Rambla y Costa dirigían la financiación ilegal del PP valenciano, según la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales

MADRID.- La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el caso Gürtel. La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP, según revela 'El País'.

El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.

La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.

La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.

Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.

Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.

La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.

El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El Corte Inglés modifica turnos a 40.000 empleados para mantener el empleo, con el rechazo de CC.OO. y UGT

MADRID.- El Corte Inglés modificará los turnos y horarios de aproximadamente 40.000 trabajadores, vigentes desde 1995, con el fin de mantener la viabilidad del empleo en el actual escenario de crisis económica, tras cerrar un acuerdo en el comité intercentros, con el rechazo de CC.OO. y UGT y el apoyo de Fetico y Fasga, informaron hoy fuentes sindicales.

Tanto CC.OO. como UGT calificaron de "auténtica aberración" y "nefasto" el acuerdo, por lo que no descartaron adoptar medidas jurídicas y sindicales para impugnarlo y evitar los "efectos negativos que tendrá sobre los derechos" de la plantilla.

"Nuevamente se impone la maquinaria avarienta y desmedida de El Corte Inglés, consumando un nuevo modelo de distribución de la jornada que en muchos casos puede poder en grave peligro la continuidad de la relación laboral y de manera generalizada la utilización en exclusiva y a su mero beneficio del tiempo de trabajo", señalaron desde UGT.

Por su parte, desde CC.OO. consideraron que dicho acuerdo no es "adecuado ni es la solución a la situación económica de la empresa", ya que "condena" a más de 40.000 trabajadores a unos turnos con los que no podrán conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo que denunciaron la negativa del grupo a aceptar ninguna de las propuestas sindicales.

La empresa achacó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito, apuntaron las mismas fuentes.

Tras el periodo de consultas preceptivo con los representantes legales de los trabajadores, la dirección del mayor grupo de distribución español tiene previsto que esta medida sea puesta en funcionamiento lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 1 de noviembre.

Fuentes sindicales apuntaron en este sentido que los jefes de personal de algunos centros de trabajo ya han empezado a informar hoy mismo a algunos empleados sobre la modificación de turnos y horarios.

En cualquier caso, la intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

Según señalaron las mismas fuentes, la empresa explicó a los representantes sindicales que el escenario económico general y de la propia empresa es "absolutamente distinto" al de años anteriores, lo que obliga a aprovechar los recursos empleados, tanto humanos como materiales de una manera "más eficaz y eficiente".

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, la compañía pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.

Para este fin, se atenderá especialmente a reforzar los tiempos que registran la mayor afluencia de clientes y a reducir aquellos con más baja actividad.

Otro de los objetivos de la compañía es suprimir momentos de improductividad provocados por los solapamientos de los actuales turnos y horarios en momentos que carecen de justificación.

Asimismo, considera necesario garantizar una óptima cobertura de plantilla en los centros comerciales en las franjas horarias comprendidas entre las 11.30 y las 14.30 horas y entre las 17.30 y las 21.30 horas, que se corresponde con los momentos de mayor actividad de venta diaria.

La compañía cree una acción prioritaria atender a una mayor seguridad en la planificación de desarrollo de la jornada anual de cada trabajador, que le permita la conciliación de su vida familiar y laboral.

Esta regularización de horarios y turnos que acometerá El Corte Inglés se produce después de haberse firmado hace unos meses el convenio colectivo de grandes almacenes, que contemplaba una subida del 2% del salario base para todos los empleados.

La fusión CAM-Cajamurcia choca con los recelos de los presidentes autonómicos

MADRID.- Las conversaciones que desde hace semanas mantienen los presidentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, y de Cajamurcia, Carlos Egea, tendentes a una fusión entre ambas entidades, “progresan adecuadamente”, en opinión de las fuentes consultadas por 'El Confidencial', a pesar de los recelos de los respectivos presidentes autonómicos, Francisco Camps, de Valencia y Ramón Valcárcel, de Murcia, ambos del Partido Popular pero pendientes del reparto de poder.

En realidad los contactos comenzaron hace tiempo, cuando Cajamurcia se encontraba inmersa en el intento de fusión con Cajasur, alternativa preferida tanto por el cabildo cordobés como por la jerarquía eclesiástica, pero que frustró la negativa en redondo de la Junta andaluza. Y fue la CAM, entidad que casi dobla en tamaño a Murcia aunque su situación financiera sea bastante peor, la que llamó a las puertas de la caja murciana.

