Alicante y Valencia más cerca que nunca por autovía

ALCOY.- El Ministerio de Fomento ha puesto hoy en servicio el tramo de la variante del Barranco de la Batalla en Alcoy de la A-7, con el que se completa todo el itinerario de la autovía entre Valencia y Alicante. Con la apertura de este último tramo de la A-7, que ha contado con una inversión del Gobierno de España de 95 millones de euros, la conexión vial por las comarcas del interior de las provincias de Valencia y Alicante "se beneficia de un nuevo corredor de alta capacidad, elevados niveles de funcionalidad y de seguridad vial". Además, abre la posibilidad de evitar el peaje de la autopista por el litoral AP-7. 

La inversión total de Fomento para completar la autovía A-7 entre Valencia y Alicante ha ascendido a 316,3 millones de euros. El tramo de la variante del Barranco de la Batalla de la A-7 se localiza íntegramente en el término municipal de Alcoy y supondrá un beneficio circulatorio para más de 25.000 vehículos al día. El trazado se inicia a continuación del tramo de autovía de la variante de Ibi-Castalla, en el enlace de Jijona, y finaliza en el tramo de autovía de la variante de Alcoy, en su enlace sur, que conecta con la ciudad alcoyana a través de un ramal que se puso en servicio en diciembre de 2009.

Este tramo de autovía, de 4,5 kilómetros de longitud, está compuesto por dos calzadas, una de dos carriles y otra de tres, de 3,50 metros de anchura cada uno, arcén interior de 1,00 metros y exterior de 2,50 metros. Las calzadas están separadas por una mediana variable de 2 a 25 metros a lo largo de su traza. La compleja orografía ha obligado a la construcción de grandes estructuras, entre las que destacan los túneles sur y norte del paraje la Font Roja, constituidos por dos tubos dobles de más de 900 y 600 metros de longitud respectivamente; un viaducto doble sobre el Barranco de la Batalla de 205 metros de longitud total, con luz máxima de 103 metros y altura máxima en pilas de 61 metros; y un sistema de pasos de fauna sobre la autovía como protección ambiental de la zona.

Además, la Variante del Barranco de la Batalla "ha visto su diseño y ejecución condicionada de manera muy significativa debido a que atraviesa parajes de gran valor ambiental", como son el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, el Bien de Interés Cultural del Molinar de Alcoy y el Lugar de Interés Comunitario de la Cueva Juliana. Dado que el tramo se localiza en las proximidades de la cueva Juliana, habitada por una colonia de murciélagos, la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana estableció una serie de medidas para compatibilizar la construcción de la infraestructura y los objetivos de conservación.

Estas medidas han consistido, entre otras, en el seguimiento periódico y control de la integridad de la cueva y su microclima a través de mediciones de vibraciones, temperatura y humedad, así como los censos de las colonias de quirópteros que habitan en su interior.

CCOO gana las elecciones sindicales en RTVV

VALENCIA.- El sindicato CCOO ha ganado las elecciones sindicales al Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV), en las que ha participado el 79,34 por ciento de los trabajadores, según ha informado el ente público en un comunicado.

   Por primera vez, han presentado candidatura seis sindicatos. En concreto, CCOO ha obtenido 378 votos, por lo que tendrá seis delegados, los mismos que Intersindical, que ha logrado 358 apoyos.

   Por su parte, CSIF, con 180 votos, USO, con 153, y CGT, con 105, contarán con tres delegados cada uno en el Comité de Empresa de RTVV. Asimismo, CGT tendrá dos delegados al obtener 105 de los votos emitidos.                        

   La dirección de la empresa pública ha agradecido a todos los trabajadores su participación en la elección de los representantes del Comité de Empresa.

El PSPV denuncia que Crespo ha prohibido una charla de los socialistas sobre el caso Emarsa

VALENCIA.- La agrupación socialista de Manises ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento ha dado órdenes a los responsables de la Casa de la Cultura para prohibir la entrada al recinto a los políticos y ciudadanos que iban a asistir a la charla organizada por el PSPV para hablar sobre el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, el conocido como 'caso Emarsa', en el que está imputado el alcalde 'popular' del municipio, Enrique Crespo.

