El Gobierno regulará los productos financieros abusivos o complejos

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo "regulará" los productos financieros abusivos o subproductos debido a la "complejidad" del mercado y ha apuntado que serán medidas "preventivas" a la hora de firmar una hipoteca.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que ayer trató este tema con la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que mantuvieron para analizar el problema social de los desahucios y allí ya conversaron sobre la necesidad de regular estos productos.

   "Ayer nos anticipamos a lo que se ha conocido hoy. Desde el Gobierno teníamos la preocupación de que a esos subproductos hay que darles un tratamiento específico por la complejidad del mercado financiero", ha afirmado.

   También ha explicado que "no son medidas paliativas", sino "preventivas a la hora de constituir una hipoteca" e irán dirigidas a cómo hacer que las cláusulas sean "equilibradas para el acreedor, para el deudor", para hacer que los productos puedan ser conocidos o incluso eliminar determinados subproductos de naturaleza abusiva. "Eso es uno de los puntos que van a analizar los expertos de ambas partes", ha insistido.

   La vicepresidenta también se ha referido a la reunión que mantuvo ayer con Valenciano para analizar el problema social de los desahucios y ha recordado que llegaron a la conclusión de que hay que "proteger" los núcleos familiares que, "por circunstancias de la crisis o la pérdida del empleo de uno de los dos miembros de la pareja" se ven abocados dejar de pagar la hipoteca teniendo hijos a su cargo.

   También se velará por las unidades familiares de las que dependan mayores con pensiones pequeñas y que, por pérdida del empleo, tengan que abandonar su vivienda.

   "Nos fijamos en estos ámbitos para analizar las posibilidades en relación a los umbrales de exclusión o a la necesidad de adoptar medidas particulares para esas familias que han devenido, sin responsabilidad por su parte, en una situación económica peor y que encima tienen cargas familiares que hacen que la situación de tener que salir de su casa sea mucho más traumática", ha agregado.

   La 'número dos' de Mariano Rajoy ha matizado que ahora será un grupo de expertos el que continúe con el proceso de análisis teniendo en cuenta cómo trata la legislación a los puntos familiares y ha insistido en que habrá que diferenciar entre aquellas unidades que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", ha apostillado.

   En cuanto a los plazos en los que se podrían poner en marcha estas medidas, la vicepresidenta ha manifestado que se ha planteado una tramitación de urgencia y ha avanzado que incluso se ofreció la posibilidad de aprobarlo por decreto ley en el caso de que se llegue a un acuerdo.

   Además, ha adelantado que el grupo de expertos está convocado "el mismo lunes" para continuar con los trabajos en esta línea y ha confiado en que las marcha de las negociaciones sea "buena", porque quieren ir "sin prisa pero sin pausa".

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".

   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.

   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.

   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.

   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).

   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.

   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.

   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.

   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.

   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.

   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.

   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.

   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.

   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".

   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.

   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

El Gobierno valenciano no aguantará "ni un año más" la financiación

VALENCIA.-   El consejero valenciano de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha subrayado que desde la Generalitat no están "dispuestos a aguantar ni un año más el modelo de financiación" autonómica. "Ya está bien, hasta aquí hemos llegado", ha destacado el consejero, quien ha señalado que se trata de "una injusticia estructural" que es "absolutamente intolerable".

   Vela ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, donde ha presentado las cuentas de su departamento para 2013. "Ante las situaciones injustas hay que rebelarse", ha subrayado.

   Al respecto, ha criticado que mientras Andalucía ha recibido este año 300 millones más de los Presupuestos Generales del Estado, la Comunidad ha contado con 174 millones menos, lo que ha tildado de "injusto", sobre todo porque sucede "en el peor momento posible, cuando caen estrepitosamente los ingresos".

   El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 2013 asciende a 167,8 millones, lo que supone un 16 por ciento menos respecto a 2012 "dentro del marco de austeridad y contención del gasto". A juicio de Vela, las cuentas de la Generalitat para 2013 son "difíciles, como difícil es la situación", pero ha destacado que son "realistas  y posibles, que no caen en la tentación de ofrecer a los ciudadanos más de lo que podemos".

   Vela ha recordado que su antecesor en el cargo, Gerardo Camps, al presentar los presupuestos, siempre decía que "todo lo que sube, tiene que subir; y todo lo que baja, tiene que bajar". Sin embargo, ha señalado que en su caso solo puedo decir que en las cuentas para 2013 "todo lo que tiene que bajar poco, baja poco; y lo que tiene que bajar más, baja más", porque "nos guste o no nos guste, los ingresos se han desplomado, y el presupuesto se hace a partir de los ingresos".

