Once puertos, entre ellos Valencia y Castellón, se conectarán a la red ferroviaria para mejorar su competitividad

MADRID.- Un total de once puertos de las comunidades de Galicia, Andalucía, Cataluña, Valencia se han comprometido a conectarse a la red ferroviaria para mejorar su competitividad y fomentar el transporte de mercancías en tren.

   Se trata de los puertos de Vigo, Marín-Ría de Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Huelva y Bahía de Algeciras.

   El ministro de Fomento, José Blanco, presidió en la sede del Ministerio la firma de los correspondientes convenios entre Adif y estos puertos para impulsar su conexión por tren.

   Adif y Puertos del Estado no cuentan aún con el monto al que ascenderá la inversión que deberán realizar para la construcción de los enlaces por tren de estas instalaciones portuarias. Este importe surgirá de la definición conjunta de las correspondientes conexiones.

   La unión por tren de los puertos es una de las actuaciones que contempla el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario que desarrolla el Ministerio de Fomento. El objetivo último de este plan es que la cuota del tren en el transporte de mercancías alcance el 10% en el horizonte del 2020 y convertir a España en una "plataforma logística intercontinental".

   Tras la firma de los correspondientes acuerdos entre Adif y los distintos puertos, Blanco subrayó la importancia de "romper el aislamiento de los puertos" para lograr "cadenas de transporte competitivas y sostenibles".

   "Ello nos hace más fuertes y sienta las bases para un crecimiento sólido y sostenible", subrayó el ministro tras resaltar la importancia para la economía de contar con un sistema de transporte "competitivo, sostenible y eficiente".

   El titular de Fomento destacó que la inclusión de los puertos en la red ferroviaria será aun más importante tras la ratificación por parte de la UE de la construcción de cinco corredores españoles ferroviarios que suponen la construcción de líneas de tren de mercancías en ancho AVE.

   "Ello permitirá que las mercancías que lleguen a los puertos españoles se puedan transportar hasta Europa sin necesidad de cambiar de tren", destacó Blanco.

   Según el ministro, los puertos canalizan el 80% de las importaciones y "más del 50%" de las exportaciones, dado que un millón de toneladas entran y salen cada día de las instalaciones portuarias españolas.

Compromís se opone a la modificación del PGOU que afecta a los terrenos del nuevo estadio del Valencia

VALENCIA.- El portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, ha mostrado este lunes su oposición a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a los terrenos del nuevo estadio del Valencia, en la avenida de las Cortes Valencianas. 

   Por ello, en la Comisión de Urbanismo celebrada esta jornada en el consistorio ha votado en contra de la aprobación provisional de dicha modificación. Este punto se incluía en el orden del día atendiendo a la sentencia número 1226 de 9 de junio de 2011 por la cual la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaraba nulo el planeamiento urbanístico en esta parcela, según ha informado Compromís en un comunicado.

   Este grupo municipal ha considerado que de este modo se "ponía en evidencia la manera de actuar de la actual Concejalía de Urbanismo". Ribó ha comentado que "con esta modificación, el PP demuestra nuevamente que todavía está instalado en la edad de oro de la burbuja y la especulación urbanística" y que "no ha aprendido ni de las sentencias ni de la situación social y de crisis que estamos sufriendo".

   Ha recordado que "en su día", Compromís criticó "duramente esta operación por entender que se trataba de una parcela que formaba parte del patrimonio municipal del suelo y que se cedió a una entidad privada con fines particulares para la construcción de un estadio de fútbol". Ha agregado que "al final también servirá para la construcción de un hotel, cuando esta parcela en el PGOU estaba destinada a usos deportivos".

   "La confusión entre usos, su edificabilidad y todo lo que comporta, nos hacen sospechar de esta operación", ha añadido Joan Ribó. Tras ello, ha señalado que "el fondo de la sentencia 1226 no era sólo meramente formal, sino que también pone en cuestión el uso malévolo del planeamiento urbanístico del PP, que está pensado para beneficiar sólo a unos cuántos y no la ciudadanía en general". 

"Hoy, en la Comisión de Urbanismo, se ha vuelto a ver", ha destacado el edil.

