viernes, 29 de julio de 2011

Franco seguirá siendo alcalde honorario de Valencia con los votos del PP

VALENCIA.- El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha rechazado la retirada del título de alcalde honorario de la ciudad al dictador Francisco Franco, con los votos del PP, que ya se opuso en 2009, por considerar que dejó de serlo con su muerte.

   Así lo ha defendido el vicealcalde, Alfonso Grau, quien ha justificado su rechazo a la moción presentada por Compromís --y a la que se han adherido PSPV y EUPV-- "porque no es posible" aceptar esa petición. "Si no ha vuelto a la vida, no puedo retirarle algo que no existe", ha dicho.
   El edil 'popular' considera un "error conceptual grave" que los grupos de la oposición aseguren que Franco "continúa siendo alcalde honorario de la ciudad" dado que, de acuerdo con el artículo 32 del Código Civil --que señala que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas--, "el próximo 20 de noviembre hará 36 años que dejó de ser alcalde honorario de ningún sitio".
   Grau ha refutado así las críticas de Compromís acerca de la "dudosa legalidad" del mantenimiento de ese título tras la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, que han sido suscritas por el representante del PSPV, Salvador Broseta, quien ha exigido que "con la muerte, se extingan también los honores del finado".
   El portavoz de la coalición y firmante de la moción, Joan Ribó, ha defendido que "por encima del Código Civil, lo importante es querer dejar claro que la ciudad y el Ayuntamiento de ahora no se corresponden con el planteamiento" que motivó el nombramiento mediante la retirada de honores "a una persona que no se los merece".
   "Hemos de cerrar este paréntesis con todo el simbolismo político que tiene", ha recalcado Ribó, quien ha insistido en que representa "una forma de pensar" que "debe ser rechazada por todos". "Me preocupa que continúe en la cabeza de muchos valencianos", ha comentado en alusión a la existencia de grupos de extrema derecha que se identifican con esa ideología y, en concreto, al nuevo ataque sufrido la noche anterior por la fachada de la sede de Compromís.
   En su opinión, "no tiene sentido que una ciudad democrática y moderna como Valencia continúe honrando esas acciones". "No nos gusta, queremos que Valencia se aleje de eso", ha zanjado.
   El portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, ha ratificado el apoyo de su grupo a la moción por considerar que "ante este tipo de mociones, no debería haber ningún tipo de división para que esos grupos sepan que ninguna fuerza política de este consistorio y del país tiene ningún tipo de relación con una dictadura".
   Desde la oposición han recordado en varias ocasiones que el Ayuntamiento de Alicante, donde también gobierna el PP con mayoría absoluta, sí que acordó la retirada de ese título a Franco con el apoyo de los 'populares'.
   No obstante, Alfonso Grau ha insistido en que "no es posible" hacerlo y ha agregado que "si otros lo han hecho, allá ellos".
"La estupidez humana es inalcanzable en su dimensión", ha sentenciado.
   El vicealcalde también ha lamentado que los grupos de la oposición "vivan obsesionados con Franco" y sean sus "mejores propagandistas", a diferencia de los representantes del PP, que comparten el rechazo a la represión franquista, pero prefieren mirar "hacia adelante".

En la escuela del rigor, las autonomías españolas son los peores alumnos

MADRID.- Cada una tiene su Parlamento, algunas incluso su propio idioma oficial... pero las Comunidades Autónomas españolas tienen sobre todo una gran autonomía financiera y una enorme deuda, suficiente como para preocupar a los mercados, pese a los esfuerzos para que adopten el rigor. El déficit fiscal de numerosos gobiernos regionales es una de las razones que da la agencia Moody's para amenazar con bajar la nota de España.

