viernes, 20 de octubre de 2023

¡Palestina vencerá!, todo un clamor por más de 3.000 personas en calles emblemáticas del centro de Alicante



ALICANTE.- Hasta más de tres mil personas, desde musulmanes residentes entre nosotros y ciudadanos españoles concienciados y solidarios con la causa palestina, niños, jóvenes y mayores, han marchado esta noche durante dos horas por calles del centro de la ciudad de Alicante, desde la plaza de España hasta la Montañeta, discurriendo la marcha de protesta por la agresión israelí contra la población civil, a través de las calles Calderón, Alfonso el Sabio y Álvarez Sereix, donde el clamor constante de los cientos de asistentes ha sido ¡Palestina vencerá! Los palestinos no han estado solos en esta ocasión sino muy acompañados de otros musulmanes con sus respectivas banderas nacionales de varios países, desde el Golfo Pérsico hasta el Magreb. Aparte de muchos marroquíes y argelinos por ser de países más cercanos a la costa alicantina, también se podía ver a sirios, egipcios, libaneses, turcos y ciudadanos residentes de varias nacionalidades europeas. 

La ciudad de Alicante se convirtió hoy en escenario de una manifestación masiva en apoyo al pueblo palestino. Convocada por el Movimiento de Resistencia Global (MRC), más de 3.000 personas en el apogeo de la marcha, se reunieron para expresar su solidaridad y denunciar el genocidio "que Israel está perpetrando en Gaza". El MRG tiene sus orígenes en España a principios de junio del año 2000.

En un acto de unidad y determinación, los participantes demostraron todos a una su apoyo a la lucha del pueblo palestino "contra la masacre sostenida por el Estado de Israel" por medio de su Gobierno "sionista y satánico", como fue calificado por algún asistente de Cisjordania.

El Movimiento de Resistencia Global (MRC), una organización que aboga por la justicia social y la resistencia global, llamó a esta manifestación como un acto de solidaridad con el pueblo palestino y ha obtenido una respuesta proporcionada por parte de una tierra de acogida y retaguardia de diversos pueblos musulmanes, desde el Próximo Oriente hasta el Magreb. 

Los convocantes destacaron la importancia de tomar una posición firme contra la violencia y la opresión que han estado sufriendo los palestinos en Gaza desde hace 75 años. 

La convocatoria atrajo a una diversa multitud de manifestantes españoles comprometidos con la causa, sobresaliendo miembros veteranos y simpatizantes de Izquierda Unida pero curiosamente militantes por libre, sin banderas, de Podemos o de Compromís, ahora presentes en el Gobierno de España. Sí en cambio de residentes marroquíes y argelinos, libaneses y jordanos, sirios, egipcios y turcos, afincados en Alicante actualmente.

La manifestación en Alicante llegó a reunir en su apogeo sobre las 20.30 horas a más de 3.000 personas de diferentes edades, orígenes y creencias, todos unidos por un propósito común: expresar sin fisuras su apoyo al pueblo palestino. 

La diversidad de la multitud subraya la amplitud del apoyo a la causa y la determinación de la comunidad social y civil de Alicante en la lucha por la justicia y la paz.

Durante el recorrido se han escuchado consignas como ¡dónde están, no se ven, las sanciones a Israel! o ¡Israel asesino del pueblo palestino! y otros cánticos que los participantes han entonado alentados por un speaker megáfono en mano.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes de solidaridad y demandas de justicia. Gritos, entre otros, de «Libertad para Palestina»,«Israel, asesino» y «Detengan el genocidio» llenaron la noche del centro urbano mientras la multitud avanzaba por cinco calles emblemáticas  de Alicante. 

El acto ha resultado ser una demostración vigorosa de la solidaridad internacional y una condena colectiva a la violencia en curso en Gaza, pese a la postura de algunos poderosos países europeos, de alinearse con Israel y Estados Unidos en este conflicto enquistado desde 1948.

Los convocantes del MRC reiteraron su compromiso con la lucha del pueblo palestino. Y prometieron "seguir presionando y trabajando por la justicia, hasta que se ponga fin a la masacre en Gaza y el pueblo palestino alcance su victoria en su lucha por la libertad y la dignidad".

En medio de la marcha, con chilaba blanca, estaba presente el jordano Jammal, imán de la mezquita de Alicante, un hombre de paz y líder espiritual de todos los musulmanes que habitan en nuestra ciudad y sus alrededores. Daba el toque de moderación y templanza en medio de tanta exaltación de dolor.

