lunes, 3 de agosto de 2009

La Fiscalía presentará mañana ante el TS anuncio del recurso de casación contra el sobreseimiento de la causa en el TSJCV

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción presentará mañana anuncio de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el auto dictado por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que se acuerda el sobreseimiento libre de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, y otros dos imputados, en relación con el 'caso Gürtel'.

Según informó este órgano en un comunicado, la Fiscalía, tras realizar un examen jurídico de los argumentos empleados en el auto, entiende que son "contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia" de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además de considerarlos "improcedentes jurídicamente".

El recurso de la Fiscalía, según anunció este órgano, se basará en dos vías casacionales: por una parte, infracción de ley, de acuerdo con el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y vulneración de precepto constitucional, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.

El recurso de casación, una vez anunciada su presentación ante el TSJCV, será redactado en las próximas semanas para su presentación efectiva ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Luna cree que el TSJCV ha decidido con "ojos sesgados"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, criticó hoy que la "gravedad" del auto emitido por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que sobresee la causa abierta por un presunto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es que "la mayoría de los magistrados hayan contemplado esta causa con unos ojos no claramente imparciales, sino sesgados en una determinada dirección".

No obstante, afirmó que el recurso que el PSPV --que ejerce la acusación popular-- presentará en septiembre ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto del TSJCV conocido hoy se podrá resolver en "ocho o nueve meses", por lo que Camps "se puede ver en el escenario" de que este tribunal "valore que los hechos sí pueden ser constitutivos de delito y entonces devolverá la causa a Valencia para que siga adelante". Así, instó al jefe del Consell a que "haga acopio de fuerzas porque le quedan unos cuantos escalones antes de terminar su relación con la Justicia".

Luna hizo estas declaraciones hoy en rueda de prensa, tras conocer el auto del TSJCV.

"Sólo se puede archivar la causa en el supuesto de tener una certeza absoluta de que no hay delito, si hay la más mínima duda hay que continuar con la causa", aseveró Luna, quien se preguntó si "es tan firme la certeza de los dos magistrados como para archivar la causa", algo que consideró "muy difícil".

El responsable socialista calificó el auto de "insólito" porque "el TSJCV ha pretendido resolver amablemente para Camps una decisión conflictiva" y enumeró tres razones por las que no se podía archivar la causa. Así, señaló que el hecho de que el auto haga referencia a que no se contempla relación de causalidad entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', "no se corresponde con la realidad".

Según explicó, "los indicios a los que hacían referencia el 21 de abril --en el auto en el que el TSJCV aceptaba la inhibición de la causa que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)-- no tenían que ver con los contratos" y añadió que "la actividad de la Sala ha ido dirigida a impedir que se aceptaran las peticiones de la acusación popular y la Fiscalía de que abrieran la investigación a las relaciones contractuales entre la trama de empresas del caso Gürtel y la Generalitat valenciana".

Por otro lado, indicó que los hechos a los que se refiere el magistrado instructor José Flors en su auto del pasado 6 de julio, y en el que --dijo-- considera que es "más que plausible la existencia de indicios de delito", permanecen "incólumes", mientras que la versión de Camps "no es ni siquiera tomada en consideración".

El tercer argumento es que "se ha dado carpetazo" sin resolver el auto de inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para incorporar a la causa en el TSJCV la investigación sobre los empresarios Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, en lo relacionado al regalo de trajes, algo que para Luna "constituye una anomalía procesal de primera magnitud".

Además, se refirió al voto particular de uno de los magistrados porque "no compartía la decisión de los otros dos" puesto que "lo que tenían que juzgar en este momento no era si los hechos eran ciertos o no, sino si había indicios de que se habían producido y si podían ser o no constitutivos de delito, porque si los hechos son delito o no, se tiene que dilucidar en el juicio y no en los preliminares del juicio".

Así, comentó que el voto particular indica que "solamente en el supuesto de certeza absoluta de que no hay delito se puede archivar la causa", algo que consideró "muy difícil" y criticó que para argumentar esta decisión el auto apunta a que "no existe relación entre las dádivas y la función que realizan los cuatro encausados como funcionarios públicos".

En este sentido, se refirió a un auto del Tribunal Supremo de 2008 sobre la existencia de indicios de delito de cohecho en un caso de recepción de dádivas, en el que no se establece "relación directa" entre los regalos y la función pública, sino que atribuye a las dádivas un "peligro abstracto".

