sábado, 16 de mayo de 2009

Ordenadores, ladrillos y talento Ordenadores, ladrillo y mucho talento / Jordi Sevilla

Decía la pasada semana que algo extraordinario tendríamos que hacer para salir cuanto antes de la crisis con un modelo de crecimiento más sostenible. Y de eso ha tratado lo esencial del Debate sobre el estado de la Nación de esta semana. Sobre cómo se puede incentivar un cambio en el patrón de crecimiento haciendo que la parte más dinámica de nuestra economía deje de ser la construcción y pase el testigo a sectores con mayor aportación estable de valor añadido.

Esto no quiere decir que dicho cambio se pueda hacer por decreto ley ni que debamos irnos al otro extremo, convirtiendo la construcción en anatema. Mejorar el empleo y nuestro bienestar colectivo nos va a exigir más ordenadores, pero también más ladrillo, aunque en proporciones diferentes al pasado.

En espera de conocer el contenido de la anunciada Ley de Economía Sostenible, y dejando al margen otras cuestiones importantes, como el renovado Fondo de Inversión Municipal, dos medidas han concitado todo el simbolismo del propuesto cambio de modelo: la supresión de la desgravación fiscal a la compra de viviendas y los más de 400.000 ordenadores a repartir entre estudiantes de primaria.

Es un clamor que algo había que hacer en el sector de la construcción de viviendas. Ni resultaba sensato quedarse quietos cuando tiraba en exceso del crecimiento económico, ni el frenazo actual que ha desplomado las ventas a la mitad en apenas dos años es compatible con la lucha contra la crisis.

Anunciar que la actual desgravación a la compra de vivienda desaparecerá en enero de 2011 es una medida de estímulo coyuntural a la demanda que he defendido aquí porque ayudará a desatascar el sector. Además, nadie duda de que, hoy, la desgravación a la compra de vivienda se trasladaba íntegra al vendedor, alimentando la burbuja especulativa. Suprimirla contribuye a reducir los precios, ayudando con ello, de verdad, a todos los compradores.

Nada ha castigado más a la clase media en los últimos años que la escalada ascendente de precios en la vivienda a partir de la liberalización del suelo de 1998, que ha hecho muy difícil el acceso de los jóvenes mientras sus padres se iban convirtiendo en teóricos ricos por la revalorización pasiva de los pisos en que vivían.

Suprimir la actual desgravación fiscal no resuelve todos los problemas. Pero si hubo una vez una burbuja inmobiliaria, intentemos que no se reproduzca tomando nota de las denuncias del Parlamento europeo sobre la confluencia de intereses político-económicos, que hizo posible los cuantiosos planes de expansión urbanística en nuestros pueblos y ciudades, así como no incentivando la demanda estable con medidas fiscales como ésta. Ahora bien, si nos creemos este razonamiento, debió haberse adoptado antes y no resulta coherente mantener la desgravación para las rentas bajas que, en todo caso, deben poder beneficiarse de otros estímulos públicos de acceso a la vivienda.

La apuesta por las nuevas tecnologías se visualiza en el anuncio de invertir en ordenadores como instrumento educativo para los niños en primaria. La medida tiene muchos flecos pendientes. Pero marca una apuesta clara no sólo a favor de priorizar la modernidad, la investigación, las reformas que adelantan el futuro en lugar de apuntalar el pasado, sino también a favor de hacerlo sin excluir a los más desfavorecidos, ya que, a la luz de las estadísticas, no es verdad que todos los hogares españoles tengan ordenadores ni los usen de manera habitual.

España no puede pretender competir internacionalmente por precio. No venderemos productos o servicios porque sean más baratos que otros. Con la globalización y los mercados mundiales, siempre habrá quien lo haga más barato. Nuestra apuesta tiene que ser por hacerlo mejor, distinto, con mayor valor añadido, único. Eso exige fomentar la creatividad en nuestra sociedad a todos los niveles, así como reforzar los elementos formativos y financieros que ayuden a despertarla, aprovechando las nuevas tecnologías existentes.

