miércoles, 27 de junio de 2018

Ximo Puig aparta a Jorge Rodríguez de la presidencia de la Diputación y propone a Toni Gaspar


VALENCIA.- El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apartará al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Así, Puig convocará al Secretariado del PSPV para "proponer la suspensión de todos sus cargos". 

En este sentido, el presidente de la Generalitat convocará a los órganos de dirección del partido competentes para proponer al actual vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Faura, Toni Gaspar, como nuevo presidente provincial. 
Puig pedirá también al Secretariado del partido la suspensión de militancia de Rodríguez, y por tanto, que sea apartado de la ejecutiva del PSPV de la que es portavoz.
Puig reacciona así después de que Rodríguez haya sido detenido hoy por la Guardia Civil acusado de un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La causa, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta antes la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por el grupo de Ciudadanos en la Diputación de Valencia.
En concreto, se investigan irregularidades en la contratación de siete altos cargos en 2015 cuyos nombramientos no pasaron por el consejo de administración de la antigua Imelsa, hoy Divalterra.

Comunicado íntegro de Ximo Puig sobre la detención de Jorge Rodríguez
Tras un día difícil en el que he compartido reflexiones con muchas compañeras y compañeros he convocado al Secretariado del PSPV y voy a proponer la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez. 
Con dolor, con tristeza, pero sabiendo que lo más importante es el interés general siempre, el interés de los valencianos. La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que hemos hecho todos para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del PP.
El PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Jorge Rodríguez. 
El PSPV ha sido contundente, ha luchado siempre, se ha arruinado por defender la legalidad y la lucha contra la corrupción. Así será siempre el PSPV.
Para garantizar la estabilidad de la Diputación de carácter inmediato, voy a proponer a la ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar sea el candidato a la presidencia.

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en una operación anticorrupción


VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana en el desarrollo de una operación contra la corrupción que coordina el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. 

Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard
Rodríguez está retenido en su despacho del Ayuntamiento de Ontinyent y Brines y Simón en la sede de la empresa pública.
La causa, cuyas diligencias están secretas, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia a raíz de la denuncia de un ex trabajador. 
Se investigan irregularidades en la contratación en 2015 de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, una de las empresas públicas más salpicada por los escándalos, ya que sirvió de tapadera a las irregularidades denunciadas por Marcos Benavent, el yonki del dinero, y que condujo a la detención del ex presidente Alfonso Rus
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mundo, la llamada Operación Alquería tiene más focos al margen de las siete contrataciones de 2015, tres de las cuales están extinguidas, aunque fueron adjudicadas a personas que ni fueron a trabajar. También se investigan también contratos duplicados, fraccionados para eludir el concurso y sin presupuesto previo ni vigilancia posterior.
En el marco de estas acturaciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. 
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que argumentaban que eran hecho al margen del consejo de la empresa pública. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas, según contestaron fuentes judiciales a los denunciantes.

Golpe político a Puig

La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.
De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.
Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial. 
También se destacaba por atajar radicalmente todos aquellos asuntos que pudieran tener alguna sombra de duda, como los que afectaron a José Manuel Orengo, actual asesor de Puig en Presidencia. Rodríguez cortó por lo sano y buscó la manera de deshacerse de Orengo como vicepresidente de la Diputación. Y lo logró.
Suya fue la iniciativa de tratar de cambiar el perfil de Divalterra, la sociedad pública dependiente de la Diputación de la que han provenido sus problemas judiciales.  
Divalterra es la heredera de Imelsa, centro de la corrupción en la etapa de su antecesor, Alfonso Rus.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.

Mata (PSPV): "Me cuesta creer un operativo así por unos contratos irregulares"

VALENCIA.- El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha dicho que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado un operativo como en el que ha sido detenido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de este partido, Jorge Rodríguez, y que "tiene que ser otra cosa" aunque ha pedido "cautela" y "prudencia". 