"¿Alguien cree que no se ha puesto en peligro la credibilidad del funcionamiento imparcial y democrático de la administración valenciana cuando el presidente y tres altos cargos de la Generalitat y el PP han recibido sustanciosos regalos?", se preguntó Luna, quien considera que esta resolución del Supremo señalada "favorece" el recurso que presentará el PSPV contra el auto del TSJCV.

Para Luna, la decisión del TSJCV "complica extraordinariamente la posición política del presidente en ejercicio en la Comunitat Valenciana", y calificó el futuro del jefe del Consell como "complicado" porque "no se trata de un archivo que no tenga recorrido".

"Al presidente le queda algún que otro escalón que recorrer antes de poder dormir tranquilo", aseveró y subrayó que "todavía quedan en Madrid muchos contenedores de pruebas sin desprecintar".

La Fiscalía recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Camps

SAN JOSÉ DE COSTA RICA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este lunes en San José de Costa Rica que la Fiscalía General del Estado interpondrá en los próximos días un recurso de casación frente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de sobreseer la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el resto de aforados valencianos afectados por el caso Gürtel.

De la Vega hizo el anuncio al ser preguntada sobre este asunto durante una rueda de prensa junto al presidente costarricense, Oscar Arias. La portavoz del Gobierno, que aseguró desconocer los "pormenores" de la sentencia, expresó en todo caso el "respeto" de José Luis Rodríguez Zapatero a la decisión judicial y se mostró convencida de que "ninguno de los intentos que han hecho los responsables del PP por presionar a la Justicia ha influido en la decisión".

Dicho esto, la vicepresidenta primera del Gobierno subrayó que ante la decisión del tribunal valenciano "cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo" y anunció que la Fiscalía General del Estado "lo interpondrá en los próximos días".

Además, desde el punto de vista político, apuntó que deberían ser los responsables del PP "los que valoren si su actuación es el mejor ejemplo para que los ciudadanos se sientan más próximos a sus representantes políticos".

También aprovechó para mandar un mensaje al líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien hoy dijo que se ha demostrado que han ganado "los vendedores de tila" frente a los que "están de los nervios" y calificó de auténtica "inquisición" a los seis meses vividos por Camps.

De la Vega subrayó que esta asunto es "lo suficientemente serio como para hacer gracietas".

"Menos gracietas y más respeto a los ciudadanos, a todos los ciudadanos", insistió la vicepresidenta primera.

El proceso contra Camps por presunto cohecho no ha acabado

VALENCIA.- La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, consideró hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "continúa cuestionado políticamente" porque "no ha dado la cara en las Corts y las pocas cosas que ha dicho en sede judicial no las ha podido demostrar". Además, dijo creer que habrá un "alargamiento del proceso judicial ante los probables recursos de la Fiscalía y de la acusación particular".

A juicio de la responsable de EUPV, "la existencia de un voto particular no hace sino introducir una duda razonable sobre la resolución final de un asunto tan grave para la credibilidad institucional". Por ello, mostró su "convencimiento" de que "el proceso judicial en el que está involucrado Francisco Camps todavía no ha acabado, porque es muy probable que tanto la Fiscalía como la acusación particular presentan recurso".

Además, Sanz consideró que "el cuestionamiento de Camps es anterior a su imputación, y continuará aunque se confirme el archivo de las actuaciones judiciales, puesto que no ha dado la cara para dar explicaciones en las Corts y las pocas cosas que ha dicho en sede judicial no las ha podido demostrar".

Para la coordinadora de EUPV, se trata de "un mal sueño para los valencianos el hecho de tener un presidente de la Generalitat tan desprestigiado como Camps".

Por su parte, el secretario general del Bloc y diputado de Compromís en las Corts, Enric Morera, aseguró hoy que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta por un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP en la Comunitat, es un "claro ejemplo de politización de la Justicia" y de "intromisiones de políticos en el poder judicial".

Morera señaló en un comunicado que la decisión dada a conocer hoy por el TSJCV "era de esperar", puesto que "ya se sabe quién es el presidente del tribunal --Juan Luis de la Rúa--", quien, en su opinión, "le ha vuelto a hacer otro favor a su más que amigo Francisco Camps".

