Camps apunta a su predecesor: “Zaplana me envió al Bigotes”

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha negado este miércoles en el juicio del caso Gürtel que ordenara una financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 y ha dicho: “Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo”.

“Nadie se ha enriquecido nunca jamás ni en mi gobierno ni en los altos cargos ni en el propio partido, imagínense el trago que estamos pasando todos porque de repente ha aparecido todo el follón este de Gürtel de gente de Madrid de una trama de empresas”, ha añadido Camps.
La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunidad valenciana para dichas campañas.
Francisco Camps ha asegurado que “es absurdo” que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que “nunca jamás” se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP. De esta forma ha negado lo declarado en el juicio por el acusado Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia.
Hoy también ha testificado Juan Cotino, que ha apuntado que “nunca” nadie le dijo que el PP estaba facturando ilegalmente actos electorales y ha dicho que no sabe si algunos empresarios, entre ellos su sobrino Vicente Cotino -acusado en el juicio-, estaban siendo beneficiados con contratos de la Administración pública. “El señor Camps nunca me dio a mí ninguna instrucción de nada en esas materias”, ha asegurado.
Francisco Camps ha negado también lo que dijo el responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, el acusado Álvaro Pérez “El Bigotes”, de que quien les presentó a ambos fue el empresario Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar. Ha señalado que fue en 2002 cuando el entonces presidente del PP en Valencia y de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana se lo envió con ocasión de un evento del partido en Alicante como la persona que se iba a encargar del montaje de los actos de la formación.
En referencia a “El Bigotes” Camps ha indicado: “Cómo no voy a estar enfadadísimo con este señor después de este follón que ha organizado con el partido”. Y ha apostillado: “no ordené que se pusieran en contacto con empresarios para pagar actos y jamás en mi vida tuve reuniones con ninguno de ellos, y me extrañaría que Ricardo Costa lo hiciera aunque luego la vida te da sorpresas”.
“Ricardo Costa no solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo le llamé para preguntarle ‘qué es lo que está pasando’ y me dijo: No te preocupes, presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades“, ha asegurado Camps.
Y ha añadido: “Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de Valencia (…) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad”.
En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está “completamente convencido” de que el presidente o el secretario general de la formación, que eran “sus interlocutores”, se lo hubiesen contado.
“Sinceramente, no lo sé”, ha dicho a la pregunta sobre quién llevaba los temas económicos en el partido, aunque ha supuesto que era el secretario general, entonces Costa, “como máximo responsable”.
También ha negado lo declarado por Bárcenas de que éste viajó junto con su antecesor Álvaro Lapuerta a Valencia a petición de Camps con un empresario para que ayudase a financiar al partido.
“Por ahí no apareció nadie ni pedí financiación al PP. Solo pedí dinero a José Luis Rodríguez Zapatero -entonces presidente del Gobierno de España- para financiar a la Comunidad Valenciana”, ha zanjado Camps al respecto.
Este miércoles también ha testificado el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, responsable de las grabaciones que destaparon el caso Gürtel, que ha dicho que las empresas de la red “tenían que realizar facturas falsas para poder cobrar de la Comunidad Valenciana” y que la orden partía de “responsables políticos”.
“Te van a matar con lo de Valencia”, le dijo Peñas al presunto número 2 de la trama, el acusado Pablo Crespo, cuando este le contó que debían girar a empresarios facturas falsas procedentes de actos electorales para el PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008.

Todos los funcionarios se suman a la equiparación salarial: médicos, profesores, auxiliares...

MADRID.- Policía y Guardia Civil acaban de levantar la veda. El hecho de que ambos cuerpos hayan logrado la equiparación salarial con respecto a los Mossos de Cataluña ha animado a otros muchos funcionarios a reclamar lo mismo. Es decir, igualar por arriba los sueldos que perciben los diferentes empleados públicos a nivel autonómico, según publica www.libremercado.com.

Tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años, unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente, con un coste estimado para las arcas públicas próximo a los 1.100 millones de euros. Pero este colectivo no es el único que registra diferencias de salario en función de la autonomía o la administración para la que trabaje. De hecho, estas divergencias son la regla y no la excepción.

En el caso de los médicos, por ejemplo, las diferencias de retribución en términos netos oscilan entre los 1.033 y los 1.871 euros al mes, en función del puesto y la comunidad en la que trabajen. Según el secretario general de la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM), Francisco Miralles, la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil constituye "un agravio comparativo clarísimo entre los funcionarios del Estado" y, por ello, reclama lo mismo para su colectivo.

En una entrevista con Redacción Médica, Miralles asegura que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Salud son los responsables de que no haya "17 Españas" en cuanto al salario de los médicos. "Hay una diferencia brutal pese a que todos los médicos de España hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma preparación, los mismos requisitos y los mismos méritos, por lo que debemos ganar de forma similar", aclara.

El Sindicato de Enfermería (SATSE), por su parte, demanda que "se incrementen los salarios de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en todas las comunidades autónomas". En concreto, piden que "las enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas empiecen a recuperar ya la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde 2012", y que cifran en más de un 30%.

Denuncian "discriminación y agravio"

El cuerpo docente se suma, igualmente, a la equiparación de salarios, además de solicitar la recuperación del sueldo perdido desde 2010 como consecuencia de los recortes, que calculan en una caída del 20% de su poder adquisitivo. Desde el sindicato ANPE recuerdan que las diferencias a nivel autonómico pueden rondar hasta los 500 euros al mes o incluso algo más.

 Asimismo, ANPE recuerda que los docentes son un un cuerpo estatal, si bien la competencia ha sido transferida a las CCAA, por lo que solicitan la creación de una Ley del Profesorado con el fin de establecer un marco legal para avanzar hacia la homogenización de condiciones, incluidas las salariales, a nivel nacional. 