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Así queda el reparto de competencias entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia


VALENCIA.- El Partido Popular y Vox han firmado este viernes su pacto de gobierno en la ciudad de Valencia. Un acuerdo por el que ambas formaciones se repartirán un total de 11 áreas (8 para los populares y 3 para los voxistas) y 43 delegaciones, 10 de ellas para el partido de Juanma Badenas. 

Gobierno PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia

La distribución de competencias en el Ayuntamiento de València tras esta reestructuración del gobierno municipal pasa a ser la siguiente.

El Partido Popular gestionará 33 delegaciones:

Área de Alcaldía

  • Delegación de Relaciones Institucionales y con otras Administraciones y Portavocía del Gobierno Municipal: Juan Carlos Caballero Montañés.
  • Delegación de Comunicación y Relaciones con los Medios: Juan Carlos Caballero Montañés.
  • Delegación de Grandes Proyectos: José Marí Olano.
  • Delegación de Turismo: Paula María Llobet Vilarrasa.
  • Delegación de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones: Paula María Llobet Vilarrasa. 

Área de Hacienda y Participación

  • Delegación de Hacienda y Presupuestos: Mª José Ferrer San Segundo.
  • Delegación de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía: Juan Carlos Caballero Montañés.
  • Delegación de Pedanías, Participación y Acción Vecinal:  Mª José Ferrer San Segundo

Área de Patrimonio, Recursos Humanos y Técnicos

  • Delegación de Patrimonio: José Marí Olano.
  • Delegación de Control Administrativo: José Marí Olano.
  • Delegación de Recursos Humanos: María Julia Climent Monzó. 
  • Delegación de Servicios Centrales Técnicos: María Julia Climent Monzó.
  • Delegación de Contratación: María Julia Climent Monzó.

Área de Seguridad y Movilidad

  • Delegación de Policía Local de Valencia: Jesús Carbonell Aguilar.
  • Delegación de Prevención y Extinción de Incendios: Juan Carlos Caballero Montañés.
  • Delegación de Protección Civil: Juan Carlos Caballero Montañés.
  • Delegación de Movilidad: Jesús Carbonell Aguilar
  • Delegación de Espacio Público: Jesús Carbonell Aguilar
  • Delegación de Comercio y Mercados: Santiago Ballester Casabuena.

Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias

  • Delegación de Vivienda: Juan Manuel Giner Corell
  • Delegación de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructura: Juan Manuel Giner Corell
  • Delegación de Planificación y Gestión Urbana: Juan Manuel Giner Corell
  • Delegación de Licencias Urbanísticas-Actividades: Juan Manuel Giner Corell.

Área de Residuos, Mejora Climática y Gestión del Agua

  • Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos: Carlos Luis Mundina Gómez.
  • Delegación de Ciclo Integral del Agua: Carlos Luis Mundina Gómez.
  • Delegación de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética: Carlos Luis Mundina Gómez.
  • Delegación de Cementerios y Servicios Funerarios: Carlos Luis Mundina Gómez.

Área de Bienestar Social

  • Delegación de Servicios Sociales: Marta Torrado de Castro.
  • Delegación de Igualdad: Mª del Rocío Gil Uncio.

Área de Cultura, Educación, Deportes y Fallas

  • Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales: José Luis Moreno Maicas.
  • Delegación de Educación: Mª del Rocío Gil Uncio.
  • Delegación de Deportes: Mª del Rocío Gil Uncio.
  • Delegación de Fallas: Santiago Ballester Casabuena.

Por su parte, Vox gestionará 3 áreas con 10 delegaciones:

Área de Empleo, Emprendimiento y Formación

  • Delegación de Empleo y Formación: Juan Badenas Carpio. 
  • Delegación de Emprendimiento: Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

Área de Parques y Jardines, y Espacios Naturales

  • Delegación de Parques y Jardines: Juan Badenas Carpio.
  • Delegación de Devesa-Albufera: José Vicente Gosálbez Payá.
  • Delegación de Playas: Mónica Gil Cano.
  • Delegación de Agricultura: Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

Área de Familia, Mayores y Tradiciones

  • Delegación de Familia, Juventud e Infancia: Mónica Gil Cano
  • Delegación de Mayores: José Vicente Gosálbez Payá
  • Delegación de Sanidad y Consumo: José Vicente Gosálbez Payá.
  • Delegación de Fiestas y Tradiciones: Mónica Gil Cano.

