sábado, 23 de noviembre de 2013

Los arrastreros del Mediterráneo aseguran estar "al límite" por la aplicación del Reglamento europeo

VALENCIA.- Los armadores de arrastre de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares han denunciado este sábado durante la reunión que han mantenido en Valencia con la Confederación Española de Pesca (Cepesca) la situación "crítica y grave" por la que atraviesan debido a la aplicación del Reglamento comunitario del Mediterráneo, a la estricta política de inspección y control llevada a cabo por la Secretaría General de Pesca, a los altos precios del combustible y a los bajos precios del pescado en primera venta.

Así lo han puesto de manifiesto los 125 armadores de estas cinco Comunidades Autónomas que este sábado se han reunido con el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de Cepesca, Javier Garat y Rocío Béjar, para analizar la situación actual de la flota, los problemas que genera la aplicación del Reglamento europeo de medidas técnicas del Mediterráneo y el Reglamento de control y los retos que supondrá la entrada en vigor de la nueva Política Pesquera Común, en particular, la política de descartes, así como la nueva Organización Común de Mercados.
Asimismo, los armadores han decidido solicitar una reunión al Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como apostar por la unidad del sector y estrechar las relaciones con los científicos, en particular del IEO, para lograr las mejores evaluaciones posibles del estado de las poblaciones de peces.
En relación a las medidas técnicas, los armadores se han quejado de la obligatoriedad de llevar mallas de red con un torzal (hilo de la red) de 3 milímetros de grosor. Según denuncian, esta medida provoca dificultades en la maniobra en el proceso de arrastre, un aumento considerable de roturas de las redes por deterioro y merma en su capacidad de resistencia, la devaluación del precio de las capturas y un aumento de los descartes innecesario debido al deterioro causado por el uso de un hilo tan fino y cortante.
Con la normativa anterior, había que cambiar las redes cada tres años aproximadamente y, en la actualidad, se ven obligados a hacerlo cada 6 meses de media, con el grave perjuicio económico que conlleva, puesto que cada cambio de red supone entre 500 y 600 euros de coste económico.
Según ha informado Cepesca en un comunicado, los armadores del Mediterráneo están convencidos de que el impacto del tamaño del torzal en la selectividad del arte es tan mínimo que no compensa, ni mucho menos, los perjuicios que lleva asociados tanto económicos como de seguridad de los pescadores.
Este tipo de normas, además de las relacionadas con el Reglamento de Control de la UE, generan, a su juicio, dificultades en el cumplimiento que están provocando numerosas sanciones de las autoridades de inspección y control. "Los armadores se sienten agobiados por la presión inspectora que se está ejerciendo sobre ellos", agregan.
Por otro lado, Cepesca y los armadores han analizado la nueva Política Pesquera Común y los cambios que se van a producir a partir del año próximo. En particular, Cepesca ha informado sobre la nueva política de prohibición de descartes y que llevará a que en el Mediterráneo, todas las capturas de especies sujetas a una talla mínima tendrán que ser retenidas a bordo de los buques pesqueros, registradas y desembarcadas.
A partir del 1 de enero de 2015 se aplicará a las pesquerías de pequeños pelágicos, como sardina, boquerón, jurel o caballa y a partir del 1 de enero de 2017 para el resto de especies.
Cepesca también ha presentado la nueva Organización Común de Mercados y las oportunidades que ofrece al sector pesquero para mejorar la gestión de las pesquerías y la comercialización de las mismas. Ha resaltado el reforzamiento del papel de las Organizaciones de Productores (OPs) y ha animado a los armadores a que constituyan OPs y que utilicen los mecanismos ofrecidos por la OCM para mejorar los precios de primera venta y poner en valor la calidad y frescura de sus productos.
Asimismo, se ha debatido sobre el estado de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, insistiendo en la necesidad de estrechar las relaciones con los científicos españoles, en particular con los del Instituto Español de Oceanografía, con el fin de mejorar el conocimiento de las diferentes especies y conseguir las mejores evaluaciones posibles que permitan una buena gestión pesquera.
Por otra parte, los armadores han criticado los ataques injustificados de los "ecologistas radicales" al arte de arrastre, arte que, según defienden, es perfectamente sostenible con el uso adecuado del mismo en los fondos de arena, fango y limo donde opera nuestra flota y que permite capturar gran parte de las especies que se comercializan en España, como merluza, rape, salmonetes, bacaladilla, gamba roja y blanca, etc., dando empleo a miles de pescadores.
Por último, los armadores han decidido solicitar una reunión al Secretario General de Pesca del MAGRAMA y al Director del IEO, para poder informarles de primera mano de su problemática e intentar buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Asimismo, se han dado cuenta de la necesidad de apostar por la unidad del sector, resaltando el papel que juega y puede jugar Cepesca como interlocutor directo con la administración española, europea e internacional.

