanidad y Bienestar Social, por su parte, estará formada por una entidad de derecho público de Bienestar Social que asumirá las funciones del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) y la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa).
   En este ámbito también se encuadra la Fundación Valenciana de la Investigación Sanitaria y Biomédica que integrará las actividades de la Fundación de la CV para la investigación del Hospital de Elche, la Fundación de la CV para la investigación del Hospital de Alicante y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública. También forman parte de este holding las fundaciones para la investigación de los hospitales La Fe y el Clínico de Valencia.
   Dentro del área funcional de Innovación, Competitividad e Investigación formarán parte la entidad de derecho público de área de Innovación y Competitividad que integrará las actuaciones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (IMPIVA), Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y su filial, Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), Agencia Valenciana de Evaluación y Prosepectiva (AVAP).
   También la Fundación CV Región Europea, la Fundación Valenciana International University y la Fundación para la Investigación que integra Fundación para la investigación agroalimentaria y el Centro de Estudios del Mediterráneo (CEAM).
   El ámbito Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras estará compuesto por una entidad de derecho público de Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras que integrará las actividades del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa) y Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva). Además, formarán parte de esta área las sociedades mercantiles aeropuerto de Castellón y Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa).
   El mapa se completa con la Corporación Pública Empresarial Valenciana, entidad de derecho público que será la encargada de la coordinación y control-económico financiero de las entidades de derecho público. La Corporación también asumirá la titularidad de las acciones que la Generalitat posee de las sociedades mercantiles.
   Por otro lado, las sociedades mercantiles con participación inferior al 50 por ciento de la Generalitat son Valencia Parque Central Alta Velocidad, Alta Velocidad Nodo de Transporte, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Parque Empresarial de Sagunto y Valencia Plataforma Intermodal y Logística.
   La nueva configuración del mapa supondrá la integración en la Generalitat o en entidades de la nueva estructura de 35 entes como la  Agencia Valenciana de Movilidad, Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias, Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar, Consell Valencià de l'Esport, Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes o Fundación Servicio Valenciano de Empleo, entre otras.
   Las entidades que quedan excluidas son el Patronato del Misteri d'Elx; la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, Agricultura y Conservas SA; Tecnología e ingeniería de sistemas y servicios avanzados de telecomunicaciones SA; y las fundaciones de Estudios Bursátiles y Financieros, Generalitat Valenciana-Iberdrola, Instituto Portuario de Estudios y Cooperación y Oftalmológica del Mediterráneo.

Bankia pide al Estado un total de 23.465 millones y ampliará capital por 12.000 millones

MADRID.- El Grupo BFA-Bankia ha pedido ayudas públicas por importe de 19.000 millones de euros, que se suman a 4.465 millones de euros iniciales ya comprometidos, con lo que el total de recursos que el Estado inyectará en la entidad se eleva a 23.465 millones. Además, la matriz procederá a capitalizar su filial Bankia, con una ampliación de capital de 12.000 millones de euros.