Hay que decir que tanto Crespo como Egea son muy amigos, e incluso compañeros de carrera. El nivel de interlocución entre ambos es, pues, muy fluido, por lo que el acuerdo ha progresado rápidamente, “con el visto bueno del Banco de España, que ve con buenos ojos la operación”, de acuerdo con las fuentes.

Por curioso que parezca, sin embargo, la operación estaría tropezando de nuevo con los ya inevitables problemas “políticos” cuando de Cajas de Ahorro se trata, y ello a pesar de que ambas Comunidades están gobernadas por el PP. La fusión ha provocado algunos recelos en la Generalitat valenciana, donde algunos la han tachado sotto voce de “operación zaplanista”.

Más duras parecen las dificultades adelantadas por Ramón Luis Valcárcel, presidente murciano. Enfadado por la reacción de la Junta de Andalucía negando la posibilidad de la fusión entre Cajamurcia y Cajasur, lo que hubiera significado la primera operación de concentración entre entidades de CC.AA. distintas y de Gobiernos de distinto color, Valcárcel quiere ahora tomar sus precauciones, y de alguna manera pretende que el Banco de España obligue a abrir la espita “a todas las Autonomías”.

Quiere Valcárcel, en suma, que se derriben las barreras que impiden fusiones entre CC.AA. distintas. Pretende, también, que la Región de Murcia no se quede sin una Caja propia, sobre todo cuando la que preside Egea es de las más saneadas y mejor gestionadas del país. De ahí la exigencia, al menos inicial, de que la sede de la entidad resultante permanezca en Murcia, y de que, además, el citado Carlos Egea, “sea presidente de la entidad fusionada”, lo cual podría no gustar demasiado en Valencia.

Tan cerca como este martes, el presidente murciano aseguró en un acto público que, de llevarse a efecto la operación, “la presidencia de la nueva entidad debería ser para Carlos Egea, al que atribuye el mérito de haber situado a la caja murciana en los puestos de cabeza en eficiencia.

De acuerdo con la prensa local, Modesto Crespo ha encargado a un pluriempleado como Rodrigo Rato, ex ministro de Hacienda y ex director del FMI, que medie entre las Administraciones regionales para facilitar la fusión. La semana pasada, el presidente de la entidad con sede en Alicante mostró abiertamente su interés por "bailar con la más guapa", en referencia a la caja murciana.

La operación tiene sentido, porque la “salud” –en términos de recursos propios- que le falta a CAM podría dársela Cajamurcia. A tenor de la cifra de balance, sin embargo, la fusión resultante sería un 65/35 a favor de la alicantina. Tras hacer un gran trabajo en la entidad murciana, la pretensión de Egea es “dejar una obra bien hecha que le trascienda”, en opinión de las fuentes consultadas, “y que no diluya a Cajamurcia. Y ello por encima del reparto del cargos”.

La UE endurece la normativa sobre pesticidas y prohíbe el uso de sustancias "muy tóxicas" para su fabricación

BRUSELAS.- Los Veintisiete aprobaron hoy definitivamente la nueva normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que supone un endurecimiento de la legislación comunitaria al reducir el número de pesticidas que pueden utilizarse y prohibir para su elaboración ciertas sustancias químicas consideradas "muy tóxicas". Tampoco estarán permitidos los plaguicidas en zonas residenciales, parques, escuelas, hospitales y ríos.

La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.

Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.

La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.

Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.

La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.

También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.

No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.

Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.

Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.

Fiscalía archiva la denuncia del PP por la supuesta adjudicación del servicio de grúa de Alfafar a familiares de Alarte

VALENCIA.- La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la denuncia interpuesta por el PP contra el alcalde de Alfafar, Emilio Muñoz, por la supuesta adjudicación del servicio de retirada de vehículos mediante grúa a una empresa de familiares del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, al entender que no se produjeron irregularidades, según informaron hoy fuentes municipales.

La portavoz municipal del PP en Alfafar, Maria José Bello, presentó una denuncia contra el primer edil el pasado mes de mayo por estas presuntas irregularidades, y la Fiscalía, tras estudiarla, ha decidido archivarla porque "los hechos denunciados no constituyan infracción penal".

Tras esta resolución, el alcalde Emilio Muñoz solicitó "la dimisión de la portavoz del grupo popular de Alfafar, María José Bello, por difamar y poner en tela de juicio el procedimiento de adjudicación del servicio municipal de grúa a sabiendas que se había realizado de manera legal y transparente".

Agregó que "el PP de Alfafar interpuso esta falsa denuncia con el único fin de perseguir al secretario general del PSPV, que en esos momentos era víctima de una dura persecución por parte del PP".

