domingo, 8 de abril de 2012
La Comunitat Valenciana es la autonomía en la que se vendieron más viviendas a extranjeros en 2011
VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la autonomía que más viviendas vendió a ciudadanos extranjeros en 2011, con un total de 10.730 transacciones, según los datos que maneja la comisión técnica para promocionar la vivienda de segunda residencia en Europa impulsada por las consellerias de Infraestructuras y Economía e integrada por administraciones, cámaras oficiales, colegios oficiales y promotores.
El último informe del Observatorio Valenciano de Vivienda respecto a las estadísticas del Consejo General del Notariado revela que en 2011 se vendieron a extranjeros más de 10.730 transacciones viviendas, una cifra que supera las 9.300 transacciones de 2010 y las 7.400 de 2009.
El valor total estimado de estas ventas ascendió a 1.515 millones de euros en 2011, cantidad que también sobrepasa la alcanzada en años anteriores, con 1.431 millones en 2010 y 1.225 millones en 2009, ha informado la Generalitat en un comunicado.
Las 10.730 viviendas vendidas el año pasado a extranjeros sitúan a la región como la autonomía líder en España en transacciones de inmuebles realizadas por ciudadanos de otras nacionalidades. Así, la Comunitat Valenciana representa el 30,6% de las ventas de inmuebles a extranjeros de toda España, muy por delante de las siguientes autonomías con mayor porcentaje, Andalucía (19,2%) y Cataluña(14,9%).
Además, Alicante es la provincia española con mayor número de transacciones a extranjeros, con más de 9.200, seguida de Málaga, con más de 4.600 ventas, y Baleares, con más de 2.700 viviendas vendidas.
En cuanto a las nacionalidades, británicos, rusos y noruegos son los ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat destina el 19,5% de su presupuesto anual al pago de sueldos del personal docente
VALENCIA.- La Generalitat valenciana destina el 19,5% de su presupuesto anual al pago de las retribuciones del personal docente de la Comunitat, lo que representa un montante total de 2.684 millones de euros.
Así lo ha indicado la consellera de Educación, Formación y Empleo, Mª José Català, quien ha explicado que estas cifras suponen dedicar casi uno de cada cinco euros del presupuesto autonómico a pagar sueldos de profesores. A su juicio, esto "muestra la gran importancia que para la Generalitat tiene ofrecer una enseñanza de calidad a todos los alumnos de la Comunitat".
Català ha detallado que anualmente la Conselleria destina 2.112 millones de euros a las retribuciones de los profesores de los centros educativos públicos y 572 millones a los profesores de los centros concertados, lo que supone el 63,6% del total del presupuesto de este departamento, ha informado la Generalitat en un comunicado
Además, ha destacado "el gran esfuerzo inversor" del Consell en materia educativa, dado que la Generalitat destina 4.219 millones de euros a la educación, lo que supone el 30,7% de su presupuesto total. Estas cifras sitúan a la Comunitat, según las mismas fuentes, como la autonomía española que más invierte en educación y por encima de la media nacional, del 21,2 por ciento.
Actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con más de 58.000 docentes entre funcionarios de carrera e interinos, para atender a 784.191 alumnos repartidos en 1.657 centros educativos públicos. A estas cifras hay que añadir los 15.489 profesores de 418 centros privados concertados.
La dotación de personal ha aumentado en los últimos diez años en torno a un 20%, hasta superar los 51.000 docentes con plaza definitiva, "sin que se haya adoptado ninguna decisión que merme estas plantillas, puesto que no hay que confundir el ajuste retributivo realizado con la dotación de plantillas", han señalado desde la Generalitat.
Por lo que respecta a nuevas adjudicaciones, Català ha señalado que desde el 1 de enero se han adjudicado más de 2.300 plazas, y ha apuntado que se destinan 63 millones de euros anuales a sustituciones de baja por incapacidad temporal.
En concreto, el pasado año se registraron 15.732 bajas, lo que supone un índice de incidencia del 29% sobre el total de la plantilla.