Nuestra principal ventaja competitiva sobre la que basar los incrementos en productividad es el talento de nuestros ciudadanos y, de manera especial, de los más jóvenes. Talento que se puede aplicar a mejorar la construcción de carreteras, variar la oferta turística, elaborar alimentos sanos y atractivos, crear empresas de energías alternativas o desarrollar técnicas que ahorren consumo de agua o reduzcan las emisiones de CO2.

Hacer todo esto es más difícil que decirlo. Pero debemos forzar la máquina, apostando claramente por esa economía de elevado contenido en talento humano, productividad y competitividad. Talento que, por cierto, no está sólo en los ordenadores, sino que puede y debe colocarse también en el ladrillo; por ejemplo, promoviendo planes ecológicos de rehabilitación de los centros urbanos.

Nada de esto es incompatible con abordar la grave situación de una economía cuyos precios decrecen el -0,2%, con riesgo de deflación, tiene tasas negativas de crecimiento cercanas al 3%, contabiliza a más de cuatro millones de parados -y aumentando- o sostiene unas cuentas públicas que en un año han pasado de un superávit de más de 4.000 millones de euros, en el primer trimestre del año, pasado a un déficit superior a 28.000 millones este año.

Pero el futuro se diseña y se decide ahora, si queremos ir adonde queremos ir, en vez de ir adonde nos lleven las fuerzas ciegas del mercado. En el mundo de hoy, ningún problema importante lo podemos resolver sin recurrir a la colaboración en red de otros. Por eso, hacer posible estas esperanzas exige un acuerdo con los sectores sociales y con las comunidades autónomas en una España que ya no se puede gobernar sólo desde el Gobierno de la Nación. Y aconseja un consenso político que muestre que la apuesta por el talento, incluye también a los políticos.

Por ello me resultó chocante que mientras el Presidente hacía suyas algunas propuestas del PP y toda España hablaba, a favor o en contra, del conjunto de medidas, el líder de la oposición se entretuviera en la tribuna leyéndonos lo que votaba el diputado Zapatero. . . ¡en 1992! Pues eso.

Las importaciones y los invernaderos del norte de la Unión Europea amenazan al sector

MADRID.- Sobre el papel, frutas y hortalizas constituyen uno de los pilares del sector agrario español. Con una facturación de unos 16.000 millones de euros, suponen aproximadamente el 37% de la producción final agraria, un porcentaje similar en materia del empleo total agrario y unas exportaciones de casi 10 millones de toneladas por valor superior en 2008 a los 8.000 millones de euros, dice 'El País'.

Esta aparente fortaleza del sector hortofrutícola español, con ventas en muchos casos fuera de temporada y con un superávit de la balanza comercial de unos 6.500 millones de euros, no coincide exactamente con la realidad, tanto en lo que afecta a los invernaderos como a las producciones o los cultivos que se obtienen al aire libre. En medios del propio sector se considera que se trata de un gigante con pies de barro debido tanto a problemas internos como a la competencia de las importaciones.

Responsables del propio sector reconocen que en épocas doradas no se hicieron bien las tareas para mejorar y reconvertir las instalaciones, actuaciones que hoy no se llevan a cabo por las caídas de precios y recorte de la rentabilidad. Pero, junto a esta dificultad, el sector se enfrenta sobre todo a un problema de costes y de competitividad.

En unos casos, se trata de las importaciones desde terceros países, especialmente el norte de África, con menos costes de producción. En otros, son las modernas instalaciones ubicadas en el norte de la Unión Europea, auténticas "fábricas", con unos mayores rendimientos por metro cuadrado, justamente al lado de los mercados de consumo donde comercializa una parte importante de sus producciones el sector español.