"La prueba --prosiguió-- es que María José Bello realizó la denuncia seis meses después de que la adjudicación se realizara y de que el servicio se pusiera en marcha".

Así, entendió que "el objetivo de Bello no era cuidar por los intereses de los ciudadanos, sino buscar cualquier pretexto, aunque fuera falso, de manchar el nombre de Jorge Alarte, y el buen hacer del gobierno de Alfafar".

El alcalde consideró que, "para conseguir sus oscuros objetivos, el grupo popular ha puesto en duda la credibilidad del Ayuntamiento y el nombre de Alfafar".

"Llevar a los tribunales un procedimiento, a sabiendas de que era correcto, la inhabilita para ejercer de portavoz de los vecinos y vecinas de Alfafar, por lo que exijo la dimisión de María José Bello como representante del PP", remató.

El PSPV señala que la Generalitat presenta un déficit de 1.643 millones en agosto

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts y responsable de Economía de la dirección del PSPV, Cristina Moreno, responsabilizó este jueves al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "incrementar el déficit presupuestario ascienda a 1.643 millones de euros, 600 millones de euros más respecto a agosto del ejercicio pasado".

Moreno, en un comunicado, se refirió así al estado de Tesorería de la Generalitat valenciana respecto al mes de agosto que aparece este jueves publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

A este respecto, la portavoz socialista destacó que "el problema que tiene la sociedad valenciana con la gestión económica del Consell no sólo es el déficit, sino la incertidumbre que genera el PP en torno al futuro económico de la Comunitat Valenciana y la poca fiabilidad de Camps y los suyos para frenar el gasto corriente, que vuelve a subir en agosto un 16%", remarcó.

Asimismo, Moreno contrapuso la "miserable" evolución de financiación de las inversiones productivas respecto al ejercicio pasado con el "disparatado gasto corriente". "Las inversiones productivas, las que de verdad generan empleo y certidumbre a los ciudadanos, no han subido ni el 5%", informó.

La portavoz de Economía del PSPV recordó que hace unos días, el Consell anunció la presentación de un plan de austeridad de las cuentas de la Generalitat valenciana. En este sentido, Moreno recordó que "Camps es el responsable de haber perdido un año en este materia y que ahora los valencianos vean como cada mes la deuda aumenta cientos de millones de euros sin que se invierta en su futuro".

Ese plan de austeridad, dijo, "se tenía que haber concretado el año pasado cuando el grupo parlamentario socialista lo propuso en Les Corts". Pero, el Consell de Camps votó en contra, y por ello insistió en que Camps "es el máximo responsable de esta tremendamente valiosa pérdida de tiempo", subrayó.

Así, Moreno exigió que el anunciado plan de austeridad presente "un drástico recorte de los gastos corrientes porque es de una gran irresponsabilidad política que estos gastos en tiempos de crisis económica, se hayan disparado".

Asimismo, la diputada socialista advirtió de que este proyecto de austeridad "no se puede dejar para el futuro porque es necesario ya. Debería haberse ejecutado el año pasado y el presidente Camps no lo permitió, lo que le convierte en el máximo responsable de este caos económico que sufren las cuentas" autonómicas.

Moreno exigió a Camps que rinda cuentas de "en qué se ha gastado el dinero de los valencianos, ya que lo único que podemos saber es que ese dinero público no ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de vida de los valencianos que sufren en mayor medida la crisis por la ineficacia y la parálisis del Consell de la Generalitat Valenciana", concluyó.

La vendimia aumenta la contratación de españoles y de inmigrantes residentes por la crisis y el paro en la construcción

VALENCIA.- La crisis económica y el paro en sectores como la construcción o la hostelería ha provocado un cambio en la tendencia de contratación para las campañas agrícolas de este año. En el caso más reciente, la vendimia, se ha producido un repunte de españoles, que representan ya el 34% del total.

Asimismo, la mayoría de los temporeros continúan siendo extranjeros --principalmente sudamericanos y africanos-- pero, a diferencia de años anteriores, se trata de residentes con su situación en regla y no contratados en origen.

Estos datos se dieron a conocer hoy durante la firma del convenio entre el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el secretario General de La Unió de Llauradors i Ramaders, Josep Botella, que se llevó a cabo en las Casa del Tollo, el nuevo alojamiento rehabilitado por La Unió en colaboración con la Generalitat. Estas residencias de los antiguos peones camineros se utilizan por primera vez por lo que la oferta se ha incrementado en 63 plazas.