Mata ha reconocido su "sorpresa" por la detención de Rodríguez junto, al menos, otras dos personas más, y ha insistido en que detener a alguien "por haber hecho contratos de alta dirección mal" le parece "insólito".
"Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada", ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts.
Mata ha insistido en que "la versión que dan es porque hizo unos contratos mal en una empresa pública. Está mal pero no es esa corrupción. Puede haber unos contratos mal, enchufar a alguien, eso pueden ser un delito, pero la detención y los registros de domicilios es una medida muy extrema y tiene que ser otra cosa porque no puede ser eso".
"Lo que dicen no me lo puedo creer. Te puedo hacer un contrato para una empresa sin concurso público, puede ser irregular, puede ser prevaricación, pero por eso la gente no va a la cárcel, la inhabilitan pero no para registrar domicilios porque ¿qué buscan en los domicilios?", se ha preguntado.
Mata ha reiterado que desconoce los motivos que han llevado a la detención y ha asegurado: "Me cuesta creer que un operativo así se monte por unos contratos irregulares. Deben estar buscando otra cosa pero no lo sabemos. Mucha sorpresa y mucha cautela".

Una operación contra la corrupción

VALENCIA.- La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entrado este  miércoles en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y ha detenido tanto al presidente de la Corporación, el socialista Jorge Rodríguez. 

Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.
Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor.
Esta 'Operación Alquería' ha supuesto que el despacho del presidente haya sido precintado y también se estaría investigando dentro de las dependencias del departamento de informática.
El Juzgado de Instrucción nº 9 de València es el coordinador de la operación por una causa que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada “operación Alquería”, agentes de la UDEF han practicado registros tanto en la Diputación de València como en la empresa pública Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Jorge Rodríguez. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La investigación sigue abierta y se espera que los detenidos pasen esta noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores en la ciudad de València.
La investigación tendría su origen en una primera denuncia interpuesta por el PP el 29 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia que fue admitida a trámite el 2 de enero de 2017 y archivada el 4 de enero. 
Posteriormente, tras este archivo, la misma denuncia se presentó por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado.
El pasado mes de abril fue Ciudadanos el grupo que aportó una nueva denuncia sobre las contrataciones de altos directivos en Divalterra, que la Fiscalía añadió a las diligencias que ya venía desarrollando.

Ferraz se remite a su código ético ante la detención del presidente de la Diputación valenciana

MADRID.- La dirección del PSOE no se plantea tomar medidas contra el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que ha sido detenido por la UDEF en el marco de una operación contra la corrupción. En Ferraz se remiten al código ético que impulsó Pedro Sánchez y que establece en el momento de la apertura del juicio oral la suspensión de militancia. 

Fuentes de la dirección socialista se remiten a ese texto y aseguran que por el momento tendría que por el momento tendría que Rodríguez tendría que adquirir ese "carácter" de acusado ante un juicio para que el partido tomara medidas contra él. No obstante, dejan en manos de la dirección del PSPV de Ximo Puig la toma de otro tipo de medidas. Rodríguez es portavoz del partido en la Comunidad Valenciana. 
Esas mismas fuentes muestran, además, su "extrañeza" ante la detención policial ante un caso por "irregularidades procedimentales" en unas contrataciones y recuerdan que, se formularon con el informe contrario de los órganos pertinentes, pero que fueron revocadas por el propio Rodríguez, que ha sido detenido junto a un asesor y su jefe de gabinete. 
Horas más tarde de la primera reacción de Ferraz, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, que es el número dos de José Luis Ábalos en la dirección del PSOE, ha advertido de que están "a la espera de conocer todos los hechos y en el momento en el que se conozcan los detalles, si se demostrara que hay cualquier indicio de delitos vinculados con la corrupción, el PSOE actuará con contundencia, como siempre ha hecho en estos casos".

Golpe al atún rojo ilegal: redada en las lonjas de Madrid, Barcelona y Málaga


MADRID.- La Guardia Civil ha salido a la 'pesca' del atún rojo capturado de forma ilegal, al margen de las cuotas anuales establecidas por la Comisión Europea, en toda España. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona lanzó ayer una macrooperación, con registros y detenciones en mercados mayoristas como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla

Los agentes detuvieron a implicados en la trama durante varios de esos registros, como el de Mercamadrid. La operación seguirá abierta a lo largo de toda esta semana, por lo que no se descarta que los investigadores se personen en más mercados o empresas y arresten a más involucrados, según fuentes del Instituto Armado.
Los registros también han afectado al menos a diez empresas pesqueras y distribuidoras, según fuentes conocedoras de los hechos. Estas son: Roquetafish y Arrom (Barcelona), Pescnor (Valencia), Ricardo Fuentes y Pescados José (ambas en Murcia), Pescados Prado y Seifu (Madrid) y Lara (Málaga). 
También acudieron a recoger información a Petaca Chico (Cádiz), donde no hubo detenidos y los agentes permitieron seguir funcionando a la empresa con normalidad. La Guardia Civil también ha registrado Mercamálaga y otros puntos de venta mayorista en Almería o Valencia.
Fuentes del sector pesquero español explican que la sensación entre los operadores de este negocio es que la entrada en el mercado de atunes capturados fuera de las cantidades fijadas por Bruselas sigue existiendo. 
"Hasta 2007, cuando la pesca ilegal puso el atún en peligro por la sobrepesca, esto era una práctica extendida. Con las cuotas y el mayor control, bajó mucho. Pero en los dos últimos años notamos un repunte ya que quienes hacemos bien las cosas observamos que el atún legal es sustancialmente más caro respecto a otros atunes, también rojos. Algo ocurre", resumen las citadas fuentes.
La cuota para esta campaña de 2018 se situó en 28.000 toneladas para todo el atún rojo que se captura en Europa, de las que a España corresponden 5.000 toneladas. Las limitaciones a la pesca se establecieron en 2006, cuando se redujo drásticamente la captura -para permitir la supervivencia de la especie- hasta las 12.600 toneladas. 
Las mismas fuentes del sector consideran que tras la buena campaña de este año, las cuotas de capturas desaparezcan más allá de 2020 y se pase de una fase de conservación de la especie, a otra de gestión de la misma.
En España también se comercializa atún procedente de otros países extracomunitarios, como Marruecos, algo permitido siempre que el producto esté convenientemente identificado. 
El consumo de atún rojo en España se ha disparado en la última década y hoy día casi la mitad de lo que se captura en las aguas del Mediterráneo y Atlántico se queda en el país. Se acabaron por ahora los tiempos en los que el 95% del producto se iba directamente a Japón, entre otros mercados asiáticos.

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el exdirector general de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante elevó a definitiva la petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja murciano-alicantina, Modesto Crespo. 

También mantiene la petición de tres años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración. 
A todos les exime del pago de la responsabilidad civil.

Murcia, Cantabria y Valencia incumplen los plazos de pago con los autónomos

MADRID.- Cantabria, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más morosas hasta mayo e incumplen los plazos de pago con los proveedores autónomos.

Según un informa de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a cierre de mayo y comparado con el mismo período del año anterior, destaca por pronto pago el País Vasco (23 días de espera), Andalucía (27) y Navarra (28).

Las administraciones locales son las únicas que incrementaron la espera de los autónomos para cobrar las facturas pendientes, con más de tres meses de espera (95 días).

Vigo es el municipio mejor pagador (14 días), mientras Jaén tarda 589 días de media.

La diputación provincial más morosa es la de Cádiz (114 días de media) y Pontevedra es la que menos (17 días).

En su informe, ATA reconoce el esfuerzo que realizan las administraciones regionales para reducir los plazos "en contraposición" con la central y la local que han aumentado en el último año.

Recuerda que la trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Precisa que, aún teniendo en cuenta este detalle, las administraciones locales y la central incumplen la ley y tardan más de 60 días en efectuar el pago.

Los plazos medios de pago de las administraciones públicas son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017.

La media de las autonómicas ha sido la única que se ha visto reducido en el último año y se fija en 45 días.

Las administraciones locales pagan de media sus facturas en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017) y ATA aprecia que, "lejos de querer reducirlos, sigue poco a poco aumentando".

Indica que sólo tres comunidades autónomas están por encima de los 60 días de media de periodo de pago.

Cantabria es la que más tarda en pagar, unos 73 días, seguida de Murcia, con 66, y de la Comunidad Valenciana, con 63 días de media.

Por debajo de la media (45 días) está también Castilla y León (31 días), Galicia (33), Asturias (35) y Canarias (42).

Respecto a las diputaciones y tras la de Pontevedra, es la de ALaCoruña la que mejor paga, con 20 días de media, el mismo tiempo que la de Palencia.