Por otro lado, inciden en que los profesores son funcionarios de nivel A, por lo que se les exige ser diplomados o licenciados, mientras que policías y guardias civiles son nivel C o D, de modo que la equiparación pactada genera un agravio comparativo entre los diferentes cuerpos.

Los funcionarios de Prisiones también se han sumado a esta demanda generalizada. El sindicato CSIF ha registrado en el Ministerio del Interior una petición de convocatoria urgente de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciaras para que este colectivo también participe de esta equiparación salarial respecto al personal dependiente de la Generalidad de Cataluña.

Además, recuerdan que los funcionarios de Prisiones dependen del Ministerio del Interior y, por tanto, deben beneficiarse de las mejoras en las condiciones económicas que se están negociando con Policía y Guardia Civil, ya que, de lo contrario, el Gobierno "incurrirá en una discriminación hacia un colectivo de más de 23.000 personas". 

En caso de que no se atiendan sus demandas, CSIF prepara movilizaciones a nivel nacional en abril.

Este fenómeno no es nuevo. CSIF ya lanzó una campaña el pasado año para reivindicar la equiparación salarial del personal a cargo de la Administración General del Estado con los empleados públicos de las CCAA debido a que, de media, cobran un 25% menos. "Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España. 

A lo largo de los años, se ha generado este agravio comparativo y el personal de la AGE (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e Instituciones Penitenciarias) tiene hoy unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales", según denuncia el sindicato. El número de efectivos de la AGE ronda actualmente las 230.000 personas.

Los militares también exigen al Gobierno unas retribuciones "justas y dignas"que se sitúen al nivel del resto de cuerpos de seguridad del Estado después del acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil. El llamamiento lo hizo la pasada semana la asociación profesional de suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO),que denuncia que forman parte de la única profesión a la que se exige dar su vida por España,pero a cambio están "en el furgón de cola" de las retribuciones a empleados públicos.

Con los sueldos actuales, esta entidad denuncia que un teniente de las Fuerzas Armadas y un teniente de la Guardia Civil tienen más de 4.500 euros anuales de diferencia, pese a que ambos salen de la misma Academia de Zaragoza. En el caso de un cabo primero permanente, la diferencia puede superar los 5.400 euros anuales con sus homólogos de Policía y Guardia Civil.

Por último, algunos cuerpos ya han pasado de las reclamaciones a la acción. Es el caso de los funcionarios de Justicia en Galicia, que llevan casi un mes en huelga para reclamar subidas salariales con el fin de aproximarse a las retribuciones que se perciben en otras CCAA.

Los nuevos radares de Tráfico podrían entrar en servicio antes de la Semana Santa

LA CORUÑA.- Son tan pequeños que van a formar parte de la equipación que llevarán las motos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y son tan versátiles que pueden ser colocados en casi cualquier sitio, en las propias motos, en trípodes e incluso añadidos a los guardarraíles de la carretera. Los nuevos radares láser portátiles de la DGT, que por su tamaño son más difíciles de localizar por los conductores, se utilizarán principalmente en carreteras convencionales en las que no hay controles fijos de velocidad y en los tramos en los que se considere necesario debido a su elevada siniestralidad, se relata en La Voz de Galicia.

Estos equipos están siendo sometidos ahora a un período de pruebas en la Academia de Tráfico de Mérida, donde guardias civiles de toda España adquieren destreza en su manejo. De hecho, en carreteras de Extremadura ya se han podido ver estos días algunos de estos radares instalados en guardarraíles para comprobar su funcionamiento aunque aún no denuncian.
Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que estos radares estén totalmente operativos este mismo mes, de manera que ya puedan ser distribuidos a las agrupaciones de Tráfico de toda España y entrar en servicio durante la Semana Santa, cuando se produce la operación con mayor número de desplazamientos de vehículos del año.
Está previsto que para Galicia vengan cinco de los 60 radares que adquirió la DGT. Irán incorporados en las nuevas motos estrenadas a principios de este año por los motoristas de Tráfico. La empresa Veloláser, que comercializa estos radares de última generación, destaca que su montaje es sencillo y rápido, y que esa operación puede realizarse en menos de un minuto. Su funcionamiento es sencillo ya que se activa a través de aplicaciones de dispositivos móviles sin cables.
Los radares Veloláser controlan velocidades de hasta 250 km/h en dos carriles y en ambos sentidos de circulación. Otra de sus características destacadas es que distingue entre las velocidades de turismos y de vehículos pesados para poder sancionar en función de los límites fijados para cada tipo de vehículo.
Quienes conocen este tipo de dispositivo láser señalan su tamaño y su versatilidad como dos de sus principales características. Aunque preferiblemente será llevado en las motos de la Guardia Civil, este equipo puede ser transportado en cualquier vehículo patrulla, desde donde podrá ser activado en el tramo de carretera que se considere necesario. 

El equipo de vigilancia de la velocidad puede ser manejado a distancia desde cualquier dispositivo móvil que se encuentre conectado al sistema mediante wifi o a través de redes 3G y 4G.
Los nuevos radares elegidos por la DGT para controlar la velocidad están preparados para funcionar de día y de noche ya que disponen de un sistema infrarrojos que permite su total operatividad en condiciones de poca visibilidad.

La importancia de elegir una compañía eléctrica 100% renovable

MADRID.- Muchas veces en nuestro día a día tomamos decisiones y no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden tener. Un ejemplo de ello es la decisión de escoger compañía eléctrica para el domicilio. Da igual que hablemos de un apartamento, de un chalet o de una casa en mitad del campo, si estás conectado a la red eléctrica y pagas el recibo de la luz, entonces este artículo es para ti, según se escribe en https://pasatealoelectrico.es.

Recientemente publicamos un artículo sobre las instalaciones de autoconsumo e instalación de placas solares, así como de la idea que tenemos sobre su ilegalidad en España. En él se explica que no es así y que existen ciertos casos en los que podemos hacer una instalación sin estar afectados por el comúnmente denominado “impuesto al sol”.