   En un comunicado, los socialistas han señalado que en la charla, programada y autorizada a las 19.30 horas en la Casa de Cultura a las 19.30 horas, estaba prevista la participación de la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Valencia, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el diputado Josep Santamaría, quienes también iban a analizar las inversiones realizadas por el Ejecutivo central en la localidad.

   No obstante, según su versión, los responsables de la Casa de Cultura "han impedido el acceso a los responsables políticos y a los vecinos y vecinas que pretendían participar y la charla se ha tenido que suspender".

   Santamaría ha denunciado el hecho de que "sea precisamente un presunto delincuente como Enrique Crespo, investigado por la desaparición de decenas de millones de euros de los vecinos y vecinas de Valencia y los municipios de l'Horta, quien haya optado por la censura y la imposición, en una actitud caciquil impropia de estos tiempos" y le ha reprochado que "no podía tener una peor despedida".

   "Es lamentable la poca talla política de algunos dirigentes del PP, que mientras han permitido bajo su mandato que los saqueadores de la depuradora camparan a sus anchas por las instalaciones de Pinedo, ahora opten por atacar los pilares básicos de un estado de derecho y se inventan burdos pretextos sin ningún fundamento para impedir un acto de libertad", ha agregado el diputado, que ha insistido en que "nadie va a callar al PSOE, que seguirá "denunciando la corrupción del PP".

   En cualquier caso, ha instado al presidente del PPCV, Alberto Fabra, a "cesar ya a este presunto estafador con actitudes neofascistas y que no tolera la libertad de expresión".

   Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE de Manises, Pilar Molina, ha lamentado que la localidad "protagonice un nuevo escándalo de la mano de Crespo", aunque ha apuntado que actitudes como esta les animan "a continuar trabajando para devolver la normalidad a Manises".

El Síndic de Greuges reitera a Canal 9 la obligación de programar en valenciano

ALICANTE.- El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha reiterado ante la dirección general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) la obligación de intensificar su programación en valenciano, según ha informado en un comunicado la institución del defensor del pueblo valenciano.

   Asimismo, y debido a la actual situación económica de la televisión autonómica, José Cholbi ha sugerido a su máximo responsable, José López Jaraba que, según su disponibilidad presupuestaria, arbitre todas las medidas que sean necesarias para aumentar progresivamente la programación y formatos televisivos en valenciano.

   José Cholbi se dirigió a la dirección general de RTVV como consecuencia de la queja presentada por un particular, en la que éste denunciaba que la televisión autonómica emite habitualmente series de televisión extranjeras dobladas al castellano, mientras que en otros canales de otras televisiones autonómicas, "que se encuentran dentro de nuestro sistema lingüístico", sí se emiten dobladas.

   Tal es el caso, según citaba el autor de la queja, de los títulos de algunas de estas series, como son 'Damages', 'The Vampire Diaries', 'The Guardian' y 'Hawthorne'.

   En su respuesta al requerimiento inicial del síndic José Cholbi, RTVV manifestaba que la radio y televisión autonómicas promueven el fomento de la lengua y la cultura valencianas en casi toda la programación de sus cadenas.

   Así, Canal 9 emite 24 horas mayoritariamente en valenciano; Canal Nou 2 emite 24 horas diarias íntegramente en valenciano, y el Canal Nou/24 también emite 24 horas, mayoritariamente en valenciano los programas, reportajes, entrevistas y documentales que ofrecen una visión más amplia que la pura noticia de otros canales generalistas.

   López Jaraba sigue informando al síndic que 'Radio 9' y 'Sí Ràdio' emiten íntegramente en valenciano y una oferta multimedia moderna de acceso universal en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

   Ante la insistencia del síndic, José Cholbi, para que el Grupo RTVV incremente su producción en valenciano, López Jaraba se refiere a la población castellanoparlamente de la Comunidad Valenciana a la hora de justificar los programas puntuales, y aquellas franjas horarias que tienen programación en castellano como lengua vehicular --lengua totalmente oficial en la Comunidad-- que justifican el derecho a emitir dicha programación.

