Bañuelos, imputado por presunto uso de información privilegiada

BARCELONA.- El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha llamado a declarar como imputados al fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, y a otras tres personas por un presunto delito de uso de información privilegiada durante la OPA de Martinsa sobre Fadesa en septiembre de 2006 que les reportó un beneficio de 3,5 millones de euros, según el auto dictado el pasado 18 de febrero.

Todos ellos declararán el próximo 18 de marzo ante el juez Juan Emilio Vilá, tras la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los otros tres imputados son la vicepresidenta de Abertis, Carmen Godia, por su condición de administradora de la sociedad G3T, que posee el 5% de las acciones de Astroc y pertenece al grupo BCN Godia; el director financiero de BCN Godia, Jorge Gracia Silvestre, y el abogado y apoderado del Grupo Javier Amat Badrinas, del bufete barcelonés Amat i Vidal-Quadras, según el auto.

Fuentes jurídicas negaron que la imputada Carmen Godia "sea socia ni administradora" de G3T y calificaron de "categóricamente falso" que haya adquirido acciones de Fadesa durante la OPA. "Godia está involucrada por una relación familiar", afirmaron las mismas fuentes.

Según el auto, que recoge los hechos relatados en la querella de la Fiscalía, los días 26 y 27 de septiembre, García Silvestre, en nombre de BCN Godia contrató con el BBVA una operación de 'equity swap' sobre acciones de Fadesa a iniciativa de Carmen Godia.

La presunta directora de la operación se "habría valido de la información facilitada por Bañuelos y conocida por todos" respecto a la inminente OPA de Martinsa sobre Fadesa, que se materializó el 28 de septiembre, según explica el auto.

El entonces presidente de Astroc habría tenido conocimiento de la operación a raíz de las "negociaciones" de compra de la inmobiliaria que mantuvo con el presidente de Fadesa, Manuel Jove, a través de la entidad Morgan Stanley.

Finalmente, Fadesa vendió sus acciones a Matinsa tras desestimar la oferta de Astroc y la OPA "supuso una revalorización, con un beneficio de 3,5 millones de euros" para las acciones de Fadesa de la que se beneficiaron supuestamente los imputados.

El juez también ha llamado a declarar como testigos, el próximo 20 de marzo, al presidente de Morgan Stanley, Luis Isasi, y al socio de la entidad Joaquín Arenas de Bedmar; al presidente de Fadesa, Manuel Jove, Y al consejero delegado de Afirma, actual Astroc, Juan Francisco Palomero Arguinchona.

El juez ha ordenado al juzgado que designe a un perito económico para analizar cuánto dinero llegaron a ganar los imputados en la compra-venta de las acciones de Fadesa.

La querella considera que los hechos fueron constitutivos de un delito de uso de información privilegiada tipificado en el artículo 283 del Código Penal castigado con penas de cárcel de entre uno y cuatro años y multas que podrían triplicar el valor del beneficio obtenido en la operación.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta otra causa contra Bañuelos por presunta maquinación para alterar el precio de las cosas. El empresario está imputado por realizar supuestas operaciones vinculadas entre varias de sus sociedades y Astroc en 2006 con el objetivo de inflar su valor y mantener la cotización de la inmobiliaria.

Una de las dos acusación particulares acaba de solicitar al juez la apertura de juicio oral contra Bañuelos, tras rechazar la prueba pericia solicitada por ellos mismos, ya que el experto nombrado por el juzgado les pidió "40.000 euros" por su análisis pericial, según informaron fuentes jurídicas.

Alrededor de 300.000 valencianos tiene dificultades para ver la TDT

VALENCIA.- Un total de 297.000 valencianos --lo que representa un seis por ciento de la población de la Comunitat-- tiene dificultades o no puede ver la TDT, según consta en el estudio cualitativo sobre la situación de la TDT en la Comunitat Valenciana y Baleares, elaborado por SES Astra y presentado hoy en Valencia.

El informe concluye que los índices de penetración --48,4 por ciento frente al 47,3 por ciento de media nacional-- y de audiencia --28,6 por ciento frente al 21,9 por ciento de media nacional-- de la TDT se posicionan por encima de la media nacional. Pese a todo, para casi 300.000 valencianos la señal es defectuosa o nula.

En detrimento de una buena cobertura, en el documento se expone que existen dificultades determinantes: la morfología del terreno, la dispersión de la población en algunas zonas, así como aspectos técnicos y operativos asociados a la red de difusión terrestre.

En concreto, en la provincia de Valencia tiene problemas el 2,5 por ciento de la población --más de 62.000 personas--. Las dificultades se localizan fundamentalmente en el Valle de Cofrentes, en Cofrentes, Teresa de Cofrentes o Ayora; desde Chiva a Torrent, sobre todo en Godelleta, Turis, Calicanto, Macastre, Alborache, Monserrat y Montroi; en la zona sur de la Albufera; en Cullera, Sueca y La Pobla.