   Así figura en el plan de saneamiento y recapitalización presentado por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al consejo de administración de la entidad, que le ha dado su visto bueno, y que se solicitará formalmente al Banco de España. El plan cuenta con el conocimiento del Gobierno y del instituto emisor.
   Se trata del mayor importe de ayuda pública que recibirá una entidad para su saneamiento en toda la historia de España. El Gobierno sostuvo recientemente que el esfuerzo público para culminar la reestructuración financiera no superaría los 15.000 millones de euros.
   Esta solicitud de ayudas se produce después de que Bankia reformulara las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2011, tras una revisión en profundidad de la cartera crediticia, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   Bankia ha detectado la necesidad de saneamientos adicionales en su cartera inmobiliaria de 4.000 millones de euros, en el resto de su cartera crediticia de 5.500 millones, así como minusvalías latentes de 6.700 millones de euros, principalmente en la cartera de participadas y los activos fiscales.
   Concretamente, Bankia necesita 12.745 millones de euros para cumplir con los requerimientos de provisiones y capital por el riesgo inmobiliario exigidos en los últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno. Así, Bankia elevará la cobertura por el riesgo del 'ladrillo' al 48,9%.
   Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal de BFA se situará en el 9,8%, mientras que en el caso de Bankia se establecerá en el 9,6%.
   En primer lugar, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ejecutará "a la mayor brevedad" la conversión en acciones ordinarias del préstamo de participaciones preferentes por importe de 4.465 millones de euros concedido en 2010 para la integración de las siete cajas de ahorros.
   Una vez realizada la conversión, el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA para que dé cumplimiento a los requisitos regulatorios. Tanto la conversión del préstamo como la ampliación se acometerán en el mes de junio y supondrán una participación de control del Estado en BFA.
   Finalmente, BFA recapitalizará su filial Bankia por 12.000 millones de euros mediante una ampliación de capital asegurada en su totalidad por la matriz y con derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes. Está previsto que la ampliación de capital en Bankia se complete en octubre y culmine así la nacionalización.
   Goirigolzarri sostuvo que con estas medidas coordinadas con el Gobierno y el Banco de España, "los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de que sus ahorros están ahora más seguros y garantizados que nunca".
   Según aseveró, "las medidas de recapitalización refuerzan la solvencia, la liquidez y la solidez del grupo y permiten afrontar una nueva etapa de desarrollo del negocio bancario y avanzar en la consolidación de una gran franquicia".

Dimite todo el consejo de administración de Bankia salvo Goirigolzarri y Verdú

MADRID.- El consejo de administración de Bankia ha presentado hoy su dimisión en bloque, salvo el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Francisco Verdú, ha informado la entidad financiera en un comunicado.

   Esta decisión se produce después de que el Estado haya tomado el control accionarial de la entidad que ha solicitado este viernes 19.000 millones de euros en ayudas públicas para llevar a cabo su plan de saneamiento. Esta cifra no incluye los 4.465 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que el Estado suscribió en preferentes de la entidad.
   Tras la salida de los anteriores integrantes del consejo de administración de Bankia, el órgano de gobierno del banco ha acordado una profunda renovación, reduciendo su número de miembros de 18 a 10.
   Así, empresarios ejecutivos de diferentes sectores sustituyen a los anteriores representantes políticos y sindicales que componían el consejo de administración hasta ahora.
   En concreto, se incorporan al consejo de administración de Bankia José Sevilla, como consejero ejecutivo, y como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon, Javier Campo, Jorge Cosmen, Fernando Fernández y José Luis Feito.
   Además el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Amalia Blanco como directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia.
   De esta forma, la primera línea directiva de Bankia queda configurada con su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en lo alto del organigrama, del que dependen directamente el secretario general, Miguel Crespo y la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas, Amalia Blanco. Por debajo, se sitúan José Sevilla, al frente de la Dirección General de Presidencia; Francisco Verdú, como consejero delegado; y Antonio Ortega, encabezando la Dirección General de Personas, Medios y Tecnología.
   Todos los nombramientos, que se han producido por cooptación, deberán ser refrendados por la Junta General de Accionistas de Bankia, que ha sido convocada por la entidad con carácter ordinario en Valencia para el próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria.