   En otro momento de su intervención el Consejo ha valorado que el Fondo de Liquidez Autonómico se prorrogue en 2013 y ha subrayado que espera y desea que "pronto" haya un segundo Plan de Pago a Proveedores.

   Entre otros programas de su departamento, el titular de Hacienda se ha referido a la Central de Compras, con la que se prevé un ahorro de más de 60 millones anuales cuando este plenamente operativa. Por otro lado, ha anunciado que durante 2013 se abordarán las tareas de negociaciones del marco financiero de la cohesión para 2014-2020.

  José Manuel Vela también se ha referido en su intervención a la finalización de las obras de remodelación del complejo administrativo 9 de Octubre --en la antigua cárcel modelo--. Sobre este asunto, ha indicado que los traslados se realizarán durante el primer trimestre de 2013 y que se reubicarán un total de 4.000 funcionarios.

   Asimismo, ha explicado que tras la reubicación de las distintas dependencias administrativas "serán denunciados o rescindidos parte de los contratos en vigor" y, por otro lado, "se seguirá con la política de revisar a la baja la renta de los contratos que, ante la carencia de espacios en propiedad, no sean susceptibles de desalojo".

   Además, ha comentado que, en materia de tecnologías de la información, se pondrá en marcha el proyecto 'La Generalitat Clau', que consistirá en la instalación de "los equipamientos y las tecnologías más avanzadas" en el complejo 9 de Octubre. De esta forma, se pasará de tener más 600 servidores físicos, "obsoletos", distribuidos en la 'conselleries' a menos de 100 en el nuevo complejo, lo que supondrá un ahorro estimado de 1,5 millones de euros anuales.

   Respecto a la venta de edificios ha recordado que el de Navarro Reverter se vendió por 105 millones de euros, "lo mismo que ha costado la construcción del complejo 9 de Octubre". Asimismo, ha destacado que no están dispuestos a "malvender" inmuebles porque "no los vendemos porque necesitemos dinero, sino porque no los necesitamos".

   El consejero también ha hecho hincapié en que durante el próximo ejercicio continuarán con el "camino marcado" en el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas. Además, se implantará el Plan para la Reducción del Absentismo Laboral, que va a tener un impacto económico cifrado en más de 18 millones en su primer año.

   Por su parte, los diputados de los grupos de la oposición han tildado de "irreales" y "de miseria" los presupuestos de la Generalitat. Asimismo, el parlamentario socialista Julián López ha criticado que estas cuentas contemplan una caída del 0,6 por ciento y el Gobierno del 0,5 por ciento, pero  "no se lo cree nadie", por lo que teme que esto obligará al Consejo a subir los impuestos o a hacer "más recortes".

   La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha expresado su "profunda decepción" porque estas cuentas "irreales" demuestran que los dirigentes del Gobierno valenciano han sido "irresponsables durante estos años de crisis económica". Del mismo modo, el portavoz adjunto de EUPV Ignacio Blanco ha señalado que son presupuestos "falsos, raquíticos, de miseria y antisociales".

   Blanco, durante su intervención, ha mostrado a Vela una solicitud que ha presentado en su Consejería para pedir el informe del decreto ley de reestructuración del sector público que, a su juicio, supone "el demantelamiento del sector público como paso previo a la privatización de lo que quede". El titular de Hacienda le ha respondido: "si usted ha pedido el informe, lo tendrá".

Pedroche pensó que Ejecutivo y Banco de España escribían el "guión" de Bankia

MADRID.- El expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP), que ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como imputado en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha declarado que "siempre" pensó que "estaba representando un guión escrito por otros", en referencia al Gobierno y el Banco de España, según informaron fuentes jurídicas.

   Tanto Pedroche, que era consejero del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, cuando se produjeron los hechos investigados, como el consejero de Bancaja a propuesta del PSOE, Remigio Pellicer, han asegurado ante el juez que no tuvieron información sobre el agujero contable de Bankia hasta mayo de 2012, cuando se enteraron por la prensa de la crisis que precipitó la salida del presidente de la entidad, Rodrigo Rato.

   Pedroche, que percibió una remuneración de 204.000 euros en 2011 por su labor en el BFA, ha defendido que tanto las cuentas de marzo pasado, que arrojaban un balance de beneficios  de 305 millones, como las reformuladas en mayo, que contemplaban unas pérdidas de 2.979, reflejaban "una imagen fiel de la sociedad".

