Compromís asegura que a Camps se le debe "aplicar el Código Penal como a todos los españolitos"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se le debe "aplicar el Código Penal como a todos los españolitos" y ha asegurado que las declaraciones que ha realizado en las que pide a Fiscalía que se le aplique la 'doctrina bono' o 'doctrina Chaves' para que se archive la 'causa de los trajes' son "un reconocimiento, en toda regla, de su culpabilidad".

   Según ha indicado Oltra en un comunicado, "a Francisco Camps lo que se le tiene que aplicar es el Código Penal, como a todos los españolitos. Con estas desafortunadas afirmaciones, el presidente de la Generalitat muestra, por una parte, su menosprecio a las reglas de nuestro sistema democrático reclamando una actuación política que le libre de la acción judicial y, por otra, que sabe que no tiene argumentos que rebatan las numerosas pruebas que hay sobre los regalos que ha recibido de la trama Gürtel".

   Para la parlamentaria de Compromís, "al mismo tiempo todo esto evidencia el grado de nerviosismo en que está instalado el presidente Camps por la conclusión de la investigación de la causa de los trajes y la inminencia de la apertura del juicio oral contra él".

   En opinión de Oltra, "el desasosiego de Camps se entiende en cuanto que su partido no ha hecho oficial su candidatura a la Generalitat para las elecciones del próximo mes de mayo y sabe que un auto contundente del juez Flors y la apertura del juicio oral acabarán con sus aspiraciones políticas".

Colomer pide una reunión "urgente" con Aerocas para conocer la "grave" situación de la sociedad

CASTELLÓN.- El portavoz socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, ha enviado este jueves una solicitud por escrito al director de la promotora de aeropuerto de Castellón (Aerocas), Juan García Salas, para una reunión "urgente" con el fin de conocer con detalle la "grave" situación económica que atraviesa la sociedad "con la intención de ofrecer toda la colaboración para sacar adelante esta infraestructura", ha dicho. 

   Para Colomer, "esta colaboración nunca puede ser a cualquier precio, porque nuestro objetivo es garantizar que lleguen a Castellón todos los turistas posibles, y no arreglarle el negocio a nadie". En este sentido, considera "fundamental" partir de la premisa de que "el cambio de modelo de gestión que pone ahora sobre la mesa Carlos Fabra no suponga ni un día de retraso en la puesta en funcionamiento del aeropuerto".

   Según ha recordado, el propio Fabra aseguró en el pleno de la Diputación del martes que el aeropuerto "está totalmente terminado", y por este motivo, Colomer preguntará en Aerocas "por qué no se han remitido ya al Ministerio las solicitudes pertinentes para poner en marcha cuanto antes esta infraestructura".

   Para Colomer, "la improvisación que se está viendo días tras día, hasta el punto de que hoy se habla incluso de un ultimátum que habrían dado las empresas privadas impulsoras del aeropuerto poniendo como fecha tope el 31 de marzo para buscar una solución económica al proyecto, reflejan claramente la grave situación en la que se encuentra la infraestructura meses antes incluso de ponerse en funcionamiento".

   Colomer insiste en ofrecer "la máxima colaboración para sacar al   aeropuerto de la situación sumamente grave en la que se encuentra con el objetivo de garantizar su puesta en funcionamiento, porque los profesionales que viven directa o indirectamente del turismo no entenderían ningún retraso, y menos fruto de una mala planificación por parte de los gestores".

   El dirigente socialista ha recordado que el presidente de la Diputación se negó en el pleno del martes a explicarle cómo está la situación, lo que le ha llevado a solicitar por escrito la reunión urgente con Juan García Salas para conocer el estado real en el que se encuentra la infraestructura, tanto desde el punto de vista económico, como de los permisos pendientes de solicitar y la ejecución de las obras.

   "Si las cláusulas acordadas en su día ya resultaban una sangría para las arcas públicas --los gestores se comprometieron con las empresas a garantizarles el pago de seis euros por cada uno de menos de los 600.000 pasajeros que esperan al año--, ahora este coste puede ser mucho mayor si se plantea el rescate, cuando la Generalitat no tiene dinero ni para pagar a los funcionarios, con lo que el futuro del aeropuerto está más en el aire que nunca", ha apuntado Colomer.

   Por todo ello, ha afirmado: "basta ya de fracasos, basta de ineficacia y de prepotencia. Es el momento de poner freno a la decadencia que amenaza el futuro de Castelló y cambiar las cosas, el 22 de mayo, para iniciar una nueva etapa de consenso y cooperación que necesita la provincia para garantizar un futuro próspero".

