Alcira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

ALCIRA.- El Ayuntamiento de Alcira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas. El proyecto que presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella.

 Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.
La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.
El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.
La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. 

Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros, según el diario 'Levante'.

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

Císcar dice que PP y PSPV ya están negociando para reducir diputados

ALICANTE.- El vicepresidente y portavoz de la Generalitat valenciana, José Císcar, ha confirmado este viernes que el PP y el PSPV han comenzado las negociaciones para reducir el número de diputados autonómicos, y considera que la oposición no tiene "ningún motivo para oponerse" a esta medida que "demanda la ciudadanía".

   Císcar, preguntado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell por las negociaciones del PP y el PSPV para reducir el numero diputado, ha señalado que se están llevando a cabo en el ámbito de los partido.

   El conseller ha explicado que la propuesta del Gobierno valenciano, como ya planteó Fabra, es reducir de 99 a 79 el número de diputados en las Corts Valencianes, así como disminuir al 50 por ciento los vocales de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el Síndic de Greuges y el Comité Econòmic y Social (CES).

   Para hacer efectiva estas reducciones, el grupo popular precisa de "la participación y el asentimiento de la posición, porque necesita la mayoría cualificada", ha destacado Císcar, que, además, entiende que la oposición "no tiene ningún motivo para oponerse a estas reducciones que está demandando la sociedad".

   El vicepresidente valenciano ha destacado que las reducciones "ahorran pero, al mismo tiempo, permiten realizar el mismo trabajo". Así, ha dicho que se trata de hacer "más con menos" y, por lo tanto, "no supone una reducción del autogobierno".

   Por su parte, el síndic del PSPV, Antonio Torres, preguntado en una rueda de prensa por sí han mantenido contactos con el PP para abordar la reducción del número de diputados, ha destacado que la propuesta planteada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "no es sería".

   Torres ha destacado que el PSPV "está dispuesto a hablar de todos aquellos temas que puedan suponer una reducción del sector público, una mayor austeridad en los gastos y una mayor eficiencia de las distintas instituciones e la Generalitat, pero no nos queremos concentrar exclusivamente en esa propuesta del señor Fabra" y que, en su opinión, "es un señuelo".

   Según el portavoz socialista, la posición del PSPV es "clarísima" y es que "antes de hablar del tema de la reducción de diputados, habría que hablar del tema de la reducción de altos cargos de la Generalitat o de la reducción del elevado número de directivos que hay en el sector público empresarial".

   En el caso de los consejos consultivos, el PSPV propone que en lugar de disminuir el número de miembros de los mismos, se reduzca al 50 por ciento las percepciones que reciben. "El PSPV está dispuesto a llegar a una especie de acuerdo con todos los grupos políticos, pero el PP todavía no ha hecho ninguna oferta concreta", ha apostillado.

   Por su parte, la síndica de EUPV en las Corts, Marga Sanz, ha señalado en un comunicado que "las conversaciones entre PP y PSPV para reducir el número de escaños en la cámara autonómica, olvidan que el bipartidismo que pretenden imponer ya está caduco".

   "Son recortes interesados, porque detrás está la resistencia a dar paso a una democracia más amplia, la que está pidiéndose casi cada día en las calles", ha destacado Sanz, quien ha advertido de que "la austeridad en la administración y los recortes no pueden pasar por la mengua de la representación democrática".

   A su juicio, si esto se produce "los perjudicados serán la sociedad civil y su representación real", y ha añadido que "este hecho es más grave todavía cuando no se han planteado en ningún momento eliminar la barrera del 5 por ciento".

   La síndica de EUPV ha resaltado que el futuro de las instituciones de los valencianos "no puede estar determinado por el secretismo de unas negociaciones entras dos partidos", y considera que "el futuro del parlamento valenciano y de los órganos estatutarios tiene que ser producto del consenso entre todos, tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos y los agentes sociales". En opinión de Sanz, "si permitimos restricciones en la participación democrática, pagaremos una factura muy cara".

   José Císcar, preguntado por el hecho de que las Corts estén más de 40 días sin actividad, ha asegurado que "en los periodos donde no se celebran plenos no significa que las Corts no desarrollen su trabajo ordinario". Además ha destacado de una cuestión que no es "excepcional", pues se produce "todos los años" y "en la gran mayoría de los parlamentos".

   Asimismo, ha explicado que para culquier cuestión "urgente" se constituiría la Diputación Permanente, y ha añadido que tanto la Mesa de las Corts, como la Junta de Portavoces y los Consejos de Dirección de los distintos grupos "se están reuniendo permanentemente y están realizando sus funciones".