El dirigente del Bloc recordó que cuando salió a la luz la trama 'Gürtel' le preguntó al presidente Camps, en la sesión de control del pasado 19 de febrero, "si iba a pedir que De la Rúa se inhibiera por su más que manifiesta amistad con el presidente del Consell".

"Ni el jefe del Consell ha pedido que De la Rúa se inhiba", censuró Morera, quien apuntó que "ha pasado lo que muchos se esperaban, que el caso Gürtel ha quedado en nada por la manipulación que hacen algunos políticos de la justicia".

Al respecto, estimó que el archivo del caso "hace que los ciudadanos dejen de creer en la Justicia y también en la clase política valenciana", puesto que "ha quedado más que demostrado por un juez que toda la cúpula del PP ha aceptado regalos de un entramado de empresas corruptas, que han hecho esos regalos por quedarse con contratos millonarios y dejar fuera de juego a empresas valencianas que también podían haber hecho el mismo trabajo por un mejor precio y sin sobornar a nadie", sentenció.

Del mismo modo, recordó que De la Rúa también es el presidente de la Junta Electoral de la Comunitat y que, en las elecciones de 2007, "contradiciendo lo que dice el Estatuto de autonomía, aplicó la ley electoral para evitar bajar la barrera electoral al 3 por ciento", una cuestión que "está todavía en los tribunales porque el Bloc denunció la violación del estatuto de autonomía".

De otro lado, la portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Oltra, manifestó hoy que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa es "un escándalo sin precedentes" y añadió que los jueces "amigos" del jefe del Consell "han confundido inmunidad con impunidad".

Oltra afirmó, en un comunicado, que con la resolución del TSJCV que sobresee "el caso contra la banda de los cuatro", el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, "ha inventado la palabra que resume y define la íntima y sentida relación entre De la Rúa y Camps", que es, a juicio de la portavoz de Compromís, "trato de favor en los tribunales"

Indicó que el sobreseimiento libre de la causa supone que, aún apareciendo nuevas pruebas, "Camps y sus compañeros de sumario no podrían ser juzgados", por lo que aseveró que De la Rúa "ha querido asegurarse de que su amigo íntimo salga impune".

Oltra remarcó que las presiones "al más alto nivel del PP que se están produciendo y que han dado resultados positivos para los implicados para que quedaran impunes demuestran que los valencianos no tenemos una plena democracia, ni división de poderes en nuestra Comunitat, y a partir de ahora, todo vale", lamentó.

Indicó que ahora que el TSJ de Madrid "ha traslado a Valencia la causa contra Correa y el resto de imputados de la rama valenciana de la trama Gürtel aún resulta más escandaloso este archivo, porque se está allanando el camino para que estos presuntos malhechores, alguno en prisión provisional por riesgo de fuga, también salgan de rositas en este tema", añadió Mònica Oltra.

Aseveró que el PP "se esconde detrás de su intensa y sentida amistad para utilizar todos los medios de presión con el objetivo de lograr una resolución de sobreseimiento libre que impida cualquier investigación futura y que ni tan siquiera entre a valorar los hechos de la aceptación de regalos, aunque nos tememos que el señor De la Rúa tiene toda la información en su mano para juzgar a una panda que empezó con cuatro pero que, día a día, se va ampliando a más miembros del Consell y que van a salir impunes de este caso".

La diputada de Iniciativa y portavoz de Compromís añadió que la implicación de "numerosos altos cargos" del Consell incluida la actual presidenta de las Corts Milagrosa Martínez, los consellers de Bienestar Social, Juan Cotino, Educación, Alejandro Font de Mora, y Turismo, Angélica Such, y los altos cargos o cargos de confianza de estos, "evidencia que la corrupción alcanza a todos los que rodean al PP y al presidente Camps".

Según señaló la portavoz de Compromís en las Corts, "las informaciones de las que hablan estos días algunos medios de comunicación que reseñan las pruebas incorporadas al caso Gürtel-Camps, evidencian la necesidad de que sea un jurado el que juzgue este caso y que se haga lo más rápidamente posible para evitar que la inactividad del Consell se alargue infinitamente".

