La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales

MÁLAGA.- La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha).

Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total. Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.

Según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.

Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.

La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA

El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).

A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Murcia (303,8), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones).

Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).

Propuestas para evitar la evasión fiscal

Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.

Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'.

Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.

Los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

La Ley no cumple su cometido

Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.- (Agencias)

(Playa de San Juan y Cabo de las Huertas, Alicante)

El IVEX organiza la participación valenciana en un Seminario del Banco Interamericano en Washington

VALENCIA.- El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), a través de su oficina en Nueva York, ha organizado una misión para participar en un Seminario sobre Cómo hacer Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se celebra estos días en Washington, según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

Los participantes en esta misión son seis representantes de las principales asociaciones y federaciones del sector de la construcción, consultoría y entidades financieras.

La directora general de Internacionalización, Mar Casanova, explicó que esta jornada "ofrece una gran oportunidad a las empresas valencianas para conocer las oportunidades de negocio a las que pueden acceder a través del Banco Interamericano, en países de América Latina y el Caribe".

Según Mar Casanova, "el IVEX trabaja siempre con el objetivo de facilitar al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana nuevos horizontes en su camino hacia la internacionalización".

Por ello, además de gestionar la participación en el Seminario del BID, las empresas valencianas mantendrán un encuentro de trabajo con el Consejero Comercial de España ante las Naciones Unidas, organizado por la oficina de IVEX Nueva York.

En este seminario se ofrecerá una guía de cómo acceder a los distintos contratos financiados por este organismo tanto en suministro de bienes, equipos, como en proyectos ligados a servicios de consultoría. Asimismo se ofrecerá a los participantes ejemplos prácticos de ejecución de un contrato y se estudiarán casos reales.

El Banco Interamericano de Desarrollo se creó en 1959 como una institución financiera multilateral para el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.

Sus programas de préstamos y de cooperación técnica apoyan estrategias y políticas para reducir la pobreza, impulsar el crecimiento sostenible, expandir el comercio, la inversión y la integración regional, promover el desarrollo del sector privado y modernizar el Estado.- (Agencias)

El abogado Diego de Ramón advierte al BCE de la falta de liquidez de la CAM por concentrar excesivo riesgo inmobiliario

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha enviado un escrito al BCE en el que advierte de la actual “falta de liquidez” de las cajas de ahorros que operan en la Región de Murcia y del incumplimiento de sus fines sociales, explicitando el caso de la alicantina CAM, tanto primera entidad de crédito y ahorro en la Comunidad Valenciana como en la región vecina.

El Fondo Monetario Internacional insistía recientemente, en un informe, en que España será uno de los países europeos que más notará el endurecimiento de las condiciones de crédito de los bancos como consecuencia de las recientes turbulencias financieras, e influenciada por el rápido crecimiento de la vivienda.

Según este estudio, para hacer frente a esta crisis, se tienen que mejorar los modelos de evaluación de riesgos, los procesos de diligencia y la transparencia en la creación de instrumentos a partir de préstamos. Además, a fecha de enero de este año las hipotecas en España rozaban los 900.000 millones de euros y se acercaban al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

En esta concesión de créditos hipotecarios inmobiliarios, las cajas de ahorro han llevado la delantera a los bancos. Según el abogado murciano Diego de Ramón, estas entidades están haciendo una competencia desleal a los bancos, y ha solicitado al Banco Central Europeo que se informe “de la falta de liquidez” de las cajas que operan en España, antes de darles el préstamo de 3.000 millones de euros que éstas van a pedir a través de la sociedad gestora ‘Ahorros y Titulaciones’ -compuesta por Ahorro Corporación y la Confederación Española de Cajas de Ahorro-.

De Ramón considera que la petición de esta sociedad de gestión “podría ser una forma de eludir a las agencias de calificación crediticia”, lo que puede representar un desafío en las actuales circunstancias del mercado. Para el letrado, se debe limitar el poder de las cajas, al haberse excedido en el riesgo inmobiliario; que de prolongarlo u acomodarlo en préstamos, podría suponer el encarecimiento de los futuros créditos a los usuarios.