Así, el Consell destina 200.000 euros para la realización de distintas actuaciones de ampliación y mejora de ofertas de alojamiento, acogida y acompañamiento, integración sociolaboral y de sensibilización dirigidas a la población de las comarcas que reciben anualmente temporeros extranjeros.

Rafael Blasco destacó que este acuerdo "incluye, además de una cobertura de las necesidades tanto sociales como laborales en condiciones dignas, acciones formativas e informativas y una atención personalizada".

"Es fundamental trabajar en común por la integración en todos los ámbitos", dijo.

Por su parte, Josep Botella señaló que "este convenio permite una vez más ampliar y mejorar la oferta de alojamientos para los temporeros, a la que vez que se logra habilitar un mayor número de plazas fijas durante todo el año y no únicamente para las labores puntuales de recolección".

Un total de 1.360 personas inmigrantes han sido atendidas gracias al convenio entre la Generalitat y la Unió y la procedencia principal ha sido Polonia, seguida por África, Colombia, Ecuador, Rumania y Marruecos. Todas ellas con su situación regularizada y la mayoría con una edad entre 25 y 44 años, subrayaron fuentes de la Conselleria de Inmigración.

En cuanto a su nivel de estudios, casi el 15% tenía titulación universitaria, el 26% secundaria y el 35% primaria. Tal y como señalan desde La Unió, los servicios que ofrecen contribuyen a estabilizar la temporalidad en la agricultura, al garantizar a los trabajadores sucesivos contratos de trabajo que van enlazando diferentes campañas agrícolas en Valencia, Cataluña y Mallorca.

"En un contexto económico como el que vivimos actualmente, tenemos que poner todo nuestro empeño en reactivar el mercado laboral colaborando con entidades que conocen en profundidad los sectores de trabajo como en éste caso La Unió", comentó Rafael Blasco.

Los alojamientos tanto colectivos (11) como individuales (239) que gestiona La Unió para las diferentes campañas agrícolas están distribuidos por toda la geografía valenciana. Se encuentran totalmente equipados y cumplen con las condiciones de habitabilidad, luz, agua, seguro de responsabilidad civil, cocinas, baños, habitaciones, etc.

Botella manifestó que "el esfuerzo de La Unió y Generalitat en este sentido se ve reflejado con la inauguración del nuevo alojamiento de las Casas del Tollo, abandonadas desde hace más de quince años y que ahora servirán para alojar anualmente a más de 60 trabajadores".

Para la campaña de la vendimia, La Unió ha gestionado la contratación de 800 trabajadores y dispone de 120 plazas distribuidas por las casas de Los Duques, Venta del Moro, Casas de Utiel y Casas El Tollo.

Las consultas de los valencianos por la imposibilidad de pagar las hipotecas se triplican en 2008

VALENCIA.- Las consultas de los valencianos por la imposibilidad de pagar las hipotecas contraídas con las entidades bancarias se triplican en 2008 respecto al ejercicio anterior, según indicó la secretaria general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), Isabel Dolz, momentos antes de comenzar la jornada sobre 'El sobreendeudamiento familiar y procedimiento concursal de los consumidores'.

Al respecto, Dolz explicó que hace un par de años se ha incrementado el número de consultas y reclamaciones a la UCE por parte de personas que tienen una hipoteca o gastos contraídos y que, por su situación personal, en estos momentos, le es imposible hacer frente. Así, dijo el año pasado se triplicaron las consultas. Junto a ello, en 2009, las consultas más frecuentes hacían también referencia a personas que quieren pedir una hipoteca y no se la conceden.

Ante la circunstancia de no poder pagar la hipoteca, expuso que hay diferentes pasos alternativos antes de que el banco embargue la vivienda. "Hay procedimientos --agregó--, pero hay que darlos a conocer, ya que ir a un concurso voluntario puede resultar muy complicado para una familia".

A este respecto, el abogado y académico de número de la Real Academia Valencia de Jurisprudencia y Legislación, Enrique Montagud, que también participó en esta jornada con una charla bajo el título 'La morosidad e insolvencia de los consumidores', indicó que el problema del sobreendeudamiento es "muy complejo" y se extiende tanto a la carga hipotecaria como al crédito al consumo y, sobre todo, a la tarjeta de crédito.

Indicó, en cuanto a los préstamos hipotecarios, que la posibilidad de que una familia demande un concurso voluntario "está ahí desde 2003, cuando salió la Ley Concursal", pero aseveró que es un procedimiento "caro, largo y, sobre todo, que está pensado para una pluralidad de acreedores", mientras que, por regla general, el consumidor en situación de insolvencia "tiene un sólo acreedor delante, el banco, que es el que le concedió la hipoteca".