Ahora toca hablar de la importancia que tiene contratar una compañía eléctrica 100% renovable.

Conceptos sobre el sistema eléctrico en España

Para ponernos en antecedentes tenemos que conocer primero cómo funciona el sistema eléctrico en España. El sector de la energía está compuesto por cinco agentes: productor, transportista, distribuidor, comercializador y el propio cliente.

• Productor. Como su propio nombre indica son empresas dedicadas a la producción de energía.
• Transportista. El sistema global de transporte por líneas eléctricas lo hace la empresa Red Eléctrica de España (REE). Su misión, como operador del sistema, es asegurar el correcto funcionamiento del sistema de suministro eléctrico y garantizar en todo momento la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica. REE gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica (alta tensión), pero no realiza distribución de energía eléctrica (baja tensión).
• Distribuidor. Las entidades distribuidoras de energía son las que se encargan de transportar la energía hasta los hogares además de gestionar, mantener y reparar las infraestructuras necesarias para que el suministro que recibe finalmente el usuario sea de calidad y no tenga interrupciones. Desde el 1 de julio de 2009 las empresas distribuidoras no pueden vender energía eléctrica, por lo que surge la figura de las comercializadoras. Los clientes pueden elegir comercializadora, pero no empresa distribuidora que es la que te toca según la zona donde vivas. Ambas pueden coincidir, pero no tienen por qué ser la misma.
• Comercializador. La comercializadora es la compañía que vende la electricidad a los usuarios a un precio establecido previamente entre ambas partes.

¿Por qué elegir una compañía eléctrica 100% renovable?

Toda la electricidad producida va mezclada por el tendido eléctrico sin distinción del origen, y dado que todos compartimos la misma red eléctrica (REE), no podemos separar una de otra para su consumo. Es por esto que muchas personas se excusan en que no conocer el origen de la electricidad que consumes es motivo suficiente para no contratarlo. Como si el mero hecho de desconocer el origen de lo que consumes eximiese de responsabilidad. 

No nos damos cuenta de varias cosas: la primera de ellas es que contratar una comercializadora de electricidad con origen 100% renovable no implica pagar más; es más, es posible que implique pagar menos. La segunda es que contratar una compañía renovable supone incentivar un tipo de generación de electricidad y no otro. Y por último, y no menos importante, es que estás haciendo un bien por el planeta y por todos los seres vivos que lo habitamos. Para mí estos motivos son más que suficientes para descartar una frente a la otra.

Recuerda que al pagar tu recibo de la luz estás decidiendo dónde va a ir tu dinero y esa compañía va a comprar electricidad a una productora u otra, según lo que tú decidas. Por tanto, la responsabilidad que tienes sobre tu recibo de la luz es máxima, pues no implica sólo poder tomarte una cerveza fría del frigorífico sino también ser consciente de que para beberte esa cerveza fría no se han producido emisiones ni residuos contaminantes para el planeta.

Energía Verde vs Energía 100% Verde

Antes de continuar me gustaría aclarar dos conceptos: energía verde y energía certificada como verde. Muchas empresas, como la que tenía antes en mi domicilio, ofrecen contratos de energía verde pero, al preguntarles por el origen de la electricidad, te dicen que no te aseguran el 100%. Recuerdo además la persona con la que hablé que me argumentaba que además eso no era posible. 

Y claro, si atendemos al consumo real que viene por la línea eléctrica a mi casa es cierto, pero es que como ya he explicado antes, el consumo que realizamos en casa tiene un origen, por tanto ser responsable de nuestra factura nos lleva a ser también responsables del origen de la electricidad que consumimos. Del mismo modo que somos responsables del origen del petróleo que consumimos con nuestros vehículos de combustión y, por tanto, somos responsables en mayor o menor medida de las consecuencias que ello ocasiona.

¿Como sé que la electricidad que consumo y pago en mi factura tiene un origen 100% verde?

A través de la Certificación CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Si una empresa comercializadora especifica que provee energía verde o 100 % renovable y tiene certificado CNMC, entonces puedes confiar. La forma para comprobarlo es la siguiente, ya que la certificación se consigue al año vencido, es decir, al año siguiente de haber consumido dicha electricidad (por tanto, hasta primeros de 2018 no podremos comprobar el origen de la electricidad consumida en 2017).

En la web de CNMC podrás consultar y comprar el origen de la electricidad de tu domicilio. Pasos para realizar la comprobación:

• Entra en la sección “Redenciones por CUPS” de la web de la CNMC.
• Una vez dentro, completa el primer campo con el año en el que disfrutaste la electricidad sobre la que quieres hacer la consulta, indica tu CUPS en el campo correspondiente (puedes encontrarlo en cualquier factura de la luz). Y ya podrás descargar el documento con la información.

Conclusiones

Hay mucha información en Internet sobre las diferentes compañías comercializadoras de energía renovable existentes en el mercado español. Algunas emplean el dinero que pagas en tu factura para crear nuevas centrales hidroeléctricas, solares o eólicas.  Aquí  un enlace en con 24 alternativas. Elija la que más le guste y mejor se adapte a usted, pero elija siempre 100% renovable.

El relevo en Economía acelera la fusión BBVA-Bankia

MADRID.- Román Escolano, el pre­fe­rido por Francisco González (FG) como mi­nistro de Economía, pero buen amigo del pre­si­dente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tiene en sus manos el dar vía libre a la fu­sión entre BBVA y Bankia. Goirigolzarri ha re­co­no­cido en la prensa bri­tá­nica el en­caje de una ope­ra­ción que "no es­taba sobre la mesa" hace una se­mana. Escolano -cuyo nom­bra­miento fue ade­lan­tado por Capitalmadrid- re­cabó en el BEI en sep­tiembre de 2014 tras el aco­gi­miento del pre­si­dente del BBVA como di­rector de re­la­ciones ins­ti­tu­cio­na­les, avanza estar tarde https://www.capitalmadrid.com. 