En lo que afecta a los cultivos bajo plástico, España dispone de una superficie de invernaderos de unas 50.000 hectáreas donde destacan provincias como Almería, con 26.000 hectáreas; Huelva, con 6.500 hectáreas; Murcia, con 6.000 hectáreas; Granada, con 5.262 hectáreas; Comunidad Valenciana, con 3.000 hectáreas; Canarias, con 2.000 hectáreas, y Málaga, con 1.500 hectáreas. Las producciones de los invernaderos suponen aproximadamente unas ventas superiores a los 5.000 millones de euros, significan el ciento por ciento de las producciones en Almería y un porcentaje mayoritario en las de Huelva, especialmente para las producciones de tomate, pepino, pimiento o fresa.

Los invernaderos almerienses fueron considerados en su día como las grandes "fábricas", sin competencia, para invadir de hortalizas los mercados comunitarios fuera de temporada.

Hoy, esa situación se ha terminado. Una gran parte de esos invernaderos, con una duración media de entre 10 y 15 años de vida, se han quedado viejos. Frente a unas producciones, por ejemplo en el caso del tomate, de unos 12 kilos por metro cuadrado, en las instalaciones modernas del norte de la UE, además construidas con subvenciones por su contribución en la lucha contra el efecto invernadero por el aprovechamiento del CO2, las producciones por metro cuadrado superan los 50 kilos, y los 100 kilos en países como Holanda.

Para asegurar la viabilidad del sector a corto plazo, desde la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) se reclama un plan para la reconversión de los invernaderos. El objetivo es lograr unas instalaciones similares a las que se han construido en el norte de Europa. Ello supone la necesidad de invertir una media de 1,3 millones de euros por hectárea.

Tanto en las instalaciones bajo plástico como en los cultivos al aire libre, el sector se enfrenta igualmente al problema de los costes laborales. Frente a un salario medio en Marruecos de 0,50 euros por hora, para unas instalaciones bajo plástico similares a las de Almería, en España se abona una media de siete euros por hora.

En las producciones al aire libre, unos de los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la falta de investigación y la necesidad de proceder a una reconversión varietal como están haciendo los países de la competencia. La falta de esta reconversión se está traduciendo en superficies con menos rendimientos, en menos productividad y, en otros casos, en una oferta no adecuada a los nuevos gustos de la demanda, lo que se traduce en producción de excedentes y caídas de precios.

En conjunto, el sector de las producciones de frutas y hortalizas se enfrenta en primer lugar a una estabilización de las ventas en el exterior. No se puede olvidar que el 94% de las exportaciones corresponde a los países comunitarios. No se han abierto nuevos mercados con capacidad adquisitiva fuera de la Unión Europea, mientras las importaciones mantienen un fuerte incremento en porcentajes superiores anualmente al 10%.

Este aumento de las compras baratas procedentes de terceros países no es solamente grave por su participación en el mercado nacional, sino por su presencia, en muchos casos sin control, en los mismos mercados comunitarios, como sucede con el tomate marroquí o el ajo chino.

Un segundo problema del sector en su conjunto se halla en la política de investigación e innovación donde el panorama no es para el optimismo.

Estatalmente el viejo organismo INIA ha ido dando tumbos en la última década de ministerio en ministerio, perdiendo su capacidad para responder a las necesidades del sector agrario sobre el terreno. En la parte positiva se hallan los trabajos de algunas comunidades autónomas como el IRTA en Cataluña o el IVIA en Valencia.

No se ha avanzado lo que sería necesario en materia de reconversión varietal desde la perspectiva de mejoras en la productividad, rendimientos o búsqueda de las producciones más adecuadas a los gustos cambiantes de los mercados.

Además, la mayor parte de las nuevas variedades de semillas o plantones tienen vocablos extranjeros y las patentes proceden del exterior, lo que supone una fuerte dependencia de la investigación ajena en un sector básico para el conjunto de la actividad económica. Eso sucede con las variedades de cultivos en los invernaderos de Almería. Un dato significativo en este escenario es la situación de la fresa. España es el primer comunitario en la producción de fresas y, sin embargo, la investigación utilizada por el sector pertenece a una Universidad de California.