El acuerdo de gobierno también contempla 4 tenencias de alcaldía, de las cuales la 1ª, 3ª y 4ª la ocuparán concejales del Partido Popular, mientras que la 2ª tenencia de alcaldía la ocupará un concejal de Vox:

  • Primera teniente de alcalde: María José Ferrer San Segundo.
  • Segundo teniente de alcalde: Juan Badenas Carpio.
  • Tercera teniente de alcalde: María Julia Climent Monzó.
  • Cuarto teniente de alcalde: Juan Manuel Giner Corell.


En la Junta de Gobierno entran por parte de Vox Juan Badenas Carpio y Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

El juez cita a declarar como testigo a la víctima de los abusos sexuales del ex marido de Oltra


VALENCIA.-  El Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia ha citado a declarar, en calidad de testigo, a la víctima de los abusos sexuales del exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Mónica Oltra.

Así se desprende de la resolución dictada por el juez que investiga un presunto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela de los abusos sexuales a la víctima, una menor tutelada, por parte del ex marido de Oltra, un educador.

En el escrito, que se produce tras el levantamiento del secreto de sumario de la segunda pieza separada abierta en la causa, el juez acuerda citar como testigo a la víctima de los abusos el próximo 13 de diciembre, a las 17 horas.

Además, deberán comparecer a declarar en calidad de investigados el próximo 8 de noviembre, a las 17 horas, el ex jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, y el exsubsecretario de la Conselleria Francesc Gamero.

En la misma resolución, el juez une a la causa un informe emitido por el fiscal en el que se interesa la prórroga del plazo de instrucción por término, a menos, de seis meses.

El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión, condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y pendiente de recurso al Supremo.

Por su parte, Oltra, que dimitió a raíz de su imputación en este procedimiento, siempre ha negado que ordenara abrir esa investigación paralela a la judicial y ha afirmado que se enteró de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, con lo que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su departamento desde el mes de febrero anterior, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos.

La conseller Pradas dice que la ley regional de Costas "armonizará" la protección del entorno con la economía



OROPESA DEL MAR.- La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido que la futura ley de la Costa Valenciana permitirá "desplegar al máximo" las competencias de la Generalitat para "compatibilizar usos y actividades de acuerdo con las necesidades propias y características de nuestra tierra", para "ayudar a la regeneración litoral y armonizar la protección del entorno con la actividad económica". 

Así se ha expresado la titular de Medio Ambiente en su discurso de apertura del III Congreso por la Regeneración de las Costas Españolas que se ha iniciado en Oropesa del Mar este viernes con la presencia de expertos, alcaldes y alcaldesas de poblaciones costeras de la Comunitat Valenciana y representantes del sector hostelero y asociaciones ecologistas, según recoge la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha destacado que en la franja costera de la Comunitat Valenciana "vive el 70 por ciento de la población y se genera el 15% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB)".

"En esos 518 kilómetros de litoral se ubican 331 playas, 10 puertos comerciales, 36 pesqueros, 43 deportivos y 24 clubes náuticos. Y en esa misma franja costera contamos con 10 parques naturales, el 90% de las zonas húmedas más valiosas y más de 20 enclaves de interés comunitario de la Red Natura 2000", ha enumerado.

Pradas ha recalcado que "esta realidad" demuestra "la importancia de llevar a cabo una gestión sensible, inteligente, integral y eficaz para esta pieza clave de nuestro territorio". En esta línea, ha apostado por que esta tarea se lleve a cabo "desde la visión de que es posible compatibilizar la preservación de los valores naturales de nuestra costa con el aprovechamiento económico y turístico, siempre desde la sostenibilidad".

Por otro lado, la consellera ha advertido de que "es muy importante que dispongamos de una herramienta normativa propia y esa es la razón por la que desde el Consell vamos a impulsar la futura Ley de la Costa Valenciana", ha pronunciado.

Además, la consellera ha avanzado que la Generalitat reclamará al Gobierno "las inversiones de protección y regeneración pendientes". En este sentido, ha denunciado que en la Comunitat Valenciana "están proyectadas y presupuestadas desde 2011 un total de 61 actuaciones que se concentran, por un lado, entre Castellón y Sagunto y, por otro, entre Valencia y Dénia y que, de todas ellas solo hay dos terminadas y una en ejecución". 

