domingo, 21 de febrero de 2016

Las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat logran su máximo histórico en 2015


 VALENCIA.- Las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana han alcanzado los 5.841 millones de euros en 2015, lo que representa un máximo histórico respecto al mismo periodo de la serie estadística desde 1995.

Las exportaciones de este sector han aumentado un 12,5 % el ejercicio pasado en relación a 2014, según ha informado la Generalitat.
Las ventas al exterior del sector agroalimentario valenciano representaron el 20,5 % del total de la exportación de la Comunitat, que fue de 28.556,6 millones de euros.
Es el sector que aporta el segundo mayor saldo positivo a la balanza comercial exterior (2.439,1 millones de euros), por detrás del automóvil (3.178,9 millones de euros).
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en el ránking de exportación de productos agroalimentarios con el 14 % de las exportaciones nacionales, por detrás de Cataluña y Andalucía.
Por productos, las exportaciones de frutas ascendieron a 3.163 millones de euros en 2015, el 54,1 % de las exportaciones agroalimentarias y un aumento del 14,4 % respecto al mismo periodo del año 2014.
Las ventas de hortalizas ascendieron a 768 millones de euros, lo que comporta un porcentaje sobre el total de exportaciones agroalimentarias del 13,1 % y un aumento del 10,5 %.
Los principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana entre enero y diciembre de 2015 han sido Alemania y Francia con un porcentaje sobre el total del 20,2 %, Italia, con el 8,6 %, Reino Unido, con el 6,7 %, y Países Bajos, con el 5,2 %.
Destaca el incremento interanual de las exportaciones agroalimentarias a países como Suiza (con un aumento del 36,4 %), República Checa (26,3 %), Alemania (26,1 %) e Italia (20,5 %).

Les Corts votarán ampliar el consejo de Transparencia para que entre el PP

VALENCIA.- El pleno de Les Corts Valencianes debatirá la próxima semana un cambio en la ley de Transparencia, para establecer que el número de miembros del Consejo de Transparencia sea similar al de grupos parlamentarios y que haya paridad entre hombres y mujeres.

La modificación se propuso de manera conjunta por PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos el pasado noviembre, después de que en la primera elección de los componentes de este nuevo órgano se designara a los cuatro candidatos propuestos por esos grupos y quedara fuera el del PP, que quería presidirlo.
El cambio legislativo plantea que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, se elegirá al componente que falta, y que en la composición final del consejo -formado actualmente por dos hombres y dos mujeres- se respetará la paridad entre mujeres y hombres.
El Consell se ha mostrado favorable a la tramitación de esta modificación, dado que ha sido presentada por cuatro grupos parlamentarios "con un grado de consenso que es coherente con la importancia e independencia que debe tener el órgano".
El pleno, que incluirá una nueva sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, debatirá también una propuesta del PP que plantea instar al Consell a "mantener las unidades educativas concertadas respetando la libertad de elección de centro por parte de los padres".
Los socialistas defenderán la necesidad de que se derogue la llamada "ley Mordaza", y Compromís planteará instar al Consell a emprender todas las acciones necesarias y legalmente posibles para reconocer el derecho de las mujeres a amamantar sus hijos en cualquier espacio público.
Ciudadanos planteará que antes de efectuar cualquier contratación de obras y servicios para la nueva RTVV haya un informe previo y vinculante del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, y Podemos defenderá que se cree una mesa negociadora del personal de les universidades públicas donde negociar la carrera profesional.
El último punto del pleno será una moción del PP que pide instar a que la nueva comisión de valoración acometa una revisión de las adjudicaciones realizadas en las distintas plazas de gerentes de los departamentos de salud pública.
La actividad de Les Corts comenzará el lunes con la reunión de la comisión de Coordinación, en la que el PP defenderá una propuesta para que se proclame la "plena vigencia y validez" de la Real Senyera y el himno oficial con música del maestro Serrano y letra de Maximiliano Thous como símbolos de la Comunitat, y pidan al Consell actuar con diligencia frente a las "ofensas" a esos símbolos.
El martes, comparecerá en la comisión de Economía el síndico mayor de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para exponer el último informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, correspondiente el ejercicio 2014.
El martes por la tarde se reunirá comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, donde comparecerán la exdirectora general de RTVV Rosa Vidal y el presidente de la Federación de Empresas Audiovisuales Valencianas, Raúl Carbonell, para hacer aportaciones a la futura ley sobre el servicio público de RTVV.
La actividad parlamentaria de la semana concluirá el viernes con la séptima jornada de comparecencias ante la comisión de investigación sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia ocurrido el 3 de julio de 2006.

La CSI·F pide a Sanidad requiera de oficio antecedentes del personal sanitario

VALENCIA.- El sindicato CSI·F ha pedido por escrito a la Conselleria de Sanidad que requiera de oficio al Ministerio el certificado de antecedentes penales del personal sanitario, con el fin de agilizar las contrataciones y evitar las colas, los desplazamientos y el coste de dinero a los trabajadores.

Un procedimiento similar ya se aplica en Educación para la gestión de becas, ya que los afectados autorizan la consulta de sus datos fiscales.
Para el certificado de penales existe la misma posibilidad si se tiene "voluntad política" de que funcione una administración ágil, según el sindicato.
El CSI·F ha recordado que la Conselleria de Sanidad ha anunciado que a partir del 1 de marzo solicitará el certificado que acredite carecer de antecedentes de abusos a menores al personal que cubra sustituciones, y ha advertido de las "largas colas" que se están formando en otras comunidades y del retraso en la expedición de los certificados, debido en gran parte, a falta de personal.
La propia web del Ministerio del Interior especifica, según el CSI·F, que las personas que trabajan con menores en el ámbito de una relación laboral con una administración pública no es necesario que soliciten el certificado de manera personal e individualizada.
"Es suficiente -indica- con autorizar a la administración para la que trabajan a que acceda a su información penal a través de la plataforma de intermediación de datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".