La diputada remarcó que es "de justicia permitir que sea el pueblo, mediante un jurado y no el íntimo amigo de los imputados, el que resuelva si existe cohecho y cuál es la pena que corresponde a los máximos dirigentes que aceptaron presuntamente lujosos obsequios y si estos están relacionados con las contrataciones", algo que, a su juicio, "se debe dilucidar con la ley en la mano y con el sentido común y eso es más probable que se dé con un jurado que con la decisión de unos jueces que ven el asunto desde la íntima amistad".

Incidió en que su grupo parlamentario tiene ultimada y presentará en breve una proposición de ley para regular los obsequios de los funcionarios y autoridades, ya que, dijo, esta regulación "debe ser muy estricta, sobre todo, visto lo visto".

Finalmente, Els Verds EE País Valencia consideró hoy que "todo lo que se ha conocido" sobre los presuntos regalos recibidos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de mano de los cabecillas de la trama 'Gürtel', "es suficientemente grave como para no olvidarlo tras la sentencia", al tiempo que instó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a "revisar" su decisión sobre el sobresimiento de la causa.

El portavoz d'Els Verds EEPV, Carles Arnal, se pronunció en estos términos en relación a la decisión de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV de decretar el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo Francisco Camps y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel.

Arnal señaló que el hecho de que el TSJCV "no encuentre delito, no nos hace olvidar que el más alto cargo del Consell ha mentido reiteradamente a todos los valencianos, en declaraciones a los medios, en actos públicos y en las más altas instituciones, como las Corts valencianes", a lo que añadió que "tener un mentiroso como presidente no es ningún motivo de orgullo".

Al respecto, el dirigente dels Verds subrayó que "está claro que se han aceptado regalos de una serie de personajes presuntamente corruptos e involucrados en procesos judiciales en curso que han hecho suculentos negocios con la administración valenciana". Así, reconoció que "quizás no sea delito, pero resulta muy sospechoso e indigno", subrayó.

Del mismo modo, consideró que es necesario "contestar algunas preguntas", como "a cambio de qué son los regalos; por qué se han recibido; o cómo es que el presidente tiene amistades tan peligrosas". Del mismo modo, interrogó sobre "cómo han podido las empresas de la trama lograr tantos y tan importantes contratos; y por qué se les ha contratado con tanta reiteración y empleando la argucia de fragmentar los cobros en partes inferiores a los 12.000 euros".

El dirigente dels Verds manifestó que él no puede "tener la misma ingenuidad que los jueces han demostrado en no ver relaciones, en no considerar implicaciones, y al descartar más investigaciones". Así, lamentó que "no hay más remedio que aceptar los veredictos", pero señaló que "como muchos miles de valencianos" tiene una sensación de "frustración e impotencia".

Arnal dijo no poder evitar tener "la enorme sospecha de que las cosas no se han hecho bien", ya que "cuesta comprender que los jueces no hayan llegado hasta el final en las cuestiones por inexplicables tecnicismos; que no hayan investigado el fondo del asunto; y resulta escandaloso que el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, íntimo amigo de Camps, no haya renunciado a juzgar este caso".

Para el responsable dels Verds, el hecho de que "en un breve periodo de tiempo, y en pleno verano, se haya dado carpetazo a un tema tan grave e importante para la salud democrática del país" es un hecho "inquietante y, en absoluto, tranquilizante". En este sentido, mostró su "duda de que esta vez no se ha hecho justicia, o que la justicia está muy influida por el poder político".

Asimismo, afirmó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no puede permitir que las cosas acaban así, tiene que abrir un expediente informativo para conocer si el presidente del TSJCV ha podido cometer prevaricación".

También pidió a los valencianos que "se movilicen democráticamente para traer una mejor situación democrática; promover un cambio hacia la transparencia".

"Queremos una región dónde su máximo representante no sea un mentiroso; unas instituciones que no negocian asiduamente con corruptos; mecanismos democráticos más transparentes; políticos más íntegros; e instituciones más fiables, menos partidistas, menos sectarias", resaltó Arnal.

En su opinión, "todos los políticos no son iguales", sino que "la democracia se puede mejorar", la Comunitat "puede adelantar" y la política "debe cambiar". Así, aseveró que hay políticos que "han renunciado a regalos, que no se dejan adular por el poder, y que no flirtean con los poderosos", al tiempo que exigió un cambio en la Comunitat "con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas".

Por ello, instó a los valencianos, a "juntarse" por un país "mejor y más digno", por una democracia "más fuerte y más limpia", porque la "era Camps debe acabar ya", sentenció.