La UE aprieta

A los problemas propios del sector se han sumado en los últimos meses algunas disposiciones comunitarias que pueden suponer otro golpe para el sector.

Por un lado, se halla la normativa por la que se va a restringir desde 2010 el uso de productos fitosanitarios. Según los productores, esta norma supondrá un grave riesgo para mantener los actuales niveles de producción, si para esa fecha no hay productos alternativos para proteger los cultivos con las mismas garantías para las plantas y para la seguridad alimentaria.

Por otra parte, se teme un impacto negativo sobre los mercados de las nuevas normas comunitarias por las que se permitirá la comercialización de frutas y hortalizas frescas defectuosas o de segundas categorías que hasta la fecha se destinaban para la transformación industrial. Bruselas justificó la medida para bajar los precios a los consumidores al aumentar la oferta. El sector cree que la misma será un coladero a las importaciones.

El deterioro de los activos inmobiliarios de las cajas forzará la desaparición de entidades

MADRID.- Para algunas cajas de ahorros españolas el futuro es sombrío, según la revista The Economist. Estas entidades se han convertido, junto a los bancos regionales estadounidenses, en la parte del sector financiero más perjudicada: se trata de operadores que o no cuentan “con el abrazo reconfortante del Estado o tienen una cartera de activos poco diversificada”.

Para la revista, las cajas están sometidas a una presión mayor a medida que se deteriora la calidad de sus activos inmobiliarios por la crisis, lo que podría derivar en un descenso del número de estas entidades a través de integraciones o adquisiciones.

El artículo, titulado Reconstruyendo los bancos, no da una estimación cuantitativa de lo que podría suponer esta reducción, aunque sí lo hace en el caso de la banca norteamericana. Según un experto de la consultora Oliver Wyman, el número de bancos en EEUU podría reducirse por efecto de la crisis desde los 8.000 existentes en la actualidad hasta unas 2.000 entidades.

El futuro es menos inquietante para los grandes bancos, los que representan el corazón del sistema financiero global. “El futuro es para ellos lo suficientemente seguro, por lo que serán capaces de tener un plan más allá de la mera supervivencia”, subraya The Economist.

No obstante, vaticina que tendrán que cambiar todo lo que hacen: “desde la forma de gestionar sus balances, hasta las remuneraciones a sus gestores”.

En España, el principal problema para el sector financiero es su excesiva exposición al sector de la promoción inmobiliaria. La banca española acumula créditos concedidos a las inmobiliarias por valor de 318.000 millones de euros, de los cuales un 54% corresponden a las cajas.

Este segmento de mercado acumula también la mayor tasa de mora (6,1%), por encima de la media (4,14%).

El Gobierno estudia 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas con problemas

MADRID.- El Gobierno está estudiando 'abrir la veda' para que los bancos puedan comprar cajas de ahorros con problemas en el marco de la reestructuración del sistema financiero, según informaron fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo.

Esta iniciativa se inscribe en el plan de rescate para entidades en dificultades que el Gobierno ultima con el Banco de España y consulta con el PP de cara a ampliar el eventual consenso entre los dos principales partidos al resto de grupos parlamentarios para afrontar la consolidación del sistema financiero con una sola voz.

La absorción de una caja por parte de un banco requeriría cambios normativos que han encontrado la oposición frontal tanto de agentes del sector financiero como del mundo político implicado en la gestión de las cajas, por lo que el Gobierno prevé sortear este obstáculo a través de una vía indirecta.

Tras desechar un cambio en la Ley de Cajas de Ahorros para aminorar el componente político en este tipo de entidades, el Gobierno y el Banco de España contemplan que los bancos puedan comprar activos y sucursales de las cajas de ahorros sin necesidad de que se produzca una integración jurídica de entidades.

"Si los bancos pueden comprar activos y oficinas de cajas, a efectos prácticos se está produciendo una integración, sin que a efectos jurídicos cambie nada, ya que no se producen movimientos de consolidación directa, sino indirectamente", explicaron a Europa Press las fuentes consultadas.