En el año 2006, las cajas emitieron activos por una cuantía de un 41,81% -una cantidad mayor que los bancos-, según datos de la asociación Hipotecaria Española.

Otro dato a tener en cuenta, es que las cajas han pasado de ser los mayores inversores a convertirse en los grandes emisores de deuda en los últimos cinco años, “para dar salida al espectacular crecimiento hipotecario”.

El abogado murciano también denuncia el incumplimiento de los beneficios de las cajas que operan en la Región de Murcia en cuanto a las inversiones sociales, a la cuáles están obligadas por ley, y cuestiona la transparencia en el destino de los fondos de esta obra social. El motivo, según De Ramón, se encuentra en que las cajas, a diferencia de los bancos, no tienen que rendir cuentas a accionistas sobre su capital social y económico.

En este sentido, el escrito dirigido a la institución monetaria europea apunta, como dato relevante, que la CAM ha decrecido el porcentaje de su gasto en obra social, pese al crecimiento de los beneficios; siendo la mitad del de otras entidades nacionales como Caixanova, La Caixa, Caja Cantabria o Caja España

Por todo ello, para De Ramón, no comprobar estos datos supondría “darles liquidez económica a una entidades que se han excedido en su riesgo de concentración de crédito inmobiliario, y la posible falta de inversiones sociales adecuadas (que tendría que ser objeto de investigación) que equivaldría a una competencia desleal con los bancos de los 27 países de la UE.

Responsables de excesos

Por otra parte, el letrado murciano considera que el Banco Central Europeo debe tener en cuenta, a la hora de conceder el préstamo, la resolución de la Eurocámara del 21 de junio de 2007, donde se hace una crítica muy dura sobre el urbanismo extensivo en la costa mediterránea española, y advierte de los abusos sobre los derechos de los ciudadanos.

De Ramón ha denunciado ante diversas instituciones nacionales y comunitarias, que siempre financian “de forma monopolística” los macroproyectos urbanísticos en la Región las mismas cajas de ahorro. En esta línea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la CAM era propietaria de Hansa Urbana, inversora de mil millones de euros en Nova Carthago, una urbanización sobre la que la Fiscalía del TSJ murciano ha abierto diligencias en las que investiga la recalificación de más de cinco mil millones de metros cuadrados.

Por ello, el abogado reclama que no se debe dar “cobertura de liquidez” a quienes han fomentado dicho desbordamiento, y que “si las cajas han sido las responsables financieras de los excesos urbanísticos, deben ser penalizadas con no darles los préstamos”, ya que lo contrario iría en contra de los propios actos del Parlamento Europeo, que han condenado “la codicia urbanística” en la Comunidad Valenciana, donde opera la CAM.

Sobre los análisis que han hecho las agencias de calificación de riesgos en la CAM, a su juicio, indican que hace falta contrastarla o supervisarla por las autoridades monetarias, "ya que desconocemos los parámetros que se han fijado previamente para emitir dichos informes, pues es extraño que no recojan la falta de liquidez ni otros puntos negativos, como la morosidad, la dependencia del mercado financiero externo, la búsqueda de capitales y el exceso de concentración de crédito hipotecario para el mercado inmobiliario".

Para el letrado murciano, ademas, "dichos informes han sido pagados por la propia CAM" y reflejan un grado de transparencia total, "que resulta extraño cuando todas las entidades financieras inglesas y norteamericanas ya admiten y reflejan grandes pérdidas mientras la CAM "florece" sin tener ningún punto negativo".

Finalmente Diego de Ramón indica al BCE que "hace falta una supervisión de transparencia para los mercados nacionales e internacionales por agencias de calificación no pagadas por la CAM, y si no se facilita haría falta pedir que presentase la dimisión todo el equipo representativo politico de la CAM, con su Presidente a la cabeza, tanto el nombrado por Valencia como el nombrado por el de Murcia (Vicente Sala y Ángel Martínez), y examinar de forma exhaustiva a los responsables funcionarios de la Comunidad Autonoma de Valencia, por su falta de celo en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia legal, que tienen como supervisores de la legalidad en las Cajas de Ahorro".