El atún rojo del Mediterráneo, en peligro a causa de capturas ilegales

MADRID.- Dos organizaciones ecologistas denunciaron este miércoles las capturas ilegales de atunes rojos en el Mediterráneo que, según ellas, amenazan la pervivencia de la especie, y reclamaron la suspensión temporal de la pesca.

A partir de un estudio realizado este año por expertos de la consultora independiente ATRT, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se dicen en el comunicado preocupados por "el altísimo porcentaje de pesca de juveniles de atún rojo (menores del tamaño legal permitido en el momento de captura) en el Mediterráneo".

El destino de esos ejemplares son las "granjas de engorde", situadas en el mar y donde los peces son engordados antes de ser vendidos, principalmente a Japón, donde se los consume crudos en forma de 'sushi'.

"Todos los datos señalan el riesgo inminente de colapso" de la especie en el Mediterráneo, asegura en el comunicado Celia Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace. "A estas alturas el cierre de la pesquería y la protección de sus zonas de reproducción son la únicas soluciones, hasta que la pesquería dé señales evidentes de recuperación", añadió Celia Ojeda.

Ambas organizaciones no gubernamentales piden a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), actualmente reunida cerca de Recife (noreste de Brasil) "la adopción de medidas extraordinarias".

Según el estudio citado por las dos ONG, "el caso de España es el más alarmante, ya que entre julio de 2008 y mayo de 2009 el 46% del atún rojo vendido en fresco en el mercado japonés, proveniente de granjas de engorde, eran juveniles en el momento de ser pescados", por lo que no habían podido reproducirse aún.

Las organizaciones afirman que, siempre según el estudio, "entre un 8,4% y un 21,09% del atún rojo engordado en el Mediterráneo y vendido en fresco en el mercado japonés eran menores del tamaño legal permitido en el momento de captura".

"Los científicos (de la ICCAT) estimaron en octubre que sólo queda un 15% de la población original de atún rojo y los nuevos datos de tallas demuestran que la pesquería sigue fuera de control", dijo en el comunicado Raúl García, responsable de Pesca de WWF España.

Por ello reclama el "cierre temporal" de la pesca y "la prohibición" del comercio internacional.

La ICCAT advirtió recientemente contra las "interpretaciones parciales" hechas por "varias organizaciones" sobre su informe científico de octubre.

Almunia pide que las CCAA y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste presupuestario en España

BRUSELAS.- El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, pidió hoy un refuerzo de la ley de estabilidad presupuestaria española para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contribuyan también al ajuste para reducir el déficit por debajo del 3% en 2013, tal y como ha propuesto el Ejecutivo comunitario.

Almunia aseguró que un incremento mayor del déficit y la deuda supondrá un freno para el crecimiento.

La Comisión Europea propuso hoy dar a España una prórroga de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo. Bruselas accedió a conceder este plazo extra tras constatar que el Gobierno ha tomado "medidas eficaces" para reducir el déficit, entre ellas el aumento del IVA el año que viene, aunque no esté logrando su propósito porque la crisis económica es peor de lo previsto.

Entre las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir esta recomendación, Almunia reclamó un "reforzamiento del marco de disciplina presupuestaria que existe en España, la ley de estabilidad presupuestaria".

"En particular, España, que es un Estado muy descentralizado, tiene que coordinar bien las actuaciones de todas las administraciones públicas, no sólo de la administración central", dijo.

"Las autonomías y los ayuntamientos contribuyen de forma muy importante al gasto público en España, y pueden contribuir y deben contribuir también al ajuste presupuestario necesario en España", insistió el comisario de Asuntos Económicos.

Pidió además reformas estructurales "para mejorar las condiciones de crecimiento de la economía española". "Sabemos cuáles son los problemas que va a afrontar la economía española para crecer en el futuro lo mismo que crecía en el pasado, una vez que el sector de la vivienda no va a contribuir como lo hizo. Lo hizo de forma insostenible y por lo tanto no es necesario que lo vuelva a hacer. Y sobre todas estas materias hay un consenso bastante elevado en España, lo que hace falta es traducir ese consenso en medidas concretas", afirmó.