Punto y saque para el presidente del BBVA, Francisco González, pero también para Goiri. El candidato deseado por FG, Román Escolano, ya es ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos. El hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y expresidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), fue acogido en el tercer banco español en 2006, dos años después de la victoria electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se quedó sin cargo público.

De esta manera, FG y Goiri pueden encarar la fusión de BBVA con Bankia sin mayores impedimentos y hasta permitiría al presidente del BBVA por la gracia de José María Aznar poder prolongar su cargo más allá de 2019, cuando en octubre cumpla los 75 años fijados como edad límite para ostentar el máximo cargo al frente del grupo financiero.

El propio presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconocido en los últimos días, en declaraciones al diario Financial Times, que el grupo nacionalizado tendría un buen encaje entre alguno de los grandes grupos bancarios españoles, sobre todo en el BBVA. Hace tan sólo una semana, durante la presentación de su nuevo plan estratégico, negaba que hubiera operación alguna encima de la mesa. 

Pero por debajo del tablero, algo ya se mueve.

Francisco González lograría dar un salto considerable con la fusión del BBVA y Bankia, ya que tras la adjudicación del Popular al Santander y la posición en el mercado doméstico de CaixaBank, su banco ha perdido peso en el mercado doméstico y su capitalización bursátil queda a la mitad de la que tiene el grupo presidido por Ana Botín.

La designación de Román Escolano como ministro de Economía ha dejado plantada a la banca española. El quinto encuentro financiero organizado por las dos principales patronales del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha quedado suspendida.

Escolano, como en la anterior edición, era el protagonista de esta cita prevista para este jueves, con el objetivo de hablar sobre el conocido como 'Plan Juncker'. Fuentes de la AEB han confirmado la cancelación de este encuentro tras la designación del hasta ahora vicepresidente del BEI como máximo responsable de Economía en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ahora queda por ver que y cuándo decisiones toma Romás Escolano desde sus nuevas responsabilidades. El Ministerio de Economía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene pendiente en el horizonte, hasta 2019, la venta de la participación estatal en el accionariado de Bankia.

Fomento rebaja tarifas a las aerolíneas tras disparar el dividendo de 'Aena'

MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha sorprendido con un nuevo incentivo al sector aéreo en forma de rebaja tarifaria. Participaba en la inauguración del Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo, que tiene lugar en Madrid, y aprovechó para anunciar un recorte del 12% en 2019 en la tarifa de ruta que cobra Enaire, empresa pública encargada del control en los cielos y aeropuertos españoles, según Cinco Días.

Con ello, afirmó el representante del Gobierno, “se trasladarán los beneficios derivados de la evolución del tráfico a los aeropuertos, las aerolíneas y los pasajeros”. Una sentencia con la que De la Serna vuelve a demandar a las compañías áreas que lleven hasta el precio de los billetes el abaratamiento de tasas. La de ruta remunera los costes de las instalaciones y servicios de navegación aérea durante el vuelo. Enaire también cobra tasas de aproximación a los aeropuertos.

La decisión de bajar precios llega después de que la pública Aena, dependiente de Fomento, elevara un 70% su dividendo con cargo al resultado de 2017. La nueva remuneración, de 6,5 euros por título, implica repartir un 80% del beneficio de la cotizada, lo que motivó recelos entre las aerolíneas.

Con gran parte de las inversiones en la red de aeropuertos ya desembolsadas, el sector demandó a Aena rebajas tarifarias incluso superiores al 2% anual al que se ve forzada durante cinco ejercicios consecutivos, hasta 2021. Las compañías aéreas tenían claro que llegaría la explosión del tráfico desde y hacia España, compensando ese descuento y elevando los resultados del operador que preside Jaime García Legaz.

El reciente capítulo del incremento de dividendos, y las consiguientes quejas, estarían entre las causas de la compensación obtenida ahora por las aerolíneas, explican fuentes del sector. Otro argumento es el de la continua búsqueda de mayor competitividad en la atracción del turismo.

La reducción del 12% en 2019 anunciada se suma a la bajada del 3% en la tasa de ruta que opera ya en este 2018 y al 5% previsto para 2020. Para el próximo año estaba presupuestado un tijeretazo del 4%. “La decisión ha sido posible gracias a la excelente evolución del tráfico aéreo y al esfuerzo que ha hecho Enaire desde el punto de vista de la eficiencia”, insistió De la Serna.

Fomento cuantificó los ahorros para las aerolíneas, derivados de menores tasas de ruta, en 25 millones en 2018 y 130 millones en 2019. El nuevo ajuste del 12% incide en 70 millones de ahorro extra sobre lo previsto para el próximo año.

Enaire ha encadenado 52 meses de evolución positiva en el tráfico. En 2017 rozó los dos millones de vuelos, 126.000 más que en 2016, lo que supone 5.500 operaciones diarias y picos de hasta 7.000. El objetivo en 2018 es superar ese techo de los dos millones de vuelos.

Aena, por su parte, obtuvo un beneficio de 1.232 millones, con un alza del 5,8% el año pasado.

Las tarifas “más bajas” de Europa

Recortes sobre recortes. Las rebajas tarifarias relacionadas con el control aéreo estaban contempladas ya en el Plan Vuelo 2020 aprobado el año pasado para Enaire.

330 millones menos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, estima que las aerolíneas se ahorrarán hasta 2020 cerca de 330 millones, de los que 139 millones corresponden al descenso tanto de las tarifas de navegación de Enaire como de las tasas aeroportuarias que aplica Aena.

Precios bajos. Con este nuevo descenso España “tendrá las tarifas aéreas más competitivas de todo el sector aéreo europeo”, afirmó De la Serna, quien añadió que Enaire “será el proveedor de servicios más competitivo” de toda Europa.