El Consell pagó 11.737 millones de euros a proveedores en 2012 sin incluir el FLA

ALICANTE.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha informado de que el Gobierno valenciano pagó, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, un total de 11.737 millones de euros a los proveedores de la Administración valenciana. Esta cantidad no incluye, ha dicho, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ni el mecanismo extraordinario de pago a proveedores. 

   Císcar, tras el pleno del Consell celebrado en Alicante, ha concretado que de esta cantidad, se han destinado 1.075 millones a las farmacias, 627 millones para los hospitales, 417 millones a gastos sociales, 665 millones para las universidades y 278 a colegios e institutos, entre otros conceptos.

   A preguntas de los medios en relación a la deuda de la Generalitat con los ayuntamientos, Císcar ha asegurado que los alcaldes "tienen la garantía de que en 2013 van a recibir todas las cantidades que hay atrasadas".

   En este sentido, ha explicado que el calendario de pagos "está en función de conocer los conceptos que va a incluir el Fondo de Liquidez Autonómica de 2013". "En principio --ha agregado--, la garantía es que en 2013 van a recibir todas estas cantidades".

   Por otro lado, y también a preguntas de los medios, en relación a las "discrepancias" entre los gobiernos valenciano y central en las cifras del déficit al cierre del pasado ejercicio, Císcar ha advertido de que "nunca se ha hablado de discrepancias, sino de distinta interpretación o de datos que son distintos, no homogéneos".

   De esta manera, ha indicado que se "mezclaban datos del déficit con los datos del plan económico financiero que, en su momento, el Ministerio de Hacienda aprobó para la Comunitat y para el resto de comunidades".

   En cualquier caso, ha señalado que los datos "no están todavía cerrados y en el momento en que estén cerrados se dará el detalle de los mismos y se apreciará el enorme esfuerzo que en un año ha realizado el Consell para reducir el gasto, sin afectar a los servicios públicos esenciales".

   El portavoz del Consell ha remarcado que las políticas de austeridad "no son una opción, son una necesidad para todas las administraciones para equilibrar nuestras cuentas".

   En cuanto a los informes preliminares que el Gobierno central ha encargado para la reforma de la financiación autonómica, Císcar ha recordado que el Consell ha insistido en la necesidad de modificarlo porque "perjudica" a la Comunitat que "no quiere ser más que nadie pero tampoco menos".

   Así, Císcar ha dicho que el Consell realiza una valoración "positiva" a que el Gobierno central "haya hecho una referencia a que en 2013 se va a plantear la revisión del modelo de financiación", con la petición de estos informes.

   Por otro lado, a preguntas de los medios de si el Consell "va a apoyar a Fernando Gómez Colomer a través de la Fundación del Valencia C.F. para que sea el próximo presidente" de la entidad deportiva, Císcar ha remarcado que la Generalitat "no tiene ninguna intención de intervenir en la vida interna y funcionamiento del Valencia C.F., ni de ninguna otra entidad deportiva".

   Así, ha agregado que la Generalitat, "lo único que tiene es un aval a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)" a la Fundación del Valencia C.F. pero, al Gobierno valenciano "nadie le ha requerido ni notificado la ejecución de ese aval" y, por lo tanto, se mantiene "al margen de la vida interna" de la entidad deportiva.

   El vicepresidente del Consell también ha apuntado, a preguntas de los medios, que no se ha tratado en el pleno el plan de refinanciación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Los sindicatos del sector azulejero desconvocan la huelga tras alcanzar un principio de acuerdo con Ascer

CASTELLÓN.- Los sindicatos del sector azulejero han acordado desconvocar la huelga prevista para los días 15, 16 y 17 y 29, 30 y 31 de este mes de enero tras alcanzar un principio de acuerdo con la patronal, Ascer, según ha informado el secretario de acción sindical de MCA-UGT-PV, Ismael Saez.

   Los sindicatos y la patronal mantuvieron un encuentro que se prolongó más de seis horas, hasta pasadas las 00.00 horas de la noche. La reunión se saldó con un acuerdo, con lo que los sindicatos han decidido desconvocar la huelga.

   Este acuerdo, que tendrá que ser ratificado por los trabajadores, tendrá una vigencia de tres años, de 2012 a 2014, y contempla un incremento salarial para 2014 de un 1,8 por ciento, tras la congelación de sueldos en los dos ejercicios anteriores, según ha explicado Saez.

   Asimismo, el nuevo convenio, que se podría firmar el 23 de enero, también contempla, entre otros puntos, que la cláusula de ultraactividad se prolongue y pase a dos años, ha indicado el dirigente sindical.