La Diputación de Castellón destina 1,6 millones a 41 programas de empleo

CASTELLÓN.- La Diputación de Castellón ha invertido 1,6 millones de euros a 41 programas para desempleados, emprendedores y empresas consolidadas, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, ha animado a los ayuntamientos "a que se adhieran para poder impartir los talleres que más se identifiquen con las necesidades laborales y económicas de sus municipios".
"Nuestra prioridad es ayudar tanto a ayuntamientos como a empresas a generar empleo en la provincia, principal preocupación de los castellonenses", ha agregado.
La Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica de la Diputación 2016 consta de tres planes que pretenden alcanzar a más de 8.000 personas (en 2015 se alcanzaron a 8.128).
Se trata del Plan Provincial de Formación e Intermediación Laboral (para desempleados con 14 ambiciosos programas y 18 talleres de formación); Plan Provincial de Promoción de Iniciativas Empresariales (dirigido a emprendedores con 16 novedosos programas y 11 acciones formativas), y el Plan Provincial de Consolidación Empresarial (dirigido a empresas consolidadas con 11 programas y 9 cursos).
Como novedad en 2016, se ha incluido un programa de fomento de la empleabilidad de las mujeres, el cual dará respuesta global a las necesidades específicas de este colectivo, y se pondrá en marcha el Programa de Prospección de empleo, cuyo objeto es reforzar la agencia de colocación de Diputación.

Concluyen las declaraciones por blanqueo, una de las ramas del 'caso Imelsa'

VALENCIA.- Las declaraciones de los 49 investigados por blanqueo en el PP de Valencia concluyen mañana mientras el foco de atención del caso Imelsa se desplaza hacia otras supuestas irregularidades detectadas en esta operación, como las comisiones ilegales o la contratación encubierta de asesores políticos.

A falta de la declaración de un asesor mañana, cuya citación fue aplazada porque su abogado debía participar en las sesiones del caso Nóos en Palma de Mallorca, la ronda de declaraciones de los 49 investigados por blanqueo, 17 de ellos concejales o exconcejales, ha concluido.
Por el supuesto caso de blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción no pedirá el sobreseimiento de la causa para ninguno de los investigados, no solicitará nuevas citaciones ni tampoco testificales, según explicaron fuentes del caso.
En su vertiente política, este caso ha supuesto la práctica disolución de la organización del partido en la ciudad, tras la suspensión de militancia del presidente local del partido y portavoz, Alfonso Novo, y el nombramiento, el pasado viernes, del diputado y exconseller Luis Santamaría como responsable de la nueva gestora.
De las escuchas, registros y testimonios recabados durante meses en la investigación del conocido como caso Imelsa se han destapado al menos otras dos ramificaciones al margen de este supuesto caso de blanqueo.
Una, la considerada pieza principal, se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat para construir colegios) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
Otra, que de momento se dirime únicamente en sede policial, tiene que ver con la supuesta contratación encubierta de personal por parte de Imelsa y trata de dilucidar si esas personas en realidad ejercían como asesores de los grupos políticos representados en el consejo de administración de Imelsa.
Así, está previsto que mañana concluyan las declaraciones por el supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP de la ciudad de Valencia y que el martes y el miércoles se tome declaración a 12 personas por su relación con la pieza principal del caso.
En total son más de 80 los investigados entre políticos, asesores y empresarios por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, contenidos en un sumario que seguirá siendo secreto al menos hasta el 14 de marzo.
Por otra parte, está previsto que el martes y el miércoles declaren también, en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, los vicepresidentes tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís), y cuarto, Rosa Pérez (EU), además del asesor Raúl Pardos (PSPV) en relación con la supuesta contratación encubierta de asesores.
La dirección de Imelsa ha despedido a cinco personas que trabajaban en el servicio de Protocolo de la institución y a seis que lo hacían en el gabinete de prensa siendo personal contratado por la empresa pública Imelsa, unos despidos que se estaban procesando desde finales de enero, fechas desde la que estas personas estaban en situación de permiso retribuido, y que no guardan relación con la citación policial de los actuales dirigentes de la Diputación.
Además, en julio y agosto del año pasado también se despidió a una veintena de personas de Imelsa que realmente no trabajaban donde se suponía que debían estar o incluso no acudían a ningún puesto de trabajo.
Según recoge un informe interno de la institución provincial, fueron despedidas ocho personas a sueldo de Imelsa que trabajaban como asesores de los miembros del consejo de administración de la empresa pública, entre los que, según fuentes de la institución provincial, había asesores del PSOE, PP, EU y Compromís.

Los jueces de Valencia reclaman medios para la atención en asistencia social

VALENCIA.- Los jueces de Valencia han reclamado la apertura en la Ciudad de la Justicia de una oficina con personal cualificado para informar sobre servicios y ayudas en materia de asistencia social a las personas que acuden a diario a los juzgados.