   Ha apuntado que de la modificación que el PP ha aprobado este lunes encuentra "muy preocupante" todo lo que respeta al acceso de peatones al nuevo estadio "puesto que, según el ingeniero jefe de Tráfico, éste será de 1,5 a 2,5 metros debido a la construcción del hotel".

   Ribó ha afirmado que esto supone "un gravísimo estrangulamiento comparado con los 15 metros del resto de la avenida de las Cortes Valencianas" y "un paso del todo insuficiente para un gran estadio como el que debería ser el nuevo Mestalla". 

"Ha pensado el señor Bellver y su equipo los problemas que este estrangulamiento puede suponer para las miles de personas que accederán habitualmente al estadio", ha preguntado el portavoz de Compromís.

Entidades locales tendrán que remitir al Síndic de Comptes los contratos de obras que excedan los 600.000€

VALENCIA.- El sector público local de la Comunitat Valenciana tendrá que remitir a la Sindicatura de Comptes los contratos de obras y de colaboración con entidades privadas, así como las concesiones de obras públicas, cuya cuantía supere los 600.000 euros, IVA excluido.

   Esta es una de las consecuencias del acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a esta institución de control de la información contractual del sector público local.

   En el acuerdo, que publica este lunes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) recuerda que la Sindicatura se encuentra inmersa en un proceso progresivo de implantación de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que contribuyan a una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones.

   Añade que en el ámbito del sector público local es donde actualmente se ha alcanzado un mayor nivel de desarrollo, dada la existencia de una plataforma para la rendición de cuentas, que se ha constituido en colaboración con el Tribunal de Cuentas y otros órganos autonómicos de control externo.

   Por ello, agrega el texto oficial, datado del 17 de octubre, se ha considerado "necesario" regular la remisión por el sector público local --que incluye a las entidades locales que conforman el territorio de la comunidad autónoma, sus organismos autónomos, las empresas públicas dependientes y cuantas entidades estén participadas mayoritariamente por aquéllas-- de la información relativa a su actividad contractual.

   De este modo, los titulares de los órganos de contratación del sector público local, o los presidentes o secretarios de los mismos en el caso de que sean colegiados, deberán remitir, antes de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, la información contractual, a cuyo efecto cumplimentarán a través de internet un modelo prefigurado y adjuntarán copia certificada en PDF del contrato.

   La remisión de la información se hará en el caso de contratos de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuya cuantía exceda de 600.000 euros, IVA excluido; contratos de suministros de cuantía superior a 450.000 euros, y contratos de servicios y contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000 euros, también sin IVA.

   Si se trata de contratos mixtos, procederá su remisión cuando la suma de todas sus prestaciones supere los 150.000 euros e, igualmente, en relación con los contratos señalados en el apartado anterior, se comunicarán, en el trimestre siguiente al que se hayan producido, determinadas incidencias.

   Con independencia de la información señalada, la Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación adicional en relación con cualquier contrato celebrado. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.

   Asimismo, se faculta al síndic major para dictar actos y adoptar las medidas que consideren oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente instrucción.

   La entrada en vigor de esta instrucción se producirá este martes, un día después de su publicación en DOCV, "en relación con todos los contratos que se formalicen a partir de esa fecha", concluye el acuerdo.

La Comunitat registra 2,6 millones de pernoctaciones hoteleras en septiembre, un 7,4% más

VALENCIA.-  Los hoteles de la Comunitat Valenciana registraron 2,6 millones de pernoctaciones en septiembre, lo que supone un aumento del 7,4 por ciento respecto al mismo mes de 2010, mientras que los precios descendieron un 1,9 por ciento, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Los datos indican que la Comunitat es uno de los destinos favoritos de los viajeros residentes en España, con una tasa interanual de pernoctaciones del 7,2 por ciento; por detrás de Cataluña, con una tasa del 8,4 por ciento.

   El principal destino elegido por los no residentes volvió a ser Baleares. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros aumentan un 13,2 por ciento. Le siguen Cataluña, con una tasa interanual del 10,7 por ciento, y Canarias, con un incremento del 15,6 por ciento.