Peralta insta a Camps, tras el auto del TSJ, a comparecer en las Corts para informar "con verdad" de los hechos

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, manifestó hoy que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta por un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel, "nos ahorra a todos los valencianos la bochornosa situación de tener que juzgar públicamente y como presunto delincuente" al jefe del Consell, y agregó que ahora que no tiene un trámite judicial pendiente debe comparecer en las Corts "para informar con verdad" de los hechos.

Peralta señaló, en un comunicado, que la investigación judicial "ha acreditado que esa red de empresas ha existido y esas empresas han suscrito contratos con las instituciones valencianas gobernadas por el PP y que estos dirigentes del PP recibieron regalos de aquellos". Por todo ello, apuntó el delegado, "ahora que el presidente de la Generalitat no tiene un trámite judicial pendiente debe comparecer ante los representantes del pueblo valenciano para informar con verdad de todas esas relaciones".

Asimismo, Camps debería dar cuenta en las Corts, según Peralta, "de las medidas que va a adoptar para poner fin inmediato a la situación de parálisis y desestabilización en que se encuentran las instituciones valencianas como consecuencia de la actuación personal y poco responsable del presidente de la Generalitat y otros altos cargos del PP".

Indicó que sin "entrar a valorar la corrección o incorrección jurídica de la resolución dictada por el TSJCV, ya que se tendrán que pronunciar nuevamente los tribunales en la medida en que se interpongan recursos, lo bien cierto es que dicha resolución nos ahorra a todos los valencianos la bochornosa situación de tener que juzgar públicamente y como presunto delincuente" al jefe del Consell, "y ello como consecuencia de la relación mantenida y los regalos recibidos de una red de empresas corruptas dedicada hacer beneficio del dinero de todos los ciudadanos", aseveró.

Las ventas de automóviles en la Comunitat Valenciana caen un 30,9%

MADRID.- La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía, tras Canarias, con un mayor descenso, del 30,9 por ciento, en matriculaciones de automóviles durante el pasado mes de julio, según datos difundidos hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

Navarra, pionera en la introducción de ayudas a la compra, volvió a convertirse durante el mes pasado en la Comunidad Autónoma que registró un mayor incremento de las matriculaciones, con 1.433 unidades vendidas en julio, un 50,8% más.

No obstante, también contabilizaron incrementos las comunidades de Asturias (+8,7%), Baleares (+5,5%), Cantabria (+9,1%), así como Castilla y León (+16,6%), Extremadura (+12,9%), Galicia (+21,4%), La Rioja (+4,7%), Murcia (+3,8%) y País Vasco (+9,5%).

De su lado, Canarias fue la región que registró una caída más pronunciada de las entregas en julio, con un descenso del 37,2%, seguida de Comunidad Valenciana, con un 30,9% menos, y de Madrid, que redujo un 19,9% sus entregas el mes pasado.

Durante el pasado mes de julio, las ventas se redujeron en todos los segmentos de mercado, excepto en el de todoterrenos de tamaño medio, en el que aumentaron un 2,3%, mientras que en los siete primeros meses del año ningún segmento lograr aumentar sus entregas.

La producción del metal valenciano cae hasta cerca de un 36% y alcanza una tasa de desempleo del 22%

VALENCIA.- La actividad productiva de la industria del metal de la Comunitat Valenciana ha continuado con su caída hasta un 35,6 por ciento en el segundo trimestre de 2009, ocho veces más que en el mismo periodo de 2008 y 6 puntos superior a la alcanzada en marzo del presente ejercicio, y llega a una tasa de desempleo del 22 por ciento.

Estos datos confirman un "ritmo alarmante" de descenso de la producción del sector que acumula nueve trimestres de caídas consecutivas, con retrocesos cercanos al 30 por ciento desde octubre de 2008, según informaron hoy fuentes de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) en un comunicado.

Según el Informe de Coyuntura del sector metalmecánico de Femeval, la caída de la producción del metal valenciano se sitúa un punto por encima de la media española (34,8 por ciento), y acumula un descenso del 32,75% hasta junio, lo que supone un 450 por ciento más respecto al dato alcanzado en el mismo periodo de 2008 que fue del -7,25 por ciento.