Los jueces de este partido judicial han alertado de la cantidad de conflictos sociales que afloran a diario en los juzgados sin que exista la posibilidad de darles más respuesta que la jurídica, que, por muy acertada que sea, "resulta insuficiente" si no va acompañada del oportuno asesoramiento asistencial, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha explicado que detrás de un conflicto jurídico por violencia de género, de un enfrentamiento familiar o vecinal, de un proceso de incapacitación de un anciano sin recursos o de un lanzamiento (desahucio) afloran "centenares de problemas sociales" que afectan por lo general a familias desestructuradas, personas desarraigadas o que viven en la más absoluta pobreza o con recursos limitados.
"En estos casos el pleito no es más que la punta del iceberg de un problema social o familiar mucho más profundo que se oculta detrás del conflicto jurídico", señala Viguer.
Ha recordado que en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se tratan asuntos relativos a más de 800.000 personas, acuden a diario entre 12.000 y 15.000 ciudadanos por problemas jurídicos que, en muchos casos, ocultan situaciones de exclusión social en las que se precisaría intervenir con urgencia y dando "una respuesta integral más allá de lo estrictamente jurídico".
La oficina, según el decano, debería estar atendida por un trabajador social y un abogado.
"Con un escasísimo coste podría ofrecerse un servicio de evidente utilidad social a los ciudadanos, especialmente a aquellos que se hallan en una situación más vulnerable, aprovechando las infraestructuras judiciales y la coyuntura que implica la existencia de un pleito, litigio, proceso o conflicto jurídico", subraya.
La petición de los jueces de Valencia para que se cree una oficina de asistencia social a disposición de todos los órganos judiciales, especialmente a disposición de los Juzgados de Guardia, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Menores, Incapacidades y del servicio que ejecuta los desahucios, cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Una vez estudiada la propuesta, la Sala de Gobierno del TSJCV ha autorizado al decano a entablar los contactos necesarios con los organismos públicos y corporaciones profesionales con competencias en la dotación de medios personales y materiales para que la oficina sea una realidad.
El Tribunal valenciano ya ha hecho llegar la petición de los jueces de Valencia a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas; al Ayuntamiento de Valencia y al Colegio de Abogados.

La 'Aemet' prevé temperaturas de hasta 24 grados el martes en Valencia

VALENCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana cálida en la Comunitat Valenciana con temperaturas máximas que podrían llegar a los 24 grados en la ciudad de Valencia.

Para mañana lunes la previsión en las capitales de provincia es de 24 grados en Valencia, 22 en Alicante y 18 en Castellón de la Plana, mientras que para el martes 23 se esperan también 24 grados en Valencia, y uno mas en Alicante (23 grados) y Castellón (19), según los datos previstos.
En concreto en la ciudad de Valencia la máxima de hoy de 17,8 grados dejará paso a temperaturas más suaves que irán en ascenso hasta el martes y después bajarán algún grado, con una evolución de descenso a 20 grados el próximo viernes.

Sanidad administra en la Comunitat 704.251 dosis de vacunas en la campaña de la gripe

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha administrado 704.251 dosis de vacunas contra la gripe en la presente campaña, que se ha prorrogado quince días más allá de la fecha de finalización prevista, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Del total de las dosis 77.703 corresponden a la provincia de Castellón (11,03 %), 361.574 a la de Valencia (51,34 %) y 264.974 a la de Alicante (37,62 %) y se han administrado 3.014 dosis más que la campaña anterior 2014-2015.
Los epidemiólogos de la dirección general de Salud Pública han destacado que este año la llegada de la gripe a la Comunitat Valenciana ha presentado un mes de retraso en relación a temporadas pasadas, con una tasa de incidencia muy baja.
En la última semana epidemiológica registrada oficialmente (que va del 8 al febrero al viernes 14 del 2016), la tasa de incidencia ha sido de 81,1 casos por cada 100.00 habitantes frente a los 176,7 del año 2015 por las mismas fechas, donde se observa que ha habido mucha menor incidencia en la actual campaña.
La cobertura alcanzada en mayores de 64 años ha sido del 50.73 % para el conjunto de la Comunitat, lo que supone 0.08 puntos por encima de la alcanzada el año anterior.
Respecto al personal sanitario, se ha alcanzado una cobertura de 46.55 %, es decir, 2.86 puntos por encima de la alcanzada en la misma fecha del año anterior.
Cabe añadir que un 3,8 % del total de las dosis declaradas esta campaña, han sido administradas al personal sociosanitario.

La Generalitat estima en 10.000 millones la cifra que reclama condonar del FLA por la infrafinanciación

VALENCIA.- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha estimado en una cifra no inferior a 10.000 millones de euros la cantidad acumulada que se debería condonar a la Comunitat Valenciana por la infrafinanciación, pero ha precisado que es un importe que se debe afinar.

Soler se ha referido así, tras asistir a una celebración del Día de Andalucía en el municipio de Mislata, a la reivindicación realizada hoy por los presidentes de la Generalitat, Ximo Puig, y de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que se condone la devolución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades infrafinanciadas en una cantidad equivalente a lo que han dejado de percibir respecto a la media española.
El conseller ha afirmado que hay que ajustar esa cifra de 10.000 millones porque las desviaciones del déficit son anuales y, por tanto, diferentes en cada ejercicio, y en concreto la correspondiente a 2015 va a ser "mucho mayor de lo que se pensaba".
La última aportación que ha recibido la Comunitat Valenciana por el FLA asciende a 1.430 millones para la desviación del déficit de 2014, según Soler, que ha agregado que la desviación de 2015 se conocerá el 31 de marzo.
Esta reclamación es "el primer paso", ya que la deuda total de la Generalitat es de 40.000 millones, más del 40 % del PIB regional, que se han acumulado por "una gestión inadecuada" de gobiernos anteriores y sobre todo, ha dicho, por la infrafinanciación.
A juicio del conseller, se trata de empezar a hablar "en serio" sobre discriminación de un sistema "que no es igual para todos" y que es "asimétrico", y en el que existe una "diagonal" entre el noreste y el suroeste en el que unas comunidades están mejor que la media y las otras peor.
La parte del Mediterráneo (Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares e incluso Castilla-La Mancha) serían las comunidades que necesitan "medidas urgentes", sin esperar al cambio del sistema de financiación, según Soler.
Ha añadido que reclamar la condonación de la deuda acumulada por el déficit es "un primer paso necesario" para comenzar a trabajar en el cambio del modelo de financiación autonómica.
Según ha recordado, los Presupuestos de la Generalitat para este año recogen 1.300 millones que tienen que llegar del Estado "de cualquier manera".
"Queremos una España donde la singularidad de los territorios sea compatible con la igualdad de las personas, sobre todo en los servicios básicos", ha reclamado.
El conseller ha anunciado que se reunirá próximamente con la responsable andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, para exponer la propuesta del Gobierno valenciano sobre la reforma del sistema de financiación, si bien no se ha concretado la fecha todavía.
Ha defendido que la propuesta de la Comunitat es "una propuesta para toda España que resuelve los problemas de asimetría".
Soler ya se reunió a principios de este mes con la consellera de Hacienda de Baleares para buscar alianzas con el fin de la reforma inmediata del sistema de financiación.