Así, ante la petición de concurso, el banco "siempre puede decir que no pacta porque tiene una garantía suficiente, o puede no creer en una refinanciación a largo plazo", así, dijo, la Ley Concursal "debió prever este tipo de casos, como hicieron otras legislaciones europeas".

Al respecto, explicó que algunos países europeos han establecido un sistema casi judicial. Como ejemplo, citó a Francia, que creó una comisión administrativa para este tipo de asunto; y Alemania, con una institución a la que puede acudir el consumidor en situación de morosidad para que alguien, un funcionario o un juez, "le de una solución".

Con todo, el letrado aseveró que la solución a este tipo de asuntos es "compleja", y abogó por copiar el sistema alemán, o por buscar una ley que incluya el problema del consumidor, porque "se saturan los juzgados de lo Mercantil". En su opinión, "habría que crear otra línea de juzgados especialistas en esto".

Luna pide a Camps que aclare públicamente los "indicios" sobre presunta financiación ilegal del PPCV

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, reclamó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé explicaciones públicas en rueda de prensa y en sede parlamentaria sobre los "indicios" y las "pruebas" que se recogen en el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV' de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Luna, que se pronunció de esta manera en rueda de prensa convocada con motivo de la iniciativa socialista del 'parlamento de papel' para formular la pregunta que le haría al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si hubiera sesión de control en las Corts, acusó a los populares de "preferir refugiarse" en el "obtuso terreno del procedimiento para no tener que dar ningún tipo de explicaciones", al tiempo que calificó de "lamentable que cargos importantes de la Comunitat Valenciana aparezcan relacionados en un informe que suscribe el jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales".

Afirmó que las informaciones conocidas sobre el informe policial apuntan a "circunstancias graves que rodean la actuación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana" y son "continuidad de todas las que rodearon el procedimiento seguido ante el TSJCV en relación a los regalos ofrecidos" por Orange Market a Camps y a otros dirigentes del PPCV.

Preguntó al jefe del Consell "si piensa dar alguna explicación pública sobre estos hechos o si se va a refugiar en el complejo terreno de la estrategia procesal para evitar dar la cara". Indicó que después de las informaciones aparecidas en prensa, se tendrían que haber sucedido las ruedas de prensa por parte de los responsables del PP, porque en un país "normal si aparece un informe, con 89 folios y 5 anexos, en el que se apuntan indicios muy graves de corrupción política hacia el Gobierno de la Generalitat se hubiera producido un terremoto" político, mientras que en la Comunitat, según contrapuso, "se da la callada por respuesta".

Argumentó que si Orange Market "se gastaba dinero en hacer regalos y ha participado en la financiación del PP como parece desprenderse del informe policial, de dónde hacía el negocio si su facturación era casi exclusivamente de la Generalitat", inquirió, y remarcó que la "única explicación razonable" es que el negocio "evidentemente no podía venir más que de la propia Generalitat vía contratos directos y adjudicaciones indirectas".

En este punto, emplazó a Camps a comparecer en rueda de prensa y en las Corts para "contarnos qué es lo que tanto le preocupa de ese informe y qué explicaciones tiene que dar en relación con los indicios que se apuntan". Indicó que los socialistas siguen sin tener acceso a los expedientes de contratación de Orange Market y "sin que nos tramiten ninguna pregunta que tenga que ver con ninguna de las otras empresas de la trama Gürtel".

Advirtió de que los socialistas no van a "cejar" en el empeño y, al respecto, se mostró dispuesto a llevar el asunto al terreno procesal, aseveró. En este punto, remarcó que antes "incluso de conocer el último auto del TSJCV" los servicios jurídicos del PSPV solicitaron al TSJ de Madrid una declinatoria para que remitiera a Valencia la documentación sobre la financiación del PP.

Indicó que están analizando el "complejo papeleo procesal" y, en función de los resulados, "iniciaremos nuevas actuaciones".

"Sigue abierto el procedimiento sobre los regalos, pero éste es otro hecho que en ese procedimiento no se ha querido contemplar", apostilló.

El portavoz socialista manifestó haber oído en la calle decir "total por unos trajes", pero los ciudadanos, a su juicio, "tienen que ser conscientes" de la relación de esos trajes "con una auténtica trama mafiosa que se iba llevando el dinero de aquí a paraísos fiscales", lo que calificó de "escándalo político de primera magnitud" y lamentó que una sociedad "tan adormecida en este tema por la manipulación mediática del PP lo esté tolerando de la manera en que lo está tolerando".

