sábado, 1 de noviembre de 2008

El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón

CASTELLÓN.- El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala, según "El País".

El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.

Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.

Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable".

Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".

El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO.

Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.

La jueza de Orihuela manda a prisión por prevaricación al ex senador socialista y alcalde de Bigastro

ALICANTE.- La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela ordenó el ingreso en prisión sin fianza del ex senador socialista y alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, imputado por los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y contra la ordenación del territorio, según "Abc".

En cambio, la jueza ha dejado en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos: el interventor Antonio Saseta, un ingeniero y los empresarios del sector de la construcción Manuel Nortes Hernández y José Pérez Moya.

El alcalde socialista José Joaquín Moya llegó a los Juzgados de Orihuela a las diez de la mañana esposado y en el interior de un vehículo de la Guardia Civil. Su declaración no comenzó hasta la tarde, cuando ya habían comparecido ante la juez los otos cuatro imputados.

Moya, del PSPV-PSOE, remitió ya un escrito a la Subdelegación del Gobierno en el que pide dimitir del cargo, en el mismo día en el que una juez decretaba su ingreso en prisión sin fianza por un presunto delito urbanístico.

La primera teniente de alcalde y presidenta de la corporación de Bigastro en funciones, Inmaculada Martínez, declaró que la intención del todavía alcalde es dejar el cargo y también renunciar al acta de concejal. Moya, que lleva 25 años como alcalde de Bigastro, fue enviado a la cárcel por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y varias falsedades.

La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia del PP de finales del año 2005 acerca de la permuta de unos terrenos en suelo industrial por un local comercial, operación de la que la Guardia Civil ha recabado información del Ayuntamiento desde el pasado febrero.La mano derecha de Moya y alcaldesa en funciones ha afirmado que el consistorio se encuentra en un momento de «indefinición» y que el equipo de gobierno está pendiente de reunirse con sus asesores y abogados para ver cómo se encauza la situación.

En todo caso, ha afirmado que la renuncia de Moya deberá ser comunicada oficialmente al Ayuntamiento y, dado que hoy y el domingo son festivos, esto no se haría hasta el próximo lunes.

Moya fue detenido el pasado día 28, como resultado de las diligencias abiertas por la juez y por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones a raíz de una denuncia interpuesta por el PP contra el edil socialista.

El pleno municipal aprobó en diciembre de 2004, con los votos del PSOE, la desafectación de dos zonas verdes que suman 1.600 metros cuadrados. Cuatro meses después, el Ayuntamiento permutó estos terrenos al empresario José Pérez Moya a cambio de un local comercial. Los técnicos municipales valoraron el local en 180.000 euros y las parcelas en 48.000.

El PP denunció ante el Juzgado que el Ayuntamiento ha permitido construir siete naves industriales en estos terrenos que siguen teniendo la calificación de zona verde.

Alarte cede al 'lermismo' el 30% de la dirección del PSPV en la provincia de Valencia

VALENCIA. Los alartistas cederán un 30% de los órganos de control de la futura dirección provincial de Valencia para alcanzar una candidatura de integración alrededor de la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, según revela "Abc".

Las conversaciones entre los afines al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y los representantes cercanos a su máximo rival en el pasado congreso nacional del PSPV están más que avanzadas, tanto que se espera que la configuración de la candidatura unitaria pueda hacerse firme a principios de la próxima semana.

Son pocos los nombres seguros. Martínez será la aspirante a la secretaría provincial, y el nombre para la presidencia saldría del lermismo y, más específicamente, del entorno del diputado autonómico Francesc Signes, aunque ni siquiera está garantizado que sea el propio socialista de l´Alcudia el elegido para el puesto.

Avanzada está también la posibilidad de que el actual secretario comarcal de Valencia, Rafael Rubio, sea el vicesecretario provincial. Fuentes cercanas a Alarte inciden en que no hay nada cerrado en lo referente al reparto de puestos en la ejecutiva, aunque sí parece claro que Martínez se reservará, como es tradicional, la secretaría de Organización.

Así, el equipo de Martínez está dispuesto a reservar tres de cada diez puestos en los órganos de control para los partidarios de Puig en la provincia, pese a que consideran que la base social de los críticos en la provincia -incluidos los próximo a Francesc Romeu- no alcanzan ese porcentaje.

Los lermistas sólo dominan la Ribera Alta y la Safor, y han perdido el apoyo de sectores minoritarios como Izquierda Socialista. Además, se están produciendo integraciones desde el sector más aperturista del lermismo, después de que Alarte reservara puesto en la Ejecutiva nacional del PSPV para Alfred Boix y Joan Calabuig.

El alcalde de Zarra 'administra de hecho' la empresa del hijo que construye los chalés ilegales

VALENCIA.- El alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, no sólo otorgaba licencias de obras a la empresa de su hijo, «Telyzan, S.L». para construir chalés ilegales en suelo rústico sino que, además, las parcelas sobre las que se asentaban estas edificaciones pertencían al propio edil, quien, junto a sus dos hijos, figura como «transmitente» de esos terrenos, según "Abc".

La Fiscalía mantiene que el alcalde maneja, desde el sillón consistorial, los hilos de la mercantil cuyo control cedió a su hijo Sergio hace cinco años y a la que se atribuye la construcción, bien de manera directa bien mediante subcontratas, de los 87 unifamiliares ilegales.