Como lo destacaba irónicamente el diario económico Expansión el jueves "las comunidades han pasado de un mundo feliz en el que concentraban poder y dinero, a un territorio hostil dominado por facturas pendientes de pago, la espiral de la deuda y la sequía de ingresos".
Las 17 comunidades autónomas se aprovecharon al máximo del boom inmobiliario antes de que estallara en 2008.
"Han realizado un gasto suntuoso, excesivo, no necesario", gracias a los ingresos del sector de la construcción en los años anteriores a la crisis, cuenta Rafael Pampillon, economista del Instituto de Empresa Business School de Madrid.
Ya no cuentan con estos ingresos en medio de un crecimiento económico mediocre del 0,3% en el primer trimestre y un desempleo del 20,89%, el doble que la media europea.
Mientras el Estado central ha hecho sus deberes aplicando varios planes de austeridad estos últimos años, no se puede decir lo mismo de los gobiernos regionales: en 2009, 14 incumplieron el objetivo del déficit dictado por Madrid y al año siguiente, 9.
El gobierno les ha exigido un déficit del 1,3% en 2011 y del 1% para 2014, pero Cataluña ha elaborado un presupuesto que contempla un déficit del 2,66% este año, el de Castilla La Mancha supera ya el 6% y Extremadura ha admitido que es incapaz de respetar el objetivo.
"Las Comunidades Autónomas se mueven mucho por sus propios intereses" y piensan que en caso hipotético de suspensión de pagos por el Estado, "no les vaya a afectar", dice Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de IESE Business School.
Esto puede comprometer el objetivo del gobierno de reducir el déficit global al 3% en 2013.
Las agencias de calificación miran con lupa su endeudamiento acumulado, de 121.000 millones de euros. Las peores alumnas son Valencia (17,4% de su PIB) y Cataluña (17,2%).
Desde las elecciones municipales de mayo, el problema ha adquirido un cariz político: con la mayoría de las regiones dirigidas ahora por el Partido Popular (PP), éste presiona al gobierno socialista y espera convertirlo en arma de su campaña electoral para los comicios de noviembre.
Las Autonomías deben devolver al Estado una parte del dinero que éste le adelanta para llevar a cabo las competencias que les ha transferido. La factura supera los 23.000 millones de euros. Han pedido, en vano, poder devolverlo en diez años, en vez de los cinco previstos.
Para mostrar su buena voluntad, se comprometieron el miércoles a limitar su presupuesto. La idea, explica el gobierno, es no volver a repetir los errores del boom inmobiliario, aprendiendo a gastar menos incluso en periodo de prosperidad.
Pese a ello, los economistas son críticos: las finanzas regionales "van a seguir siendo un motivo de preocupación" para los mercados, predice Bengoechea, que pide al Estado que sea "más duro".

Botella considera que la "tarea de supervisión y responsabilidad política" del Consell sobre la CAM ha sido "lamentable"

VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha afirmado este viernes que la "tarea de supervisión y responsabilidad política" ejercida por la Generalitat sobre Caja Mediterráneo (CAM) ha sido "claramente lamentable".

En este sentido, ha subrayado que el ámbito de actuación tanto de la CAM como de Bancaja "ha estado vinculado estos últimos años al gobierno del PP" y que las entidades han financiado "grandes proyectos y eventos de la Generalitat que han tenido unas consecuencias más que cuestionables". "Basta ver cómo se está desarrollando el caso de Terra Mítica en los tribunales actualmente", ha añadido.

Por otra parte, Botella ha afirmado que espera que en la nueva etapa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se produzca una "normalización" de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el Consell, de manera que "mejore la imagen de la Comunitat que Fabra ha reconocido que ha quedado dañada".

En este sentido, la delegada ha recalcado que las relaciones entre ambas Administraciones han sido "especialmente difíciles" en la última legislatura, en la que a su juicio se han sucedido "los rechazos y desencuentros, en una actitud que iba paralela a unas complejidades políticas que a nosotros nos son ajenas".

Asimismo, ha subrayado que las desavenencias se han producido "no solo por cuestiones meramente políticas, sino por casos de corrupción que afectan a una férrea opacidad que ha mantenido el Consell sobre las cuentas públicas".

En la misma línea, ha explicado que la Generalitat "no ha tenido muy clara la separación entre su posición institucional como Gobierno autonómico y su posición política", ya que "daba la impresión que el Consell se planteaba como oposición al Ejecutivo central".

Botella ha destacado que en la última semana las relaciones institucionales han empezado a "tener resultados en ciertos temas que habían sido utilizados de una manera muy desafortunada y poco proporcionada con la realidad de los hechos", en referencia al convenio firmado entre el Gobierno y la Generalitat sobre el tema de los chiringuitos.

Asimismo, ha subrayado la reanudación de la actividad del Consorcio Valencia 2007 "para darle un impulso dentro de la necesidad de que haya un aprovechamiento económico y de empleo para la ciudad de unas inversiones importantes que se realizan desde el 2004".

El escándalo de la CAM desata todo tipo de peticiones en parlamentos, partidos y sindicatos

MADRID.- El grupo socialista en las Cortes Valencianas exigió la convocatoria de la Diputación Permanente para que comparezca el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, y explique los motivos que han conducido a la intervención de la CAM por el Banco de España. El portavoz de Economía del PSPV-PSOE en las Corts, Francisco Toledo, informó en un comunicado de que su grupo se adherirá a la petición de Esquerra Unida (EU) para que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema.

