miércoles, 7 de noviembre de 2012

Exconsejeros de BFA: el cambio de criterio de la auditora provocó el agujero

MADRID.- El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga (PP) y el exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid José María de la Riva han coincidido en señalar que el cambio de criterio adoptado por la auditora Deloitte para contabilizar las cuentas de Bankia provocó el agujero en la entidad que obligó a su intervención y a la posterior petición de ayudas públicas, informaron fuentes jurídicas. 

   Los dos comparecientes, que eran consejeros del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, han señalado que nunca tuvieron conocimiento de que el Banco de España hubiera trasladado al equipo directivo de la entidad, presidida por Rodrigo Rato, las advertencias realizadas por la auditora Deloitte, que puso en duda la valoración de las acciones de Bankia en BFA, los créditos fiscales de la entidad y la viabilidad de su cartera promotora general.
   "Me enteré por la prensa", ha llegado a señalar De la Riva, según varias fuentes presentes en la declaración. El exconcejal socialista, que ha dudado de que Rato conociera estos avisos, ha dicho no entender por qué el Banco de España no informó directamente a los consejeros de la necesidad de reformular las cuentas.
   A este respecto fuentes jurídicas han señalado que uno de los objetivos de la investigación es determinar si el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, disponía de esta información y, en ese caso, si tenía o no la obligación de trasladarla a los miembros del Consejo de Administración.
   Rodríguez Ponga y De la Riva, que han declarado en la Audiencia Nacional en el marco de la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad, han achacado el agujero de la entidad, que pasó en mayo pasado de tener 305 millones de euros de beneficios a unas pérdidas de 2.979 millones, a la aplicación por parte de la auditora de las exigencias fijadas por la Unión Europea para la valoración del capital principal de las entidades financieras.
   Como ejemplo, el político socialista, que era consejero de Caja Madrid pero no del BFA cuando se produjo la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, ha concretado que Deloitte nunca informó del agujero que presentaba el Banco de Valencia, una de las siete cajas de ahorro que formaron Bankia y que tuvo que ser intervenida por el FROB el 21 de noviembre de 2011.
   Al término de su comparecencia, el exedil socialista se ha declarado inocente y ha dicho que no entiende el procedimiento que esta instruyento la Audiencia Nacional y que, si no hubiera creído en el proyecto de Bankia, no habría comprado acciones de la entidad.
   Sobre las razones que Rato esgrimió ante el Consejo de Administración para explicar su salida de la entidad en mayo pasado, De la Riva ha asegurado que se debió a sus "discrepancias de criterio" con el Ministerio de Economía, en la línea con lo apuntado este martes por la vocal del BFA y asesora de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo. Rodríguez Ponga, por su parte, ha declarado que Rato se limitó a aducir "motivos personales".
    Al comienzo de esta tercera jornada de declaraciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, Fernando Andreu, ha pedido a los abogados de la partes que no narraran las comparecencias a través de ninguna red social, como sucedió el martes. El colectivo '15-MpaRato', que ejerce la acusación particular en la causa, fue desgranando los comentarios de los imputados en Twitter bajo el hashtag #los33deBankia.
   Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
   A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Bankia difiere el pago de intereses de una emisión de deuda subordinada de Bancaja

MADRID.- Bankia ha anunciado que aplaza el pago de intereses de una emisión de deuda subordinada de Bancaja por importe de 13,8 millones de euros por los malos resultados con los que cerró las cuentas de 2011.

   En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bankia ha indicado que estos intereses serán acumulables y se harán efectivos de forma diferida cuando se cumplan las condiciones previstas en el acuerdo de emisión de dicha deuda subordinada.
   El abono anual de intereses estaba previsto para el próximo día 19 por un importe total de 13.802.248,75 euros correspondientes a una emisión de deuda subordinada de Bancaja de 17 de noviembre de 2004 dirigida a inversores cualificados y con un saldo vivo emitido en manos de inversores de 298.427.000 euros.
   La entidad ha señalado que la decisión de adoptar el pago diferido de los intereses responde a "los resultados de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2011 de Bankia".