Dimas Gimeno quiere convertir los 'Corte Inglés' en centros logísticos

BARCELONA.- Como en el océano, el pez grande se come al pequeño. Si El Corte Inglés golpeó el negocio de proximidad hace décadas, ahora gigantes tecnológicos como Amazon hacen temblar los cimientos de la cadena de centros comerciales. La estrategia de su presidente, Dimas Gimeno, para sobrevivir es clara: aprovechar la ubicación céntrica de sus 85 tiendas para distribuir los pedidos online a casa de los clientes más rápido que nadie, cuenta Economía Digital.

“Podemos entregar en menos de dos horas a casi toda la población de España”, presume el ejecutivo en un encuentro organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona. “Mientras las grandes tecnológicas –por Amazon y Alibaba– tienen sus centros de distribución en las afueras de las ciudades, nosotros estamos en el centro, por lo que podemos ser imbatibles en la velocidad de la entrega”, añade.

Además, redobla la apuesta: “Estamos abiertos a cerrar acuerdos con plataformas que ya entregan dentro de ciudad en menos de media hora". Una clara invitación a empresas de reparto como Deliveroo y Glovo.

No obstante, la estrategia requiere de una importante inversión, que llegó a abrir la puerta a una salida a bolsa. Con la refinanciación de la deuda firmada con la banca el pasado enero, el grupo disfruta ahora de los recursos para disponer de un inventario prácticamente a tiempo real o disponer de todas las referencias existentes en las tiendas en la página web. “Ahora sólo tenemos 200.000”, asume, resignado, Gimeno.

A pesar del  renovado músculo, El Corte Inglés deberá poner el freno en su expansión. En el "futuro inmediato" queda aparcada la expansión internacional –factible en Latinoamérica– y la apertura de nuevos centros comerciales en España. “Siempre hay algún proyecto pendiente, pero permitidnos que nos centremos en el reto mayúsculo de competir con estos gigantes tecnológicos”, explica.

En su haber cuenta con una base de datos que acumula 75 años de información y la posibilidad de ofrecer una experiencia multicanal; que los clientes compren tanto online como en los centros físicos. 

"En cambio, Amazon todavía está haciendo experimentos como comprar una cadena de supermercados en Estados Unidos o abrir una tienda sin dependientes", compara.

Gimeno denuncia que el combate entre el negocio tradicional y las grandes tecnológicas no se da en igualdad de condiciones. "La desigualdad fiscal existente no puede continuar, Europa tiene que actuar", urge. 

"Lo que no puede ser es que nosotros paguemos una serie de impuestos que ellos se ahorran", añade. La solución: "O los regulas a ellos o nos desregulas a nosotros".

"Por suerte, las autoridades se han dado cuenta de que hay un problema", celebra. "Imaginad el panorama existente si estas grandes corporaciones ganan cuota de mercado y siguen sin pagar impuestos", alerta.

Francisco Camps declara hoy como testigo por la presunta caja 'b' del PP valenciano

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps declara este miércoles como testigo en el juicio que está celebrando la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008, cuya organización fue contratada a la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

La declaración del exlíder de los 'populares' es una de las más esperadas después de que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa confesasen que el sistema de financiación irregular lo instauró Camps.
Este martes ha comparecido en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta caja 'b' del partido de Mariano Rajoy y ha anunciado a los medios de comunicación, tras finalizar la sesión, que acudirá a la sede judicial para decir la "verdad" que lleva "defendiendo hace muchos años" y ofrecerá alguna "novedad.En la cámara baja ha defendido que las cuentas del partido que encabezó se ajustaban a la legalidad y que tanto Costa como los empresarios que han reconocido el pago en negro de los actos electorales durante la vista oral han estado "nueve años diciendo justo lo contrario". 'El Bigotes' y Costa destaparon el nombre del expresidente valenciano justo después de que los líderes de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, reconociesen que el PP regional les indicó que "si querían cobrar" los servicios que prestó Orange Market para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 tenía que girar facturas falsas a "determinados empresarios".
Por otro lado, nueve empresarios admitieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber pagado irregularmente estos servicios.
Pérez explicó durante su declaración que cuando Costa le comunicó cómo podía cobrar la organización de los eventos, éste le dijo que era una "barbaridad": "Ricardo llamó a la persona que consultaba siempre todo y le dijo que había problemas importantes y esa persona que le dice eso es Francisco Camps", aseguró.

La decisiones más importantes las tomaba Camps

Por su parte, Costa destacó que "las decisiones más importantes" sobre las campañas las tomaba el expresidente en su condición de líder del PPCV y candidato a la reelección, como la contratación de Orange Market. Y añadió que Camps y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino fueron los que ordenaron que el PPCV se financiase "con dinero negro" para poder sufragar los actos.
El exsecretario general también apuntó que en los actos electorales que protagonizó Mariano Rajoy como candidato a La Moncloa en la plaza de toros de Valencia, Camps hizo la "petición expresa" de que la formación política regional pagase con dinero negro "complementos" como fuegos artificiales, una banda de música o pantallas.
Tras estas manifestaciones, el expresidente de la Comunidad Valenciana se manifestó intentando normalizar el hecho de la contratación de la pirotecnia.
"En Valencia fuegos artificiales hay hasta en las bodas", recalcó, al mismo tiempo que indicó que "van en el pack de la campaña electoral en Valencia, es un cierre emotivo con fuegos artificiales y el Himno Regional.