Francisco Toledo instó a Alberto Fabra a depurar «todas las responsabilidades» que han llevado a la CAM a la actual situación. Toledo recordó que la ley de cajas establece en su artículo 35 que los miembros del consejo de administración, sus empresas y familiares «no pueden obtener ni créditos ni avales sin la autorización expresa del consejo de administración y del IVF» y que también señala que los cargos son «honorarios y gratuitos» de lo que se deduce, en opinión de Toledo, «que el IVF tuvo que autorizar los créditos y que Modesto Crespo —expresidente de CAM— no debía cobrar por ser consejero de Tinser».
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, dijo que los datos que están surgiendo sobre la gestión de Caja Mediterráneo apuntan a que la entidad «era una pieza más de la trama de la Comunidad Valenciana protagonizada por el Partido Popular». Madina apuntó que, con las informaciones sobre la concesión de créditos «con la firma de la Generalitat» a altos directivos de la caja al 0 % de interés, «todo indica» que, antes de ser intervenida por el Banco de España, la CAM «estaba intervenida previamente por el PP».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de «despreciable, nociva y muy esclarecedora la trayectoria seguida por la CAM entre 2004 y 2010». A su juicio, los datos hechos públicos tras la intervención «revelan la frescura, la insensatez y hasta la impunidad con la que se han manejado los consejeros».
El grupo parlamentario Compromís en las Corts pidió, por su parte, la comparecencia de los actuales administradores de la CAM nombrados por el FROB, José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que se pueden adoptar. 
Mónica Oltra pidió que se esclarezcan las razones por las que el Consell «aprobó créditos blandos, de incluso interés cero, a consejeros de la CAM cuando el tipo medio estaba al 4 %».
También los principales sindicatos con representación en la caja reclamaron la depuración de responsabilidad por la concesión de créditos blandos a los consejeros. Así, el secretario general del Sicam, Manuel Navarro, reclamó que los nuevos administradores de la caja nombrados por el FROB investiguen si se produjo «algún tipo de abuso», ya que considera que las cantidades prestadas fueron «muy elevadas». 
Por su parte el portavoz de CGT, Juan José Martínez, se sumó a la petición de responsabilidad y denunció que este tipo de prebendas se han utilizado «para que los consejeros no se cuestionaran nada y aprobaran todo lo que se les ponía delante». Desde CC OO, Isidro Grao exigió que los anteriores responsables de la entidad «paguen por lo que han hecho».

KPMG auditará de urgencia a la CAM

MADRID.- Caja Mediterráneo (CAM) ha encargado a la firma de servicios profesionales KPMG, por orden de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una auditoría de urgencia de la entidad al objeto de conocer su grado de deterioro patrimonial en los siete primeros meses del año, informaron hoy fuentes financieras.

El equipo de auditoría de KPMG, firma que ha auditado a la CAM desde principios de los años 90, debe trabajar contrarreloj durante este mes de agosto para determinar el valor que presentaban los activos de la caja hasta el 31 de julio, dado que la intención del FROB y del Banco de España es subastar la entidad a principios de septiembre.

La auditoría se realizará en el contexto de la ampliación de capital que llevará a cabo la CAM para dar entrada al FROB con una inyección de 2.800 millones de euros con el fin de sanear la entidad y elevar su solvencia. Además, el Fondo concederá un préstamo de 3.000 millones a la caja alicantina para atender sus necesidades de liquidez.

En los recientes test de estrés, la entidad anteriormente presidida por Modesto Crespo obtuvo uno de los ratios de capital más bajos de las entidades españolas, con un core Tier 1 del 3%, que ascendería al 5,1% se incluyen las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.

El diario 'El País', que adelanta hoy la noticia, señala que además el supervisor ha pedido al banco de inversión suizo UBS que haga un informe de valoración de mercado de la caja, con el fin de determinar con qué parte del capital se queda el FROB, que estará cerca del 85%.

Moody's empieza a dejar de creer en las posibilidades de la Comunidad Valenciana

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado hoy un escalón las calificaciones a largo plazo de seis regiones españolas, y ha colocado en revisión para un posible recorte la de otras cuatro comunidades.