Como ejemplo, la consellera ha citado que Oropesa "tiene un plan desde el 2015 pendiente de ejecutarse"

Por ello, ha abogado por gestionar "con sensatez y visión de futuro los usos de nuestro litoral, al tiempo que lo protegemos de las consecuencias del cambio climático y frenamos los procesos de regresión o degradación que se están produciendo".

Un juzgado de Gandia abre diligencias a la ministra Morant por la paralización de un desahucio cuando era alcaldesa


GANDÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Gandia ha incoado diligencias previas tras la última denuncia anunciada el pasado mes de julio por el ex alcalde 'popular' de la localidad, Arturo Torró, contra el actual primer edil, el socialista José Manuel Prieto, la ex alcaldesa y ministra de Ciencia en funciones, Diana Morant, y una letrada municipal, en relación con el edificio okupado de la calle Perú, 57. 

Se trata de un inmueble en el que siendo alcaldesa Morant en 2015 paralizó el desahucio de una vecina y su familia, un hecho que, según la empresa Inmuebles Reunits de Catarroja, constructora del edificio, y la oposición, aseguran que contribuyó a que se okuparan más viviendas y se degradara la construcción.

Torró, que fue alcalde de Gandia entre los años 2011 y 2015, denunció a Prieto, Morant y la abogada jefe de los servicios jurídicos municipales por los delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El juzgado ha abierto ahora diligencias previas por los presuntos delitos atribuidos presuntamente a los tres cargos y da cuenta al fiscal y al Ayuntamiento de Gandia para que, en el plazo de diez días, entregue copias de todas las sentencias y resoluciones judiciales adoptadas en relación con este asunto, según el extracto de la notificación del juzgado, facilitado por el propio Torró.

Ante esta decisión, el consistorio de Gandia ha subrayado que la apertura de diligencias es “un paso lógico de una denuncia absolutamente política” y subraya que la justicia ya le ha dado la razón al Ayuntamiento en cuatro ocasiones en este asunto. 

Además, señala que en una de ellas un juzgado de lo contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad. El consistorio recuerda que Torró está condenado por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento.

El consistorio se remite a la comparecencia pública de Prieto, cuando el pasado mes de julio se anunció la denuncia, en la que advertía que no consentiría que se jugara con el dinero de los gandienses y hacía hincapié en que se trataba de un tema ya juzgado, con sentencia firme en mayo de ese mismo año.

Prieto acusaba al ex alcalde Torró de pretender “favorecer” a un empresario en contra de los intereses municipales, en concreto, del concesionario de la explotación de 39 viviendas de la calle Perú, cuyo contrato resolvió el consistorio “por incumplimiento” y en el que incidía en que la Justicia les ha dado la razón en cuatro ocasiones.

El primero, un proceso donde la empresa pedía el rescate de la concesión para que se hiciera cargo el Ayuntamiento y una indemnización, en el que el juzgado dictó resolución a favor del consistorio; un segundo en el que se impugnaba la reclamación del Ayuntamiento contra la empresa para que satisfaciera la deuda pendiente y reparara el edificio --tras ser okupado-- y en el que la justicia consideró que la deuda debía pagarse por la empresa y no procedía la reparación y un tercero por la reclamación de la mercantil no conforme con la incautación de la garantía por parte del consistorio, y en el que igualmente la justicia (TSJCV) dio la razón al consistorio.

El cuarto proceso fue por la reclamación judicial por la que la empresa pretendía derivar la responsabilidad por lo ocurrido en 2015, cuando Morant paró el desahucio de la mujer. En este caso, la justicia eximió a la ex alcaldesa de la responsabilidad civil que la empresa pretendía y al Ayuntamiento de derivar cualquier acción contra ella, según señala.

Sanidad asumirá la gestión directa del hospital de Manises con una transición "rigurosa"

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad ha anunciado que asumirá la gestión de los departamentos de salud de Denia y Manises a partir de la finalización de los contratos de concesión el próximo año y promoverá para ello "una transición planificada, rigurosa y ordenada".

Tanto el informe de análisis de situación, como "el clima social y laboral generado" en ambos departamentos, unido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, han sido "determinantes" para tomar la decisión, explican desde el departamento que dirige Marciano Gómez.

Desde el pasado mes de julio, recalcan, la Conselleria está trabajando "en aras de velar por la seguridad asistencial para los y las pacientes de los dos departamentos y evitar situaciones tan lamentables como las que se vivieron con las reversiones de Alzira y Torrevieja".