Investigado en tres causas

Tras escuchar estas revelaciones de Costa, la Fiscalía Anticorrupción anunció que espera hasta el final del juicio cuando estudie la prueba practicada y la trascendencia de las declaraciones vertidas por el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana para decidir si investiga a Camps.
Mientras tanto, el expresidente se encuentra investigado en tres causas: en la pieza que investiga a la trama Gürtel, la relativa a la visita del Papa en Valencia; y, por otro lado, por las presuntas irregularidades en la organización de los premios de la Fórmula 1 en dicha ciudad y por la construcción del trazado del circuito de esta competición. Fue absuelto en el conocido 'caso de los trajes'.
Este miércoles también están citados a declarar en calidad de testigos el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino --imputado por la visita del Pontífice--; el denunciante de la trama José Luis Peñas y la exdirectora general de Promoción Institucional del gobierno valenciano Dora Ibars.

Suspendidos un centenar de trenes AVE y Larga Distancia por la huelga feminista

MADRID.- Renfe suspenderá un total de 105 trenes de AVE y Larga Distancia de su oferta habitual este jueves 8 de marzo, en virtud de la resolución de servicios mínimos fijada por el Ministerio de Fomento para el transporte ferroviario con ocasión de la jornada de huelga convocada por distintas organizaciones con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

Los servicios esenciales garantizan el 72% de las circulaciones de este tipo de trenes, esto es, 271 trenes del total de 376 que habitualmente componen la oferta de Renfe en un día comparable.

En el caso de los servicios de Cercanías, los servicios mínimos garantizan la circulación de 50% de los trenes habituales, porcentaje que se eleva al 75% en 'hora punta'.

La compañía considera 'hora punta' las franjas horarias comprendidas entre las 6.00 y las 9.00 horas de la mañana, entre las 13.30 y las 15.30 horas de mediodía y entre las 18.30 y las 20.30 horas de la tarde.

Respecto a los trenes de Media Distancia (regional) los servicios mínimos garantizan la circulación de 369 trenes del total de 568 inicialmente programados para el jueves, el 65% del total. De esta forma, la operadora suspenderá unos 200 servicios.

La resolución de servicios mínimos también abarca al tráfico de trenes de mercancías, si bien en este caso sólo un 25% de las circulaciones se consideran esenciales. Así, se pondrán en marca 84 trenes de carga de los 339 inicialmente previstos.

Garantizar desplazamientos y derecho a la huelga

Fomento justifica la necesidad de fijar servicios mínimos ferroviarios ante la huelga del 8 de marzo con el fin de "garantizar a los ciudadanos los desplazamientos más urgentes, compaginándolo con el libre ejercicio del derecho a la huelga".

Así, el Ministerio argumenta que la jornada de paro está convocada en una jornada laboral, con lo que ve "imprescindible" garantizar el transporte en Cercanías, dados los "numerosos desplazamientos" que se registran entre las grandes ciudades y sus poblaciones periféricas.

"Si se paralizase o restringiese en exceso este servicio se saturaría el tráfico rodado por carretera, dado que el transporte en autobús no podría absorber todos los viajeros que transporta Cercanías", indica Fomento.

En cuanto al AVE y la Larga Distancia, el Ministerio argumenta que, de no fijarse servicios mínimos, "podría ocasionarse un especial trastorno a los usuarios" y se "perjudicaría gravemente el derecho a la libre circulación por el territorio nacional".

"No todos los trayectos quedan cubiertos por otros modos de transporte, con lo que se afectaría de forma especial a las personas que no tienen vehículo propio, las personas mayores y las de movilidad reducida", argumenta el Ministerio.

Alemania no encuentra a trabajadores para cubrir un total de 1.183.000 vacantes

BERLÍN.- Alemania registró en el cuarto trimestre de 2017 un total de 1.183.000 puesto de trabajo vacantes, 128.000 más que en el mismo periodo del año anterior, y marcó así un nuevo récord, según un informe hecho público por el Instituto de Estudios del Mercado Laboral (IAB). Respecto al tercer trimestre de 2017, en el cuarto se registraron 85.000 puestos vacantes más.

El estudio muestra que los problemas para cubrir puestos de trabajo crecen especialmente en el sector industrial y en la construcción. En el primero de los sectores había en el cuarto trimestre alrededor de 161.000 empleos sin cubrir, un 35% más que un año antes, y en la construcción, en torno a 98.000, un 24% más.
La mayoría de las vacantes (918.000) se encuentran en Alemania occidental, donde se localiza la mayor parte de la industria, mientras que en el este hay 265.000 puestos sin cubrir.
Con el descenso de la tasa de desempleo en el conjunto del país (5,7% en febrero), el IAB destaca que hay 194 parados por cada 100 puestos de trabajo vacantes en el oeste de Alemania y 225 en el este, las cifras más bajas registradas en los últimos 25 años.
"Las cifras muestras que hay mejores oportunidades laborales para los que buscan trabajo, pero apuntan también a crecientes retos para los empleadores a la hora de contratar", destacó en un comunicado Alexander Kubis, experto del IAB.
El estudio sobre vacantes, que se presenta cuatro veces al año e incluye también puestos no registrados en la Agencia Federal de Empleo, está basado en una encuesta representativa en la que en el cuarto trimestre participaron 15.000 empleadores.

El repliegue de los británicos de España

MADRID.- La pérdida de poder adquisitivo por la debilidad de la libra, la vejez y el cambio en el cálculo estadístico reducen un 40% el número oficial de residentes de Reino Unido, según revela hoy El País.

La tienda que Michelle Ball atiende en La Xara, Alicante, no es un Todo a 100, aunque lo parece. Vende vestidos a un euro, platos, vasos, lámparas, flores de plástico y otros objetos de decoración. Pero sus productos no proceden de fábricas chinas, sino de las cocinas, comedores y armarios de viviendas británicas, que los donan con fines benéficos. 

Ball y el resto de voluntarios que trabajan aquí destinan después los beneficios a ayudar a compatriotas enfermos y con pocos recursos que residen en la provincia. Su charity shop vive una edad dorada, porque un creciente número de británicos está vendiendo sus casas en la zona y regresando a su país. Antes de marcharse, pasan por la tienda de Ball y le entregan todo lo que no les vale la pena llevarse a Reino Unido.