   Baleares también es la Comunidad Autónoma con el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes de septiembre (81,7%). Le siguen Canarias (71,4%) y Cataluña (64,1%).

   Las zonas turísticas con mayores grados de ocupación y pernoctaciones se sitúan de nuevo en las islas y costas. Mallorca presenta el mayor grado de ocupación por plazas (83,9%), el mayor grado de ocupación por plazas en fin de semana (83,8%) y el mayor número de pernoctaciones, con 6,2 millones en septiembre.

   Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones son Barcelona, Madrid y Calviá (Mallorca). Otra localidad mallorquina, Santa Margalida, alcanza tanto el grado de ocupación por plazas más elevado (90,5%), como el de mayor grado de ocupación en fin de semana (92,9%).

Rivera (C's) ve el Estado Autonómico como un "frankenstein" en el que todo está "fragmentado"

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha denunciado este lunes que el Estado Autonómico es como un "frankenstein" en el que todo está "fragmentado" y hay diferentes "entes" que lo gestionan pero que, a su vez, ninguno forma parte de un todo.

   En la jornada 'Problemas de una nación', organizada por Alianza Estudiantil en la Universidad Carlos III de Madrid, Rivera ha asegurado que el actual modelo autonómico "no es sostenible" debido a que se ha dividido como resultado de haber cedido competencias "a golpe de pacto".

   Así, el líder de Ciudadanos ha denunciado que el Estado Autonómico se haya hecho para favorecer a los dos grandes partidos políticos y se ha mostrado partidario de eliminar duplicidades administrativas siempre y cuando, ha apostillado, se haga desde la "lealtad constitucional".

   "Hemos construido un frankenstein a trozos. Por un lado, como el monstruo, tiene buenos propósitos pero también puede acabar matando", ha comentado Rivera para insistir en la necesidad de modificar el modelo autonómico para que, a la vez de estar descentralizado, sea "sostenible".

"Hay que conseguir crear una España descrentralizada compuesta únicamente por el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos", ha subrayado.

    Dicho esto, el presidente de Ciudadanos ha instado al PP y al PSOE a reformar la Ley Electoral para "desbloquear" las listas y poner "en el eje de la política" a los ciudadanos. A su juicio, es necesario que las formaciones políticas realicen un proceso de primarias para elegir a sus candidatos ya que, en la actualidad, "cualquier asociación de vecinos" es ya "más democrática" que cualquier partido político.

   "Hay que quitar poder a las cúpulas, dar más transparencia a los partidos, desbloquear las listas y hacer un sistema que obligue a los partidos a ser más democráticos. Con la actual ley no es posible que los partidos minoritarios nos convirtamos en una alternativa real y potente", ha destacado para asegurar que eso se conseguiría si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se dieran "la mano" para llevar a cabo esas reformas.

   Por último, Rivera se ha mostrado partidario de reformar el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC) y del Ministerio Fiscal para que dejen de ser designados por los partidos políticos y pasen a ser elegidos por los propios jueces o profesionales de la abogacía.

UPyD propone reducir administraciones y organismos públicos

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) propone en su programa electoral ahorrar 26.000 millones de euros en mejorar la gestión de las comunidades autónomas, a lo que se unirían otros 14.000 millones suprimiendo diputaciones provinciales y fusionando ayuntamientos, así como medidas de lucha contra el fraude fiscal para recuperar el 7 por ciento de recaudación impositiva que se pierde cada año. Con todo, según asegura el partido, se podría recaudar hasta un 11 por ciento más del PIB.

   Así lo han explicado este lunes los números dos y tres en las listas de UPyD por Madrid, Carlos Martínez Gorriarán y Álvaro Anchuelo, respectivamente, quienes han presentado el programa de la formación de cara a las próximas elecciones generales, que está centrado en una solución a la "crisis económica y política" de nuestro país.

   Según Anchuelo, el problema "más acuciante" es la crisis de la deuda y el déficit públicos, sobre lo cual "hay que plantearse si son necesarios parlamentos autonómicos con tantos diputados o gobiernos regionales con tantas consejerías". Además, ha advertido de que hay "muchos organismos públicos duplicados que no hacen una función a los ciudadanos", como las delegaciones que tienen las comunidades en el exterior.