Las farmacias de Valencia derivan a los pacientes que necesitan fármacos caros a los hospitales por la falta de stock

VALENCIA.- Las farmacias de Valencia han comenzado a derivar a los hospitales a los pacientes que necesitan fármacos elevados de precio como son  algunos tratamientos oncológicos, de fertilidad o de operaciones de transplante, debido a la falta de stock por los impagos del Consell, según han informado fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   En el tercer día de huelga indefinida y rotatoria --cierran cada día dos de cada tres farmacias-- las reservas de estos medicamentos más caros han desaparecido en muchas de ellas, y se han visto en la obligación derivar a los pacientes que necesitan estos fármacos a los hospitales valencianos.
   Antes de que comenzara la huelga, las farmacias ya no acumulaban mucho stock de medicamentos de entre 200 y 400 euros debido a su falta de liquidez con las distribuidoras. De hecho, algunas de estas han dejado de servir fármacos caros a algunas boticas por la deuda acumulada, en algunos casos superior a los 300.000 euros, según han indicado estas mismas fuentes.
   Una vez ha comenzado la huelga, las farmacias que abren cada día reciben una gran cantidad de afluencia de público, esto unido a la falta de reservas, ha hecho que se genera desabastecimiento de este tipo de medicamentos --algunos que llegan a los 3.000 euros-- necesario para algunos tratamientos.
   Respecto al seguimiento de la tercera jornada de huelga, la provincia de Valencia ha vuelto a contar con un 98,5 por ciento de farmacias cerradas dentro del turno rotatorio.
   El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Jaime Carbonell, ha cifrado en un 99,1 por ciento el seguimiento en la provincia de la tercera jornada de huelga convocada por las farmacias de la Comunitat Valenciana ante los impagos del Consell.
   Carbonell ha indicado que la situación de cierre de los establecimientos "es inverosímil", y ha afirmado que la protesta "va bien" aunque la "respuesta, mal, porque la conselleria no respira".
   Igualmente, ha asegurado que los servicios mínimos se han cumplido en las boticas alicantinas y ha resaltado la ausencia de incidentes, si bien ha lamentado tener que ver a los pacientes a las puertas de los establecimientos cerrados "buscando en las listas qué farmacias están abiertas".
   "No tenemos otra solución, no podemos poner ni un euro más. La huelga es un problema para nosotros y para los pacientes", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que la protesta seguirá hasta que les paguen.
   Además, ha indicado que un total de 80 farmacias de Alicante han dejado de recibir suministros por parte de distribuidoras, y ha alertado de que la situación puede agravarse si continúan los impagos hacia los farmacéuticos.
   Sólo tres farmacias de la provincia de Castellón no secundan la tercera jornada de huelga por los impagos del Consell, una de ellas está en la capital y las otras dos en municipios de la provincia. A día de hoy la administración valenciana adeuda, a las cerca de 300 farmacias de la provincia, alrededor de 90 millones de euros.  
   Este jueves los farmacéuticos de Castellón volverán a manifestarse ante la Dirección Territorial de Sanidad en la capital de la Plana, ubicada en la plaza Huertos Sogueros, a las doce del mediodía, para exigir a la Generalitat el pago de las cinco facturas y media de medicamentos que adeuda a las farmacias de la provincia.

Ximo Puig denuncia que una enmienda del PP "quita 14 millones de euros de la Comunitat para dárselos a Murcia"

MADRID.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha denunciado este miércoles que el PP haya aprobado una enmienda propia que "quita 14 millones de euros a la Comunitat para dárselos a Murcia". Puig se ha pronunciado en estos términos en un comunicado después de que este miércoles en la Comisión de Presupuestos, el PP haya votado en contra de todas las enmiendas presentadas por los socialistas, y haya apoyado las suyas, entre las que está la de "quitar 14 millones de euros a la Comunitat para llevárselos a Murcia", según ha dicho. 