El Ministerio Público cree que Juan José Rubio sigue siendo el «administrador de hecho» de Telyzan, mercantil que constituyó en noviembre de 2000 y que en 2003 vendió a su hijo, quien figura como único socio y administrador. El alcalde, sin embargo, continúa como apoderado en dos cuentas bancarias de la sociedad, cuya salud financiera depende de las inyecciones económicas que con excesiva frecuencia recibe del Ayuntamiento.

La investigación ha permitido descubrir que entre 2003 y 2007 «Telyzan» declaró unos ingresos de casi 3,5 millones de euros. La mitad de este dinero procede de la venta de las edificaciones investigadas. Fuentes del caso precisaron que la cuarta parte de los ingresos de la sociedad son pagos efectuados directamente por el Ayuntamiento de Zarra, que abonó a la empresa 800.000 euros, «más de la mitad de los gastos realizados por el Ayuntamiento».

Un año después de aquella operación de traspaso de poder entre padre e hijo en «Telyzan», la mercantil se entregó a una frenética actividad de construcción de viviendas ilegales «vulnerando con ello las normas más elementales del ordenamiento urbanístico». Hasta el punto de que, según fuentes de la investigación, «las obras no son autorizables» porque la parcela sobre las que se asientan los chalés son demasiado pequeñas.

En al menos 69 casos se trata de parcelas de menos de 1.000 metros cuadrados, superficie mínima exigida por la legislación urbanística para este tipo de edificaciones. El Ayuntamiento encubrió la frenética e ilegal actividad constructiva de Telyzan con licencias de obras que sólo permitían construir refugios agrícolas, locales comerciales y almacenes.

El alcalde y su hijo fueron detenidos el martes por la Guardia Civil. El juez decretó el viernes de madrugada su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 18.000 euros. Sabían lo que se les venía encima. Por eso, su abogado tenía dinero preparado. Pero no llevaban suficiente. No fueron trasladados a prisión. Permanecieron en los calabozos a la espera de que su círculo completara la cantidad exigida por el juez de Requena 2.

El padre, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, está imputado por los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, negociación prohibida, fraude y estafa. El hijo, por estafa, usurpación de la propiedad y contra la ordenaciónd el territorio.

No son los únicos implicados en este caso de presunta corrupción. La Fiscalía ha denunciado a cuatro concejales más: Luis García, Trinidad Andrés, Eugenio Cuenca y Pilar Isabel Villar. Todos están imputados en otra causa junto al alcalde y su hijo por favorecer un «pelotazo ubanístico» de este último.

También figuran como denunciados los cuatro representantes legales de las empresas «Ayora Valley Properties» y «Real Spanish House», dos de las tres mercantiles que comercializaban las viviendas en el mercado británico a través de páginas web. De la tercera empresa denunciada, «Hills and Valley Properties» se desconoce su órgano de dirección.

El PSOE exige al PP que ´desautorice oficialmente´ las declaraciones de González Pons sobre la Reina

MADRID.-El secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Antonio Hernando, exigió hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, que "desautorice oficialmente" las declaraciones sobre la Reina Sofía del responsable 'popular' de comunicación, Esteban González Pons.

Según Hernando, "en tres semanas el Partido Popular ha menospreciado al Ejército, insultado al mundo financiero y criticado a la Monarquía", por lo que "Rajoy debe exigir menos frivolidad y más responsabilidad".

El responsable municipal socialista se preguntó además, "qué ha sido de las palabras de González Pons cuando fue elegido para el cargo que ahora ostenta y en las que el popular aseguraba que se acababan los portavoces de gatillo fácil", informó el PSOE en un comunicado.

Garzón autoriza la exhumación de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia

VALENCIA.- El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón, ha autorizado la exhumación de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia, a petición del Fórum per la Memòria del País Valencià, según informaron fuentes de la entidad en un comunicado.

En la providencia, fechada el pasado miércoles, 29 de octubre, se autoriza el inicio de las exhumaciones y se ordena que se libren los exhortos oportunos para la realización de las mismas.

Para el Fòrum per la Memòria del País Valencià, esta decisión del juez Garzón "inicia el camino para lograr los objetivos defendidos por esta asociación en lo referente a las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, por los que viene luchando largos años".

Una de las fosas que el juez de la Audiencia Nacional ha autorizado su exhumación es la de la sección séptima derecha, la única que, según el Fórum per la Memòria "no ha sido destruida, de las seis descubiertas que datan del franquismo, por las diferentes actuaciones municipales".

Asimismo, se exhumará la fosa común de la sección octava derecha, una actuación que el Fòrum solicitaba llevar a cabo para conocer e identificar el número real de personas que en ella fueron "tiradas".

Del mismo modo, la decisión de Garzón también implica a la fosa común de la sección quinta derecha, de la que se pide la exhumación de un espacio de 1.590 metros cuadrados, ya que el resto de la fosa se encuentra destruida a causa de diferentes actuaciones municipales.

La burbuja y sus cómplices / José Manuel Naredo*

La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados.

Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas.

Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.

Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias.

Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que “cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares”.

Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española desamparada en el euro de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata.

Pero esa misma financiación externa que prolongó tánto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.

Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que “la suerte ya estaba echada”: no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible.

Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra.

Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo “hacía presagiar un estancamiento de larga duración”.

Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo.

Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.

En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear “alarma social”. Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive.

Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el “aterrizaje sería suave” a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo.

Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.

Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto “invertir en ladrillos”, si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.

La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país.

Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros “avanzados” políticos ni siquiera se han planteado.

El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado “aterrizaje suave” y la necesaria reconversión “del sector”.

También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el “España va bien” de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.

* José Manuel Naredo es economista y estadístico

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