   En su opinión, mejorar la gestión autonómica, unido a la supresión de las diputaciones y la fusión de ayuntamientos pequeños supondría un ahorro de 40.000 millones de euros, que representan un 4 por ciento del PIB.

   Además, UPyD se plantea un "ambicioso programa" de lucha contra el fraude fiscal, que actualmente representa un 20 por ciento del PIB. Según el dirigente del partido magenta, recaudando la mitad de este porcentaje ya no sería necesario recortar de "partidas más sensibles" como la sanidad y la educación.

   Pero UPyD también propone modificar el sistema fiscal actual, del cual opina que es "muy injusto", ya que las grandes rentas "apenas pagan impuestos". Así, sugiere que se revisen todas las exenciones y deducciones además de establecer un impuesto para las grandes fortunas, igualar la tributación de las rentas y el capital, acabar con los privilegios de las sicav y armonizar los impuestos dentro de España para que no haya "desigualdades" de unas comunidades a otras.

   En este sentido, también considera necesario igualar lo más posible en todo el territorio la renta mínima de inserción porque ve "discriminatorio" que un parado en el País Vasco cobre una renta muy superior a uno que tribute en Extremadura.

   En cuanto al sector financiero, el partido que dirige Rosa Díez propone una "urgente despolitización de las cajas de ahorros y del sector en general para introducir "gestores realmente profesionales", además de devolver al Estado las ayudas públicas recibidas así como "limitar drásticamente o eliminar" las indemnizaciones, bonificaciones y privilegios de los cargos de las cajas saneadas.

   Gorriarán ha explicado que, en todo caso, lo "más urgente" es una reforma del Estado centrada en cambiar la Constitución para avanzar hacia un Estado federal "fuerte" con competencias exclusivas en educación, sanidad, justicia y medio ambiente que "garantice a todos los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar de España".

"La UE tiene más control sobre los Estados miembros que el Gobierno español sobre las comunidades autónomas", ha apuntado.

   Para el número dos de las listas de UPyD por Madrid, es "irracional" tener 17 sistemas educativos y sanitarios, ya que al final resultan ser "más ineficaces, caros e injustos que uno sólo igual para todos".

   En cuanto a la sanidad, Gorriarán cree que la atención debe ser la misma en toda España para cualquier ciudadano y ha rechazado la implantación de un "copago" universal para todo el país. A su juicio, una medida como esta debería fijarse, si llega el caso, en función de la renta de cada ciudadano para no caer en desigualdades sociales.

   Para UPyD, la devolución de las competencias de sanidad y educación al Estado, y dejar la gestión a las comunidades autónomas, es condición "irrenunciable" en caso de que el partido tenga la llave del futuro gobierno de España, como hizo también en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, junto con una reforma de la Ley Electoral que su diputada, Rosa Díez, ya ha reclamado en el Congreso durante la pasada legislatura.

   Por ello, Gorriarán ha rechazado de plano la propuesta que hizo hace unos días el líder del PP, Mariano Rajoy, consistente en reducir de 350 a 300 el número de diputados. A su juicio, esta medida "empeoraría las desigualdades que ya existen" en el sistema de votación.

   Para solucionar el problema del desempleo, UPyD propone un contrato único indefinido con indemnización por despido creciente con el tiempo, que facilite la contratación de trabajadores y proteja más eficazmente a todos. En su opinión, los contratos temporales deben ser "excepcionales, sólo para sustituciones" y el momento de la jubilación debe ser "flexible y voluntario".

   Asimismo, considera necesario que desaparezcan las "trabas burocráticas" para fundar empresas, dando también apoyo fiscal a los emprendedores, además de "erradicar la morosidad pública que arruina a pymes y autónomos".

El TSJCV abuelve a Bellver de prevaricación urbanística

VALENCIA.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido absolver al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver, y cuatro funcionarios más del consistorio del delito de prevaricación del que les acusaba la Fiscalía por autorizar la construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), sin el informe de la Dirección General de Patrimonio.