“Muchos están volviendo porque la vida aquí se ha vuelto supercara. Mi madre ha perdido 160 euros al mes en su pensión desde el referéndum del Brexit por la devaluación de la libra. Su pensión es ahora de 690 euros. Y desde el cambio que hizo hace unos años el Gobierno español, también tiene que pagar parte de sus medicamentos, no es mucho, pero tampoco ayuda”, resume Ball, que tiene 44 años y llegó a la Comunidad Valenciana con 14.

El número de residentes británicos en España que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha pasado de 397.892 a 240.785 en cinco años. Hay 157.107 menos. En ese descenso influye la nueva regulación del padrón municipal para los ciudadanos comunitarios. 

Pero mientras la caída registrada en el mismo periodo entre los residentes en España del resto de países del núcleo histórico de la UE, los 15 que componían la Unión antes de la ampliación hacia el Este, ha sido del 25%, la reducción de los residentes británicos se eleva al 40%, según los datos oficiales.

La estadística de migraciones, una información paralela que ofrece el INE, muestra que 102.367 residentes británicos abandonaron España entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2017. Cada año siguen instalándose ciudadanos de Reino Unido en España: 88.799 en el mismo periodo. Pero ahora el número de quienes se marchan es mayor, lo que le ha dado la vuelta a la tendencia anterior: de 2008 a 2012, llegaron 40.454 más de los que se fueron.

Tanto el número de residentes como el saldo migratorio reflejan una evolución negativa, pero sus volúmenes son diferentes. Los expertos señalan que ello se debe principalmente a que en la reducción de residentes influyen dos factores. 

El primero es que el cambio en la forma de actualizar el padrón ha sacado a luz que decenas de miles de británicos ya no vivían en España, bien porque habían regresado tiempo antes a su país o bien porque habían fallecido, sin que nadie lo hubiera notificado a un registro que es voluntario. Los Ayuntamientos tenían un incentivo para que se empadronaran –más residentes implica más financiación del Estado- y ninguno para darlos de baja.

Hasta principios de esta década la presencia de un comunitario en un municipio se mantenía año tras año, a no ser que hubiera una petición expresa de baja. Los Consistorios están ahora obligados a confirmar que el comunitario sigue viviendo en el municipio cada dos años, o de cinco si se halla inscrito en el Registro Central de Extranjeros. 

Esto provoca el segundo factor que los expertos señalan para explicar la disparidad de los datos oficiales, y que consiste en que el padrón deja ahora fuera a comunitarios que siguen viviendo en España y no han realizado el trámite de confirmar la residencia. Es la tesis defendida por muchos alcaldes, como el de Torrevieja, José Manuel Dolón.

En este caso, los Ayuntamientos sí tienen interés en clarificar el error. Y los que cuentan con grandes poblaciones de comunitarios mantienen campañas informativas que incluyen llamadas telefónicas, como la que recibió en diciembre en su casa Linda Hall, vecina de Altea y corresponsal en Alicante del diario Euro Weekly, o comprobaciones físicas por parte de la policía local.

La reducción del número oficial de británicos ha resultado especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, que fue su primer destino residencial masivo en España, y donde el efecto limpieza del padrón ha sido mayor. En cinco años, se han reducido casi a la mitad: de 145.652 a 75.045. Andalucía también ha perdido británicos, pero menos, y es ahora la comunidad donde más residen, 74.252.

La marcha de británicos puede agravarse en función de cómo concluyan las negociaciones del Brexit, ya que muchos piensan como Patricia Mary Sawers, de 69 años, antigua administrativa de la Universidad de Cambridge, que vive en Pedreguer, Alicante, desde que se jubiló. 

“No sé si regresaré. Dependerá de cómo quede nuestra cobertura sanitaria. La atención ahora es estupenda, pero no sabemos si tras la salida de Reino Unido de la UE seguiremos teniendo sanidad pública aquí. Esa es la gran cuestión”, afirma Sawers después de dar un sorbo a su taza de té.

Aunque el presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que los británicos seguirán recibiendo atención sanitaria en la Comunidad Valenciana tras el Brexit, la realidad es que la reciprocidad se decidirá en el marco de la negociación entre Bruselas y Londres o, en todo caso, a escala bilateral, entre España y Reino Unido.

La salida de muchos de los que se han ido está vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. La pertenencia a una comunidad cerrada que tiende a beber en sus propios bares, comer en sus restaurantes, comprar en sus tiendas y alternar en sus clubes los protegió relativamente de la crisis. 

Pero esa endogamia ha agravado el impacto en sus negocios de la reducción de ingresos de los pensionistas como consecuencia de la devaluación de la libra, señala Carmen Ródenas, catedrática de la Universidad de Alicante.

El hecho de enviudar y la extrema vejez de quienes llegaron con más de 65 años a la costa mediterránea en la gran oleada migratoria de principios de siglo, coincidiendo con el boom residencial, también fomentan el regreso, señala el profesor de la Universidad de Valencia, Jordi Giner, autor de una tesis doctoral sobre su salida de España.

Un agujero en los pueblos

El alcalde de Xàbia, José Chulvi, no cree que su pueblo haya perdido en solo cinco años la mitad de los 8.737 residentes británicos que tenía en 2012. Y atribuye a la obligación que tienen ahora los ciudadanos comunitarios de acreditar periódicamente que siguen viviendo en el municipio para no ser dados de baja parte de la caída, aunque no sabe precisar cuánta. 

 “Muchos siguen aquí, pero no hacen el trámite. Es un problema, porque parte de la financiación que recibimos del Estado y la ratio de policías y médicos que nos toca se basa en el número de habitantes”.

El padrón es, con todo, la vía más fiable para conocer el número real de residentes. Aparte de las campañas informativas municipales, la gran mayoría de extranjeros acaba necesitando acreditar su empadronamiento para realizar algún trámite ante la Administración y así descubren que no figuran en el registro, explica George Thomas, directivo de una compañía cervecera jubilado y residente en Xàbia.