El estudio de Femeval indica también un índice de ventas que se sitúa en un -32,35, dato que mejora respecto al primer trimestre de 2009, que fue del -67,65 sobre unos valores de -100 a 100, gracias a un mejor comportamiento de la industria. No obstante, las expectativas de los empresarios continúan siendo negativas y describen la situación para el próximo trimestre como mala y con síntomas de incertidumbre y continuidad, según las mismas fuentes.

Ante esta "situación tan crítica, y para poder frenar la dinámica negativa del sector", el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, considera "necesario implantar políticas de aumento de la demanda, estimulando la inversión empresarial y la creación de empleo que se mantenga en el tiempo, en lugar de aplicar políticas de gasto en obra pública de corta duración". Asimismo, lamentó la "ruptura" del diálogo social, ya que, a su juicio, "retrasará la adopción de medidas que sirvan tanto para reactivar las contrataciones en las empresas como para asegurar la continuidad de las mismas".

El número de ocupados en la industria del metal se ha reducido en 11.092 personas en el primer trimestre de 2009, lo que supone una caída cercana al 11 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2008 --103.325 frente a los 92.233 actuales. En términos interanuales, la variación respecto al primer trimestre de 2008 ha sido del -21,6 por ciento, lo que se traduce en 25.417 empleos menos. Al respecto, el 43 por ciento de las empresas del metal valencianas han reducido sus plantilla, frente a un 5 por ciento que lo han incrementado.

El Índice de Clima del Metal Valenciano, indicador del estado de confianza empresarial sobre la evolución coyuntural del sector y que toma valores de 0 a 10, "vuelve a suspender" con una valoración de 4,71, frente al 4,4 del trimestre anterior.

Asimismo, la encuesta de coyuntura de Femeval elaborada entre sus asociados apunta una caída de un 36,8 por ciento en el total de las exportaciones del metal valenciano de abril a junio, provocada por la contracción generalizada del comercio y un descenso en el sector automovilístico que alcanza el 55 por ciento.

El porcentaje que representan las exportaciones del metal respecto al total de las exportaciones de la Comunitat ha disminuido en 6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2008, según las mismas fuentes.

Los productos metalmecánicos exportados han sido las calderas y productos mecánicos, seguidos por la maquinaria y material eléctrico y el aluminio y sus manufacturas que desplaza a los productos siderúrgicos. El principal destinatario de las exportaciones del sector fue el Reino Unido, país que se muestra muy vulnerable a la caída del sector automovilístico.

Del análisis por subsectores, las ventas en el comercio del metal continúan por debajo de la media de las ventas del sector en su conjunto. La valoración de este colectivo sobre la situación de sus empresas sube cerca de medio punto (4,4), posiblemente debido a la mejora del acceso al crédito, como indican las encuestas.

El sector de instalaciones del metal continúa con el descenso en sus ventas al ir concluyendo las obras en cartera y no acceder a nuevas obras. El dato de empleo es el peor de todo el sector. La valoración que dan los empresarios apenas varía desde el trimestre pasado.

En la industria siguen las caídas del empleo y la inversión, frente a unas ventas que no fueron tan negativas como el trimestre anterior. El sentimiento de los empresarios es de continuidad en la situación negativa.

Por su parte, la venta y reparación de automóvil continúa con el descenso de las ventas. Aumenta más de medio punto la valoración de los empresarios del sector, influenciados por las ayudas puestas en marcha desde las administraciones.

La caída de la demanda y las dificultades de financiación y tesorería de las empresas continúan siendo los principales factores limitadores de la actividad.

Los empresarios del metal no ven una mejoría de la situación para el próximo trimestre según la encuesta de Femeval, y sus previsiones apuntan hacia una continuidad de la situación económica actual o de eventual empeoramiento, con caídas mayoritarias en ventas e inversiones.

Los pronósticos en cuanto a contrataciones de trabajadores son también negativos, ya que más del 97 por ciento de las empresas del sector mantendrá o reducirá la plantilla.

Por subsectores, el comercio del metal prevé mantener los empleos, dato que debe tomarse con precaución ya que la destrucción de empleo en este subsector ha dejado a muchas empresas con una plantilla mínima. Las expectativas para las instalaciones, industria y venta y reparación de automóvil no son favorables, ya que estiman que se mantendrá la situación negativa en la que se encuentran estos subsectores.