 Algo más de tres semanas (24 días) esperan a cobrar sus facturas los autónomos que trabajan para las diputaciones de Salamanca y Córdoba y 25 días los que lo hacen para la de Huesca y el Cabildo insular de la Gomera.

Por debajo de 30 días de media pagan las diputaciones de Vizcaya (27 días) y Ciudad real (28 días).

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes
El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

El Foro de la Economía del Agua advierte que el modelo económico debe adecuarse a la escasez estructural

MURCIA.- El Foro de la Economía del Agua presentó este miércoles en Murcia ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, el Libro Blanco de la Economía del Agua, editado por McGraw-Hill Education, que analiza los desafíos de la gestión del recurso del agua tanto a escala global como doméstica. 

En España, el gran reto es gestionar la escasez estructural de agua en un entorno de necesaria adaptación al cambio climático, que agudiza y hace más imprevisibles eventos como el riesgo de sequías e inundaciones. 
Por eso, el Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de vincular los modelos de desarrollo económico y social con la insuficiencia crónica de agua, especialmente en una región como Murcia, donde a pesar de las recientes lluvias el nivel de agua embalsada apenas supera el 20% de su capacidad, mientras que en la cuenca del Segura la situación también es complicada, con un nivel de poco más del 30% (20 puntos por debajo de los promedios de los últimos cinco y diez años).
«La falta de agua es un factor limitante, pero no debe abordarse como un conflicto secular, sino como una oportunidad y un estímulo para el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación y el avance hacia un nuevo contrato social sobre el agua», explica el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara
«En Murcia se dan las condiciones para que la región se convierta en un modelo exportable de economía circular, aspecto en el que ya lidera, y de cómo gestionar el agua en una zona árida», señala el experto.
Para atender las necesidades de agua presentes y futuras, es crítico optimizar el agua disponible y diversificar las fuentes de abastecimiento, movilizando algunas que están infrautilizadas, no por dificultades tecnológicas sino por la falta de incentivos adecuados, como ocurre con el agua procedente de las plantas desaladoras o la reutilización de agua regenerada. 
Este desafío es extensible a toda España, donde un 20% de su territorio ya está desertificado y hasta tres cuartas partes en riesgo de desertificación.
Para abordar esta situación, el Foro de la Economía del Agua considera que se requiere importantes consensos sociales entre todos los actores clave: sociedad civil, sector público y sector privado. 
En este sentido, Delacámara considera que es saludable la decisión del nuevo Gobierno de integrar en un mismo ministerio Energía y Medio Ambiente. 
Para avanzar en el consenso necesario, entre gobernados y gobernantes, entre usuarios, el Foro considera que es imprescindible que se incluya la realidad del ciclo urbano del agua: aunque el consumo urbano solo represente el 14% de la demanda de agua, es en las ciudades donde se concentra la mayoría de la población en una tendencia que se va a incrementar en los próximos años.
Por eso, garantizar la seguridad hídrica de las ciudades es esencial en la gestión del agua a medio y largo plazo algo que debería estar por encima de intereses partidistas y territoriales, dada la magnitud del desafío. 
La seguridad hídrica se concibe como el resultado de garantizar que la disponibilidad de recursos renovables, en cantidad y calidad, permite atender las demandas presentes y futuras. Sin embargo, esto exige no solo reflexionar sobre la disponibilidad sino sobre la evolución sostenible de la demanda.
La gestión del agua es una gestión de conflictos de uso y sus crisis son crisis de gobernanza. Con el espíritu de crear un espacio independiente de debate donde abordar estos desafíos nació en 2016 el Foro de la Economía del Agua, bajo el auspicio de la Universidad de Alcalá y con la colaboración actualmente de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada y la editorial McGraw-Hill
Este esfuerzo ha cristalizado en el Libro Blanco de la Economía del Agua, que contiene, entre otras muchas, aportaciones de altos representantes de Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. 
La obra ha sido coordinada por Gonzalo Delacámara (en la imagen), el secretario del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, y el director del Foro de la Economía del Agua, José Carlos Díez.

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.
La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 
"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.
Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.
El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.
Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 
"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 
El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 
"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 
El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.
En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 
"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.
La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 
Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.
 
Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.
 
Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.
 
En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.
 
El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.
 
Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.


(*) Columnista