Miles de valencianos claman contra los recortes y la "ley de la patada en la boca"

VALENCIA.- Miles de valencianos se han manifestado hoy por el centro de Valencia para protestar contra los recortes en los servicios públicos esenciales y la "ley de la patada en el boca" que pretende aprobar el Gobierno para limitar el derecho de manifestación y huelga.

La marcha, secundada por unas diez mil personas según los organizadores, comenzó minutos después de las 18.00 horas, con una pancarta con el lema: "Utiliza tu fuerza, vamos a cambiar las cosas", portada por los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Francisco Molina y Conrado Hernández, junto a otros dirigentes sindicales y sociales.
Colectivos en defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos, afectados por las hipotecas y desahucios, plataformas de ayuda a la dependencia y trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), entre otros colectivos, han participado en esta manifestación que ha terminado en la plaza de América.
En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de UGT-PV, Conrado Hernández, ha afirmado que con esta movilización se pretende parar las políticas "antisociales" puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, y que también ha "acatado" Alberto Fabra en la Generalitat, que han recortado "los derechos de las personas que no tienen empleo, que sufren desahucios y que no cobran la dependencia".
Hernández ha calificado de "escándalo" la pretensión del Gobierno central de regular el derecho de manifestación y huelga: "Hemos de pararles (los pies) para que no avancen en medidas que van contra los derechos de la sociedad y sólo dejan precariedad y pobreza. Están dejando arruinado a este país y no podemos consentirlo".
Por su parte, el secretario general de CC.OO-PV, Francisco Molina, ha asegurado que la movilización de la sociedad civil es la "respuesta ante las políticas de recortes y ajustes. El PP tiene una mayoría parlamentaria legítima, pero la utiliza para hacer políticas que no ha refrendado en las urnas y gobernar en un fraude de ley permanente".
Para el líder de CCOO, la pretensión del Gobierno de regular el derecho de huelga y manifestación es un intento de "amedrentar a las familias que se rebelan en la calle" contra las políticas antisociales del PP y reclaman "otras políticas más justas, igualitarias, solidarias y eficientes con la resolución de la crisis".

El PSPV cree que Fabra "no se atreve" a dejar que sus diputados voten sobre prohibir la petición de indulto a corruptos

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Antonio Torres, ha asegurado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha vuelto a demostrar "su debilidad e incapacidad" al "no atreverse a dejar que sus diputados voten para evitar el indulto a los corruptos".

   En un comunicado, Torres ha lamentado que el PP no haya aceptado que el PSPV lleve al próximo pleno la proposición no de ley para prohibir que se pueda solicitar el indulto en casos de corrupción, que ha quedado aplazada a una próxima sesión.
   Al respecto, ha recordado el "bochornoso espectáculo" vivido esta semana a raíz de la recogida de firmas entre diputados 'populares' para solicitar el indulto del ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, condenado por prevaricación
   A su juicio, "ha quedado patente la falta de autoridad por parte del presidente Fabra, que no ha sido capaz ni de controlar ni mucho menos de sancionar a los diputados de su partido que han firmado" y ha incidido en que, "de nuevo, el problema interno que vive el PP se traslada a los valencianos, puesto que Fabra no acepta que se debata esta iniciativa en el próximo pleno con la intención de ganar tiempo e intentar volver a cohesionar un grupo incapaz de velar por los intereses reales de los ciudadanos".
   El portavoz socialista ha subrayado que "es bastante complicado que Fabra logre que sus diputados voten una proposición que probablemente acabará afectando a más de uno", al tiempo que ha recordado que el grupo 'popular' cuenta todavía con ocho diputados imputados "que en breve podrían convertirse en condenados por corrupción".
   "Fabra ya ha demostrado sobradamente no ser capaz de trazar esa línea roja de la que tanto presume en el parlamento valenciano, donde permite que acusados de gestionar indebidamente el dinero de todos los valencianos sigan sentados en sus escaños", por lo que "difícilmente podrá imponer ninguna autoridad a la hora de controlar sus actos o decisiones", ha incidido Torres.
   El 'síndic' del PSPV ha advertido de que los valencianos "ya no pueden aguantar ni un minuto más este espectáculo, sobre todo porque afecta directamente a su bienestar", y ha recorado que "la mala gestión del PP en los últimos casi 20 nos ha llevado a la ruina económica, pero también al desastre moral, que ni Fabra ni su partido serán capaces de recuperar".
   Por ello, le ha pedido que "haga caso al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y convoque elecciones anticipadas, porque es evidente que no es capaz de desbloquear esta situación de esperpento y ruina en que estamos instalados de forma permanente".

