miércoles, 29 de junio de 2011

López Carbajo espera la "máxima colaboración" de las CC.AA. en el próximo Consejo de Política Fiscal

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, ha asegurado que espera la "máxima colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que convocará el Gobierno a finales del mes de julio.

   En declaraciones a los medios tras su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, López Carbajo ha aseverado que hay una "mayor sensibilidad y compromiso" en las comunidades para cumplir los objetivos de déficit. "En un año y pico ha cambiado mucho la percepción", ha subrayado.  
   De la misma forma, ha adelantado que algunos de los planes de reequilibrio que quedaron pendientes de aprobación en la anterior reunión del CPFF están "prácticamente debatidos y aprobados", como es el caso de Andalucía, aunque otros, como el Cataluña o Andalucía, no están tan cerca.
   Sobre cómo se comportarán los impuestos en el futuro, López Carbajo ha admitido que la recaudación de IVA se moderará a partir de julio por la desaparición del 'efecto escalón' que proporcionaba la subida de tipos, aunque mejorarán otras cosas como el turismo.
   El Impuesto de Sociedades, por su parte, mejorará gracias al impulso que quiere dar el Ministerio a la gestión de este tributo, con la que esperan que el impuesto funcione mejor en las grandes empresas.
   Durante su intervención en la Comisión, Carbajo ha confiado en que los ingresos cierren el año mejor de lo previsto y ha recordado que el año pasado acertaron a pesar de que se les acusó de hacer previsiones "exageradas".
   "Se cumplieron (las previsiones)", ha señalado al diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte, que ha advertido al nuevo secretario de Estado que tiene una "dificilísima tarea" por delante par consolidar las cuentas.
   López Carbajo ha asegurado que el Estado va "bien" en el proceso de consolidación fiscal porque ha hecho "un gran esfuerzo", aunque ha rechazado las críticas de los que acusan al Gobierno de culpar a las comunidades del déficit. "Nada más lejos de la realidad", ha señalado, tras asegurar que se considera a sí mismo "poco sospechoso" de una acusación de ese tipo.
   En esta misma línea ha contestado al portavoz de CiU, Pere Macías, que ha criticado el "mal comienzo" de López Carbajo como secretario de Estado al intentar dar lecciones a las autonomías. "No se lo vamos a admitir, de ninguna de las maneras", ha espetado Macías a López Carbajo.
   "Ni cogiendo el rábano por las hojas se puede llegar a esa conclusión", ha respondido el 'número dos' del Ministerio de Economía, quien ha explicado que sólo ha dicho que el esfuerzo lo tienen que hacer todas las administraciones, cada una asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
   En este sentido, López Carbajo ha reiterado que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit público al 6% este año, una tarea "nada sencilla" que exige un "sacrificio conjunto".
   Por otro lado, López Carbajo ha rechazado que haya sido el Estado el que ha elevado el saldo negativo de las comunidades con algunas decisiones, ya que también ha tomado otras medidas que han permitido a las regiones reducir sus gastos, como la rebaja salarial de los funcionarios, una medida que ha beneficiado, en sus dos terceras partes, a las comunidades.
   Sobre si las regiones aún tienen margen para contener el gasto, López Carbajo se ha limitado a recordar que el gasto en educación, sanidad y servicios sociales ronda el 60%, por lo que queda un 30% que se puede revisar.  
   "Las reglas de gasto son buenas en estos momentos", ha indicado, tras rechazar una vez más la posibilidad de que el Gobierno plantee una nueva subida de impuestos para mejorar los ingresos, tal y como dijo la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, el pasado viernes. "Es la política del Gobierno", ha añadido.