Fallece a los 86 años Elías Llagaria, capellán del Valencia CF durante 34 años

VALENCIA.- El sacerdote Elías Llagaria, que fue capellán del Valencia C.F. durante 34 años, ha fallecido a los 86 años. La misa exequial por su eterno descanso se celebrará mañana, lunes, a las 16,30 horas, en la parroquia de su localidad natal, Villanueva de Castelló.

Elías Llagaría había recibido la ordenación sacerdotal en Gandia en 1953. Estaba adscrito a la parroquia de San Juan y San Vicente de Valencia C.F. y era el director de la Escuela de Deportes de la Iglesia "Benimar" desde 1962.
El fallecido fue una persona muy querida en el Valencia CF, del que fue sacerdote entre 1961 hasta 1995, recibió precisamente hace casi dos años, el 7 de marzo de 2014, un homenaje por parte del Valencia CF en un acto “privado y cargado de emotividad", donde recibió, además, el merecido homenaje en el palco VIP, donde le entregaron como obsequio una camiseta serigrafiada con su nombre y la insignia del club.
“Ha sido un sueño cumplido ser el capellán del equipo de mi corazón. Este sueño empezó en 1961 y pido a la Virgen que ampare al Valencia Club de Futbol. Amunt Valencia”, explicaba Elías Llagaria visiblemente emocionado al recibir los obsequios.

Susana Díaz y Ximo Puig piden que se condone una parte del FLA a las comunidades infrafinanciadas

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han propuesto este domingo al Gobierno central que condone, a las comunidades infrafinanciadas, la devolución de una parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en concreto, la cuantía que han recibido menor a la media estatal en el modelo de financiación desde que empezó a aplicarse este sistema en el año 2009.

Así lo han trasladado Puig y Díaz en una rueda de prensa que han ofrecido en el Palau de la Generalitat tras mantener una reunión. Ambos dirigentes han coincidido en que sus respectivas comunidades están infrafinanciadas y, por ello, han planteado la compensación de la parte del FLA equivalente. En el caso de la Comunidad Valenciana supondría la condonación de unos 1.300 millones al año, lo que ascendería a alrededor de 9.100 millones de euros.
El "instrumento novedoso" que han planteado no busca "el enfrentamiento entre los territorios", han indicado, sino "la equidad y la igualdad en el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales", ha destacado Puig, quien considera que es "una manera de reconocer que ha habido una discriminación objetiva" y "de alguna manera se entraría en una línea de resolución de un problema fundamental que tiene la Comunidad".
En cualquier caso, han explicado que esta propuesta se extendería al conjunto de las comunidades infrafinanciadas. Para Díaz, el objetivo es ofrecer el mismo servicio a un ciudadano que acude a un centro de salud o a un niño que va a la escuela, con independencia de su lugar de residencia. La presidenta andaluza ha destacado que se podría "compensar" a las autonomías infrafinanciadas "de forma inmediata", porque considera "si hay voluntad, se podría aplicar ya" este sistema, que es "objetivo".
No obstante, Susana Díaz ha destacado que, a pesar de plantear este sistema, seguirán trabajando en un nuevo modelo de financiación autonómica que "permita no tener que seguir reivindicando lo que es de justicia".
Para ello, han indicado que los consejeros de Hacienda valenciano y andaluz mantendrán próximas reuniones para plantear un nuevo modelo de financiación porque, tal y como ha indicado Puig: "Hay que hablar en serio, desde el rigor, la seriedad y las cifras; no sólo desde los sentimientos y el agravio".
La presidenta de la Junta ha planteado que el nuevo sistema debe conjugar "una financiación ligada a la población" con "la dispersión, el envejecimiento y otras variables". El jefe del Consell, en la misma línea, ha indicado que la propuesta que elaborarán será "un documento abierto" para el conjunto de las autonomías. Ximo Puig también ha propuesto "instrumentos de solidaridad" como fondos de carácter federal y, respecto a la deuda histórica, ha asegurado que el Consell "unilateralmente" la seguirá planteando.
"Hay muchas fórmulas donde nos vamos a entender todos", ha manifestado Díaz, quien ha asegurado que siempre van a trabajar "buscando el entendimiento, el diálogo y el consenso". "Tenemos que recorrer un camino juntos y ahí vamos a ir de la mano", ha recalcado.
Al inicio de la rueda de prensa, Ximo Puig ha agradecido la visita de Susana Díaz, a quien le ha dicho: "Estás en tu casa". Por su parte, la dirigente andaluza ha asegurado que con Puig comparte "muchos temas en el día a día" y se siente "muy próxima" a él "en la defensa de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en una España diversa, pero que tiene que mantener políticas inclusivas".