   De igual modo, ha señalado que las cuentas se reformularon debido al cambio de criterio contable que adoptó la auditora Deloitte y que los miembros del Consejo de Administración de Bankia las aprobaron por fidelidad al nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y sentido de responsabilidad.

   En relación con la dimisión de Rato, ha señalado que éste explicó a los consejeros que pensaba que no era la persona más idónea para seguir dirigiendo la entidad. A su salida de la Audiencia Nacional el expresidente de la Cámara madrileña ha asegurado estar tranquilo. "Lo estaba antes y lo estoy ahora. ¡Buena suerte!", ha dicho.

   Pellicer, por su parte, ha reconocido que entró en la Comisión de Auditoría de Bankia a pesar de no contar con estudios ni conocimientos sobre finanzas o contabilidad, en la línea con lo declarado este martes por la también vocal del BFA, Mercedes Rojo, que tenía estudios de Farmacia.

   Por esta razón el exconsejero, que se embolsó el año pasado un total de 302.000, ha apuntado que llegó a manifestar sus dudas sobre la conveniencia de aceptar el cargo aunque al final le nombraron sin consultarle.

   En otro punto del interrogatorio el compareciente, que es empresario del sector del mueble, ha asegurado que el Consejo de Administración era consciente de que el rescate y la nacionalización de la entidad suponían la pérdida por parte de las cajas de sus participaciones en el BFA. "No cabía otra opción, era sí o sí", ha explicado, según han indicado fuentes personadas en la causa.  

   Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

   A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La Unió se ve obligada a dejar las dependencias de Agricultura tras un día de "encierro" que se salda "sin acuerdo"

VALENCIA.-   Los miembros de la Comisión Ejecutiva de La Unió de Llauradors que han protagonizado un "encierro" durante toda la jornada de este jueves en la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua se han visto obligados a dejar esas dependencias en torno a las 20.00 horas, tras haber mantenido diversos contactos con la titular del ramo, Maritina Hernández, que se han saldado "sin acuerdo" acerca del compromiso de pago de la deuda de 120 millones que exigían.

  Desde la organización agraria señalan que el "desalojo" se ha producido "de forma pacífica, sin incidentes", mientras que fuentes de la Generalitat indican que "solo se les ha invitado a abandonar el edificio a la hora del cierre".

   La Unió reclamaba "un compromiso de pago de la deuda similar al ofrecido a los farmacéuticos", pero lamenta que finalmente "no ha habido un compromiso serio y firme" por parte de la Conselleria de cuándo podría abonar esa deuda pendiente.

   "Únicamente se ha planteado abonar siete millones de euros, lo que no alcanza ni el 10 por ciento del total de la deuda, hasta finales de año", explican las mismas fuentes, quienes apuntan que esas ayudas adeudadas afectan a "unas 25.000 personas y familias de la Comunitat".

   Desde La Unió relatan que los miembros de su ejecutiva de han optado por encerrarse en la sede de Agricultura para exigir un compromiso de pago de las ayudas pendientes a los agricultores y ganaderos valencianos y tenían intención de pasar la noche allí.

   Por su parte, fuentes de la Conselleria han explicado que la organización agraria solicitó este miércoles, mediante un escrito por registro de entrada, una reunión con Maritina Hernández para tratar los impagos del Consell, una petición que, según insisten, "no ha dado tiempo" a contestar cuando este jueves los miembros de su ejecutiva se han presentado en la sede de Agricultura exigiendo ser recibidos.

   Así, los miembros de La Unió han sido recibidos en su despacho por la subsecretaria, Amparo Montoro, a la espera de que la consellera pueda atenderles, dado que para este jueves tenía programadas tres reuniones oficiales "que tiene que atender".

   Han destacado también desde Agricultura que no se ha producido ningún "encierro" y que, tal y como ha ocurrido siempre, la organización agraria tiene las puertas "abiertas" para reunirse con Hernández siempre que deseen, siguiendo los cauces habituales.

   De hecho, posteriormente han confirmado que Hernández les ha recibido y ha mantenido "varios contactos a lo largo del día" con ellos, en los que "han hablado de todos los temas que reivindicaban" y han trasladado a la titular de Agricultura que pretendían permanecer en la sede de la Conselleria, donde han estado "hasta que a las 20.00 horas se les ha dicho que tenían que salir", según las mismas fuentes.