En este sentido, se han publicado los anuncios previos para la licitación de diversos servicios y se han solicitado diversos informes a la Abogacía de la Generalitat para evitar una inseguridad jurídica que pudiera generar problemas en la prestación de la asistencia.

"El principal objetivo de la Conselleria ha sido, desde el principio, garantizar la asistencia a los y las pacientes, que no se vean perjudicados en ningún momento del proceso. En este sentido, la semana pasada ya se publicaron en la plataforma de contratación del sector público los anuncios previos para licitar los servicios de lavandería, limpieza, mantenimiento de equipos e infraestructuras, logística, seguridad, alimentación de pacientes, gases medicinales, electricidad o gas", recuerdan.

Estos anuncios, apuntan, permiten acortar los plazos para la presentación de ofertas, que se pueden reducir de 35 a 15 días, así como agilizar otros trámites necesarios para finalizar el proceso de licitación. Todo ello "con el objetivo de que las y los pacientes no queden desprotegidos en el momento en que se produzca el cambio de titularidad de la gestión de ambos departamentos".

En el caso del departamento de Salud Elx-Crevillent, los informes aconsejan continuar con la concesión, "siempre y cuando se mantengan los índices de calidad, se siga invirtiendo en tecnología, se sometan a un riguroso control y se continúe prestando el servicio con los mismos parámetros de eficiencia que existen actualmente", advierte la administración.

Las concesionarias ya han sido informadas y en el caso de Denia se ha acordado que la empresa continúe prestando el servicio hasta el 30 de abril, para favorecer así un proceso de transición bien planificado, riguroso, ordenado y con todas las garantías de seguridad jurídica y asistencial.

En este momento está pendiente de realizar parte de la tramitación administrativa necesaria, que la falta de previsión del equipo anterior y las circunstancias derivadas del año electoral, han impedido agilizar para llevar a cabo una transición segura antes del 30 de abril.

La finalidad, insiste la Generalitat, es "evitar el caos que se produjo en la asistencia sanitaria en Alzira y Torrevieja en el momento en que finalizaron ambos contratos".

Enrique Krauze: “Los defectos de los políticos son la vanidad, la soberbia, el narcisismo, la megalomanía, la paranoia y la embriaguez del poder»

 


MADRID.- El historiador e intelectual mexicano, Enrique Krauze, destacado por su defensa de la democracia y contra el populismo, ingresó esta semana como académico de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) con un discurso sobre «El realismo trágico de Max Weber» en el que sostuvo que la vanidad continúa siendo hoy día uno de los “pecados capitales” de los políticos, aunque no el peor de ellos: “la soberbia, el narcisismo, la megalomanía, la paranoia, la embriaguez del poder que sólo se ve a sí mismo, son defectos aún mayores».

Pese a que en su discurso sobre Weber y los jóvenes revolucionarios alemanes de 1919, Enrique Krauze no hizo alusión directa a la situación política que vive España en estos momentos, con posterioridad al acto expresó su preocupación.

“Parece que se olvida –dijo- todo lo derivado de los Pactos de la Moncloa. La convergencia de los partidos históricamente adversarios y enemigos que dejaron a un lado sus diferencias ideológicas o doctrinarias, pero conservaron su esencia democrática, el respeto a la libertad y a la vida humana, fue algo extraordinario. Nos permitió a los países Iberoamericanos, plagados de caudillismo, revoluciones y dictaduras de toda índole, concebir la esperanza y vislumbrar la posibilidad la democracia”.

Por ello, cuando ahora ve cómo los mismos partidos políticos españoles estén enfrentados de manera en apariencia irreductible, “negando incluso la transcendencia de eso que conquistó España tan difícil en los años 70, es algo que me entristece. La lección del siglo XX es clara: ahí donde los partidos mayoritarios del centro dan prioridad a sus odios sobre su amor y respeto a la libertad y democracia, el centro se hunde, se privilegia a los extremos, se da pie a la discordia, una discordia tan honda que a veces desemboca en la violencia. Ojalá los principales partidos en España, y en particular el Gobierno actual, recapaciten”.

Sin embargo, considera altamente improbable que exista riesgo de que España pueda convertirse stricto sensu en un régimen populista, como lo fue el de Hugo Chávez, porque existe un intenso debate, una prensa libre, un Congreso, una oposición, un Poder Judicial, una ciudadanía.