Rato, Olivas y Verdú percibirán una remuneración anual máxima de 10,15 millones de Bankia

MADRID.- Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, recibirán una remuneración anual total de un máximo de 10,15 millones de euros, según consta en el folleto de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   De esta remuneración total para el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado de la futura cotizada, la parte fija ascenderá a 4,08 millones de euros y la parte variable hasta un máximo de 6,076 millones de euros.
   La remuneración total para los 32 directivos de la sociedad, incluyendo a los consejeros ejecutivos y al resto de altos directos y directivos, ascenderá a un máximo de 24,19 millones de euros, compuesta de una parte fija de 13,49 millones de euros y de una parte variable total de hasta un máximo de 10,69 millones de euros.
   En lo que respecta a la remuneración anual estimada de los consejeros de Bankia por su pertenencia al consejo, asciende a un total de 1,78 millones de euros. De este importe, la remuneración correspondiente a Rodrigo Rato asciende a 196.000 euros y la de Olivas a 156.000 euros, mientras que la de Verdú es de 36.000 euros.
   Además, los consejeros tendrán derecho a percibir una retribución complementaria por un importe equivalente al 20% del total global que le corresponda en acciones de Bankia.
   Los consejeros ejecutivos y el resto de altos directivos y directivos tendrán también un derecho contractual a recibir derechos pasivos, esencialmente planes de pensiones o instrumentos de ahorro ligados al retiro o jubilación, por un importe total de 2,9 millones de euros, de los que 1,265 millones de euros corresponden al presidente, al vicepresidente y al consejero delegado.

Bankia debutará en Bolsa el 20 de julio

MADRID.- Bankia debutará en Bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según el folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Esta horquilla de precios para la salida en Bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran  Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.
   Bankia ofrece un total de 824.572.253 acciones, ampliables a 82.457.226 acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opcion de compra ('green shoe'), por lo que la captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros.
   La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada.
La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un 60% a particulares.
   De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.

EUPV exigirá en las Corts a Camps que rechace "cualquier edición más" de la F-1

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada en las Corts Valencianes, Marga Sanz, ha anunciado que llevará a la cámara autonómica una proposición no de ley para que el Gobierno de la Generalitat "rechace cualquier edición más de la carrera de Fórmula 1" en el circuito urbano de Valencia. 

   "Es insultante que el presidente Camps esté negociando prolongar la celebración hasta 2021. Exigimos que no salga ni un solo euro más para este gasto desorbitado e injustificado en un tiempo de crisis como éste", ha afirmado en un comunicado en relación a una posible prórroga de la carrera.
   La diputada de EUPV ha calificado "de insulto a los valencianos y valencianas que mientras hay problemas para que se paguen las nóminas de los funcionarios, se recortan subvenciones a educación, no se paga los proveedores de la Generalitat, y un largo etcétera inacabable, Camps se pase este fin de semana con una única preocupación: negociar las próximas ediciones de la Fórmula 1 hasta el año 2021".
   En su opinión, "este gesto es absolutamente condenable y una clara muestra de cuáles son las prioridades de este presidente y de este Consell". Para Sanz, "si a Camps le queda un mínimo de decencia, lo que tendría que hacer es aplicar la política de austeridad en primer lugar a los grandes acontecimientos que se llevan millones de euros y la rentabilidad es nimia, así como van destinados a un público elitista que poco parece saber sobre las consecuencias de la crisis".
   Por ello, EUPV ha anunciado que presentará una iniciativa en las Corts Valencianes "porque queremos un pronunciamiento contrario a que se siga celebrando esta carrera, y por supuesto a que se ponga ni un solo euro más".

Pro-AVE asegura que el coste de ahorro logístico será superior al de la mano de obra con el Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El presidente de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, ha asegurado que el Corredor Mediterráneo hará que el "coste de ahorro logístico" para la llegada de productos de la Comunitat a Europa "sea superior al coste de la mano de obra". 