   La enmienda presentada por el PP destina el dinero que inicialmente era para la Comunitat Valenciana y lo dedica a la A-33, en el tramo Jumilla-Yecla, que se refuerza mediante lo que se quita de la N-340, a su paso por Peñíscola-Benicarló-Vinaròs, y de esta forma pierde cuatro millones de euros para 2014 y diez para 2015, según ha afirmado Puig.
   Ante esto, el dirigente socialista ha lamentado que el PPCV "esté arruinando" a los valencianos, mientras el PP nacional "deja caer a la Comunitat Valenciana de una manera definitiva".
   Así, ha destacado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "no solo no ha sido capaz de presentar ni una sola enmienda para pedir más inversiones al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, sino que ha permitido que su propio partido nos quite 14 millones de euros y se los lleve a otra Comunitat".
   "Estamos ante el principio del fin de una crónica anunciada, que empezó con la presentación, por parte del Gobierno de Rajoy, de los peores y más injustos presupuestos para la Comunitat Valenciana de la historia", ha afirmado.
   Según asegura Puig, tanto fue así, que el propio Fabra "anunció que presentaría enmiendas que cuantificó en 144 millones de euros, que finalmente, y como un ejemplo más que evidente de su incapacidad, no presentó".

El juez ordena embargar al hermano de Cuesta una finca de Casas Ibáñez para cubrir la fianza de 100.000 euros

VALENCIA.- El magistrado Vicente Ríos, que instruye el denominado 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero económico de más de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ordenado embargar a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente de la entidad, Esteban Cuesta, una finca ubicada en la localidad valenciana de Casas Ibáñez para cubrir la fianza requerida, que asciende a 100.000 euros.

   Así consta en un decreto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de este escrito.
   El pasado 28 de septiembre de 2012, el magistrado dictó un auto por el que acordaba imponer una fianza de 100.000 euros al hermano de Cuesta --imputado en el procedimiento-- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse en el transcurso de la causa.
   José Ramón Cuesta señaló como bien de su propiedad una finca ubicada en Casas Ibáñez, que ahora el magistrado ha acordado embargar para cubrir esa fianza, en base al artículo 629 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).
   El juez imputó el pasado mes a José Ramón Cuesta y le ha citado para prestar declaración el próximo 21 de noviembre, a las 9.30 horas. Asimismo, a principios de octubre, el juzgado amplió la imputación contra el exgerente de Emarsa por un supuesto delito de cohecho pasivo, al estimar que contrató a tres empresas que pagaron a la mercantil de su hermano --imputado por el mismo delito-- por trabajos que no se realizaron. De hecho, el propio Esteban Cuesta está citado de nuevo a declarar en calidad de imputado el 27 de noviembre.
   Por otro lado, en otra providencia, el magistrado ha acordado suspender la declaración en calidad de imputado de Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, prevista para el día 28 de noviembre. Al respecto, indica que ya se acordará un nuevo señalamiento en otra resolución.
   Asimismo, ha suspendido la declaración testifical de Xavier Ortega, que venía señalada para el jueves, día 8 de noviembre, al hallarse el juzgado saliente del servicio de guardia de 24 horas y al resultar imposible atender simultáneamente el servicio ordinario del juzgado y el interrogatorio.
   En esta última providencia, el juez también ha acordado unir a la causa un escrito presentado en el RUE el 31 de octubre por el procurador de la Emshi, y la documentación que acompaña a dicho escrito remitida a Emshi por parte de Ramón Marí advirtiendo de la posible destrucción de documentos en Emarsa, así como publicaciones en prensa sobre este particular.
   Además, une al procedimiento un escrito presentado por la Epsar relativo la copia del borrador de una segunda addenda al convenio suscrito en junio de 1996 entre la Diputación de Alicante y la Epsar para la ejecución de un plan de reutilización de fangos procedentes de depuradora de la provincia de Alicante mediante aplicación al terreno; y a otra copia del Acta de Comisión Mixta del Cohnvenio entre la Epsar y la Diputación de Alicante celebrada en mayo de 2011.

Una marcha doble de trabajadores de institutos tecnológicos reclama a la Generalitat el pago de la deuda para I+D+i


VALENCIA.- Alrededor de 300 trabajadores de institutos tecnológicos han participado este miércoles en una manifestación doble para reclamar a la Generalitat valenciana el pago de la deuda que tiene pendiente con los centros de I+D+i. 