   "No olvidemos --añade el director general de RTVV en su respuesta--, que la Comunidad Valenciana tiene dos lenguas oficiales, el valenciano y el castellano, que tienen el mismo valor para la Generalitat y sus instituciones y empresas públicas, como es el caso de RTVV".

   En respuesta a las manifestaciones de responsable del Grupo RTVV, José Cholbi reitera que la televisión autonómica debe aumentar progresivamente la programación y los formatos televisivos en valenciano.

José Luis Olivas dimite como presidente de Banco de Valencia

VALENCIA.- El actual presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas Martínez, ha presentado su dimisión como presidente de la entidad y como consejero, en representación de Bancaja, según ha comunicado la entidad en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Olivas será sustituido en el cargo por el actual consejero delegado del banco, Aurelio Izquierdo Gómez, quien lo ejercerá como Presidente Ejecutivo.

Izquierdo Gómez dejó a principios de octubre el puesto de director general de Negocio de Bankia, cargo que ocupaba desde el pasado 16 de junio.

España reglamenta la prestación de paro para autónomos

MADRID.- El Consejo de Ministros reglamentó este viernes la prestación por el cese de la actividad de los trabajadores autónomos, cuyas cotizaciones ya están contando desde hace un año, y para el que se establece un máximo de doce meses de cobro.

Esta medida viene a reglamentar la Ley de prestación por cese de actividad aprobada hace un año.

"En aquella norma se preveía entre otras cosas que se estudiaría la creación de una prestación específica para los autónomos, para que cuando alguno tuviera que cesar en su actividad por factores económicos pudiera haber una forma de proteger a ese trabajador autónomo", dijo el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Gómez destacó que la ley que consagra el derecho a estas prestaciones es la primera en dar una cobertura de este tipo en Europa.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en la actualidad hay más de 500.000 cotizantes a este sistema de protección, a los que hay que sumar casi 150.000 trabajadores por cuenta propia agrarios que se incorporarán al sistema en 2012.

El sistema es contributivo y no se financia con impuestos, sino con el 2,2 por ciento de la base de cotizaciones que los trabajadores aportan a la seguridad social.

El importe mensual a percibir por los beneficiarios es del un 70 por ciento de la base de cotización, y se establece una escala progresiva de duración de la protección mediante la cual se incrementan los meses de protección, con un tramo mínimo de 12 meses y un máximo de 48 en adelante.

El periodo mínimo de protección son dos meses (con 12 meses cotizados) y el máximo doce meses (con 48 o más meses cotizados).

Adicionalmente, los autónomos que coticen por esta contingencia verán reducida en un 0,5 por ciento su cotización por cobertura de incapacidad temporal.

Además, el consejo de ministros tomó la decisión de regular las prácticas no laborales para jóvenes con cualificación y sin experiencia de trabajo.

Esta modalidad contractual de prácticas será aplicable a jóvenes con título universitario o de formación profesional (FP), deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de un tutor y tendrán una duración de entre 6 y 9 meses.

La medida está destinada a mejorar la tasa de desempleo juvenil, que en España supera holgadamente el 40 por ciento.

Los jóvenes en prácticas bajo esta modalidad percibirán una beca de apoyo con un mínimo del 80 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Ese porcentaje del IPREM sería en 2011 de algo más de 420 euros mensuales.

A estas prácticas también se les aplicarán los mecanismos incluidos en la última de la reforma de ley de pensiones, que establece que las mismas computen como período cotizado hasta un máximo de dos años a efectos de jubilación. Para ello, las empresas deben aportar cotizaciones a la seguridad social en concepto de seguro por accidentes de trabajo -no para la prestación por desempleo-.