La Generalitat destaca que la ejecución de pagos a 31 de agosto alcanza el 81,9%

VALENCIA.- El estado de Tesorería correspondiente al mes de agosto revela que la Generalitat "sigue atendiendo sus pagos y que el saldo final de la Tesorería asciende a 1.320 millones de euros, cifra superior en un 471% respecto al inicio del ejercicio".

Asimismo, respecto a la ejecución de pagos a 31 de agosto referidos al presupuesto corriente, "los datos demuestran que el porcentaje de ejecución alcanza el 81,9 por ciento", según informaron hoy fuentes de la Generalitat en un comunicado.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) recoge hoy el estado de la tesorería de la Generalitat correspondiente al mes de agosto. El Consell publica de forma periódica estos datos, con lo que se pone a disposición del ciudadano la información sobre la situación de cobros y pagos de la Generalitat, señalaron las mismas fuentes, quienes precisaron que el Gobierno valenciano "proporciona información detallada y constantemente sobre su Tesorería".

De este modo, el Consell "continúa manteniendo su línea de trabajo basada en informar de forma transparente y objetiva, facilitando al mismo tiempo que los ciudadanos dispongan de acceso a la información de carácter económico-financiero y contable de la Generalitat".

También indicaron que la Comunitat Valenciana "fue la primera en hacer públicos este tipo de datos" y remarcaron que el Consell "difunde información referente a las cuentas generales, informes de auditorías, y otro tipo de información contable en general".

"Posteriormente, otras autonomías han seguido el sistema de la Comunitat Valenciana, pero sin publicar de forma total y completa las cuentas de las empresas públicas ni sus informes de auditorias", según las mismas fuentes.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo recoge en su página web la Cuenta de la Administración de la Generalitat, así como las cuentas de las empresas y entes públicos, junto con los informes de auditoria de la Intervención General. Estos datos son publicados aunque no haya ninguna disposición normativa que prevea esta difusión, aseveraron.

Ford acepta que las bajas por el ERE sean "voluntarias" y concretará la semana que viene el "tipo de oferta" que hará

VALENCIA.- La dirección de la factoría de Ford en Almussafes comunicó hoy a los sindicatos que va a "estudiar y presentar propuestas" para aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planteó para rescindir el contrato a 600 trabajadores "sobre la base de voluntariedad" que reclamaba UGT en la propuesta aprobada por su asamblea, de modo que la semana que viene concretará "qué tipo de oferta hacer para se presenten esos voluntarios".

Así lo señalaron hoy fuentes de la empresa, quienes recalcaron que "la semana que viene se presentarán casos concretos y formas específicas" de llevar a cabo esas extinciones de contratos, durante la reunión que mantendrán previsiblemente "a principios de semana" dentro del periodo de consultas del ERE.

Al respecto, el secretario general de UGT en la planta valenciana, Gonzalo Pino, valoró que la empresa "ha accedido a que haya voluntariedad para el trabajador que quiera acogerse a las condiciones que se acuerden pueda hacerlo, de modo que los afectados no sean quienes designe la empresa".

Pino aseguró que la dirección "está de acuerdo en poner en marcha el acuerdo suscrito en 2007 con Ford Europa porque ha dicho que tiene herramientas suficientes para dar respuesta al problema del empleo sin recurrir a medidas traumáticas", tal y como recoge dicho acuerdo, que indica que "en caso de afrontar cualquier situación de excedente por la situación del mercado, se optaría por medidas no traumáticas".

"En base a ese acuerdo nos sentaremos la semana que viene a negociar", recalcó el líder sindical, quien apuntó que la multinacional automovilística "ha comunicado que retira también el artículo 51, por el que pretendía despedir a los afectados con la menor indemnización posible, de modo que se abre un periodo de negociación para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes".

Pino explicó que a pesar de que el periodo de consultas sobre el ERE inicialmente tiene una duración de un mes, plazo que vencía el día 3, "con este giro de las negociaciones, esa duración aproximada se puede prolongar en el tiempo hasta que se consiga ese acercamiento y se cierre un acuerdo" dado que "es algo que beneficia a todos".

"Lo importante es que ahora la empresa reconoce que ningún trabajador debe marcharse de forma traumática y que, si ha de irse, ha de ser siempre con la condición de volver a la fábrica cuando vuelva a crecer la demanda", de modo que "únicamente le falta tener tiempo para valorar desde el punto de vista económico el coste que tienen esas medidas".