   La marcha ha tenido dos itinerarios, uno ha partido desde el Palacio de Congresos y el otro desde la Ciudad Politécnica de la Innovación, y han convergido ante la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, donde representantes de los trabajadores han leído un manifiesto.
   Los empleados de los institutos tecnológicos han recordado que son entidades sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es "conseguir desarrollo tecnológico y ayudar a las empresas valencianas a ser más competitiva".
   Al respecto, han señalado que la Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media de España y de Europa en materia de investigación e innovación, y han lamentado que aunque se había hecho "un esfuerzo para igualarlos", en los últimos dos años "por los retrasos e impagos de la Generalitat, estamos retrocediendo".
   El portavoz de la comisión permanente de los comités de empresa de los institutos tecnológicos, Andreu Romero, ha señalado que "con la excusa de la falta de liquidez", el Consell les adeuda "prácticamente todo 2011" y lo que va de 2012, que suman más de 75 millones de euros.
   Romero ha criticado que desde la Generalitat les dijeron que les pagarían con el dinero de los 'bonos patrióticos', más tarde que con los 'hispanobonos' y, después, con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "Y ahora mismo no saben cómo van a pagar", ha lamentado.
   Asimismo, ha denunciado que el presupuesto de los institutos tecnológicos se ha reducido un 35 por ciento en los últimos tres años. Además, ha recordado que se está produciendo una "fuga de cerebros" y que en el último mes se han producido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) más en institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, por lo que ya suman nueve.
   Andreu Romero se ha preguntado cómo es posibles que si la Generalitat "no para de decir que la I+D+i es el futuro, ellos mismos, cuando toca la hora de cumplir sus compromisos, que están cofinanciados con los Fondos Feder, no cumplen con los pagos".

Gobierno y PSOE pactarán una reforma legal contra los desahucios

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado este miércoles pactar "cuanto antes" una reforma legal contra los desahucios, según han informado ambas partes. El objetivo es "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", con atención preferente a las familias con niños o mayores a su cargo.

   En un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado algo más de dos horas, ambas han decidido adoptar medidas contra este problema social con la "mayor celeridad posible", ya sea a través de un decreto ley acordado o con un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que entre en vigor en el menor plazo de tiempo posible.
   Fuentes socialistas han precisado que Gobierno y PSOE han conseguido un acuerdo "en el fondo y en la forma" para frenar los desahucios, mientras que desde el Ejecutivo se habla de un acuerdo para adoptar medidas con "el máximo consenso".
   El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó este martes su deseo de pactar las medidas con el resto de partidos, en especial con el PSOE, una petición que le ha hecho personalmente el coordinador federal de IU, Cayo Lara, con el que se ha entrevistado hoy en el Palacio de la Moncloa.
   En concreto, Sáenz de Santamaría y Valenciano han acordado articular medidas "preventivas y paliativas" con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo. Se pretende así "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", han informado ambas partes.
   Por su parte, el PSOE ha destacado que se estudiarán también "medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable".
   Para las familias ya desalojadas, Valenciano ha apuntado este miércoles que pueden hacerse reformas para que los bancos que "están recibiendo ayudas públicas" ofrezcan en alquiler "con un precio social" aquellas viviendas que poseen en su parque inmobiliario y que han sido objeto de ejecuciones inmobiliarias.
   La vicepresidenta y la vicesecretaria general del PSOE han acordado que "todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos", tres propuestos por el Ejecutivo y tres por el Partido Socialista.
   El próximo lunes mantendrán su primera reunión esa comisión de expertos, si bien Santamaría y Valenciano harán un seguimiento de los trabajos. El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios, según el Gobierno.
   Sáenz de Santamaría se ha volcado de lleno con los desahucios con una intensa agenda de reuniones para conseguir el máximo consenso. Este martes se entrevistó con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y también convocó una reunión de la comisión interministerial creada por el Gobierno para tratar este tema, en la que hay representantes de Economía, Justicia y Hacienda.
   También el PSOE se ha implicado a fondo en este asunto. Así, ha registrado recientemente en la Cámara una proposición de ley que ha consultado con colectivos afectados y bautizado como de 'segunda oportunidad'. En los últimos días ha instado reiteradamente al Gobierno a tomarla como base para la reforma porque cree que en ella está "la solución", en palabras de la propia Valenciano.