   En concreto, la agencia ha recortado un escalón la calificación de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha puesto en revisión la de Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.
   En el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, Moody's explica su decisión por las dificultades que espera que atraviesen estas regiones a la hora de mejorar sus déficit en 2011, aparte de su vulnerabilidad a los mercados debido a sus grandes necesidades de financiación.
   Por su parte, la agencia señala que la rebaja de Andalucia y Castilla y Leon refleja la preocupación de Moody's en relación con las obligaciones comerciales de estas regiones y la ausencia de planes claros sobre cómo y cuándo serán financiadas.

Zapatero aprobará el 19 de agosto un decreto para acelerar la reducción del déficit

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley el próximo 19 de agosto para acelerar la reducción del déficit público, que contemplará medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades y el recorte del gasto farmacéutico, así como nuevas iniciativas para crear empleo, pero que no incluirá nuevos recortes sociales.

   Durante una rueda de prensa en Moncloa para ofrecer el balance del primer semestre, Zapatero indicó que aunque a cinco meses de que concluya el ejercicio presupuestario existen "buenas condiciones" para alcanzar el objetivo de déficit (6% del PIB), es necesario llevar a cabo un "esfuerzo adicional" para asegurar su consecución, y así se lo ha pedido a la vicepresidenta económica.
   En este sentido, apeló también a la "indispensable contribución leal y responsable" de los distintos niveles de la administración pública en la consecución de este objetivo, y valoró positivamente el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar en cada comunidad una regla de gasto coherente con la aprobada para el Estado.
   "El proceso de consolidación fiscal está encauzado, aunque existe una tensión permanente sobre el control del gasto. La recuperación continúa y comienza a ofrecer síntomas positivos en el empleo, pero aún falta tiempo para que la recuperación general tenga el ritmo que deseamos y se vuelva a crear empleo, por lo que habrá que continuar en la dura tarea, pero el rumbo está fijado", reiteró Zapatero.
   El jefe del Ejecutivo destacó que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, junto con otros indicadores, determinan que la economía siguió creciendo entre abril y junio por séptimo trimestre consecutivo desde que comenzó la crisis, al tiempo que precisó que esta recuperación está caracterizada por la "fortaleza" del sector exterior y la "debilidad" de la demanda interna.
   Según Zapatero, la recuperación se está produciendo en un contexto "muy difícil" porque el Gobierno debe hacer frente a un "exigente" programa de reducción del déficit, mientras persisten las "tensiones" en los mercados de deuda soberana. Así, destacó que los pasos dados por el Eurogrupo son de "gran relevancia", pero tienen que desarrollarse en los próximos meses y, por tanto, llevará "su tiempo reducir la volatilidad en los mercados".
   Tras resaltar que durante este semestre el Gobierno ha aprobado siete decretos-leyes, 26 proyectos de ley y un número muy importante de acuerdos y medidas no legislativas, Zapatero centró en tres ámbitos las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo en este periodo: socio-laboral, competitividad y sector financiero.
   Sobre el primer aspecto, recordó la firma del acuerdo social y económico con sindicatos y patronal, la reforma de las políticas activas de empleo, el plan 'Prepara', el impulso a la contratación a tiempo parcial, la mejora de la negociación colectiva y la aprobación definitiva de la ley de pensiones que, según dijo, garantiza la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
   En materia de competitividad, subrayó la aprobación en marzo de la Ley de Economía Sostenible, de la Ley de Ciencia, la nueva línea del ICO para entidades locales por 3.000 millones, estímulos fiscales para la inversión en nuevos proyectos empresariales, la mejora de la fiscalidad de las empresas de reducida dimensión o el nuevo modelo de formación profesional.
   También destacó la privatización de Aena y de Loterías del Estado, así como la subasta del espectro radioeléctrico, procesos que reportarán una cifra de ingresos superior a los 13.000 millones de euros.
   Finalmente, respecto a la reestructuración del sistema financiero, el jefe del Ejecutivo resaltó que hay tres nuevas entidades cotizando en Bolsa y que la mayor parte de las necesidades de capital que tenían bancos y cajas ya se han cubierto.

El negocio inmobiliario de la CAM creció el año pasado pese al hundimiento del ladrillo

MURCIA.- El negocio del Grupo de Caja Mediterráneo siguió creciendo el año pasado a base de su participación en sociedades inmobiliarias, que controla en un 100, o en las que tiene participaciones. Cuando la Caja empezó a mostrar signos de debilidad después de la fallida fusión con Cajamurcia y su búsqueda de nuevos socios, sus gestores siguieron engordando la estructura, y el conglomerado financiero pasó de 35 a 40 sociedades dependientes de la empresa matriz y bajo la dirección de sus responsables. 