El Informe de Coyuntura del Sector Metalmecánico valenciano de Femeval, correspondiente al segundo trimestre de 2009 permite conocer el clima empresarial, evolución y previsiones de las empresas del metal valenciano.

El estudio se ha elaborado con los resultados de las encuestas distribuidas entre los asociados de la Federación, y se enmarca dentro del proyecto 'Entorno Global de Competitividad' dentro de los II Planes de Competitividad financiados por el Impiva.

Femeval, como primer referente organizativo-patronal sectorial de la Comunitat Valenciana, agrupa a 38 asociaciones subsectoriales y 2 comarcales, y represente a cerca de 4.200 empresas y más de 48.000 trabajadores.

El PSPV recurrirá ante el Supremo el auto del TSJCV y pide responsabilidades políticas

VALENCIA.- El PSPV interpondrá un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados, al considerar que los hechos investigados en relación con el 'caso Gürtel' no son constitutivos de delito.

Además pide que se "diriman responsabilidades políticas" ya que consideró al jefe del Consell "responsable de mentir en las Corts de forma reiterada, sistemática y consciente".

De esta forma se pronunció el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en la rueda de prensa que ofreció hoy tras conocer la decisión del TSJCV de estimar los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados en la rama valenciana del 'caso Gürtel' --Camps, el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret-- contra el auto del magistrado instructor del TSJCV.

Alarte mostró su "respeto" al auto, así como a la "actuación de los magistrados de la Sala y a su valoración jurídica", aunque matizó que no la comparte. Por ello, indicó que ya ha dado "instrucciones" a los letrados de la formación para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo puesto que, según indicó, "el TSJCV dice que los hechos son racionales y la realidad de los hechos no se cuestionan, son los que son".

También realizó una "valoración estrictamente política" en la que aseveró que "Camps nos ha metido y así lo ha dejado claro hoy la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV". Para el dirigente socialista, "las responsabilidades políticas son evidentes, están claras, y los hechos en que se fundamentan también".

El TSJCV no ve relación de causa entre regalos y los contratos adjudicados a Orange Market

VALENCIA.- Los dos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuyo parecer ha decidido el sobreseimiento libre de la causa abierta por un delito de cohecho impropio contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los tres imputados dentro del proceso judicial en el que se ha investigado la trama valenciana del 'caso Gürtel', consideran que no hay una relación de causalidad entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Ambos magistrados, que revisan la declaración de hechos probados del magistrado instructor pero no realizan un nuevo relato, subrayan en su resolución que, al no darse esta relación de causalidad, que es un requisito "estructural" del tipo penal del cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal que se imputaba a los cuatro dirigentes, se deben estimar sus recursos en el sentido de considerar que los hechos imputados no son constitutivos de este delito.

Según sostienen, ninguno de ellos tenía por objeto de su cargo o función "ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, no constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento".

Asimismo, concluyen que en este caso lo que se ha acreditado es que "falta todo tipo de relación de causalidad" porque "no se indica únicamente que los imputados no tuvieran competencia para autorizar dicha contratación, sino que los funcionarios competentes que sí la tenían actuaron para otorgar duchas adjudicaciones por otras motivaciones ajenas a las dádivas".

El presidente de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, y el magistrado José Francisco Ceres, se han mostrado, en un auto de 66 páginas, favorables al sobreseimiento de la causa mientras que el tercer componente del tribunal, Juan Montero, ha emitido un voto particular en el que no se muestra convencido de que los hechos imputados a Camps; al ex vicepresidente del Consell y ex conseller Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no sean constitutivos de delito y, en cambio, sí que entiende que se debe sobreseer en relación con Ricardo Costa, portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV.

El auto, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo únicamente contra el pronunciamiento que afecta a los cuatro imputados, destaca la "racionalidad" de las inferencias del magistrado instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, --quien consideró que había indicios de la comisión de un delito de cohecho impropio en la actuación de Camps, Costa, Campos y Betoret-- y desestima los recursos de los imputados en relación a no estar acreditados los hechos "sin perjuicio de que no cabe descartar de forma absoluta otras versiones" sobre el pago de los trajes.