   CURRÍCULUM DE LOS NUEVOS CONSEJEROS
   José Sevilla, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Cunef, es director general de Presidencia de Bankia desde el pasado 16 de mayo. Ha sido director general de Riesgos, director del Área de Presidencia y director de la División de Estrategia y Finanzas de América en BBVA. Fue consejero de BBVA Bancomer. Antes de unirse a BBVA trabajó en Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles.
   Joaquín Ayuso, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es vicepresidente de Ferrovial, donde ha desarrollado toda su carrera, y miembro de su comisión ejecutiva. También pertenece a los consejos de administración de Holcim España y de National Express. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios.
   Eva Castillo, licenciada en Derecho y Empresariales, es consejera de Telefónica y pertenece a las comisiones consultivas de estrategia, calidad y regulación de la operadora. También es miembro del Consejo de Administración de Telefónica Czech Republic y de los consejos asesores de Telefónica Digital y Telefónica Internacional. Es consejera de Old Mutual. Previamente ha trabajado en Merrill Lynch, donde llegó a ser presidenta de su filial española.
   José Wahnon, licenciado en Ciencias Económicas y PMD Harvard, es miembro del Consejo de Administración de Ezentis y presidente del Comité de Auditoría de la entidad. Ha desarrollada casi toda su carrera en PwC. Fue socio responsable a nivel nacional de la división de Servicios a Entidades Financieras, socio responsable para España de la División de Auditoría y miembro de la ejecutiva de la firma en España y en Europa.
   Javier Campo, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es presidente del Grupo Zena (Foster Hollywood, Domino's Pizza, La Vaca Argentina, Cañas&Tapas o Burguer King). También es presidente de la Asociación Española del Gran Consumo y consejero del Grupo de Alimentación Palacios. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de AT Kearney. Empezó su carrera profesional en Arthur Andersen. Ha sido presidente mundial del Grupo Dia y miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour.
   Jorge Cosmen, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master MBAI por el Instituto de Empresa, es presidente de ALSA y copresidente de National Express. Ha trabajado en empresas del sector turístico, bancario y de comercio en España, Suiza, Hong Kong y China.
   Fernando Fernández, doctor en Ciencias Económicas, es profesor de Economía y director de la Cátedra del Sistema Financiero Internacional del IE Business School. Es consejero de Red Eléctrica. Ha sido economista jefe de Banco Central Hispano y de Banco Santander.
   José Luis Feito, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Es técnico comercial del Estado y embajador del Reino de España. En la actualidad preside las patronales de autopistas española (ASETA) y europea (ASECAP), la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y AB Asesores Bursátiles.

Bankia desvela que perdió 2.979 millones de euros en 2011

MADRID.- Bankia perdió un total de 2.979 millones de euros en el ejercicio 2011 debido a saneamientos en créditos y activos adjudicados, y a las nuevas valoraciones de las participadas, según informó la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

   Estos 'números rojos' se desprenden de las cuentas revisadas y sin salvedades de los auditores, explicó Bankia, tras comunicar que recibirá del Estado un total de 23.465 millones de euros para asegurar su viabilidad.
   Estas pérdidas de casi 3.000 millones de euros durante el pasado ejercicio contrastan con el beneficio neto atribuido de 309 millones que Bankia comunicó para este periodo en rueda de prensa el pasado mes de febrero.
   La entidad precisó entonces que la ganancia suponía un descenso del 13% en relación a los resultados proforma del año anterior, pero que arrojaba un crecimiento del 14% excluyendo el efecto de las dotaciones a provisiones realizadas por la nueva normativa.
   La CNMV decidió no publicar los resultados anuales de BFA y Bankia a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrendara, lo que precipitó la decisión del Gobierno de diseñar un plan de saneamiento con dinero público y desencadenó la dimisión de su entonces presidente, Rodrigo Rato.
   El organismo regulador debería haber recibido las cuentas auditadas el pasado 30 de abril, por lo que BFA y Bankia podrían enfrentarse a una sanción. En su caso, las entidades remitieron la información con fecha de 4 de mayo y sin auditar a través de hecho relevante.
   Los reparos de la auditora Deloitte de estampar su rúbrica en las cuentas anuales respondían a diferencias irreconciliables de valoración de los activos con la dirección de Bankia por importe de miles de millones de euros.
   Según el plan de viabilidad aprobado este viernes Bankia ha detectado la necesidad de saneamientos adicionales en su cartera inmobiliaria de 4.000 millones de euros, en el resto de su cartera crediticia de 5.500 millones, así como minusvalías latentes de 6.700 millones de euros, principalmente en la cartera de participadas y los activos fiscales.