'El Corte Inglés' pide un pacto europeo para “frenar el tsunami online”

BARCELONA.- El presidente del consejo de administración de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha pedido un gran pacto europeo entre el sector comercial local y con el apoyo legal de las administraciones para hacer frente a las grandes plataformas de comercio electrónico que están disparando su presencia en el mercado europeo. Gimeno pidió la colaboración y acuerdos entre todos los segmentos y formatos del sector comercial tradicional, grandes y pequeños formatos, para enfrentar a gigantes como Amazon o Ebay, según publica La Vanguardia.

“Los nuevos operadores tienen muchas ventajas fiscales y legales y nos lo ponen muy difícil; necesitamos competir en igualdad de condiciones, ya sea porque ellos paguen lo mismo o que a nosotros se nos de más libertad”, aseguró Gimeno, protagonista de la cita Dinars Cambra, organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona. 

La carrera con el online

El ejecutivo aseguró que la compañía de distribución, que facturó 15.000 millones de euros en 2016, concentra todos sus esfuerzos en “frenar el efecto tsunami que provoca el mundo online”. 

La compaña está plenamente centrada en la transformación digital, en mejorar procesos y servicios y en complacer a un cliente cada vez más omnicanal.

En la carrera contra Amazon, aseguró: “No sé si ellos serán más rápidos en al apertura de tiendas o nosotros en la transformación digital, pero vamos muy rápido”. Según Gimeno, la gran ventaja competitiva de El Corte Inglés son las tiendas y su capilaridad en todo el mercado español. 

“Seremos capaces de hacer entregas en media hora”, aseguró. Hoy, afirmó, la compañía llega a prácticamente toda la población española en dos horas. El Corte Inglés, explicó, también está aumentando su catálogo de referencias en las tiendas para competir con la gran variedad de los gigantes online.

Sabadell recibe 3.200 millones del FGD por la CAM

MADRID.- Las pérdidas en las que el Fondo de Garantía de Depósitos incurrió el año pasado por el compromiso de asumir el 80% del deterioro de la cartera protegida procedente de la antigua CAM no hacen sino crecer a medida que pasan los ejercicios, según revela hoy Expansión. 

Vendido efectivamente el banco CAM a Sabadell en junio de 2012 (aunque el acuerdo se alcanzó varios meses antes a la espera de recibir el visto bueno de las autoridades comunitarias por contemplarse ayudas públicas), se contemplaba el compromiso del FGD de hacer frente al 80% de las pérdidas en que se incurriera al vender una cartera protegida de inmuebles y créditos inmobiliarios por valor de 24.644 millones de euros una vez se hubieran consumido las provisiones existentes en el balance de CAM por valor de 3.882 millones de euros.

Punto de inflexión

Estas provisiones fueron suficientes para hacer frente a las pérdidas generadas durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Pero a partir de ese último año se agotaron, lo que provocó que, con cargo a las ventas llevadas a cabo en 2015, Sabadell pidiera al FGD 825 millones de euros, que este le ingresó el último día de febrero de 2016. El año pasado Sabadell elevó la factura hasta acercarla a los 1.000 millones, exactamente 981 millones de euros.
La liquidación presentada en las primeras semanas de 2018, correspondiente a lo ocurrido en 2017, ha crecido sustancialmente hasta superar de largo los 1.300 millones de euros, lo que podría sorprender al compararla con los dos ejercicios anteriores, dada la recuperación del sector inmobiliario que se ha registrado en los dos últimos años. Fuentes del banco no quisieron confirmar la cifra que han recibido, declarando que se trata de información que no es pública y, por lo tanto, declinaron hacer ningún comentario al respecto.

Factura al alza

Puede haber algunas explicaciones al crecimiento anual de la factura. La primera de ellas es que, si bien Sabadell ha vendido activos dañados por un importe similar al de ejercicios anteriores, lo que ha ocurrido es que el peso de los activos procedentes de CAM es relativamente mayor que el de los que estaban en el Banco Sabadell y que no tenían la cobertura del fondo de garantía. 

Otra razón se refiere al nivel de cobertura que Sabadell había constituido sobre los activos de CAM, inferior a los del propio Sabadell, gracias a tener un plazo de 10 ejercicios para venderlos con la garantía parcial del FGD. Una vez que han disminuido en el conjunto los activos malos procedentes de Sabadell, los de la antigua CAM salen más deprisa.

Las cifras de pérdidas esperadas de la cartera que sigue protegida por el FGD, según los cálculos de este organismo hechos públicos en 2017 con los datos de cierre del ejercicio de 2016, se cifraban en 7.390 millones de euros, de los que el fondo de garantía tendría que asumir casi 6.000 millones y el resto correría a cargo de Sabadell. El tamaño de la cartera que aún queda por vender y que sigue protegida no lo hacen público ni el FGD ni Sabadell.
La realidad es que, en los cinco años transcurridos desde la venta de CAM a Sabadell, las pérdidas efectivas por la venta de una parte no conocida públicamente de la cartera protegida están ya muy cerca de los 8.000 millones de euros al sumar la totalidad de la provisión inicial que tenía CAM y las cantidades que han tenido que aportar el FGD y Sabadell.
La presión de las autoridades supervisoras europeas para que los bancos aceleren la venta de sus activos problemáticos en el menor tiempo posible, en torno a los próximos tres ejercicios, ha tenido como efecto concreto en Sabadell que la entidad destinara todas las plusvalías obtenidas por la venta de algunos negocios el año pasado a aumentar el nivel de provisiones y en el FGD a plantearse en qué medida podría hacer frente al pago de las pérdidas previsibles en un menor tiempo, cuestión complicada ya que la institución se nutre de las cuotas que cada año pagan los bancos y su situación financiera no es precisamente holgada.