Consultado por la Encuesta de la Población Activa (EPA) publicada el viernes, que arrojó la tasa de paro más alta de España en los últimos 15 años, Gómez dijo que era un "dato malo, sin ambages, porque correspondiendo al comportamiento del empleo en el tercer trimestre ha arrojado perdida de ocupación, esto no es habitual".

Gómez destacó que en otras épocas de crisis ya se había dado un dato de empleo negativo en el tercer trimestre, pero reconoció que nunca lo fue con tanta intensidad.

"Estos 145.000 empleos perdidos son uno de los peores resultados", dijo, aunque señaló que los dos factores esenciales que explican la destrucción de empleo son el comportamiento del sector de la construcción y los recortes de empleo relacionados con la administración pública.

En el tercer trimestre, la construcción perdió 26.000 empleos, para quedar con 455.500 parados, un 9,1 por ciento del total, mientras que en la administración pública -tanto estatal como de Comunidades Autónomas- se perdieron unos 40.000 puestos de trabajo, dijo el ministro.

El Supremo sentará en el banquillo a Garzón por las escuchas de la Gürtel

MADRID.- El Tribunal Supremo sentará el próximo 29 de noviembre en el banquillo al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, según informaron fuentes del alto tribunal.

   La Sala de lo Penal todavía no ha dado a conocer el auto en el que señala la fecha del juicio oral en la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales.

   Por estos hechos, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución del juez mientras que las acusaciones, ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo, piden que sea inhabilitado durante 17 años.

   El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel'y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

  Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

   La Sala que juzgará a Garzón estará integrada por los magistrados que admitieron la causa y participaron en la fase de instrucción el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés.

  El alto tribunal rechazó el pasado 29 de septiembre la abstención de este último magistrado al considerar que su intervención en la admisión del proceso no suponía que hubiera incurrido en una situación de "imparcialidad objetiva".

   El juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrararse por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

  Fue el pasado 11 de abril cuando el Supremo dictó la apertura del juicio oral contra Garzón por autorizar la escucha de las intervenciones telefónicas de los imputados de la trama que se encontraban en prisión con sus abogados defensores.

   El magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, consideró entonces que el magistrado tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.

  El auto especificaba así que Garzón, actualmente suspendido cautelarmente de sus funciones, podía haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación, sostuvo.

   El magistrado instructor rechazó en mayo las diligencias de prueba que solicitó en su defensa Baltasar Garzón al argumentar que "cualquiera que fueren los indicios que tuviera contra los imputados no podía instalar micrófonos en los locutorios penitenciarios si los indicios (*) no se extendían también a los letrados".

   Baltasar Garzón se ha incorporado recientemente al Comité de Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, para el que fue seleccionado el pasado mes de julio, tras recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   El órgano de gobierno de los jueces también concedió al juez suspendido la situación de "compatibilidad por periodo de un año" para poder ejercer como asesor del Gobierno colombiano en el marco de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en ese país, por lo que podrá compatibilizar ambas colaboraciones.

La deuda soberana y el refuerzo del sector financiero / Ángel Tomás Martín *

En un artículo publicado recientemente, exponía lo que podría ser una buena solución para liberar al sistema bancario de sus activos inmobiliarios no deseados y actualmente sensiblemente depreciados, sustituyéndolos por tesorería con destino obligado a la creación y expansión de empresas como única solución para la regeneración de la crisis. 

 

Alemania sigue buscando la solución para inyectar al sistema financiero el capital necesario para evitar la espiral creciente de deterioro generalizado de sus balances, que de no materializarse en un plazo relativamente corto, llevaría al mayor desajuste económico jamás conocido. 

 

Carecer de la liquidez necesaria crea desconfianza y paralización económica, dejando a España prisionera del endeudamiento público, (incluyendo a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales) y del endeudamiento privado (personal, empresarial y del sistema bancario).

Inyectar tesorería a la banca a través de cualquiera de los sistemas posibles, crearía los cimientos necesarios para iniciar el crecimiento de la economía comunitaria; pero el monumental nivel de la deuda soberana, ya con difícil colocación, forzaría de nuevo su suscripción utilizando los nuevos fondos de recapitalización, y por tanto, seguiríamos con estancamiento y posiblemente recesión.