El objetivo del plan de rescate es facilitar la reordenación de un sistema financiero en el que algunas entidades presentan problemas de solvencia, principalmente por su exposición al ladrillo, y que cuenta con una red de oficinas sobredimensionada a raíz de la expansión llevada a cabo durante la última época de bonanza.

La absorción de cajas de ahorros, tanto enteras como troceadas, por parte de otras cajas en mejor situación o por parte de bancos con más capacidad de optimizar su negocio supondría uno de los primeros recursos que contempla el plan de rescate para evitar la quiebra o liquidación de entidades antes de inyectar dinero.

No obstante, un alto directivo de un banco español que prefiere mantenerse en el anonimato subrayó a este respecto el desinterés de muchos bancos, sobre todo de gran tamaño, por asumir cajas de ahorros. "Hemos dicho al Gobierno que los niños con los niños y las niñas con las niñas", ilustró de forma gráfica.

El Banco de España, que mantiene un seguimiento al día sobre la situación interna de bancos y cajas y, por tanto, tiene identificadas claramente las entidades más frágiles en términos de solvencia, sugiere en la actualidad diversas integraciones basándose en criterios puramente financieros.

No obstante, si los esquemas de reordenación que plantea el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordoñez no fructifican por el desinterés de los actores implicados o por obstáculos políticos, se pasaría a la segunda fase, que implica la inyección de capital a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este colchón con que cuentan bancos y cajas por separado, está dotado con menos de 4.500 millones de euros en conjunto, recursos que se engordarán significativamente a través del remanente de la liquidez del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) que no ha salido a subasta, unos 80.000 millones de euros.

Las pujas de liquidez realizadas hasta este momento por el Tesoro a cambio de activos financieros de máxima calidad se han saldado con la adjudicación de casi 20.000 millones de euros, pero desde el pasado mes de enero no se ha vuelto a organizar ninguna subasta, ya que se han suavizado los problemas de acceso a la liquidez en los mercados mayoristas y las entidades han logrado colocar deuda tanto con aval del Estado como si él.

De esta forma, quedan algo más de 80.000 millones de euros del total de 100.000 millones contemplados inicialmente dentro del FAAF que el Ministerio de Economía y Hacienda podría destinar a engrosar los recursos del FGD sin que fuera necesario realizar ninguna dotación adicional.

Sindicatos de Ford convocan nuevas concentraciones la próxima semana en Valencia para protestar contra el ERE

VALENCIA.- Sindicatos de Ford (CCOO, STM y CGT) han convocado nuevas concentraciones la próxima semana con el objetivo de protestar por la declaración de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ya que esta medida "está siendo una vía para la destrucción y precarización del empleo digno, y representa una puerta falsa para las ayudas de la administración a determinadas firmas industriales y comerciales".

Así lo avanzaron en un comunicado fuentes de CGT, quienes matizaron que al acto de protesta de ayer, en el que se concentraron unos 75 delegados y miembros de comités de empresas implicadas en ERE de los polígonos industrial y localidades cercanas a Valencia, esta semana se unirán CCOO y STM de Ford.

La primera concentración será el martes, día 19, a las 11.00 horas, en la Plaza de Manises de Valencia; y la segunda el sábado, 23 de mayo, a las 11.30 horas, en la Plaza de San Agustín, a la que en esta ocasión acudirán trabajadores y sus familias para exigir soluciones y proyectos "creíbles y firmes" para la fábrica de Almussafes, indicaron.

Respecto al ERE, desde la sección sindical de CGT-Ford indicaron que es el más largo de la historia de Ford --ocho meses, afectando a 1.100 empleados-- y en el que "peores condiciones" se van los trabajadores al paro, puesto que va a ser la primera ocasión en que esta empresa "no pagua algún complemento al 70 por ciento de los salarios que abona el Inem".