VALENCIA.- El principio del fin de un polémico modelo sanitario
basado en la gestión privada de la sanidad pública que impulsó el PP de
forma pionera en la Comunitat Valenciana.
Así podría definirse, según
eldiario.es la
recuperación para el sistema público del hospital de Alzira y de todo el
departamento sanitario de La Ribera que este domingo 1 de abril volverá
a depender de forma directa de la Conselleria de Sanidad, en
cumplimiento del compromiso del
'Pacte del Botànic' que sellaron
PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos para formar
el Gobierno del cambio en la Comunitat Valenciana.
El
origen del modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó
el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la
Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas
(UTE) Ribera Salud.
El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el
primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de
las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de
Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las
que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.
Ese primer contrato, con una vigencia de 10 años, tenía como objeto la
gestión indirecta, por concesión administrativa, de la prestación de los
servicios de atención sanitaria especializada, tanto hospitalaria como
ambulatoria del área de la Ribera.
El nacimiento del
denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la
entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las
pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro
primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su
cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de
cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).
Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria
Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de
rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la
adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las
instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se
le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de "lucro cesante", algo
que no estaba previsto en el contrato.
Después se
volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del
modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control
de los centros de salud del departamento.
Pero el
cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la
administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante
(cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%,
pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de
crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año.
El concurso lo volvió a ganar
Ribera Salud y el nuevo
contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15
años, ampliables cinco años más, una prórroga que la actual consellera
de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del
Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE),
anunciaron que no se iba a hacer efectiva.
Por el camino, Ribera Salud cambió de accionistas y de
dirigentes y el modelo se extendió a otros cuatro hospitales de la
Comunitat Valenciana (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).
Actualmente, la compañía está participada por Banco de Sabadell (que
absorvió a la CAM) y la americana Centene Corporation (que adquirió el
50% de participación de Bankia).
El consejero
delegado desde hace años es Alberto de Rosa, hermano de Fernando de
Rosa, consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps y
exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial por designación
del PP.
Además de poseer la mayoría accionarial del
hospital de Alzira, Ribera Salud controla también el hospital de Elche y
el de Torrevieja. En Denia tiene un 35% de las acciones, mientras el
resto son de la aseguradora DKV. El negocio sanitario que echó a andar
en la comarca de La Ribera saltó también a la Comunidad de Madrid y ha
llegado hasta a Perú, donde Ribera Salud es accionista de dos
hospitales.
Tanto Ximo Puig como la consellera Montón
han manifestado en reiteradas ocasiones su intención de recuperar todos
los hospitales privatizados por el PP a medida que vayan finalizando
las concesiones, tal y como se ha hecho en Alzira.
El
resto de centros sanitarios de gestión privada finalizan sus
concesiones en 2021 (Torrevieja y Denia), en 2024 (Manises) y en 2025
(Elche).
Un coste de 2.000 millones
La teoría sobre la supuesta mayor eficiencia del
modelo Alzira es muy
discutible. De acuerdo con los datos oficiales a los que ha tenido
acceso eldiario.es, el pago a cuenta de la cápita por paciente, a la que
se sumaba o restaba posteriormente la liquidación anual resultante de
otro tipo gastos de la concesionaria y de la Administración,
asciende desde abril de 2003 a la actualidad a 2.104,9 millones de euros. La
cifra solo se ha conocido después de que el actual Gobierno del
PSPV-PSOE y Compromís haya intentado poner en orden las cuentas antes de
hacerse cargo de la gestión del hospital.
El dato,
en cualquier caso, es provisional, dado que la Generalitat reclama 105
millones a su favor de la liquidación pendiente de los años 2013, 2014 y
2015 y todavía está por hacer la liquidación de 2016, 2017 y los tres
primeros meses de 2018.
Aunque el precio final de los 15 años de concesión supera los 2.000
millones, no es todo el coste que el departamento privatizado de la
Ribera ha tenido para la Generalitat Valenciana. De acuerdo con el
contrato, Ribera Salud no asume los costes de farmacia ambulatoria,
prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud
pública.