   La organización agraria constata que, en torno a las 15.00 horas, la consellera les ha recibido en una primera toma de contacto que se ha prolongado hasta las 14.30 horas, cuando Maritina Hernández ha abandonado el encuentro para comer. La reunión se ha retomado en torno a las 17.00 horas, aunque una hora más tarde ha vuelto a suspenderse, dado que la consellera tenía compromisos oficiales que atender.

   Su secretario general, Ramón Mampel, ha reivindicado a la salida de la Conselleria que "lo mismo que el conseller de Sanidad ha anunciado un plan de pago a las farmacias mes a mes, la de Agricultura podría haber hecho lo mismo con el sector agrario", y ha criticado que les considere "ciudadanos de segunda" pese a ser "un sector estratégico tanto económica como social y medioambientalmente".

   Además, asegura que La Unió "va a seguir reclamando el pago de las ayudas, algunas incluso pendientes desde 2009", y emplaza al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que "sea capaz de transmitir al sector agrario valenciano un calendario de pagos que evite el abandono de más explotaciones agrarias" después de la desaparición de más de 108.000 en la última década y de que, "en sólo seis años, han dejado de cultivarse 40.000 hectáreas".

   Desde La Unió han explicado que en estos momentos la Generalitat debe al sector agrario 120 millones de euros, de los cuales 24,5 corresponden a ayudas nominativas a los agricultores por incidencias climatológicas, renovación de maquinaria, planes de mejora de las explotaciones, lucha contra las plagas o reconversión de cítricos.

   Otros 55 millones corresponden a ayudas agroambientales, agricultura ecológica y 40,5 millones de deuda comprometida con las comunidades de regantes, a las que no paga desde septiembre de 2010, según las mismas fuentes.

   En total, la organización calcula que hay aproximadamente 25.000 personas o familias a las que la Generalitat le debe algún tipo de ayuda agraria. "Exigimos que la Conselleria diga públicamente el día concreto en que pagará la deuda al sector", han insistido desde La Unió.

   Por su parte, la diputada autonómica de EUPV Esther López Barceló ha mostrado su apoyo a la protesta, ya que la principal consecuencia de esta deuda será "la muerte sin remedio del campo valenciano". Así, ha instado al Consell a que "atienda de una vez por todas al sector y sus reivindicaciones" y ha anunciado que presentará iniciativas parlamentarias al respecto. Entre ellas, la modificación de unas cuentas que dejan Agricultura entre "las que menos tiene para 2013".

Camps espera transmitir el valor del "esfuerzo" en la UCV a sus alumnos

VALENCIA.-   El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, espera transmitir el valor del "esfuerzo" a los alumnos a los que va a impartir un máster en la Universidad Católica de Valencia y éstos le piden que "rinda al cien por cien". 

   Camps se ha expresado de esta manera a su llegada a la universidad, y se ha mostrado "encantado" con poder impartir parte de este máster --en el campo de derecho civil-- para investigadores universitarios que vayan a realizar un doctorado.

   El exjefe del Consell ha llegado 10 minutos antes de que diera comienzo su primera clase en el máster --de 17 a 21 horas--, acompañado del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y director de su tesis doctoral, Vicente Garrido Mayol, con la que este pasado mes de febrero obtuvo una nota de sobresaliente 'Cum Laude' en la Universidad Miguel Hernández --con el tema de la elección de diputados en circunscripciones uninominales--.

   Uno de sus alumnos, Juan Manuel Martín, considera que Camps puede aportar "muchas cosas" porque "reúne los requisitos para dar clase" y le pide que "rinda al cien por cien".

   Martín ha asegurado que tiene "buenas expectativas" en la tarea de Camps como docente y ha recordado que con el Plan Bolonia los alumnos evalúan a los profesores.

   Otra de las alumnas, Paula Arévalo, considera "curioso" que Camps vaya a dar una clase en su doctorado, dada la "repercusión de su caso". En este sentido, ha apuntado que la política y la docencia "no tienen por qué ir de la mano" y que, más allá de su trayectoria en la política, Camps "puede ser un buen profesor".

   Así, esta alumna considera que "siempre se puede aprender algo nuevo" y "disfrutar" de las enseñanzas que les pueda ofrecer. Además, Arévalo ha señalado que ya ha asistido a otras clases con un político como profesor, como ha sido el caso del diputado 'popular' en las Corts, Ricardo Costa.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.

   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.