'Bankia', preguntas y precedentes / Primo González *

La solución que Bankia ha propuesto para dar el carpetazo lo antes posible a los innumerables pleitos que se estaban planteando y que iban a proliferar en el futuro inmediato en reclamación del dinero que los inversores arriesgaron en la salida a Bolsa de esta entidad bancaria abre algunas incógnitas y también es susceptible de plantear algunos precedentes de cara al futuro.

De entrada, los gestores de Bankia han actuado con bastante coherencia al seguir la senda de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se daba la razón a los inversores minoristas porque han sido objeto de un engaño documentado. Esto último ha venido además avalado por el dictamen de dos peritos del Banco de España, de forma que nadie podrá decir que los miembros del órgano judicial que ha dictado esta sentencia han obrado con escaso conocimiento de cuestiones contables.

Bien es verdad que el veredicto de los dos peritos cedidos por el Banco de España ha sido, a su vez, objeto de controversia. Los gestores de Bankia, al poner en marcha una fórmula que cierra la vía a los pleitos en casi su totalidad devolviendo el dinero a los inversores, con intereses incluidos, han adoptado una decisión que implica un ahorro de costes a la entidad, cuyo 64% del capital es propiedad del Estado. Por lo tanto, han ahorrado entre 400 y 500 millones de euros que, en última instancia, acabarían pesando sobre los contribuyentes.

Pero la sentencia del Supremo abre al mismo tiempo algunas vías de reflexión de cara al futuro y puede sentar precedentes que otros casos similares podrían llegar a poner sobre la mesa en circunstancias más o menos similares. La compra de títulos cotizados en Bolsa siempre es una decisión que comporta riesgos, más aún si se trata de sociedades que aparecen por primera vez en el mercado de acciones, como ha sido el caso de Bankia.

En fecha reciente, una empresa pública, AENA, ha salido a Bolsa con un éxito descomunal que ha proporcionado plusvalías millonarias a los inversores que acudieron a la colocación de estas acciones. Pues bien, nadie ha protestado, ni siquiera para decir que los colocadores de estas acciones en Bolsa podrían haber aquilatado precios de colocación con mejor puntería para evitar tamaña desproporción entre el precio de colocación y el precio que las acciones alcanzaron a las pocas semanas. El Estado podría haber ganado unos cuantos cientos de millones (que por cierto no le vendrían nada mal a las deficitarias finanzas públicas) si hubiera colocado las acciones de AENA a un precio más alto y en todo caso más cercano al que alcanzó a los pocos meses de salir a cotizar.

Resarcir de forma íntegra, incluso con intereses, a los inversores que han perdido sus capitales en la colocación bursátil de Bankia es una cierta forma de suprimir todo riesgo en la operativa financiera, lo cual no es muy coherente con el funcionamiento general de los mercados. Se podría argumentar que, incluso aunque existan falsedades o errores en las presentaciones de los estados contables que se esgrimieron por Bankia con motivo de su salida a Bolsa, ello no es más que un componente del riesgo que implica toda compra de acciones cotizadas en las Bolsas. ¿Servirán estas argumentaciones de resarcimiento para aplicar a todos aquellos casos en los que los inversores no vean satisfactoriamente cumplidas sus expectativas de beneficio en otras colocaciones bursátiles?

Otra de las dudas que siembra la resolución del Supremo en relación con la colocación de Bankia en Bolsa y los perjuicios que han afectado a los inversores minoritarios como consecuencia de la deficiente información en los balances de la entidad es la dicotomía que establece entre inversores minoristas e inversores institucionales. Más endeble parece aún el argumento para justificar esta bifurcación de intereses, al señalar que los inversores institucionales no tienen derecho a percibir compensaciones porque contaban con medios más profesionales y certeros a la hora de determinar la veracidad de los estados contables que se les ofrecieron a todos por igual. Se trata de una justificación cuando menos pintoresca.


(*) Periodista y economista


Duro editorial de 'The Wall Street Journal' contra Rajoy y la corrupción / José Oneto *

El periódico The Wall Street Journal del jueves, uno de los medios informativos másinfluyentes del mundo, ha sorprendido a todos con un durísimo editorial, sobre la situación española y sobre el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy, al que recuerda los últimos casos de corrupción que pueden hacerle perder el poder y dejarlo “en manos de fuerzas antirreformistas”, a menos que, Rajoy pueda corregir el rumbo del Partido Popular.

De acuerdo con una relación de hechos, la pasada semana, la policía registró el despacho de Beltrán Gutierrez, ex alto funcionario del PP de Madrid, por acusaciones de financiación ilegal. La redada llevó a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid y una de las figuras más poderosas del partido, a dimitir el domingo. Entretanto en Valencia, 24 personas están siendo investigadas por manipulación fraudulenta de licitaciones y cobro de comisiones ilegales en las que están involucrados los pagos recibidos por concesión de contratos públicos. Entre ellos están 9 de los 10 concejales locales del PP.

Todo esto, según el análisis del TWSTJ, no presagia nada bueno para el futuro político de Rajoy y la defensa de la reforma económica en España. El primer mandato de Rajoy comenzó́ en 2011 en medio de una fuerte recesión y un rescate de la eurozona. El presidente del Gobierno redujo los tipos del impuesto de sociedades y de la renta, flexibilizó la normativa laboral para facilitar la contratación y el despido, recortó el gasto en salarios de los funcionarios e impuso una disciplina fiscal a los gobiernos regionales, entre otras cosas, tras años de un despilfarro que precipitó una de las peores crisis de la deuda soberana.