Aunque admitió que el ajuste que deberá realizar el Gobierno para recortar el déficit a tiempo será muy duro, Almunia aseguró que ello no pondrá en riesgo la recuperación. Pero sí avisó de que un mayor endeudamiento podría suponer un freno para el crecimiento.

"A partir de un determinado momento, a partir de un determinado nivel de endeudamiento, a partir de un determinado nivel de la presión fiscal y del gasto público, la política presupuestaria, en vez de convertirse en un impulso para el crecimiento, se puede convertir en un freno para el crecimiento. Y eso lo sabemos en España y en todos los países europeos", dijo.

La Administración eleva en diez días el plazo de pago en 2009, hasta los 51

MADRID.- La Administración Pública ha incrementado en una media de diez días, desde los 41 hasta los 51, su plazo medio de pago durante el presente ejercicio, según un estudio sobre los índices de riesgo de 2009 realizado por la firma de servicios de gestión de crédito Intrum Justicia, difundido hoy.

El estudio concluye que las cuentas a cobrar en España han sufrido un "severo cambio" en su equilibrio dado que, según sus datos, en la actualidad sólo un 19% de las facturas son abonadas en los treinta primeros días tras su emisión.

Los plazos de pago se han extendido, de forma que el 33% de los importes pendientes se abonan a noventa días y un 48% entre los treinta y los noventa días.

Asimismo, el estudio revela que el 90% de las empresas españolas preguntadas admite que recibe los pagos de sus facturas con retraso ante las dificultades financieras que, a su vez, atraviesan sus clientes.

De esta forma, el porcentaje medio de ingresos que las compañías pierden por impagos se ha elevado este año desde el 2,2% hasta el 2,4%.

En consecuencia, el 67% de las empresas que atendieron a la encuesta realizada por la firma espera pérdidas en sus ingresos a consecuencia del retraso en los pagos y los impagos. Asimismo, un 78% teme incluso que ello afecta a su liquidez.

Además, un 82% de los encuestados por Intrum Justicia cree que el riesgo de impago seguirá creciendo. Esta tasa dobla a la del 42% empresas que en 2008 ya temía un alargamiento de los plazos de pago.

Preguntadas por el orden en el que suelen pagar sus facturas, la mayoría de empresas coinciden en señalar que en primer lugar pagan sus impuestos y tasas a la Administración, posteriormente cumplen con la Seguridad Social y después con sus principales proveedores.

UGT-PV denuncia que los agentes de Hacienda "no salen a la calle" y que la Agencia Tributaria "obstaculiza" su trabajo

VALENCIA.- UGT-PV denunció hoy que los agentes de la Hacienda Pública "no salen a la calle" y que la dirección de la Agencia Tributaria "obstaculiza" su trabajo. Al respecto, mostró su "repulsa" ante esta medida, "contraria a las medidas fiscales que esta tomando el Gobierno --central-- para aumentar la recaudación", según informó el sindicato en un comunicado.

Desde el mes de octubre, la dirección ha recortado de forma "drástica" en "el gasto de locomoción que recibe el colectivo de agentes de la Hacienda Pública par compensar los gastos ocasionados por las visitas que se realizan fuera de las oficinas públicas de la administración tributaria y que son el eje fundamental del trabajo diario". Según la dirección de la Agencia Tributaria, "el recorte es consecuencia de la crisis económica", apuntó el sindicato.

La organización sindical expresó su "más firme repulsa" ante esta medida y explicó que "el hecho de que este colectivo tenga una menor presencia en la calle supone para las arcas del Estado una merma de ingresos nada despreciables".

La principal tarea de este colectivo consiste en comprobar 'in situ' los módulos de las actividades sujetas a ellos, notificar y realizar embargos de todo tipo, comunicar personalmente liquidaciones de gran montante, localizar contribuyentes que incumplen sus obligaciones fiscales, requerirles para que cumplan con sus obligaciones y, en definitiva, funciones que sirven para combatir el fraude fiscal y que nada tienen que ver con el afán recaudatorio.

Esta labor, "no sólo sirve para aumentar los ingresos públicos, sino que ayuda a conseguir un efecto disuasorio ante el incumplimiento fiscal". Esta es "una cuestión fundamental en las economías de los países desarrollados que aspiran a que sus contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales voluntariamente y no a través del desagradable y violento embargo", indicó UGT-PV.