Por último, la consellera ha destacado la nueva orden de calendario escolar que está siendo consensuada con la comunidad educativa y que pretende "superar algunas disfunciones que se venían produciendo, adaptar la normativa a las nuevas exigencias sociales y agilizar determinados procedimientos".
En su opinión, la nueva norma dotará al sistema de una herramienta "más moderna, flexible y adaptable para los retos que se proponen", especialmente la mejora del éxito escolar, que requiere "la colaboración de toda la comunidad educativa y la implementación de medidas innovadoras, sobre la base de la autonomía y la responsabilidad de los centros docentes".
Entre las principales novedades, ha recordado la posibilidad de que el centro pueda implantar jornada lectiva de mañana y tarde durante los meses de junio y septiembre, adelantar las pruebas de septiembre a finales de junio y julio, ofrecer clases de refuerzo para los alumnos que lo necesiten en el mes de julio o establecer la jornada continua para aquellos centros que lo soliciten.
Johnson cree que las condiciones de alternancia del Gran Premio en Valencia y Barcelona se cerrarán antes de junio
VALENCIA.- La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, ha expresado su esperanza de que las condiciones en las que se desarrollará la alternancia de la Fórmula 1 en Valencia y Barcelona se cerrará antes del próximo mes de junio, cuando se celebrará el Gran Premio en la capital del Turia. "Creo y espero que se cerrará antes de junio; se está ultimando en qué condiciones se hará la alternancia en el futuro", ha señalado.
La titular de Turismo ha dicho que la decisión de compartir la prueba "es una medida que se toma tanto en España como en otros lugares del mundo".
Para la representante del Gobierno valenciano, hay que "poner en valor un producto al que se debe mirar de manera global". De este modo, "España tiene un gran premio de Fórmula 1 muy potente, un año en un circuito tradicional y otro en un trazado urbano".
Ha agregado que el país "sigue estando en el circuito y asegurando la capacidad del Gran Premio de España de atraer a muchísimos visitantes" y ha defendido que la alternancia es "una buena decisión si dos grandes premios no tienen el soporte de los seguidores".
Sobre si hay buena sintonía en las conversaciones con la Generalitat de Catalunya, Johnson ha dicho que "sí, no hay ningún problema" por un "sentido práctico y de analizar la situación del momento".
Preguntada por si, debido a la crisis, ha llegado el momento de sustituir los grandes proyectos por una política de turismo cultural, la consellera ha contestado: "hay que ser ambicioso en el mejor sentido de la palabra".
"Cuando hablamos de nuestra política cultural nos referimos en buena parte a poner en valor lo que tenemos y eso no es incompatible con el desarrollo de grandes eventos deportivos y culturales que suponen una generación directa de ingresos y promoción de la Comunitat", ha explicado.
Por ello, ha sostenido que se trata de "dos líneas de actuación que se pueden y deben trabajar perfectamente y que son complementarias". No obstante, ha reconocido que "es verdad que la situación exige ser mucho más exigentes con una línea que con otra".
"Tenemos que ser muy exigentes, más aún de lo que ya hemos sido hasta ahora, a la hora de apoyar determinados grandes eventos", ha dicho la responsable de Turismo, que ha insistido en que "no hay que renunciar a una cosa para apoyar a otra, sino que cada una necesita un grado de intensidad".
Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales
QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.
El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.
Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.
La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".
Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".
"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.
Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.
"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.
El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".
Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.
El Golfo de Valencia registra un seísmo de 3,1 grados a 50 kilómetros de la costa
VALENCIA.- El Golfo de Valencia ha registrado este domingo un seísmo de 3,1 grados en la escala de Richter a 50 kilómetros de la costa, que ha sido imperceptible en tierra, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y del Instituto Sismológico Nacional.
El epicentro se ha registrado a una profundidad de 10 kilómetros y ha sido imperceptible en tierra, por lo que no se han detectado daños ni ha habido llamadas relacionadas con este fenómeno al 112, han confirmado las mismas fuentes.
Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *
Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.
Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.
La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.
En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.
De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).
De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)
Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.
Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.
La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.
En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.
De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).
De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)
Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.
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