S&P sitúa a Bankia, Popular y Bankinter en 'bono basura'

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar en un escalón el rating a cinco entidades españolas, situando en la categoría de inversión denominada 'bono basura' a tres de ellas, Bankia, Popular y Bankinter, según informó la agencia en un comunicado. 

   Esta decisión se produce como consecuencia del recorte en dos escalones el rating de España a finales del pasado mes de abril, desde 'A/A-1' a 'BBB+/A-2', al entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria", algo que podría repercutir en su opinión negativamente en la calidad crediticia de España.
   En concreto, la agencia ha recortado en escalón, desde 'BBB-' a 'BB+', las calificaciones de estas tres entidades, al mismo tiempo que ha rebajado también en un peldaño los ratings de Banca Cívica, desde 'BB+' a 'BB', y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde 'BB-' a 'B+'. Ambas entidades ya estaban en categoría de 'bono basura'.
   Por otro lado, la agencia ha mantenido sin cambios las calificaciones de otras nueve entidades españolas. Así, confirma las calificaciones a largo plazo de Santander (A-), Banesto ('A-), Santander Consumer (A-) BBVA ('BBB+'), Kutxabank ('BBB-'), Banco Sabadell ('BB+'), así como la de la Confederación Española de Cajas de Ahorros ('BBB-'), y los ratings a corto plazo de BFA ('B') y Caixabank ('A-2').
   Tras esta decisión, la agencia también ha decidido mantener en revisión para un posible rebaja el rating de cinco entidades españolas, Bankia, BFA, Caixabank, La Caixa e Ibercaja. Por su parte, el rating de Banca Cívica sigue en revisión para un posible incremento de la nota.
   La agencia explica que ha recortado el rating de estos cinco bancos debido al deterioro del perfil crediticia propio de cada entidad, que ha sido revisado después de analizar los riesgos económicos a los que enfrente la industria bancaria, debido al impacto que tendrán en el modelo de negocio de Bankinter y en las posiciones de capital de las otras cuatro entidades.
   Asimismo, explica que incorpora por primera vez en los ratings a largo plazo de Popular y Bankia, y de forma indirecta en el de BFA, un impacto positivo del potencial apoyo que recibirían en el corto plazo del Gobierno. "Creemos que el gobierno español aportaría probablemente apoyo en el corto plazo para respaldar cualquier potencial descenso en el capital en estas dos instituciones si fuera necesario", incide.
   Por otro lado, la agencia explica que la perspectiva 'negativa' que otorga a las calificaciones de Santander y sus subsidiarias, BBVA, Popular, Sabadell, Kutxabank y Bankinter refleje la posibilidad de nuevas rebajas de rating si se percibe una creciente presión sobre la fortaleza financiera de los bancos en unas "débiles condiciones" de la economía española. En el caso de Santander y BBVA, la perspectiva 'negativa' también se debe a que esa es que ostenta la deuda soberana de España.
   En el caso de la CECA, explica que su rating mantiene una perspectiva 'estable' debido a que ve actualmente "poco probable" en cambio en la evaluación de su perfil crediticio independiente en los próximos años, siempre y cuando se cumple el escenario base que prevé la agencia.
   Asimismo, explica que mantiene la amenaza de rebajar a Caixabank, La Caixa e Ibercaja a la espera del resultado de las adquisiciones pendientes, ya que su integración podría tener un impacto negativo en su solvencia. Por el contrario, podría aumentar la de Banca Cívica al creer que podría beneficiarse de su integración con Caixabank.
   Además, S&P justifica su decisión de mantener en revisión para una posible rebaja las notas de Bankia y BFA por las "incertidumbres" que rodeen a la reestructuración y el plan de recapitalización de Bankia, así como a los riesgos que puedan surgir durante su implementación.
   Por último, S&P ha rebajado la nota al sistema financiero español desde el grupo '5' al grupo '6' dentro de su escala del uno al diez que mide la fortaleza del sector financiero en función del riesgo país, 'Bicra' por sus siglas en inglés (Banking Industry Country Risk Assessment).