Con este sistema, lamentó, "los trabajadores por cuenta ajena, los empleados públicos y los pensionistas están sujetos a toda clase de controles fiscales, en cambio los empresarios y profesionales, que carecen de nómina, escapan a este tipo de control y la veracidad de sus declaraciones tributarias depende exclusivamente de su honradez personal".

Las ventas de cestas de Navidad caerán este año un 20%, pese a reducir los precios hasta un 15%

MADRID.- Las ventas de cestas y lotes de Navidad caerán este año entre un 18% y un 20% por la menor demanda de empresas e instituciones públicas como consecuencia de la crisis, según estima la Asociación de Empresas Elaboradoras de Cestas y Lotes de Navidad (Aslovac).

Para incentivar las ventas, el sector ha recortado los precios entre un 7% y un 15% y ha reforzado las campañas de marketing, regalando bonos de hotel o rutas de enoturismo y ecoturismo.

El presidente de Aslovac, José Conca, señaló que las ventas ya descendieron alrededor del 20% en la campaña navideña de 2008 y advirtió del impacto en el empleo que puede tener la contracción de la demanda.

Aslovac representa a medio centenar de empresas de la Comunidad Valenciana, región que concentra el 70% de las compañías del sector y que cuenta con más de 3.000 trabajadores en la elaboración de cestas de Navidad. "Tras los lotes de Navidad hay muchos puestos de trabajo, no sólo elaborándolos, sino también de las empresas agroalimentarias proveedoras, de transporte y de envasado", remarcó Conca.

Las cancelaciones de pedidos proceden fundamentalmente de empresas del sector inmobiliario y de la construcción, según el presidente de Aslovac, quien criticó la "medida populista anunciada por el Congreso y el Senado de que ahorrarán 400.000 euros al dejar de comprar 3.000 cestas de Navidad".

En su opinión, las instituciones "no han pensado en las consecuencias" que esta decisión tiene para empresas de vino o licor, embutidos y dulces, entre otras.

Conca destacó que existen lotes desde los siete euros y que el precio medio de una cesta puede situarse este año entre los 20 y los 25 euros, un coste que consideró que pueden asumir las pequeñas y medianas empresas dispuestas a mantener la tradición.

El PSOE critica el procedimiento llevado a cabo por el PP para ratificar el PGOU de Castellón, que fue anulado por el TS

CASTELLÓN.- El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, criticó hoy el procedimiento y las decisiones políticas que el PP ha adoptado en el procedimiento para poder ratificar el acuerdo plenario del 27 de mayo de 1999 que puso en vigor el PGOU de la ciudad, cuya aprobación fue anulada por el Tribunal Supremo.

Así, Calles explicó en rueda de prensa que es "sorprendente" que el equipo de gobierno haya desestimados las 660 alegaciones presentadas por los colectivos y vecinos de Castellón, "interpretando que sólo podían alegarse las modificaciones sustanciales que dieron lugar a la anulación del PGOU por parte del TS, por lo que considera que el 94 por ciento de las alegaciones son inoportunas y el resto no son convenientes".

En su opinión, "esto es un inmenso error que incrementa la inseguridad jurídica de un proceso que habrá de homologar la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo", y añadió que "el equipo de gobierno debe pensar que todos los ciudadanos son torpes". Según dijo, "esta actitud del PP poco ayuda a los procesos de participación ciudadana en el Ayuntamiento".

Además, el portavoz socialista hizo referencia al informe jurídico "desfavorable" de la Secretaría General del Ayuntamiento, "que indica que lo que se aprueba ahora es una copia de lo aprobado y anulado posteriormente por el TS, por lo que las alegaciones son plenas de derecho".

Así mismo, afirmó, "el informe señala deficiencias a subsanar sobre las competencias de la Junta de Gobierno, el ordenamiento y uso del subsuelo y la adaptación de normativas transitorias, y concluye que antes de proceder a su aprobación deben de rectificarse estas cuestiones".

Calles también dijo que el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, "que no ha podido disponer del expediente tramitado, indica que, parece ser, que no se tomarán en consideración las alegaciones a la vista sólo del informe técnico", por lo que -denunció- "también se ha escamoteado el expediente tramitado".