El nuevo académico sí observa que en España “hay aspectos del populismo que están presentes, como un líder que por momentos parece un caudillo, la tentativa de un monopolio de la verdad, la polarización política, la demonización de quien no piensa igual, el aliento a teorías conspiratorias. Todo ello mina las bases de la democracia y del orden legal. Y esto es jugar con fuego”.

Pese a ello, confía en que “prevalezca la democracia, con todas sus imperfecciones, y no triunfe ese antiquísimo enemigo de la democracia que es la demagogia. Los atenienses lo sabían: la democracia es mortal, hay que defenderla continuamente”.

Krauze se ha distinguido y destacado por su defensa de la democracia y valores liberales, así como por su denuncia del populismo y autoritarismo.

En España ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio (2003), la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica (2008), e igualmente fue Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald, en 2012 y Premio de Historia Órdenes Españoles, que le fue otorgado en 2021 por las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y es autor de más de 20 libros.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano, así como las principales autoridades académicas, como Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y académico de la RACCMYP, Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia,  y una amplia representación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre ellos los ex presidentes Miguel Herrero de Miñón –»padre de la Constitución»– y Marcelino Oreja.

El presidente de la RACMYP, Benigno Pendás destacó que el nuevo académico es un intelectual de primer rango internacional y un defensor de la democracia constitucional y de la libertad política, “de ahí su nombramiento por unanimidad como académico de honor, máximo reconocimiento de nuestra corporación”.

Además, señaló que Krauze mantiene una posición constructiva sobre las relaciones entre México y España y tiene una notable presencia en el ámbito cultural de nuestro país a través de la revista “Letras Libres”.

“En estos tiempos convulsos de polarización y populismo, es importante escuchar la voz de personajes como Krauze, que se distingue por su rigor y moderación”, incidió al respecto, según crónica de Confilegal.

Un juez ordena una vista pública sobre las vacunas Covid 19, según el Código de Nuremberg

 


SAN JOSÉ.- Un juez ha ordenado finalmente una audiencia pública para el 9 de noviembre de 2023 para considerar la ilegalidad de las vacunas Covid-19. Interés de la Justicia contra el Estado de Costa Rica por experimentación humana en violación del Código de Nuremberg en vigor. El Dr. Yeadon (ex vicepresidente de Pfizer) será el perito experto de la acusación.

Es la mayor noticia del OIJ (Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica) en la lucha contra los experimentos con falsas vacunas contra el Covid-19 hasta el momento. El mes pasado, el 13 de septiembre de 2023, el juez de apelación ordenó una fecha para una audiencia oral sobre un recurso de parte para suspender las vacunas.

 Sólo tomó unos meses presentarlo ante el tribunal de apelaciones correspondiente luego de que se perdió en el sistema costarricense. La objeción tiene como objetivo retirar completamente del mercado la vacuna Covid-19. 

Temían los interesados que la apelación fuera rechazada por problemas técnicos al cargar los documentos y la desaparición de los documentos de apelación (¿Cyber ​​​​Polygon?). Así que tuvieron que llamar y pedir a los empleados que resolvieran el problema. Los empleados les dieron una dirección a la que enviar, así que imprimieron un montón de páginas y entregaron tarde la documentación. 

Han pasado algunos meses y la semana pasada casi habían perdido la esperanza de que la apelación se hubiera perdido, pero esta semana apareció en su sistema en línea con una orden para que fuera autenticada por un abogado. 

Eso hicimos y fue aprobado en lugar de rechazado por llegar tarde. El tribunal no sólo admitió la objeción tardía, sino que también ordenó una audiencia oral por iniciativa propia debido a la importancia del caso. La audiencia se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2023.

Las decisiones y los hechos que se discutirán en los tribunales sobre la ilegalidad de la vacuna no-vacuna Covid-19 afectarán a todos los países y también a la FDA, la OMS, etc.

Descargar abajo la orden judicial para una audiencia pública de la OMS, la FDA y CR sobre ensayos con seres humanos y violaciones del Código de Nuremberg (en vigor en Costa Rica).