El Gobierno promete un mecanismo para inyectar liquidez a las CC.AA

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado este viernes al portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, que el Gobierno "no dejará caer" a ninguna comunidad autónoma, pero a cambio les exige que cumplan su compromiso con el objetivo de déficit. El Ejecutivo tiene encima de la mesa "varios mecanismos" para resolver los problemas de liquidez de las autonomías pero aún no ha tomado una decisión sobre cuál será el que pondrá en marcha, aunque será "pronto", indican fuentes gubernamentales.

   Rajoy ha trasladado a Duran, durante la reunión que han mantenido durante una hora y media en el Palacio de La Moncloa, que el Ejecutivo se siente "responsable" de todas las comunidades y que, por lo tanto, tiene el "compromiso claro" de no dejar tirada a ninguna. En este punto, ha recordado que su gabinete ha puesto en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria y espera que todas las CC.AA. cumplan el compromiso con el déficit.
   El portavoz en el Congreso de los nacionalistas catalanes ha solicitado la creación de hispanobonos al jefe del Ejecutivo, quien le ha señalado que el Gobierno está estudiando "varios mecanismos" --no tiene por qué ser necesariamente hispanobonos-- y no ha tomado aún una decisión, aunque será en breve, indican fuentes gubernamentales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas apuntó recientemente la posibilidad de que hubiese previsto un instrumento para junio y, de hecho, debe celebrarse una reunión en próximas fechas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Poco antes de la reunión, los medios de comunicación recogían unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidiendo ayuda al Estado para refinanciar la deuda de Cataluña este año y subrayando que su comunidad necesita "pagar a fin de mes", unas palabras que, según fuentes gubernamentales, Duran no ha comentado con Rajoy. Sin embargo, en la rueda de prensa que el portavoz de CiU ha ofrecido después ha resaltado que se ha hecho una "mala interpretación" de esas palabras y que "de ninguna manera" Artur Mas ha solicitado el rescate de Cataluña.
   Ante la propuesta de Duran para que sea la UE y no el Gobierno el que encargue de recapitalizar los bancos con problemas sin necesidad de que lo pida el Gobierno, fuentes de Moncloa se han limitado a señalar que en este momento los bancos españoles no necesitan acudir al fondo europeo de rescate para recapitalizarse.
   Asimismo, Duran ha planteado la reclamación de la Generalitat de que Cataluña tenga un sistema de financiación propio y nuevo, el llamado pacto fiscal, pero ha admitido que este viernes no acudía a Moncloa a hablar de ese asunto. El presidente del Gobierno se ha limitado a "escuchar atentamente" las palabras del dirigente de CiU sobre el pacto fiscal, sostienen las fuentes consultadas.
   En materia económica y europea, Rajoy y Duran han constatado su sintonía en muchos aspectos. El jefe del Ejecutivo le ha informado sobre las reuniones que ha mantenido estos últimos días con mandatarios europeos y el debate que se planteó el miércoles en el Consejo Europeo de Bruselas, así como los cinco mensajes que llevó a esa cumbre: un compromiso claro con la austeridad y la consolidación fiscal; la aprobación de reformas en España para conseguir crecimiento; y la necesidad de hacer reformas también en Europa para ganar competitividad.
   En cuarto lugar, el presidente del Gobierno hizo hincapié en ese Consejo Europeo que hay que resolver los problemas de liquidez y garantizar la sostenibilidad de la deuda, así como lanzar un compromiso claro con el euro, apostando por mecanismos de más integración. Según las mismas fuentes, Rajoy ha tenido la impresión de que el portavoz parlamentario de CiU ha compartido esta exposición y análisis.