En la provincia de Alicante, el estudio contempla que hay más de un nueve por ciento de la población --más de 175.000 personas-- con problemas en la recepción de la TDT. Las deficiencias se dan fundamentalmente en la costa, debido a problemas de fading, interferencias y zonas sin cobertura.

De esta manera, se ven afectadas Moraira, Calp, Altea, Benidorm, Alicante, Vila-joiosa, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja. En la zona norte, en Xaló, Parcent, Alcalalí, Orba, Ondara, Verger y Denia; en la Vega Baja, en Catral, Dolores, San Fulgencio, Rojales y Almoradi; en la zona oeste, en Ibi, Tibi, Castalla, Onil, Petrer, Monovar y Pinoso.

En Castellón, se estima que un 10 por ciento de la población --casi 60.000 personas-- tiene dificultades para recibir la señal digital terrestre. Hay problemas en la comarca del Maestrazgo, desde Peñíscola a Vinarós, pasando por Benicarló, Santa Magdalena de Pulpis; en la comarca de Els Ports, en Morella, Forcall y Cinctorres; en la comarca de L'Alcalatén, en Alcora y Figueroles.

El juez absuelve a los empresarios contra los que se querelló Zaplana

VALENCIA.- El titular del juzgado de lo penal número 2 de Valencia dictó hoy sentencia absolutoria para los empresarios Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García, contra los que se querelló el ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana por calumnias, tras difundirse la grabación de unas conversaciones entre ambos y los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such, en las que se le vinculaba con el cobro de comisiones ilegales en la construcción del parque temático de Benidorm, Terra Mítica.

En la vista, que tuvo lugar en la sala 28 de la Ciudad de la Justicia de Valencia, el representante legal de Eduardo Zaplana ratificó el escrito que presentó ayer en el juzgado, en el que retiraba su acusación contra los empresarios al entender que el daño ya le había sido reparado después de que ambos pidieron perdón y se retractaran de lo que dijeron en la conversación grabada por los diputados.

De esta manera, el letrado solicitó el sobreseimiento o sentencia absolutoria para los empresarios, con la consiguiente eliminación de las acciones civiles y penales pendientes. La defensa de los empresarios se adhirieron a esta decisión, al igual que el ministerio público, que ya pedía en su escrito de acusación la absolución.

Según comentaron fuentes judiciales, Zaplana decidió retirar su acusación después de que los empresarios comparecieran ante el juzgado de instrucción número 18 y pidieran perdón.

También, ante el juzgado, aseguraron que su intención no era la de ofender o imputar un delito, sino que realizaron algunas afirmaciones en unas circunstancias concretas, de las que se "aprovecharon" algunas personas.

Por su parte, los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, que acudieron a la vista, lamentaron, en declaraciones a los medios de comunicación, que se "haya perdido" una "oportunidad" para que todas las partes "se pudieran explicar" y "esclarecieran gran parte de todo el entramado que ocurrió en Terra Mítica", dijo Such.

Así, reiteró que a los socialistas les hubiera gustado que "todas las partes hubieran explicado lo que ocurrió" en el parque, "con su facturación abultada", las "contrataciones excesivas" y los "sobrecostes de esta empresa". Con el acuerdo alcanzado entre el denunciante y los denunciados, indicó que "tal vez" a ninguna de las dos partes "le interesaba que se supiera la verdad de lo que pasó".

En esta línea, Camarasa, quien aseveró que le sorprendía la "capacidad de perdón" de Zaplana, recordó que acudió hoy al juzgado para "contar lo que nos dijeron estos señores" --en referencia a los empresarios--, "sin ánimo de imputar a nadie, sino de contar la verdad de un caso que costó muchos miles de millones a los contribuyentes valencianos".

Zaplana presentó el 17 de mayo de 2007 una querella ante el TSJCV por un presunto delito de calumnias con publicidad o, alternativamente, un supuesto delito de injurias graves con publicidad contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, y los empresarios valencianos que figuran como imputados en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Valencia contra Terra Mítica y una veintena de empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros.

Un día antes, la página web de la Cadena Ser había publicado el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCV por Such y Camarasa en la que informaban de que habían grabado las manifestaciones de los dos empresarios, que les indicaron que durante la ejecución de las obras del parque de Benidorm se habían manipulado facturas por más de 2.000 millones de pesetas para elevar el precio de los trabajos, y se habían pagado comisiones a quien proporcionaba los contratos.

Ambos empresarios manifestaron que los sobrecostes y comisiones iban destinados al empresario Vicente Conesa, y que éste decía que "parte se entregaba a Zaplana".