 

https://uncutnews.ch/historische-entscheidung-richter-ordnet-oeffentliche-anhoerung-zu-covid-19-impfstoffen-nach-nuernberger-kodex-an/

Un juez imputa por corrupción al Consejo del Puerto de Valencia por un contrato millonario a Boluda


MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia ha imputado al anterior Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por la adjudicación de un contrato multimillonario en las instalaciones de Sagunto al empresario y expresidente del Real Madrid, Vicente Boluda Fos. Se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, negociación y asesoramiento prohibidos a funcionario público y aprovechamiento de información privilegiada, según recoge un auto del pasado 20 de septiembre al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las diligencias afectan al ex alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís), al actual primer edil de Puerto de Sagunto, Darío Moreno (PSOE), a Jorge Iván Castañón (Compromís), secretario autonómico de Vicepresidencia del Gobierno de Ximo Puig; a la eurodiputada y ex secretaria general de Infraestructuras Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE); al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, y al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, entre otros. 

Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración que autorizó la concesión ahora investigada. 

El propio Boluda y su hijo, Ignacio Boluda Ceballos, también figuran como imputados y han sido citados a declarar este próximo lunes a las 10 y 12 horas de la mañana, respectivamente. 

Las presuntas irregularidades están relacionadas con el "concurso público para la construcción y explotación en régimen de concesión administrativa de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto".

La concesión contemplaba una duración máxima de 40 años y la ejecución de un muelle de 509 metros de longitud y una profundidad de 16 metros, con una superficie anexa de 226.000 metros cuadrados y una explanada en las inmediaciones para una terminal ferroviaria. Los pliegos fueron aprobados por el Consejo del Puerto de Valencia el 21 de julio de 2021 y en noviembre de 2022 se produjo la valoración de las ofertas económicas.

Dos empresas se presentaron a la licitación. Por un lado, una UTE integrada por las sociedades Boluda Lines, Noatum Terminals e Inversiones Algeposa y, por otro, la compañía que ha presentado la querella que ha provocado la apertura de este procedimiento, Intersagunto Terminales SA. 

Esta mercantil denuncia que su oferta fue descartada en los primeros compases del proceso por supuestas razones técnicas, a pesar de que su propuesta suponía unos ingresos para el Estado, entre inversión inicial y tasas por tráfico comprometido, de 113,9 millones de euros en total, casi el doble de los 59,9 millones que prometía el grupo de Boluda. 

Intersagunto Terminales SA recuerda que presentó alegaciones a las supuestas deficiencias técnicas pero, el 23 de noviembre de 2022, la Mesa de Calificación la excluyó del concurso sin ni siquiera pronunciarse sobre sus explicaciones.

En la querella, la empresa asegura que en las semanas posteriores se produjo una manipulación documental de su oferta y que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia le impidió el acceso al expediente del concurso, así como a las actas que revelaban el nombre de los asistentes a sus reuniones y el sentido del voto de cada uno de ellos.

 "La resistencia denunciada tenía por objeto ocultar la concurrencia en el proceso de reiteradas irregularidades por parte de los miembros del mismo [Consejo de Administración] que son constitutivas de responsabilidad penal", relata Intersagunto Terminales SA

Pese a esas resistencias, la empresa expulsada afirma que ha conseguido acreditar que el propio Boluda, que también ocupaba un asiento en el Consejo de Administración del Puerto, participó en tres sesiones relacionadas con la concesión y votó. 

En una de esas reuniones, destaca la supuesta perjudicada, se produjo una modificación de los pliegos que fue definitiva para que la UTE integrada por la compañía del naviero -con una participación del 40%- se llevara finalmente la adjudicación, una práctica que incumpliría los propios estatutos del Consejo de la Autoridad Portuaria y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Para la querrellante, Ribó, Moreno y el resto de los representantes políticos y empresarios que formaban parte del Consejo también habrían participado en el fraude porque "debieron impedir la eficacia de la actuación individual del señor Vicente Boluda Fos, bien denunciando la concurrencia de la irregularidad que les era conocida, bien mediante su abstención en la votación o mediante su voto negativo". 

La implicación de todos estos consejeros fue "indispensable" para adulterar el proceso, según Intersagunto Terminales SA

El titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia considera que los indicios denunciados son suficientes para la apertura de una investigación y ha acordado la imputación de todos los administradores de las compañías de la UTE ganadora y de los consejeros del Puerto. 

Boluda y su hijo serán los primeros en declarar como investigados. El martes será el turno de la presidenta de Inversiones Algeposa, María Luisa Guibert y, el miércoles, el del presidente de Noatum Terminals, Antonio Campoy. 

El español Buxadé explica en el Parlamento Europeo de que va realmente la Agenda 2030 y la desmonta