En todas ellas, la entidad de crédito tiene el 100% de participaciones, excepto algunas en las que se queda en el 98%, controlando los respectivos consejos de administración a los que fueron asignados los consejeros de la Caja intervenida el viernes pasado por el Banco de España, según publica 'La Verdad'.
Las dificultades que empezaron a asomar en 2010, y que se hicieron más visibles dentro del proceso de reestructuración bancaria, no impidieron que la CAM siguieran apostando por el sector del ladrillo aumentando su exposición a la burbuja inmobiliaria que había explotados dos años antes. El año pasado, los responsables de Caja Mediterráneo incorporaron a su grupo nueve sociedades, algunas de ellas en Marruecos, México, Holanda y Madrid, según se refleja en el informe anual de Gobierno Corporativo. Varias aparecen con distintas sociedades en cartera.
Todas están vinculadas a la construcción y promoción inmobiliaria, lo que revela la estrategia de los anteriores responsables de tratar de seguir apostando por un modelo económico que estaba en crisis, aunque pretendieran invertir en otros países que podían considerarse a resguardo de la crisis. Es el caso de las sociedades Tasaciones y Avalúos, Artemus Capital, Playa Caribe Holding, Procom Residencial Rivas, Costa Mujeres Investment, Mercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos y Sagemed. Algunas de éstas ya figuraban en el informe anual de 2009 destinado a los inversores, y se incluyeron el año pasado en la memoria corporativa.
Caja Mediterráneo posee además intereses en una veintena larga de sociedades, con participaciones que oscilan entre el 20 y el 50%, muchas de ellas relacionadas también con el sector de la construcción y el mundo inmobiliario. Asimismo, está asociada con otra lista de cincuenta empresas, entre las que aparecen Terra Mítica -donde la entidad se vio obligada a invertir en el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana-, Hansa México, El Mirador del Delta, Aqua Mayacoba, Tremon Maroc y Rigolisa Residencial, entre otras. La caja valoró sus sociedades en más de 1.700 millones de euros. De las cuarenta empresas del sector inmobiliario que controla o en las que participa la CAM, la tercera parte radica en el extranjero.
Invirtió en proyectos urbanísticos que luego entraron en dificultades como Martinsa, Seseña o Polaris World; así como en otros negocios inmobiliarios en México, donde compró una sociedad por la que ha llegado a pagar hasta 300 millones de euros, el doble de lo inicial debido a las pérdidas.

La CAM aseguró todas las pensiones de su cúpula por más de 30 millones

VALENCIA.- Los altos directivos de Caja Mediterráneo tenían asegurada, mediante una póliza contratada con una aseguradora, una compensación para su jubilación. Concretamente, en una reunión del consejo celebrada en septiembre de 2007 se acordó suscribir una póliza que garantizaba a los miembros del comité de dirección de la caja alicantina que percibirían el 60% de su sueldo bruto cuando llegaran a la edad de 65 años.