   Félix, que se ha pronunciado de esta manera tras el encuentro con la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha afirmado que "nos jugamos nuestro futuro en el Corredor y muchos millones de puestos de trabajo en el conjunto de Europa y de España" por eso "no vamos a renunciar a eso porque nos asisten los derechos y las razones de ahorro y competitividad".
   Esta infraestructura será una "máquina de generar empleo y riqueza", ha dicho Félix, quien ha asegurado que el futuro de la competitividad "pasa por la logística".
"Los núcleos empresariales y la sociedades más fuertes en el futuro de Europa serán las que tengan una logística muy competitiva", ha agregado.
   Por su parte, la consellera ha instado al Gobierno central a "defender de forma clara y contundente" el Corredor Mediterráneo ante la UE para "recibir el máximo de ayudas". "Le compete al Gobierno de España" esa defensa y en ella, la Generalitat y la sociedad civil valenciana "será leal y le apoyará".
   La titular de Infraestructuras, a preguntas de los periodistas ha explicado que la rueda de prensa ha sido convocada con motivo de las informaciones" publicadas a cerca del informe de la consultora Price&Waterhouse sobre el trazado del Corredor Mediterráneo que está coordinado por el exministro Jordi Sevilla y que "pertenece al Gobierno socialista", ha dicho.
   A preguntas de los medios, la consellera ha señalado que no tiene "informaciones explícitas" que evidencien un cambio de postura del Ejecutivo socialista en la defensa de este proyecto, aunque ha insistido en reclamar una "respuesta clara del Gobierno de España".
   "A tres meses de que la UE decida la inclusión de nuevas infraestructuras en la Red de Transportes Europea, no cabe ni una sola distracción en un proyecto que es fundamental para el desarrollo económico de la Comunitat", ha declarado Bonig.
   "Si se va con otros proyectos, puede ocasionar distorsiones que pueden quebrar decisiones unánimes como es la defensa del Corredor Mediterráneo", ha advertido.
   Preguntada por si se ha puesto en contacto con el Ministerio para realizar esta reivindicación, Bonig se ha remitido a sus declaraciones de prensa y ha apuntado que el ministro "ya sabe cuál es la postura del Gobierno valenciano y la sociedad civil", ya que no es nueva".
   Asimismo, ha recordado que han solicitado una cumbre entre CCAA y el Estado para "unificar este proyecto" y para que el Gobierno "lo haga suyo" aunque, "de momento, no ha habido respuesta", ha apuntado.
   La consellera, por otro lado, ha señalado que este encuentro con Pro-AVE es una manera de demostrar que la reivindicación del Corredor Mediterráneo "no es imposición Gobierno valenciano sino una exigencia y una necesidad de la sociedad empresarial valenciana que ve, igual que se hizo con el AVE, una necesidad para la expansión de la Comunitat".
   De esta manera, ha defendido la "importancia vital y fundamental" del Corredor Mediterráneo y su paso por la Comunitat "frente a otros trazados". La Generalitat se va a "mostrar firme" en la reivindicación de esta infraestructura que es "esencial", junto con la "sociedad civil".
   Bonig ha insistido en que desde el Consell van a pedir al Gobierno central, "que es el que tiene el interlocutor en Europa, que responda y apoye de forma inequívoca este trazado del Corredor Mediterráneo --por la Comunitat-- que supone la expansión de la economía valenciana y la generación de miles de puestos de trabajo".
   Según ha señalado, el Gobierno de España "tiene que, delante de la UE, defender de forma clara y contundente este eje para recibir el máximo de ayudas". "Le compete al Gobierno de España" esa defensa y en ella, la Generalitat y la sociedad civil valenciana "será leal y le apoyará".
   "No entenderemos otra postura que no sea la de defender el Corredor Mediterráneo", ha subrayado Bonig, quien ha apuntado que esta infraestructura será un punto de "cohesión social y territorial" para España. "Pocos proyectos pueden cohesionar tanto como es el Corredor Mediterráneo" y la Comunitat "tiene que subirse a este carro".

El PSPV exige a Camps que dé ayudas económicas a los ayuntamientos para que puedan pagar a los proveedores

VALENCIA.- El presidente del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes y portavoz de Administración Local, Óscar Tena, ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que genere líneas de ayudas económicas para que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, "asfixiados por los impagos y la deuda histórica del Consell", puedan pagar a los proveedores. 

   Tena, en un comunicado, ha anunciado que presentará una proposición no de ley en la que exigirá que el Consell complemente la línea de crédito, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la que los ayuntamientos podrán acceder a préstamos con los que pagar facturas pendientes.
   El portavoz socialista de Administración Local ha concretado que van a proponer que sea el Instituto Valenciano de Finanzas (INE) quien, a nivel autonómico, ponga en marcha la línea de crédito de pago de las facturas pendientes de entidades locales que a nivel estatal, según anunció el martes el Gobierno, gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
   Una medida con la que, según Tena, "se aliviará la morosidad que padecen, especialmente, autónomos y pymes, agravada por los más de 3.300 millones de euros de deuda histórica que Camps debe a los ayuntamientos quiénes, además, se ven obligados a diario a asumir competencias que les son impropias y que corresponderían a la Generalitat Valenciana".
   Tena ha reclamado al director del IVF, Jorge Vela, que "no haga como los consellers que no quieren comparecer en el mes de julio" y "no espere y se ponga a trabajar hoy mismo para complementar desde el Consell la propuesta efectuada por el Gobierno central".
El portavoz socialista ha subrayado que "la situación de los ayuntamientos de la Comunitat es muy complicada", por lo que "las pymes, autónomos y proveedores no pueden esperar", ha concluido.