El juez abre juicio oral contra Bellver por prevaricación urbanística en el caso del Jardín de Monforte

VALENCIA.- El juzgado de instrucción número 1 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, y cuatro funcionarios municipales por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa, en relación con la autorización para la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.

   El magistrado ha tomado esta decisión, que consta en un auto fechado a 27 de enero de 2011, después de que el ministerio fiscal solicitase la apertura de juicio contra Bellver, para el que ha solicitado una pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.

   En el escrito, el juez señala como órgano competente para la tramitación de esta causa a un juzgado de lo Penal y emplaza a los acusados para que comparezcan en la causa con un abogado y un procurador en el plazo de tres días, transcurrido el cual se les nombrará de oficio. También pide al Ayuntamiento de Valencia que presente un escrito de defensa con sus derechos después de que el fiscal también haya pedido la nulidad de una resolución que le afecta.

   Tras este paso, el juez dará traslado de las actuaciones a las defensas de los acusados para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de defensa. En caso de presentarlos se entenderá que se oponen a la acusación formulada, siguiendo su curso el procedimiento.

   Por último, el magistrado indica que contra este auto no cabe recurso alguno a excepción del aspecto relativo a la situación personal de los acusados, contra la que cabe recurso de reforma y/o apelación directa o subsidiariamente en el plazo de tres días, si en bien en el segundo supuesto el plazo es de cinco.

El instructor de la 'causa de los trajes' concluye las diligencias del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, ha dictado una providencia en la que declara practicadas todas las diligencias acordadas en esta fase del procedimiento que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PPCV por un supuesto delito de cohecho impropio, y concede a las distintas partes un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la apertura de juicio y formulen escrito de conclusiones provisionales.

   Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor que investiga si Camps, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, supuestamente recibieron trajes como regalo de la empresa Orange Market, vinculada a la 'trama Gürtel'.

   Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

   Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.

El Banco de España defiende normas que garanticen la supervivencia de las entidades crediticias

MADRID.- El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, ha defendido una regulación financiera internacional que garantice la supervivencia de las entidades en "escenarios extremandamente duros" y tras tener que afrontar "pérdidas inesperadas".

   Durante la jornada 'La banca tras la reestructuración, desafíos y oportunidades en un nuevo escenario', organizada por PWC y el IE, Roldán explicó que la crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto que las probabilidades de que se materialicen escenarios oscuros "era mayor de lo esperado" inicialmente.

   En este sentido, explicó que la crisis ha dejado patente que había muchísima actividad financiera que estaba cubierta por un volumen de capital insuficiente, y que ahora es necesario tener en cuenta desviaciones del escenario previsto mayores de lo esperado, ya que los mecanismos de resolución de crisis con que contaban las entidades por su cuenta no han bastado.

   El responsable de Regulación del Banco de España sostuvo que la regulación internacional de Basilea III introduce una mayor exigencia que pretende evitar que la siguiente crisis sea tan grande como la sufrida. 

 "Queremos no tanto solucionar esta crisis como evitar que la siguiente sea tan grave", enfatizó Roldán. "Es una exigencia de prevención a largo plazo", agregó.

   Roldán prefirió no referirse a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el sistema financiero español que establece mayores requisitos de capital adelantándose a la implantación de las exigencias de Basilea III.

Las Fallas inician los trámites para convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012

VALENCIA.- La fiesta de las Fallas ha iniciado el expediente para poder ser declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Será un proceso largo que tendrá como objetivo conseguir la designación en 2012, aunque lo importante no es tanto la fecha como lograr el reconocimiento a una tradición que "sostiene un importante legado cultural a su alrededor". 

   Así lo ha asegurado a Europa Press el vicepresidente de la Junta Central Fallera (JCF), Jorge Guarro, quien ha especificado que este jueves ya se va a abrir la ronda de reuniones que el organismo festero va a mantener con instituciones culturales, como el Consell Valencià de Cultura, ayuntamientos, juntas locales y expertos para elaborar un informe "bien argumentado".

   En este primer encuentro, asistirán representantes de las universidades de València y Politécnica de Valencia. También se ha solicitado la colaboración de una catedrática de la UV que participó en la declaración de La Patum de Berga. "Vamos a recabar toda la ayuda para hacerlo bien y que próximamente podamos celebrar que la fiesta    es Patrimonio de la Humanidad", ha subrayado.  

   El representante de la JCF ha recalcado que la petición no se limitará a las Fallas de Valencia sino a todos aquellos festejos falleros que se desarrollan en otras poblaciones de la Comunitat y también en puntos del extranjero, como Argentina.