Ayudar y agilizar las entidades de crédito saneando sus balances, sin acometer antes o en paralelo la solución del endeudamiento de todos los Estados asociados, nos llevará a un círculo vicioso de resultado letal.

La situación de endeudamiento público se ha intentado paliar de forma desordenada y con parches, sin aplicar todos los recortes necesarios ni la austeridad a que obliga una práctica presupuestaria proporcional a las posibilidades de recaudación reales. Los administradores públicos han derrochado sin tasa y han prescindido de todos los sistemas administrativos de control e intervención legalmente establecidos, relajando y desoyendo a los Órganos Supervisores Oficiales del sistema financiero.

Ciertos gobiernos europeos, sin el nivel de conocimientos de economía suficientes, se olvidaron de estudiar “la desviación de la continuidad”, y de revisar la recurrencia de la etapa de auge, y así le ha ido a Europa, sin que se salve tampoco EEUU. Nuestra prepotencia y presunción no ha ido acorde con la dimensión de los desequilibrios larvados.

La eurozona se construyó por medio de adhesiones desordenadas y con ausencia de intereses privados; estamos pues, en el “coste de oportunidad de la utilización de los recursos financieros”. Algunos estadistas deberían imitar a tantos buenos y ejemplares empresarios, verdaderos emprendedores y creadores de puestos de trabajo, que cimentan su gestión siendo eficaces, previsores y éticos, operando sobre expectativas y observando los cambios de tendencias.

Los esfuerzos separatistas y nacionalistas contribuyen a la desunión de la política y la economía en Europa. Sirva de ejemplo la llamada muerte lenta de Bélgica y de algún otro país
de la Unión, que invitan a reflexionar sobre la importancia de unificar las políticas económicas, financieras y fiscales. La gestión indisciplinada siempre conduce al mismo recorrido: gastar desordenadamente y contraer un endeudamiento creciente con dificilísima posibilidad de amortización, eso sí, recurriendo al préstamo exterior y a la subida de impuestos que acabarán soportando las familias y las empresas. No reconocer los errores, ni dar paso a otros con más preparación y valía es la gran pesadilla que se ha de soportar.

La incompatibilidad de financiar la banca sin resolver el endeudamiento soberano, es la duda y paralización en que se encuentra la Comisión Europea ante el temor de ver frustrado el intento posiblemente absorbido por las inevitables nuevas emisiones carentes de la suficiente garantía estatal. La amenaza de quitas a determinados países periféricos, no solo desprestigiaría por muy largo tiempo, sino que dañaría de nuevo la tesorería de los bancos que fueron inducidos a suscribir en anteriores emisiones.

En la nueva etapa que hemos de emprender, no debemos repetir errores básicos anteriores.

Citemos algunos sin pretender ser exhaustivos:

– Aprobar presupuestos irreales o falsos.

– Falta de análisis y fijación de techo a los presupuestos de las distintas Administraciones

– Ausencia de auditorías profundas y fiables de las contabilidades Públicas.

– Suprimir Intervenciones Generales del Estado, ejemplares y necesarias siempre.

– Falta de adopción de todas las medidas exigidas por Bruselas a fin de alcanzar el 3 por ciento del PIB para el 2013, sin cuya consecución no recibiremos el apoyo necesario.

– Atrasar la publicación de “las previsiones reales de la economía” (pospuesta recientemente para después del 20Ncon grave perjuicio para las comunidades autónomas).

– Prescindir de las “aportaciones participativas en empresas patrimoniales”.

Hemos perdido mucho tiempo y la estabilidad del euro necesita con urgencia un gran liderazgo capaz de aunar voluntades y esfuerzos, de promover regulaciones obligatorias y de establecer los controles y sanciones concretas aplicables a los Miembros de tendencias personalistas e insolidarias.

(*) Economista y empresario