PwC muestra su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y al eje Valencia-Barcelona

VALENCIA.- PwC ha mostrado su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y ha declarado que el corredor Valencia-Barcelona "debe ser un eje de inversión prioritaria". En este sentido, subraya que "apoya y aplaude" la creación de esta infraestructura. 

   La consultora, en un comunicado a cerca de las informaciones publicadas sobre el informe elaborado por la firma, ha señalado que este documento "se limita a analizar como optimizar la red de transporte ferroviario de mercancías ya existente" y "en ningún caso, entra a valorar las infraestructuras pendientes de construir".
   Así, ha indicado que el objetivo central del estudio es "impulsar un transporte de mercancías más eficiente y medioambientalmente más sostenible en España", en los próximos ocho años, en línea con los objetivos del Ministerio de Fomento de incrementar del tres al 10 por ciento el transporte de mercancías por ferrocarril.
   Para ello, se han tenido en cuenta "exclusivamente las infraestructuras y redes de transporte ya existentes" que están "poco cargadas" como consecuencia de la migración del tráfico de viajeros a las nuevas líneas de ancho de alta velocidad. No obstante, "hay una salvedad que es el corredor Valencia-Barcelona que debe ser un eje de inversión prioritaria".
   Del mismo modo, apunta que el estudio "apuesta decididamente" por el Corredor Mediterráneo y "no cita su ampliación hacia el sur, la cual apoyamos, porque se limita a las redes de transporte ya existentes". 
Al respecto, ha agregado que, según su propuesta, "Valencia se convierte en un nodo clave, por su posición en el eje mediterráneo".

Trabajadores de justicia escenifican en Valencia el entierro de 15 juzgados suprimidos

VALENCIA.- Trabajadores de justicia --unos 400 según fuentes de la organización-- han participado este miércoles en una asamblea en la Ciudad de la Justicia de Valencia, convocada por la plataforma Justicia digna ya!, en la que se han repartido más de 1.000 velas y han escenificado el entierro de los juzgados suprimidos. 

   Los funcionarios de justicia han querido protestar de esta forma por la supresión de 15 nuevos órganos judiciales que "debían de funcionar a partir del día 30 de junio y cuya extinción se ha consumado esta semana".
   Los responsables de la plataforma Justicia digna ya! han denunciado que la Comunitat Valenciana es la única autonomía "que ha decidido la eliminación de los órganos aprobados por el Ministerio, dejando en una lamentable situación a los partidos judiciales afectados".
   Asimismo, han expresado su "indignación" por la decisión de ascender al ahora nuevo conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y al "promocionado" secretario autonómico de  Justicia, Antonio Gastaldi.

Caixa Ontinyent decide mantenerse como caja de ahorros sin capital privado

VALENCIA.- La Asamblea General de Caixa Ontinyent aprobó este martes la modificación de sus estatutos y su reglamento electoral para adaptarlos a la nueva legislación, al tiempo que decidió continuar como caja de ahorros sin presencia de capital privado y sin ceder su negocio financiero a otra entidad.