   Asimismo, ha estimado que el expediente será "largo" --al menos un año y medio o dos, ha precisado-- y ha explicado que, aunque el impulsor es el Ayuntamiento de Valencia, tendrá que ser trasladado a Madrid porque es el Estado el interlocutor de la Unesco, como organismo internacional.  

   Este portavoz ha puesto de relieve que los responsables municipales están "convencidos" de que las Fallas cumplen los requisitos para obtener la declaración, al tiempo que ha recordado que según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial "los usos sociales, rituales y actos festivos" entran dentro de ese ámbito.  

   En este sentido, ha resaltado que las fiestas josefinas "conservan una serie de tradiciones muy importantes en ámbitos como la indumentaria o la artesanía". Ha puesto como ejemplo el espolín, tejido manualmente en telares del siglo XVIII. Tampoco hay que olvidar, ha apuntado, la existencia de una literatura típica fallera.

Las cajas de ahorro españolas, quizá menos "sociales" con la reforma

MADRID.- Las cajas de ahorro, el sector más débil del sistema bancario español, deben refinanciarse con urgencia apremiadas por el Gobierno e incluso convertirse en bancos, pero esta reforma podría amenazar su importante papel social, estiman los expertos. 

Estas fundaciones, que no tienen afán de lucro ni propietarios, ni cotizan en Bolsa, son herederas de los montes de piedad del siglo XVIII y siguen siendo poco conocidas por los inversores extranjeros, aunque engloban a la mitad del sector financiero del país.

Su fin es "distribuir obligatoriamente un 50% de los beneficios a reservas", explica un portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

También dedican de forma voluntaria cerca del 25% de los ingresos a obras sociales: "bibliotecas, centros de Alzheimer, programas de formación para el empleo, ambulancias, centros culturales...", detalla una portavoz de Caja Madrid, la caja más antigua de españa, fundada en 1838.

La acción social "es la esencia de las cajas", asegura la CECA.

En 2009 las cajas destinaron 1.776 millones de euros a ello, lo que según la CECA generó 1.425 millones de riqueza adicional. Sus obras sociales suponen 33.600 empleos directos e indirectos.

Las cajas, que llevan el nombre de la región o provincia de donde son originarias (Caja Canarias, Caja Tarragona, Caja Burgos...) y están controladas por las instituciones locales, durante mucho tiempo trabajaban en sus lugares de origen y se dedicaban a las operaciones bancarias más sencillas.

Les llamaban "bancos para pobres", resume Fernando Fernández, profesor de la IE Business School de Madrid.

A partir de 1978 fueron autorizadas a operar en todas las regiones y ofrecer los mismos servicios que los demás bancos.

Durante el 'boom' inmobiliario español prestaron fondos sin límite hasta que a finales de 2008 el sector cayó y quedaron fuertemente afectadas, el doble que los bancos.

Pero su imagen sigue siendo positiva debido a su acción social: "Es un valor añadido", reconoce la fuente de Caja Madrid, donde uno de cada dos madrileños tiene una cuenta: "Mucha gente de las cajas es cliente por este fin social".

"Los clientes lo valoran mucho en España", corrobora Jorge Salvey, profesor de IESE Business School.

Pero en un momento en que el gobierno ha dado a las cajas hasta otoño para financiarse de forma privada o con una nacionalización parcial para conseguir un total de 20.000 millones de euros, hay "un peligro real" de que estas obras sociales queden amenazadas, estima Alfonso Novales, economista de la Universidad Complutense de Madrid.

La crisis hizo caer los beneficios de la cajas y las fusiones del año pasado, que han reducido estas entidades de 45 a 17, van a "disminuir todavía más" sus ganancias, explicó.

Además, la entrada de inversores privados "afectará evidentemente al reparto de beneficio y por lo tanto al dinero que se dedica a obra social, porque habrá más accionistas", reconoce Caja Madrid.

"La obra social (...) quedará más temprano que tarde a discreción de unos accionistas para los que la prioridad será maximizar sus dividendos particulares", observó el diario Público (izquierda) en un editorial.

Las obras sociales "son vestigios de un país pobre, rural, atrasado, en que el Estado no tiene recursos ni capacidad de hacer acción social", mientras que "en una economía moderna parece lógico que sea el Estado" el que se encargue de ello, según Fernández.

Un juez estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca

MADRID.-   La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.

   El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

   Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

   En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

   La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

   La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

   En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las 'hipotecas basura' del sistema financiero norteamericano".

   No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

   Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la 'dación en pago'.

   La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.