Por su parte, el máximo representante de CCOO en la factoría, Miquel Rosaleny, indicó que "la dirección va muy 'gota a gota' y ahora dice que está dispuesta a entrar en una negociación, aunque no acaba de presentar ninguna propuesta concreta", sino que únicamente "quería saber si había disposición a negociar y a alcanzar un acuerdo respecto a este ERE".

"Y estamos dispuestos a hacerlo, pero siempre que se trate de un acuerdo que pase por un ERE no traumático y en buenas condiciones para los afectados", recalcó.

Así, indicó que continuarán "esperando que la dirección concrete esa propuesta y la ponga encima de la mesa" y subrayó que "mientras tanto, las espadas continúan en alto y la movilización del sábado para pedir que se retire el ERE sigue convocada, ya que no podemos abandonar la lucha sin nada concreto".

En la misma línea, la secretaria general de CGT, Francisca Cuesta, criticó que "no haya nada claro sobre dinero ni sobre la gente afectada".

"La empresa sólo dice que ha visto la luz con la propuesta de UGT, que es la que va a valorar y será ratificada por el comité de empresa con la mayoría que ostenta este sindicato", agregó.

Cuesta hizo hincapié así en que "la exigencia del resto de organizaciones sigue siendo que se retire ese ERE y que se estudie la alternativa presentada" puesto que, en opinión de CGT, "el punto de voluntariedad también es dudoso porque nadie se va a sumar voluntariamente a un expediente".

Los rectores reivindican que las universidades públicas sean "parte de la imagen de marca de la Comunitat"

VALENCIA.- El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades públicas valencianas, y rector de la Universidad Miguel Hernández de Elx (Alicante), Jesús Rodríguez Marín, reivindicó hoy que estas instituciones académicas "sean parte de la imagen de marca de la Comunitat", de forma que "cuando se trate de hablar de las fortalezas" de esta región, una de ellas sea tener un sistema universitario "fuerte y potente".

Rodríguez Marín realizó estas declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación del informe 'La Contribución socioeconómica de las Universidades públicas valencianas', que tuvo lugar hoy en el Palau de la Música de Valencia, y contó con la presencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

También acudieron los rectores de las otras cuatro universidades públicas de la Comunitat, el de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Juliá; el de la Universitat de València (UV), Francisco Tomás; el de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), Francisco Toledo; y el de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda. Asimismo, el acto contó con el apoyo de numerosas personalidades de la vida política y académica de la Comunitat.

El rector de la UMH destacó que las universidades públicas tienen que ser "imagen de marca" de la Comunitat, y que cuando "salga por el mundo, se sientan orgullos y se exhiba un sistema público como el que tiene". Al respecto, Juliá apuntó que este sistema es "uno de los mejores del país en estos momentos".

Por ello, consideró que "igual que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía en la campaña electoral que el pueblo estadounidense se sintiera orgulloso del sistema universitario, este informe deja bien claro que los valencianos se pueden sentir muy orgullosos de su sistema", sentenció.

Por su parte, Francisco Tomás hizo hincapié en que el informe recoge que "por cada euro que moviliza la Universidad, se revierten cuatro euros en renta", por lo que "si el número de euros que movilizara la universidad fuera mayor, el impacto todavía sería mayor". A su juicio, el estudio demuestra que las universidades "no sólo da prestigio, sino que es rentable, dinero bien usado y que repercute en la sociedad de manera efectiva".

Sin embargo, Rodríguez Marín señaló que las necesidades "no son estrictamente económicas", sino que las instituciones académicas precisan de una mayor "capacidad autonómica para poder organizarse". En este sentido, criticó la "asfixia" que produce "el sistema de hiperregulación" al que se someten las universidades públicas.

Del informe presentado hoy, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, se desprende que más del 30 por ciento del crecimiento medio de la economía de la Comunitat Valenciana en los últimos 15 años se debe a las contribuciones y los recursos aportados por el capital humano formado en el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV).

En concreto, los titulados en el SUPV, a través de la calidad y la cantidad de empleo, y el capital tecnológico de estas instituciones académicas, generado por sus actividades en I+D han contribuido al crecimiento de la Comunitat en 0,95 puntos anuales, lo que significa que sin estas aportaciones, la renta per cápita de los valencianos sería un 21 por ciento inferior.

Otras de las conclusiones de este estudio, realizado por José Manuel Pastor y Francisco Pérez, es que la existencia del sistema público representa un volumen de producción de 4.288 millones de euros, una renta de 1.956 millones y 54.638 empleos. Del mismo modo, las universidades públicas se sitúan como "el principal referente" de estudiantes y familias, ya que agrupan al 91,6 por ciento de alumnos.