Sin embargo, los crecientes escándalos han debilitado severamente su posición en el debate para la formación de una coalición con tres, otros grandes partidos españoles, los socialistas de centro izquierda, Podemos de extrema izquierda y los centristas Ciudadanos. Ningún partido tiene mayoría absoluta. Rajoy ha desaprovechado la oportunidad de formar el próximo gobierno de momento, lo que significa que el mandato ha recaído en el partido que llegó en segundo lugar, los socialistas, que también tienen sus propios problemas. El socio de coalición más obvio, Podemos, tiene una agenda claramente marcada por Thomas Piketty y Noam Chomsky. Podemos ha presentado una larga lista de peticiones a los socialistas, incluyendo un referéndum sobre la independencia para la inquieta autonomía catalana y el control de Podemos sobre los servicios de inteligencia. Ambas son imposibles para los socialistas.

“Sigue existiendo una oportunidad,-piensa el periódico norteamericano- para una coalición de centro derecha dirigida por el PP y Ciudadanos, que cuenta con un programa económico liberal y una agenda para la reforma política. Pero no es probable que Ciudadanos se juegue su suerte y su inmaculada fama con un PP dirigido por Rajoy. El precio de preservar las reformas económicas del presidente del gobierno bien podría ser su propio futuro político”.

Hoy, cuando estamos a punto de entrar en los dos meses sin Gobierno, Rajoy parece haber leído el duro editorial del “Journal”, que las malas lenguas dicen que está inspirado por el ex Presidente del Gobierno José María Aznar, muy relacionado, con el diario y, después de haber permanecido paralizado, sin hacer nada, ha movido ficha, pero la ha movido tarde, demasiado tarde, cuando el panorama está tan endiabladamente deteriorado entre todos, que la única salida parece ser la celebración de nuevas elecciones.

Sorprendentemente, este jueves coincidiendo con el editorial del The Wall Street Journal el vicesecretario nacional Sectorial del PP, Javier Maroto, ha confirmado que el candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, estaría dispuesto a dar una vicepresidencia al PSOE y otra a Ciudadanos, a Pedro Sanchez y a Albert Rivera, si eso ayuda a la formación de esa Gran Coalición identificada con la Constitución y con la unidad de la Nación, como para que ese gran acuerdo sea posible. Una oferta que parece no tener viabilidad ya que ha sido el propio Rajoy el que ha confesado al primer ministro Cameron en la reunión previa a la Cumbre de Bruselas que lo más seguro es que más elecciones se repitan el próximo 26 de Junio.

Es decir que, como siempre pasa con Rajoy, todo ya llega demasiado tarde, cuando la corrupción ha contaminado todo el proceso, y cuando el ambiente se ha enrarecido tanto que ha afectado hasta al entendimiento entre los propios dirigentes políticos….


(*) Periodista


Así está el problema irresoluble de PP, PSOE, Podemos y C’s / Pablo Sebastián *

En el centro del cuadrilátero, donde PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se juegan la gobernabilidad del país, se ubica la función moderadora de la Corona donde se detecta una extrema frialdad ante el tacticismo de Mariano Rajoy que ha descubierto en las nuevas elecciones su gran oportunidad de ganar tiempo y mantener la Presidencia hasta el mes de octubre. No en vano si hay elecciones el 26 de junio se tardará todo julio en constituir las Cortes y el proceso de investidura se iniciará en agosto con dos posibles meses de demora.

En la esquina del PSOE, Pedro Sánchez libra una desesperada lucha por su investidura el próximo día 5, para la que solo cuenta con el apoyo de Coalición Canaria (un solo escaño) y a la que le gustaría sumar los 40 votos de Ciudadanos para decir al PP que si ellos tienen 123 escaños él suma 131 –o 136 si consiguen embaucar al PNV-, para ver si de esa manera los poderes del ‘establishment’ consiguen que Mariano Rajoy se abstenga y deje avanzar un gobierno PSOE-C’s.

Pero Rajoy ya ha dicho que no aceptará presiones de nadie, ni de los empresarios ni del Palacio Real. Y tiene buenas razones para ello: la primera es que los votantes y militantes (y muchos diputados) del PP no entenderían que el partido que ganó las elecciones entregue todo el poder al partido que las perdió, el PSOE.

Pero existe otra razón de peso personal: Pedro Sánchez le dijo a Rajoy ante todos los españoles: “usted no es una persona honesta”. Y además se ha negado a dialogar con él. Y en esas mas que tensas circunstancias resultaría sorprendente que Rajoy regale al que le insultó y lo margina la Presidencia del Gobierno, porque en ese caso si quedaría probada su deshonestidad por traidor al PP y a sus votantes.

En el juego de las cuatro esquinas se adivina que Podemos, a igual que el PP, prefiere el adelanto electoral aunque Rajoy se quede en Moncloa hasta octubre. A Pablo Iglesias solo le interesa: la vicepresidencia que pregona a los cuatro vientos; o elecciones. A sabiendas que si lograra la famosa vicepresidencia tendría a Sánchez como rehén y podría acabar con el gobierno de coalición cuando quisiera y mas le conviniera a él electoralmente. Pero a Iglesias le interesan mas las elecciones y le pide a Sánchez la luna de un referéndum inconstitucional para Cataluña, impuestos a granel y un desmesurado déficit público que acabaría con la convergencia fiscal de España con la UE. Es decir lo imposible.

Todo eso mismo que ha rechazado el PSOE devolviéndole a Podemos sus falsas cartas de amor llenas de tachones y rectificaciones, como lo ha subrayado su portavoz parlamentario Antonio Hernando, lo que va a provocar el estallido de la reunión de los ‘cuatro de la izquierda’ que ha propuesto inocentemente Alberto Garzón, a quien Iglesias corteja y deja hacer para meter en el zurrón electoral de Podemos el millón de votos de IU.