   Según ha informado este miércoles la caja, la sesión contó con la asistencia de 62 de sus 72 miembros que la conforman, lo que supone el 86 por ciento de sus consejeros generales.
   Además, los nuevos estatutos reducen al mínimo legal el número de miembros de cada órgano y ajustan los porcentajes de participación de cada grupo, de forma que los representantes de las administraciones públicas no superen el 40 por ciento en ningún caso.
   Así, la Asamblea General pasará de 72 a 50 miembros, el Consejo de Administración de 14 a 10 miembros, y la Comisión de Control, de ocho a cinco miembros.
   También recogen la nueva composición de cada órgano por grupos y dan entrada al de 'Otras Entidades representativas de intereses colectivos' junto a los Impositores, Generalitat Valenciana, Corporaciones locales y Empleados.
   En ese grupo, sus miembros serán nombrados por la Fundación Universitaria Vall d'Albaida, ya que en su Patronato se halla presente una variada representación de organizaciones empresariales y sindicales, Universidad de Valencia, Administraciones Públicas y la propia Caixa Ontinyent.
   El presidente de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano, ha destacado que, con esos estatutos, afrontan el cambio que comporta la reestructuración financiera "con un escenario configurado por menos entidades, pero con mayor tamaño; menos oficinas bancarias, pero con mayor tecnología; menor coste de estructura, con presión en precios; y una nueva legislación europea que exigirá mayores niveles de capitalización".
   Según Soriano, el Consejo de Administración y la Asamblea General coinciden en que la mejor opción de futuro para cumplir el espíritu fundacional es continuar como caja de ahorros. "Nuestra solvencia, nuestro tamaño, el arraigo a esta tierra, el compromiso con nuestra gente y la prudente gestión que hemos realizado tradicionalmente, nos permiten hoy continuar en ese camino", ha recalcado.
   Por otro lado, la Asamblea también ha aprobado las cuentas y la obra social realizada en 2010, la distribución de beneficios y el presupuesto de obra social para el 2011, además de autorizar al Consejo de Administración a realizar, si lo considera conveniente, emisiones de títulos-valores.
   En 2010, los beneficios antes de impuestos fueron de 4,5 millones de euros, un 17,12 por ciento menos que en 2009, de los que se destinan 0,9 millones de euros al pago de impuestos, 3,1 millones de euros a Reservas, y 0,5 millones de euros a obras sociales.
   Caixa Ontinyent cerró el ejercicio con un core capital del 8,80 por ciento, con lo que cumplió "ampliamente los requisitos legales de solvencia sin necesidad de captar capital privado", ya que su grado de exposición a los mercados mayoristas es inferior al 20 por ciento.
   De cara a 2011, su presupuesto para Obra Social asciende a 0,9 millones de euros y se destinará a impulsar una "actividad variada y sostenible" de su Centro Cultural, a la puesta en funcionamiento de la Residencia de Discapacitados de la Vall d'Albaida y continuar la gestión directa del Club de Jubilados de Ontinyent y el sostenimiento de 27 centros sociales, entre otros proyectos.
   Respecto a la evolución de los primeros meses del ejercicio, el presidente ha señalado que su estrategia contempla "un plan de negocio más exigente para mantener la cuenta de resultados; un nivel más alto de capital, en previsión de que la normativa eleve las exigencias; y una reducción de costes, para competir en precios, y todo ello, compatible con el mantenimiento de la Obra Social".
   A 31 de mayo, el volumen de negocio se sitúa en 1.659 millones de euros, con descenso del 0,89 por ciento, la morosidad se sitúa en el 4,41 por ciento, con cobertura del 75 por ciento, y el beneficio antes de impuestos es de 2,1 millones de euros, un 20,93 por ciento inferior respecto al mismo período de 2010.
   Según Soriano, esos datos "responden a las previsiones" y "mejoran notablemente la media del sector".

El TC dice que es constitucional la reforma del Estatuto de Aragón en su capítulo de reserva hídrica del Ebro

LOGROÑO.- El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de junio de este año ha resuelto que no es inconstitucional la reserva del caudal hídrico del Ebro que recogía el Estatuto Autonómico de Aragón, en su reforma. El recurso de inscontitucionalidad lo interpuso el Gobierno de La Rioja, y ahora queda rechazado.

   En concreto, se presentó contra los artículos 19, 72 y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
   El Tribunal Constitucional en su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, ha decidido declarar que no es inconstitucional la disposición adicional quinta recurrida, siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado, desestimando el recurso en todo lo demás.
   Indica que la regulación de fijación de caudales hídricos en las cuencas intercomunitarias corresponde al Estado, por consecuencia, resulta inconstitucional la determinación unilateral por el legislador autonómico de dichos caudales.
   La sentencia ha recibido el voto particular concurrente formulado por el Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez.