"Los trámites que se han seguido durante 10 meses sólo servirán para aprobar otra vez algo que ya estaba mal y que provocó las denuncias de los ciudadanos y la anulación del PGOU por parte del TS", señaló Calles, quien añadió que "en el pleno del lunes se aprobará un documento herido de muerte, ya que la tramitación del mismos no está ajustada a la normativa vigente, no se ha escuchado a los ciudadanos y abre expectativas insospechadas y nada positivas para la economía de la ciudad".

Juan María Calles se reservó el voto del grupo socialista en el pleno del lunes "por respeto al pleno", aunque -dijo- "ni estamos de acuerdo en el procedimiento seguido ni en las decisiones políticas del PP en este asunto".

Luna: "El PP presiona a empresas y cúpulas patronales para que ejerciten acciones legales"

VALENCIA.- El portavoz parlamentario del grupo socialista en las Corts Valencianes, Angel Luna, aseguró este miércoles que cree "sinceramente" que el PP está "presionando a las empresas y a las cúpulas de las patronales" para que ejerciten acciones legales contra los socialistas por la querella por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del 'caso Gürtel'. Luna se mostró convencido de que los populares están presionando "para que hagan este movimiento de ataque al PSPV".

En relación a que la empresa Sedesa --una de las cinco constructoras que el PSPV ha incluido en la querella por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del 'caso Gürtel'-- anunciara este miércoles que ejercitará acciones legales contra los cuatro diputados del PSPV que firman dicha querella, y preguntado sobre si es "significativo" que esta firma haya sido la primera en dar el paso, Luna contestó que sí.

"Se trata precisamente Sedesa, que sabemos todos cómo funciona, y sabemos todos de las relaciones familiares y de amistad de todo tipo que hay entorno al que está al frente de Sedesa", dijo.

A su juicio, esta empresa "debería haberse pensado" ser la primera en "la que sale a acusar no sabemos muy bien de qué", pero en cualquier caso, indicó que "nos veremos en los tribunales" si les interponen la querella "y a lo mejor, nos sirve el asunto para, además de las cosas que dice el informe de la brigada de Blanqueo de capitales, sacar algunas más que también están en el sumario".

También señaló que si él fuera un "empresario normal" se estaría planteando si las patronales "van a defender a cualquier empresario que cometa cualquier delito" o, se preguntó, "¿hace falta que uno cometa un delito relacionado con el comportamiento del Consell y el uso del dinero público para que se vea defendido de esta manera?".

Luna, en los pasillos de las Corts Valencianes, aseguró que "algunos se están empezando a poner muy nerviosos con el tema de la querella", y apeló a estar tranquilo si se tiene motivos para ello y a "dar explicaciones", porque lo contrario es una manifestación de "debilidad".

El síndic socialista manifestó que los socialistas no van "ni contra los valencianos ni contra el empresariado" y recordó que, con la querella, "nosotros hemos puesto en conocimiento de los jueces unos hechos muy concretos y puntuales, que afectan a unas personas muy concretas y puntuales y que no nos hemos inventado", puesto que "están en informes muy sólidos de la brigada de blanqueo de capitales de la unidad de delitos económicos y fiscales" y "en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Luna se mostró "tranquilo" y advirtió que "nos pueden presentar todas las querellas, todas las denuncias por acusación falsa que quieran, porque nosotros no nos hemos inventado nada".

Asimismo, insistió en que han presentado la querella por el "compromiso ético y moral con los valencianos, con la sociedad y con la economía valenciana, para que se garantice el respeto a las reglas del juego" y porque "sabemos que tarde o temprano, determinadas personas que están en esa querella, empezando por el señor Camps, tienen que ser juzgados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por su carácter de aforados".

El portavoz socialista insistió en que su actuación responde a una "oposición responsable y no suicida" y emplazó a "los que acusan a los socialistas" a "tomar ejemplo" de este partido. Y en este sentido, citó los casos de Elche y Gandía, municipios cuyos alcaldes han puesto "sobre la mesa los expedientes de contratación".

Enfrente, criticó, "tenemos a un Consell que sigue ocultando a todo el mundo los expedientes mediante los cuales gestiona el dinero público".

"Si siguen atacando y amenazando", advirtió, sólo estarán poniendo de manifiesto "su debilidad, su falta de razones y su falta de fundamento".