Y es esa perspectiva de unión electoral entre Podemos e IU, que suma mas de seis millones de votos y dejaría al PSOE como el tercer partido nacional en unas nuevas elecciones, lo que aterra a Sánchez porque en ese momento su liderazgo en el PSOE estaría acabado y su sucesora en ciernes Susana Díaz sí pactaría la gran coalición PP, PSOE, C’s, con o sin Rajoy.

Todo ello conduce a la desesperación de Sánchez porque con C’s –si es que finalmente le prestan sus votos en la investidura- no logrará salir elegido presidente, y si avanza por el pantano de Podemos corre doble riesgo: o se le subleva el Comité Federal del PSOE; o cae en las redes de Iglesias, su pretendido vicepresidente del Gobierno.

Albert Rivera medita en la cuarta esquina con su discurso constructivo pero a la vez peligroso para C’s porque corre el riesgo de votar a favor de Sánchez el día 5 y teme que ello solo sirva para estigmatizar a C’s como partido apéndice del PSOE de cara al posible adelanto electoral.

De modo y manera que estamos ante un juego de las cuatro esquinas que a la vez resulta ser un problema sin solución. Máxime cuando en tres de las cuatro, las del PP, PSOE y Podemos, se mantiene un total inmovilismo y animadversión de unos contra otros en menoscabo del interés general.


(*) Periodista


A ver cómo lo digo / Ramón Cotarelo *

Habiendo llegado a este punto, las negociaciones están atascadas. El PSOE ha devuelto las propuestas de Podemos instándole a que retire "los controles políticos". No acepta que los jueces, la televisión y otros aparatos represivos e ideológicos del Estado dependan del gobierno, de su vicepresidencia y, más en concreto, de Pablo Iglesias. No parece difícil. En cuanto los de Podemos -sin duda animados por su celo bolchevique- entiendan que esas intenciones equivalen a establecer la censura del partido y una justicia tipo Vychinski (el infame fiscal de los procesos de Moscú de 1934, 1936 y 1938), seguramente se olvidarán de ellas. Se venden mal en los medios.

Lo que ya no es tan fácil de retirar y supone el verdadero bloqueo no solo de las negociaciones actuales sino del conjunto de la política española, su nudo gordiano, es la petición de Podemos de una referéndum de autodeterminación en Cataluña a la que se opone el PSOE con uñas, rabo, dientes y miradas sulfurosas. Como ninguno de los dos puede ceder en su actitud, el pacto para un gobierno de progreso será imposible y habrá que ir a elecciones nuevas. De eso se alegrará mucho el Sobresueldos que será el candidato porque su asesor Arriola seguramente le garantiza que, cuando menos tendrá un voto: el suyo... si atina con la papeleta.

El PSOE no puede admitir el referéndum porque sus órganos colegiados no le dejan y sus barones armarían una fronda sediciosa que podría acabar con el partido. Podemos tampoco puede olvidarse de él porque sus franquicias catalana y gallega se le sublevarían y parte de su militancia retornaría al seno paterno de IU. Además, con referéndum en el programa, los 40 diputados de C's votarán en contra. Sin el referéndum, en contra votarán los 17 independentistas catalanes.

¿No hay, pues, solución? Sí, una que las partes negociadoras pueden acordar en silencio, en secreto, a la chita callando, sin hacerla pública. Expuesta con sencillez: PSOE + Podemos + IU + Compromís + CC forman un "gobierno de progreso" en el que no se menciona el referéndum contando con 162 diputados. Si los diputados de ERC y DiL se abstienen y los del PNV. por ejemplo, votan a favor, ganaría a los 122 del PP e incluso a la suma de estos con los 40 de C's, aunque, en principio, se buscará su abstención.

Esto será la investidura. A continuación, el "gobierno de progreso" lo que hace es convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, mediante una ley orgánica al amparo del artículo 92 CE. Para esa ley ogánica, el gobierno "de progreso" tendría la mayoría absoluta necesaria pues a sus 162 diputados se añadirían los 17 independentistas catalanes, los 6 del PNV y los 2 de Bildu. En total, 187 diputados.

El problema no estaría en la aritmética de las votaciones sino en la ética de la medida. Se dirá que el gobierno ha engañado a la ciudadanía, que ha hecho trampa, que ha traicionado. Efectivamente, así será. Pero eso es lo que hacen todos los gobiernos. El del Sobresueldos, por ejemplo, ganó las elecciones prometiendo bajar los impuestos y lo primero que hizo fue subirlos. El gobierno del PSOE ganó las elecciones de 1982 pometiendo un referéndum para salir de la OTAN y lo hizo en 1986 pero para quedarse. El ex-monarca Juan Carlos juró fidelidad a los principios del Movimiento Nacional franquista y luego sancionó la Constitución de 1978, traicionando su juramento, siendo perjuro. 
 
De Gaulle llegó al poder en 1958 prometiendo mantener a Argelia como colonia de Francia y firmó su independencia. Wilson ganó las elecciones inglesas de 1974 prometiendo un referéndum para salir de la Comunidad Economíca Europea y lo hizo, pero para quedarse. Puedo seguir acumulando ejemplos, pero no merece la pena: la traición y el engaño son consustanciales a la política y, muchas veces, la única forma de desatascar situaciones bloqueadas, sin salida. ¿Por qué no iba a funcionar aquí? Se llega al gobierno diciendo que no habrá referéndum en Cataluña y lo primero que se hace es ponerse a organizarlo.

Es alambicado, desde luego. Y desconcertante. Pero todo el  mundo sabe que pasa. Es más, hasta es posible que aquí suceda porque sea la única forma de desatascar una situación bloqueada. Lo único que se requiere es discreción, no hablar, no decírselo a nadie, no levantar sospechas.