Más de 235.000 alumnos estudian actualmente en valenciano, el triple que en 1996

VALENCIA.- Un total de 235.648 alumnos de la Comunitat estudian actualmente en valenciano, el triple que en el curso 1995-1996, cuando lo hacían 74.277 escolares, según ha destacado la consellera de Educación, María José Català, cuando se cumplen 30 años de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

   En un comunicado, la titular de Educación ha destacado que la región es "un ejemplo histórico de convivencia de los dos idiomas cooficiales en el sistema educativo" y ha resaltado que en la Comunitat Valenciana "está garantizado el derecho constitucional de las familias a decidir la lengua de aprendizaje de sus hijos y las que optan por el valenciano va creciendo año tras año".
   Así, el número de alumnos que optan por el valenciano en los centros ha crecido un 277 por ciento en los últimos 16 años, en concreto desde el curso 1995-96, y el aumento más significativo se ha producido en Secundaria, ya que se ha pasado de 10.487 estudiantes a 65.692.
   El número de centros de Secundaria que ofertan enseñanza en valenciano ha crecido un 213 por ciento, pasando de 99 a 310. Actualmente el 51 por ciento de los centros de Secundaria y el 64 por ciento de los de Priamaria tiene algún programa en valenciano.
   Este curso los estudiantes en valenciano han aumentado un 2,7 por ciento respecto al pasado. Por etapas educativas, el incremento ha sido de un 3,2 por ciento en Primaria e Infantil, con 169.000 escolares que han optado por esta vía, y de un 1,7 por ciento en Secundaria, con 65.692 alumnos.
   Català ha incidido en que el objetivo del Consell es que los alumnos valencianos tengan al finalizar la enseñanza obligatoria "no sólo un dominio del valenciano, que es una de nuestras señas de identidad, sino también del castellano y de una lengua extranjera".
   La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con un sistema de enseñanza plurilingüe, en el que los alumnos estudian en valenciano, castellano e inglés. Este sistema fue puesto en marcha el curso pasado en Educación Infantil y en estos momentos 90.000 alumnos de la Comunitat ya están matriculados en este programa. A partir de 2015 el nuevo sistema educativo se implantará también en la Educación Primaria.
   Además, Educación ha catalogado el cien por cien de los puestos del personal docente de Secundaria con el requisito de valenciano para garantizar los programas de educación en esta lengua.
   De este modo, están catalogadas todas las plazas tanto de Infantil como de Primaria y Secundaria, completando la exigencia del conocimiento del valenciano en todos los niveles para garantizar que todo el profesorado tenga un dominio oral y escrito suficiente del valenciano como lengua curricular.
   Para ello, la Generalitat ha duplicado este curso el número de plazas ofertadas para que los docentes puedan obtener el Certificado de Capacitación en Valenciano o en Lenguas Extranjeras. En concreto, se ofertan un total de 8.000 plazas para realizar el curso de obtención del certificado o para presentarse de forma libre a las pruebas, el doble que el curso pasado.

La Comunitat Valenciana pierde en un año el 5,4% de personal en I+D

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana registró en 2012 un total de 18.889 trabajadores en Innovación y Desarrollo (I+D), 1.075 menos que el ejercicio anterior, lo que supone un descenso en un año del 5,4 por ciento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   De acuerdo al último informe sobre 'Gasto y personal en I+D' publicado por el organismo, en 2012 el personal ocupado en equivalencia a jornada completa en este sector ascendió a 18.889 personas, el 9 por ciento del total nacional, con una variación interanual del -5,4 por ciento.
   La tendencia negativa se reprodujo también en el gasto en I+D, ya que en 2012 llegó a 1.008 millones de euros, una cifra un 3,5 por ciento inferior a la de 2011.
   La estadística refleja la importancia de la educación superior en este ámbito, ya que el gasto interno en la Comunitat fue de casi 472 millones de euros y 9.650 trabajadores, más de la mitad del total. En cuanto a las empresas, el gasto fue de 422 millones y el personal, 6.787. Por último, la administración destinó 128 millones y 2.940 personas.
   En cuanto al esfuerzo realizado por cada región en relación al Producto Interior Bruto (PIB), la Comunitat se situó como la séptima autonomía, por detrás de País Vasco (2,19%); Navarra (1,91%); Madrid (1,82%); Cataluña (1,51%); Castilla y León (1,12%), y Andalucía (1,05). Por contra, las CCAA que realizaron menor esfuerzo fueron Islas Baleares (0,34% del PIB); Canarias (0,51%) y Castilla-La Mancha (0,64%).
   Además, las únicas comunidades autónomas que presentaron tasas positivas de crecimiento en el gasto en I+D respecto al año anterior fueron Castilla y León (7,5%) y País Vasco (2,4%). Por su parte, La Rioja (-15,3%), Canarias (-13,0%) y Castilla-La Mancha (-11,1%)  registraron los mayores descensos.