CiU propone que el Tesoro avale y gestione las emisiones de deuda de las comunidades autónomas

MADRID.- El grupo parlamentario CiU ha propuesto al Gobierno que el Tesoro gestione y avale las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, autorizadas en función del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los límites de endeudamiento que se establecen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Como el Tesoro lo pagamos todos, queremos que avale las emisiones", ha señalado portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa, donde ha asegurado que "no es de justicia" que los ciudadanos paguen los diferenciales.
   En materia laboral, el grupo catalán también insta al Gobierno a introducir nuevos incentivos para la generación de empleo como una subvención directa de 5.000 euros en para los costos de contratación de un nuevo trabajador y la ampliación a todos los colectivos de la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por paro para iniciar una actividad empresarial.
   En esta misma línea, propone aplicar una bonificación del 100% de las cotizaciones a los nuevos trabajadores autónomos durante el primer año y para su primer asalariado, al tiempo que se inclina por extender las bonificaciones para el mantenimiento de la ocupación a los trabajadores mayores de 55 años.
   Por otro lado, invita a revisar la legislación de los contratos a tiempo parcial para conseguir más flexibilidad en la organización de la jornada, una mejora del régimen de protección social de este tipo de contratos y posibles incentivos a las empresas.
   En el ámbito de la negociación colectiva, CiU pide facilitar una mayor vinculación entre sueldos y productividad, mejorar las posibilidades de flexibilidad interna de las empresas, la mejora de las herramientas para combatir el absentismo y la reformulación de las mutuas.
    De la misma forma, resalta la necesidad de clarificar la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales, así como las partes que continúan vigentes en la fase de ultraactividad, al tiempo que apuesta por revisar los plazos de prórroga de los convenios en situaciones excepcionales y por facilitar el descuelgue de las pymes que así lo requieran.

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

Valeriano Gómez: nada impide invertir la 'hucha de las pensiones' en deuda autonómica

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que "formalmente" no hay impedimento para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierta en deuda autonómica, si bien ha apuntado que "no le consta" que el consejo rector de la 'hucha de las pensiones' esté estudiando esta posibilidad en estos momentos.

   El ministro se ha referido en estos términos a la reclamación planteada por CiU aprovechando la tramitación parlamentaria de la reforma de las pensiones para hacer explícita esta posibilidad, así como para dar entrada a las comunidades en la comisión de seguimiento y evaluación del Fondo, algo que Gómez considera que "es más difícil".
   Dicha Comisión está compuesta actualmente por el secretario de Estado de la Seguridad Social y representantes del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, de los distintos sindicatos y cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
   CiU, que presentó su propuesta en una enmienda al proyecto de Ley de reforma de las pensiones, la retiró en la votación en Comisión del pasado lunes tras pactar un paquete de medio centenar de enmiendas con el PSOE entre las que destacan varias que permiten la entrada de las mutuas de las comunidades y el traspaso a éstas de los centros sanitarios que gestionan, aunque seguían siendo patrimonio de la Seguridad Social.
   En cualquier caso, Gómez ha recordado que la inversión del Fondo ya se destina a deuda pública y que el único cambio en la ley que regula el Fondo sería necesario en el caso de invertir en deuda privada, una idea que el Ejecutivo barajó hace años pero que abandonó ante el rechazo de la oposición parlamentaria.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

Salgado: "Creo que lo que tienen que hacer las comunidades es cumplir"

MADRID.- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en este momento es cumplir con el límite de déficit que se ha fijado, situado en el 1,3% del PIB.

   Así lo ha señalado Salgado en los pasillos del Congreso al término del Debate sobre el estado de la Nación al ser preguntada por la última advertencia de la agencia de calificación crediticia Moody's sobre la posibilidad de rebajar el rating a algunas comunidades autónomas.
   Moody's ha asegurado que si las comunidades no dan nuevos pasos para lograr una mejora sostenible en sus posiciones fiscales y reducen sus déficits, podrían enfrentarse a rebajas en sus calificaciones.
   La agencia considera probable que varios gobiernos regionales superen el objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado para 2011, debido principalmente, entre otras razones, al excesivo optimismo de las previsiones de ingresos en los presupuestos.

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, ayer durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".