Éste es un tipo de cobertura habitual en el caso de los altos directivos de las entidades financieras, y no es de los casos en los que se suscriben compensaciones más elevadas, ya que existen ocasiones en las que se puede llegar a superar el 80% del sueldo bruto percibido durante el último año que se ha trabajado en un banco o caja de ahorros, según publica 'Expansión'.
El contrato suscrito para los directivos de CAM permite que esa pensión se perciba o bien en forma de renta vitalicia o bien en forma de capital, en un único pago. En este último caso, el cálculo actual que se realiza suele estar entre diez y doce veces el salario percibido en el último ejercicio.
En su informe de gobierno corporativo, CAM revela que la remuneración percibida por el “personal clave de la dirección y por los miembros del consejo de administración en su calidad de directivos” ascendió el año pasado a 2,86 millones de euros. Este grupo de dirección no incluye a todo el comité de dirección, sino sólo a la directora general y a los directores generales de área, pero no a los cuatro directores territoriales, que también están en el comité de dirección.
Sólo con esa parte de la alta dirección contemplada, las pensiones complementarias percibidas rondarían los treinta millones de euros, realizando ese cálculo actuarial.
Las condiciones de este seguro de pensiones señalan que no se podrían cobrar las compensaciones en el caso de que se produjera un despido procedente.
Algunos de los directivos ya han cobrado su parte correspondiente de estos seguros de jubilación, tres de ellos en las últimas semanas, y además acogiéndose también a las indemnizaciones por prejubilaciones pactadas en el ERE. Este plan permite prejubilarse a los empleados de la caja que superen la edad de 55 años y que tengan una antigüedad de más de diez años de trabajo en CAM.
El primero de todos los directivos en prejubilarse fue Vicente Soriano, director general de Recursos, que se acogió al plan de prejubilaciones desde el mismo momento en que fue aprobado por la Dirección General de Trabajo, en la primera semana de junio. Su salida incluía la percepción del seguro de pensiones.
Le siguió Agustín Llorca. En su caso, CAM anunció su prejubilación precisamente el 22 de julio por la mañana, unas horas antes de que se diera a conocer la intervención de la caja por parte del Banco de España. En el comunicado que ese día emitió la caja afirmaba que este directivo se acogía a la prejubilación “ante la inminente puesta en marcha de Banco CAM”. La nota también dice que el directivo ya tenía previsto anteriormente dejar la caja, pero que había aplazado su salida a petición de la directora general, María Dolores Amorós.
Agustín Llorca era en ese momento director general adjunto-secretario general, un cargo al que accedió en febrero, tras la salida de José Pina, que había pasado a Banco Base. Llorca –que llevaba trabajando en la caja desde 1972– había compatibilizado en los últimos meses este cargo con el de director territorial de Alicante, que ya desempeñaba anteriormente.
También el antiguo director general de CAM, Roberto López Abad, se acogió a este plan de prejubilaciones del ERE, aunque desde el año pasado ya no formaba parte del comité de dirección, al haber pasado al frustrado Banco Base, y se encontraba sin un puesto definido en la caja tras la ruptura del SIP.

Saqueo

Ajenos a la debilidad financiera de CAM, la alta dirección de la entidad se repartió el año pasado una remuneración conjunta 2,9 millones de euros, un 2% más que un año antes, según se desprende del Informe de Gobierno Corporativo de la caja y que recoge 'Expansión'.
Entre los directivos clave de la entidad que forman parte de este paquete retributivo están la directora general, María Dolores Amorós; José Pina, secretario general; Vicente Soriano, director de recursos; Joaquín Meseguer; director de participaciones; Francisco Martínez, director de riesgos; y Teófilo Sogorb, director de planificación y control. En este grupo también hay que incluir a Roberto López Abad, ex director general de la caja, que abandonó el cargo el pasado mes de noviembre.
La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad que publicó esta semana El País.
Las dietas por asistencia también aumentaron. Los veinte consejeros de la entidad ingresaron 79.000 euros por asistir a las dieciocho reuniones de este órgano de gestión. Esta cantidad supone 39% más que un año antes. Lo mismo sucede en la comisión de inversiones (con un aumento del 22%) y en la de retribuciones (un 50%).
En total, los directivos y consejeros de la entidad se repartieron el año pasado en dietas 129.000 euros, a los que cabe sumar 1,4 millones recibidos por directivos de CAM por asistir a los consejos de administración de sus participadas.
Las aportaciones a los planes de pensiones de estos directivos se redujeron, en cambio, más de un 31%, hasta los 175.000 euros CAM estuvo durante la segunda mitad de 2010 trabajando en su integración en Banco Base, junto a Cajastur, Cantabria y Extremadura. Finalmente, la unión de estas cuatro cajas se frustró por diferencias entre la caja alicantina y la asturiana, que discrepaban sobre la gestión y saneamientos del grupo.
Tras la ruptura de este acuerdo, la entidad continuó el proceso de segregación de su negocio a un banco y puso en marcha un proceso de reducción de costes que contemplan una reducción de plantilla a través de prejubilaciones a través de un ERE de 937 personas, con un coste de 200 millones, y la reducción de 106 oficinas, hasta su intervención el pasado viernes.
Durante el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, la tónica general de las entidades ha sido elevar la remuneración de sus consejos. En total, veinte cajas lo hicieron el año pasado de las treinta y tres que publican datos, según adelantó 'Expansión' el 13 de mayo. 
 Bancaja, Caja Navarra, CAM y Caja Murcia fueron las que más subieron estas retribuciones. En total, las dietas de los consejeros del conjunto del sector aumentó de media el año pasado un 3,6%, hasta los 11,05 millones. En las entidades defienden esta subida debido al mayor número de reuniones que han tenido que mantener los consejos de administración, involucrados en la toma de decisiones para la creación de los nuevos grupos bancarios.