En su intervención, el ministro de Educación subrayó que el "necesario cambio en el modelo productivo y la salida de la crisis no será posible si la educación, la investigación y la innovación" no se convierten en materias "prioritarias". Por ello, reconoció el "esfuerzo de las universidades" que permite "dar respuesta a los desafíos de un tiempo, nada fácil".

Para el ministro, el conocimiento "genera empleo, crea riqueza y bienestar", y añadió que "sólo los más desarrollados tecnológicamente serán los más competitivos". Así, instó a las universidades a "profundizar en estos retos".

Del mismo modo, Gabilondo agradeció a las universidades valencianas y al IVIE la elaboración de este estudio que, en su opinión, pone el debate sobre la función de las instituciones académicas "donde nos gusta, en los datos objetivos y el análisis", al tiempo que "aleja de los dichos que insisten en el aislamiento de las universidades".

Por su parte, el presidente de la Generalitat destacó la incidencia que tienen sobre el empleo las universidades valencianas y apuntó que, en la actualidad, trabajan en la Comunitat casi 450.000 titulados universitarios, frente a los 140.000 de los últimos 10 años. Así, subrayó que "una cuarta parte de la población ocupada" está empleada en estas entidades.

Camps indicó que el Consell "destina a educación más de 4.200 de euros año, casi 1.000 millones a las universidades" y aseguró que, "en diez años, se ha duplicado el esfuerzo presupuestario hacia las universidades, que han respondido de forma excepcional haciendo posible una mejor preparación y formación de los jóvenes, una mejor implicación en la investigación y el desarrollo y una mayor capacidad de excelencia en todos los ámbitos del desarrollo económico-social de la Comunitat", resaltó.

El sindicato CGT se opone a una posible fusión CAM-Cajamurcia

MURCIA.- La Confederación General del Trabajador manifestó este jueves su "más rotunda oposición" a una posible fusión entre Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia, por considerarla "ni positiva, ni necesaria", según indicó el secretario general de CGT-CAM, Ventura López, quien advirtió que de llevarse finalmente a cabo habrá "una notable pérdida de puestos de trabajo para las zonas donde están implantadas ambas cajas, afectando sobre todo a Murcia".

En este sentido, explicó que en la Región de Murcia "la duplicidad de oficinas es notable", ya que CAM posee 182 y Cajamurcia 251 oficinas.

A ello habría que sumar, indicó López, la concentración de servicios centrales en una de las dos provincias, "que provocaría, sin lugar a dudas, varios cientos de puestos de trabajo menos y la tremenda movilidad geográfica que se padecería por parte de la plantilla resultante".

López estimó que ambas entidades "ya tienen un volumen suficiente y no necesitan crecer para mantenerse en el actual mercado", al tiempo que destacó en un comunicado que "Cajamurcia ha demostrado ser más eficiente que CAM, caja que la triplica en tamaño".

Además, defendió la viabilidad de ambas cajas "como grandes creadoras de empleo de calidad y su influencia social en los entornos donde se desarrollan en la actualidad".

Por ello, reclamó "a los partidos políticos, a los órganos de gobierno y a las direcciones de las cajas que no escondan las repercusiones negativas que los procesos de fusión acarrearán para los trabajadores del sector y para nuestros clientes".

En opinión de López, "la excusa de la crisis es una herramienta que están utilizando para que la fusión sea aceptada por nuestra sociedad como única alternativa".

"Detrás de ella están los deseos de los poderes económicos del país para que haya concentraciones de bancos/cajas y puedan ser mas fácilmente controlados por los intereses especulativos del capital".

A la vez, agregó, su objetivo es "el de abaratar/eliminar las actuales condiciones laborales de los trabajadores de las cajas". Precisamente, López indicó que "observamos, en línea con lo descrito anteriormente, una campaña mediática para desacreditar y desestabilizar a las cajas de ahorro del país, persiguiendo una disminución del número de las mismas, camino que llevará a la desaparición del sector de ahorro".

Desde CGT-CAM reivindicaron "unos servicios financieros de carácter público, suprimiendo la especulación y los beneficios privados de la intermediación financiera".

De ahí que la Confederación General del Trabajo abogue "por un modelo jurídico de las cajas de ahorros como de naturaleza pública, ligado a las Obras Sociales, a la atención de las necesidades de la población y como garantía de sus derechos básicos".

El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.