Las familias españolas, "al límite" de su capacidad para atender a sus miembros en paro

BARCELONA.-   Las familias españolas, que en los primeros años de crisis habían ejercido un papel "amortiguador" en la atención y apoyo a sus miembros en paro, actualmente se encuentran "al límite" de sus posibilidades, según el estudio 'Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España' de la Obra Social La Caixa.

   Esta es una de las principales conclusiones del trabajo presentado este martes en Madrid, que pone en evidencia el sistema de protección social español y las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos para paliar los efectos de la crisis económica en la sociedad española, sobre todo si se compara con las herramientas empleadas por los vecinos europeos.
   "Dentro del hogar existen estrategias de reparto entre los miembros de la familia, pero esta situación es cada vez más limitada por la larga duración de la crisis", ha indicado Begoña Pérez Eransus, coordinadora del estudio junto a Miguel Laparra, que han alertado de que cada vez hay más hogares con todos sus miembros desempleados (7,6%, el doble que la media europea).
   La pensión del abuelo puede convertirse en un "recurso esencial" para la supervivencia de las familias con desempleo total y el número de este tipo de casos se ha triplicado desde 2006 hasta 2010, alcanzando la cifra de 300.000 (el 7,9%, unos seis puntos por encima de Dinamarca, Francia y Reino Unido).
   Pero la situación "más dramática", según los autores, es la de las familias monoparentales, encabezadas por mujeres con hijos que han perdido su empleo. El 37 por ciento de estos hogares se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y presenta, por tanto, "un gran riesgo social".
   Los jóvenes es otro de los colectivos más vulnerables, cuyo riesgo de padecer pobreza severa es cada vez más alto. El estudio indica que, a diferencia de lo que se pueda pensar, la emancipación tardía de este colectivo de entre 18 y 34 años --el 52,8% vivía con sus padres antes de la crisis-- se ha reducido un 3,4 por ciento ante la incapacidad de sus familias de poder mantenerlos bajo el mismo techo.
   Además, el trabajo recuerda que uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años ni estudia ni trabaja ('ninis'), una cifra que ha aumentado en nueve puntos si se compara con los datos anteriores al inicio de la crisis. Esto se debe, según han explicado los autores, a la elevada oferta de empleo no cualificado en sectores como la construcción o los servicios, que llevó a miles jóvenes a abandonar sus estudios por trabajos temporales.
   Mientras que los sistemas de protección social de los países objeto también de este estudio (Dinamarca, Francia y Reino Unido) han funcionado como "estabilizadores automáticos" de la crisis, en España, por el contrario, estos recursos se han mostrado "insuficientes" e "ineficaces" para afrontar las nuevas necesidades de las familias y reducir la pobreza.
   "Sólo el 51 por ciento de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza evita salir de esta situación gracias a las transferencias sociales", ha explicado Pérez Eransus, que ha advertido de que en Dinamarca este porcentaje se eleva al 66 por ciento y en Francia al 70 por ciento.
   Según los autores del trabajo, España tampoco queda en buen lugar en lo que se refiere al papel de las políticas en la superación de las situaciones de pobreza, ya que la proporción de las personas que superan esta situación al cabo de dos años mediante transferencias sociales es "notablemente más reducido en España respecto al resto de países del estudio, con sólo 16 de cada cien casos.
   Por otro lado, debido al aumento de la "pobreza severa", España se sitúa en el tercer lugar en cuanto al nivel de desigualdad de la UE-27, si se compara la diferencia de ingresos del 10 por ciento más rico y del 10 por ciento más pobre, ya que ha aumentado un 16,7 por ciento desde 2007. Si bien los autores han indicado que antes de la crisis el nivel de desigualdad español era de los más altos de la UE, éste afecta especialmente a jóvenes, parados, parejas con hijos y a quienes tienen menos formación.