El contenido de esta querella fue ampliado el día 23 de mayo haciendo referencia a la entrevista publicada por el diario El Mundo con el querellante Moreno Carpio, en la que afirmaba que el diputado y también querellado José Camarasa le ofreció 1,8 millones de euros, contratos con ayuntamientos gobernados por su partido y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de inculpar a Zaplana en el cobro de millonarias comisiones por las obras del parque.

La sala de lo civil y penal del TSJCV acordó en diciembre de 2006 el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los dos diputados del PSPV al considerar que no existía ninguna constancia de que ambos hubieran facilitado personalmente la difusión del contenido de la denuncia y siguió abierta contra los dos empresarios en el juzgado de instrucción número 18.

EU pide a Fabra que explique las relaciones del PP con las empresas investigadas por Garzón

CASTELLÓN.- La diputada del grupo no adscritos en las Corts Valencianes y miembro de EU Marina Albiol exigió hoy al PP "más transparencia" en las posibles relaciones con Orange Market, empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y demandó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que haga una comparecencia pública y "explique a todos los ciudadanos cuáles son las relaciones de su partido con las empresas que están siendo investigadas" en la 'operación Gürtel'.

Albiol consideró en un comunicado que el PP "ha de dar muchas explicaciones sobre sus relaciones con Orange Market, tanto a nivel institucional como del partido", pues --dijo-- "son muchas las noticias que están apareciendo en las últimas semanas sobre esta trama corrupta y posibles relaciones con miembros del PP".

La diputada indicó que Carlos Fabra "ha de dar explicaciones de las relaciones con Orange Market, ya que esta empresa organizó un congreso provincial del PP y la presentación de la Ciudad de la Música de Benicàssim, y ahora su presidente, Álvaro Pérez, está imputado por posible relación con una trama de corrupción".

Albiol espera que el PP "sea transparente en lo que afecta a los posibles contratos de la administración municipal o autonómica con estas empresas, pero también en las contrataciones de su propio partido".

"La Justicia ha de seguir su propio camino, pero también, en el ámbito político, se debe de tratar este tema porque cada uno ha de asumir las responsabilidades que le toquen", apuntó.

Iniciativa dice que Carlos Fabra "debería de seguir el ejemplo de Bermejo e irse"

CASTELLÓN.- El representante de Iniciativa en Castellón, Carlos Mulet, aseguró hoy en un comunicado que el presidente provincial del PP y de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, "debería de seguir el ejemplo" del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo "e irse".

Mulet afirmó que "es triste ver cómo el caso de Bermejo no es imitado por el resto de dirigentes políticos quemados políticamente, imputados en delitos o que simplemente se han equivocado gravemente en su gestión, o aquellos que ya han agotado su ciclo en la vida pública".

Según dijo, "imaginamos que el ministro ya no tenía más remedio que dimitir, pero es un acto de valentía política dar el paso y no esperar a que le cesaran desde la Presidencia, y justamente en Castellón tenemos su antítesis ética, una persona con una situación política infinitamente más deplorable, multi imputado en delitos contra la administración pública y fraude fiscal", al que, según afirmó, el presidente del PP, Mariano Rajoy, "aplaude y le califica de ciudadano ejemplar".

El portavoz de Iniciativa lamentó que el PP "tenga un doble vara de medir respecto a la limpieza de la política, una para reclamar a los políticos de otros partidos y otra para los suyos propios, que se ajusta al poder que tenga el político cuestionado".

"El 'caso Fabra' es uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia y el PP es incapaz de hacerle frente, y mientras desde la Secretaría General del partido en Madrid anuncian la apertura de expedientes a los imputados en delitos por la trama de las empresas corruptas, a Fabra se le exculpa de toda responsabilidad y prefieren tenerle controlando todos los hilos de la política provincial", dijo.

Para Mulet, "el 'caso Bermejo' es precisamente lo que debería imperar en los políticos que han agotado por una causa u otra su periodo, pues la participación de las personas en la vida pública se debería limitar a etapa concretas mientras se pueda ser útil a la sociedad".

Bruselas amonesta a España por no aplicar la normativa europea sobre peajes para los camiones

BRUSELAS.- La Comisión Europea lanzó hoy un ultimátum contra España por no introducir en su legislación nacional la normativa comunitaria que establece un sistema común de peajes para los camiones, pese a que el plazo para hacerlo vencía el 10 de junio de 2008.

El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades españolas no corrigen la situación en un plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Además de España, Bruselas envió también un aviso a Grecia, Italia y Portugal por no aplicar la norma sobre peajes.

La denominada 'directiva euroviñeta' establece un sistema común de peajes para camiones de más de 3,5 toneladas. La norma fija criterios armonizados para calcular los peajes, basándose en los costes de construcción y mantenimiento de las infraestructuras. También permite penalizar con tarifas más altas a los vehículos más contaminantes.

No obstante, deja total libertad a los Estados miembros para decidir si quieren o no introducir estas tasas y en qué carreteras.