La sala especifica en la resolución que la doctrina exige para que concurra un delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal que el sujeto que lo realiza tenga la condición de autoridad o funcionario público --supuesto que considera que se da también en Betoret, quien cuestionó ostentar esta condición--; que acepte dádivas y que exista una conexión causal entre la entrega de estos regalos "en consideración a su función", es decir, que la entrega y aceptación de la dávida se realice porque dentro de las competencias y potestades de la autoridad o funcionario se encuentre el otorgamiento de contratos o actos.

Los dos magistrados, que rechazan que en Costa pudiera ser aplicable el artículo en cuestión porque no ha desempeñado cargo alguno en el Gobierno de la Generalitat y "queda fuera de toda consideración práctica que el regalo se hiciera en tanto que diputado de las Cortes Valencianas", indican no obstante que en el ámbito del Derecho Penal no cabe estimar que pueda "existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".

Asimismo, señalan que no cabe concluir que en este supuesto se haya lesionado "o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones". Alegan además que, en supuestos de falta de concurrencia del elemento causal, el Tribunal Supremo incluso inadmite la correspondiente querella por la ausencia de este requisito, que es estructural.

En este sentido, los dos magistrados afirman que la falta de concurrencia de la relación de causalidad se aprecia en todos los imputados, incluido Betoret, en el que podría presentarse a primera vista como "más factible" esta causa dado que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, con la que Orange Market contrató. Sin embargo, subrayan que sus funciones concretas no estaban directamente relacionadas con la aprobación de la adjudicación de las contrataciones.

En esta línea, los magistrados, que destacan la "falta de competencia" de Camps con las contrataciones y la ausencia de relación directa entre ellas, recuerdan que los hechos delimitados como objeto del procedimiento no es identificar la existencia de una "irregular contratación" sino que las entregas de las dádivas "tuvieran una relación causal con las contrataciones".

La sala, que incide en que el magistrado instructor también descartó la relación entre la dádiva y la contratación y que la acusación popular --ejercida por el PSPV-- en uno de los recursos presentados tampoco cree que los indicios tengan la suficiente consistencia para concluir que hay una relación causal entre los regalos y las contrataciones-- señala que no se puede olvidar que hay una relación entre la empresa de Álvaro Pérez y el PPCV en el momento de los hechos, lo que "difumina áun más si cabe, la conclusión de que la realización de los obsequios tenga por causa y exclusivamente, la 'consideración a la función' realizada por las autoridades y funcionarios públicos en quienes concurre tal condición".

Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, --a quien imponen sus costas originadas por el recurso--, que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.

El TSJCV decide sobreseer la causa contra Camps y los otros tres imputados

VALENCIA.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel, según informó hoy el TSJCV en un comunicado.

La decisión ha contado con un voto particular de uno de los magistrados, quien entiende que el sobreseimiento sólo debe acordarse con respecto al el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Tanto Camps como el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, también imputados en la causa, habían recurrido la decisión del magistrado instructor en el TSJCV que consideraba que los hechos podían ser constitutivos de cohecho impropio pasivo.

La sala se ha pronunciado de esta forma tras estudiar los seis recursos de apelación presentados contra el auto del magistrado instructor. Los cuatro imputados habían reclamado el archivo del procedimiento.

El magistrado Montero no está convencido

El magistrado de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero Aroca afirma en su voto particular en el que se opone al sobreseimiento libre de la causa, que no está convencido de que los hechos imputados a los tres "no sean constitutivos de delito" de cohecho pasivo impropio por el que han sido investigados en relación con el 'caso Gürtel'.

Montero sí se muestra favorable al sobreseimiento para el portavoz del PP en el Parlamento Valenciano y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana".

Según especifica el magistrado en el voto particular, con el que discrepa de la opinión mayoritaria de la sala --formada por el presidente, Juan Luis de la Rúa, y el magistrado José Francisco Ceres, que ha sido el ponente del auto--, su discrepancia responde a "dos dudas" que se centran en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y en que no está "convencido" de que la jurisprudencia que se alega en el auto de sobreseimiento "responda a la interpretación" que considera adecuada del artículo 426 primer inciso del Código Penal.

Así, señala en su escrito, de una página, que en el trámite en el que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento "debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser".

En este caso, el magistrado asegura no estar convencido de que los hechos imputados a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito, un "no convencimiento" que radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, "requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna", aunque no parece al magistrado que ese tipo penal "tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los señores Camps, Campos y Betoret".