Femeval exige al Consell que "deje de ser un gestor de cobros y gobierne" porque "vamos a la deriva

VALENCIA.- El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha exigido este miércoles al Consell que deje de estar "únicamente pendiente de pagar y cobrar como su fuera un gestor de cobro en lugar de un Gobierno" porque "vamos a la deriva". "Este barco se hunde", ha advertido. 

  Precisamente, Lafuente, en un desayuno informativo con los medios de comunicación, ha informado de que este año se suprimen los premios que anualmente concede esta organización "por sentido común, coherencia y responsabilidad" con estos momentos de crisis y que esta rueda de prensa sirva de "homenaje colectivo a todas las empresas que se mantienen con sangre, sudor y lágrimas".
   Lafuente ha expuesto que el Gobierno está adoptando "decisiones totalmente equivocadas" porque "lo que hay que hacer es reactivar la economía y no pararla". Además, ha subrayado que los impagos del Consell están "asfixiando" a empresas y organizaciones.
En concreto, a Femeval les adeudan 4 millones por los conceptos de formación y planes de competitividad que este 15 de noviembre llegarán los 4,6 millones. "Es inadmisible que sea la Administración la que encomiende unas acciones, disfruten por adelantado del rédito político y que seamos nosotros los que tengamos que soportar el coste económico", ha criticado.
   Por ello, ha avanzado que desde Femeval no van a solicitar al Gobierno valenciano ningún plan hasta que les paguen lo que les deben. "Primero que se ganen la credibilidad antes de vender nuevos planes", ha espetado Lafuente. Así, ha puesto el ejemplo de los planes de incentivos, de los que se ha anunciado la segunda edición cuando, ha afeado, los primeros "no fueron consensuados, no sabemos si se han aplicado ni con qué resultados". "Sobre ellos hay un desconocimiento total", ha evidenciado.
  Para ello, ha reclamado, entre otras medidas, una "gran reestructuración" del modelo de Estado y del sistema financiero. En ese sentido, ha convenido en que en estos momentos de "pertinaz crisis" hace falta austeridad, pero ha señalado que la "Administración debe dejarse de gestos de cara a la galería y dar ejemplo" porque "el esfuerzo de trabajadores y empresarios es totalmente insuficiente para mantener el actual sistema de Administraciones solapadas". "Los maquillajes cosméticos no son sostenibles", ha avisado.
   Además, ha señalado que el sistema financiero actual "no nos vale" porque "la propia banca es dueña de las decisiones de la Administraciones" y "da totalmente la espalda a las empresas y a los ciudadanos". Por ello, ha barruntado la posibilidad de que la sociedad llegue a "montar sus propios bancos". Así, ha cuestionado la eficacia y rentabilidad de un rescate público de una Caja "en un lugar perdido de España" en lugar de "invertir en las empresas, que son las que crean empleos y bienestar".
   Del mismo modo, ha constatado que se está produciendo "una ruptura de la unidad del mercado" por causas sociopolíticas en el que las empresas valencianas están siendo "las más perjudicadas" y "pierden competitividad". De hecho, ha señalado que las empresas valencianas se están yendo fuera de la Comunitat porque "aquí no hay actividad ni tienen garantía de cobro".
   Lafuente ha esgrimido que estos planes son "un ejemplo más" de "la falta de diálogo" con los agentes sociales hasta el punto de que parece como si el Consell les echara "un pulso": "llamas a las conselleria y no te contestan, no hacen casos de las propuestas ni demanda". Por otra parte, ha conformado que van a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Directiva de liberalización de Servicios porque está hecha "con los pies" y "va en contra de la legalidad"

El Gobierno español aprobará una reducción "muy signficativa" de coches oficiales

MADRID.-  La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a impulsar una reorganización del parque móvil del Estado que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana jueves.

    "A quien va a afectar especialmente es a los altos cargos", ha declarado Sáenz de Santamaría en el acto de constitución formal de la comisión de estudio que se encargará de hacer antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, al que ha asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
     La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración pública "más eficiente", "más eficaz", "más viable", que evite duplicidades y se coordine mejor. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".