Fabra exige que se garanticen servicios básicos

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, ha exigido este sábado que "todos los españoles, vivan donde vivan, tengan garantizado el mismo nivel de servicios y con el mínimo nivel y calidad de prestación en educación, sanidad y políticas sociales, y el que quiera tener pizarras digitales, que se las paguen ellos".

   Así lo ha señalado en una jornada del PPCV sobre presupuestos en Castellón, en la que ha recalcado: "lo que no podemos consentir es que haya un ciudadano valenciano que no tenga garantizada la educación, la sanidad y las políticas sociales porque otros territorios están, con nuestro dinero, ofreciendo cosas que los valencianos no tienen".
   Fabra ha reivindicado de este modo que la reforma del sistema de financiación autonómica reporte una aportación más justa a la Comunitat Valenciana, algo que exigirán "desde la lealtad, pero también desde la determinación y la contundencia".
   En su intervención, también ha subrayado que "aquí no hay etiquetas del pasado, ya no caben discursos ni casposos ni anticuados", sino que "cada uno hoy es lo que hace, lo que dice y lo que es capaz de materializar".
   En este sentido, ha defendido que los 'populares' cumplen su "compromiso hacia las personas" y que "ante todo --y lo ponemos de manifiesto con decisiones complicadas, ha apostillado-- son las personas, la sanidad, la educación y las políticas sociales".
   "Y no hay nada más para el PP", ha recalcado Fabra, quien mantiene que "otros que quieran decir otra cosa, lo que tienen que hacer es sumarse a ese compromiso que tiene con las personas el PP y no andar diciendo justo lo contrario que estaban abanderando hace poco tiempo".

Compromís revela que Aerocas paga 1.000 euros al día por trabajos de consultoría e ingeniería

CASTELLÓN.- El diputado autonómico de Compromís, Josep Maria Pañella, ha revelado este sábado que Aerocas, entidad concesionaria del aeropuerto de Castellón, ha suscrito un contrato con la empresa IV Ingenieros Consultores SA con una duración de cuatro meses por el que paga 1.000 euros al día para la realización de documentos técnicos y revisión periódica de las instalaciones, inauguradas en 2011.

   Según el contrato al que ha tenido acceso la formación, firmado a fecha 1 de octubre de 2013, la concesionaria, presidida ahora por Patricia Llopis, contrata estos servicios externos de ingeniería por 30.000 euros mensuales. Por ello, desde Compromís han criticado que se externalice este servicio cuando la empresa "tiene una plantilla de trabajadores, en teoría técnicos, muy bien remunerados".
   El diputado ha explicado que IV Ingenieros Consultores SA ha sido la beneficiaria desde el 23 de diciembre de 2003 de un contrato de asistencia técnica, y sólo entre 2006 y mayo de 2013 se le han abonado 11 millones, cuando Aerocas, han recordado las mismas fuentes, "dispone de personal contratado en esa área".
   La diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra ha denunciado ya esta contratación, que se ha ido "prorrogando de forma sistemática de manera mensual" y desde la coalición han indicado que IV Ingenieros Consultores SA es una de las empresas que formaban la UTE a la cual Carlos Fabra adjudicó a dedo el plan de viabilidad del Aeropuerto en el año 1998.
   La otra empresa que formó aquella UTE fue Ingeniería de Castellón SA el administrador único de la cual es Rafael Llopis, esposo de la ex senadora del PP por Castellón Carmen Pardo y padre de la actual directora de Aerocas, Patricia Llopis Pardo, siempre según Compromís.
   En el año 2012 IV Ingenieros Consultores facturó al aeropuerto un millón de euros y hasta mayo de 2013 había facturado 338.800 euros en concepto de un contrato de asistencia técnica por la dirección de obra.