Así que ustedes tampoco han leído este post. Es más, yo no lo he escrito.
 
El futuro del futuro

Dice Mariano Rajoy, el gran representante del pasado, del reciente y del remoto, que el futuro de España no puede decidirlo solo “un grupo de españoles”. Como siempre, una sinsorgada que necesitaría del recién fallecido Umberto Eco para entender su significado, si alguno tiene. ¡Con lo fácil que es decir: los catalanes no pueden hacer un referéndum porque a mí no me da la gana! Pero eso es demasiado peligroso por ser verdad y la política española, sabido es, está construida sobre la mentira, la tergiversación y el equívoco.

Solo cuando se jubilan osan los políticos españoles decir la verdad. Así, Felipe González afirma que la cuestión catalana no puede dilucidarse votando y que ni con un 1.200% a favor del sí serviría el referéndum porque esas cosas del futuro “de todos” no se votan. Es brutal, pero, al menos es claro y el expresidente se habrá quedado tranquilo: los catalanes no pueden hacer un referéndum porque a él tampoco le da la gana. Dicen lo mismo el uno y el otro, pero el segundo es más claro. Y más contundente. Se nota que está jubilado y no tiene que andar disimulando para conseguir votos.

Que el futuro de los españoles no pueda decidirlo solo un grupo de ellos, a primera vista, parece razonable, pero insignificante. No se trata del futuro de los españoles, sino del de los catalanes y quieren decidirlo ellos, los catalanes, todos; no un grupo. ¿En dónde está el problema?

A lo mejor en el término “grupo”, que suele tener mala prensa. ¿En dónde lo ha dicho el acting president? En un acto electoral (Rajoy siempre está en campaña electoral; siempre miente) en el País Vasco. Sí, como él desea, hay elecciones nuevas en España, él quiere ser el candidato. Al margen de si esta decisión es racional o no para su partido (ellos sabrán en quién depositan su confianza) la cuestión es: ¿y qué espera sacar en las elecciones? Los votos necesarios para tener un grupo parlamentario con el que tomar decisiones que afectan a todos. O sea, en efecto, un grupo de españoles (los electores de este Demóstenes) va a decidir el futuro de todos. ¿Por qué este grupo sí y otro posible, no? Obviamente, porque este grupo es el suyo. O sea, como decíamos antes, el futuro lo decide el grupo que le da la gana a Rajoy. Igual que el grupo que le da la gana a Felipe González y se compone de una sola persona: él mismo.

Se dirá que esto es falso, porque el grupo de que trate (aproximadamente un 20-25% del electorado, votantes del PP, o sea un 15-18%, más o menos, de la población del Estado) está distribuido por toda España, es representativo y está autorizado a tomar decisiones por todos. Lo que no se puede tolerar es que las tome un grupo solo, por muy numeroso que sea, incluso aunque resulte ser una mayoría tan abrumadora como el 1.200%, porque esté concentrado en un territorio. Es decir, el problema no es que sea un grupo, sino que resida en el mismo sitio en donde, por cierto, los representantes del otro grupo, el distribuido por toda España, son inexistentes. El grupo de Rajoy tiene derecho a decidir el futuro de todos, incluidos aquellos que viven en lugares en donde el grupo de Rajoy es irrelevante.

A lo mejor el problema está en el término “españoles”. El futuro de estos, según Rajoy, no puede decidirlo solo un grupo. Interesante información que los catalanes verán sin duda con simpatía, pero sin sentirse afectados, ya que ellos no quieren decidir el futuro de los españoles sino el de los catalanes. Y aquí ya estamos en ese terreno resbaladizo de los sentimientos en donde un señor que no reconoce la existencia de los catalanes da por supuesto que él y su grupo deciden el futuro de quienes no se sienten españoles por no otra razón que porque son un grupo mayor y no les da la gana de ceder en su derecho a decidir por los demás, incluso en contra de su voluntad y mucho menos de reconocer a esos demás el derecho que ellos se arrogan por la fuerza.

A eso, como a la machada de que ni con el 120% lo llaman “democracia”. Buena lección de Realpolitik.

Descendamos a la realidad cotidiana. Al margen de las vaciedades de Rajoy, es obvio que el futuro de Cataluña habrán de decidirlo los catalanes en un referéndum. En términos prácticos, ya sabemos que ese referéndum no saldrá de la voluntad de la derecha ni de una parte de la izquierda española. ¿Cabe esperarlo de la otra?

Tiene sentido esperar a ver el resultado de las negociaciones para formar gobierno en España en la medida en que la cuestión del referéndum es medular en ellas. La actitud de entrada del PSOE es que referéndum, no. Pero también con relación al referéndum de 1986 sobre la OTAN la actitud de entrada fue que no y la de salida que sí. La prudencia manda esperar a ver el resultado de lo que se negocia y en qué términos, sobre todo porque no hay alternativa.

La excesiva confianza lleva al amargo desengaño, pero la excesiva desconfianza lleva a la parálisis. ¿Qué cabe esperar del llamado “gobierno de progreso” español si llega a constituirse? Lo más sensato es pararse a ver y no poner palos en las ruedas como dice Puigdemont que hace el gobierno español con la Generalitat. Tanto Homs, de DiL, como Anna Gabriel de las CUP, han manifestado su interés y buena disposición en el improbable (pero no imposible) caso de que del gobierno de España llegara una oferta de referéndum que fuera aceptable.

Actuar a la razonable expectativa no es ingenuidad, sino deseo de facilitar las cosas en lugar de dar pretextos a los adversarios. Sobre todo porque la hoja de ruta, que es el escudo más consistente del proceso independentista y la garantía de su futuro sigue su curso. Es decir, porque el futuro tiene futuro.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

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