   De esta forma, absuelve a Bellver y a los funcionarios María José Gasull, arquitecto técnico de la oficina de Planeamiento; Juan Antonio Altés, jefe del servicio; Pedro García Rabasa, secretario adjunto del área de Urbanismo y Juan Casañ, jefe del Servicio de Circulación y Transportes del consistorio, todos ellos con alguna participación en el expediente que fue firmado el 24 de junio de 2004 por el edil, por delegación de la Junta de Gobierno, tras pasar por los informes de distintos servicios y recibir dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Pleno, donde solo hubo abstención de la oposición en relación a la reserva de plazas para residentes.

   En una resolución de 23 páginas, dada a conocer este lunes, la sala afirma que no ha apreciado "el más mínimo indicio" para declarar probada la existencia de "connivencia alguna" entre los acusados para llevar a cabo ninguna conducta irregular o que no fuera propia de la ordinaria actuación administrativa, ni que les guiara un propósito de actuar al margen de la regularidad y de la legalidad que deben regir sus actos ni que obraran con otra finalidad que no fuera la del cumplimiento de sus funciones" en sus respectivas competencias.

   El tribunal argumenta su decisión en que la legislación vigente en el momento de la tramitación del expediente administrativo --la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano-- exigía para poder considerar que el subsuelo del entorno de un bien de interés cultural está sujeto al régimen especial de protección, que así se indicara expresamente en la resolución en la que se delimite.

   En este sentido, el tribunal argumenta que esa previsión expresa "no se contempla" en la resolución en la que se dispuso la inocación del expediente de delimitación del entorno de protección de los Jardines de Monforte, por lo que no se puede sostener que la interpretación de las normas que concluyen que no resultaría necesaria ninguna autorización de la Dirección General de Patrimonio para la aprobación del proyecto de aparcamiento en el subsuelo de la calle Severo Ochoa "sea manifiestamente ilógica o irracional o fruto de la arbitrariedad".

   Asimismo, argumenta que aunque se considerase que la petición de autorización a Patrimonio fuera "absoluta e inequívocamente necesaria" según la legislación vigente para poder aprobar el proyecto, "la mera omisión de la petición de la autorización no constituiría, sin más, una conducta prevaricadora" ya que haría falta que a la ilegalidad se le sumara el plus de antijuricidad exigido por el tipo legal, es decir, que se persiguiera un resultado injusto que pusiera en peligro el bien.

   Así, sostiene que no hay "el más mínimo indicio" de que la falta de petición de autorización obedeciera al propósito de eludir una decisión de Patrimonio que "con toda seguridad o con un alto grado de probabilidad, hubiera de ser denegatoria". Es más, añade que tanto los funcionarios municipales como los de la Dirección General que declararon como testigos en el juicio declararon que nunca se había denegado la autorización para construir aparcamientos subterráneos en Valencia.

   El tribunal reconoce que es cierto que para acceder al subsuelo se debe actuar sobre la misma superficie de la vía pública, incluida en el entorno de protección, lo que podría llevar a considerar necesaria la petición a Patrimonio. Sin embargo, añade que "no deja de ser chocante" que pudiera sostenerse razonable y fundadamente que la autorización no fuera necesaria para lo esencial --la obra en el subsuelo-- y sí para lo instrumental, que sería el acceso al subsuelo para realizar la obra.

   En esta línea, agrega que una interpretación "acentuadamente rigurosa" desde el punto de vista de la "más exquisita protección" del bien podría llevar a una conclusión distinta, de exigir la autorización. En todo caso, apunta que el mismo hecho de que existan dos interpretaciones posibles y jurídicamente defendibles con argumentos impide que una de ellas --la que no se comparta-- pueda calificarse de arbitraria.

   El tribunal celebró la pasada semana la vista de este caso, que concluyó el jueves, y en el que el fiscal reclamó multa y ocho años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público para el edil y el resto de acusados por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y alternativamente sostenía que pudo haber prevaricación administrativa.

   Las defensas reclamaron la absolución al alegar, en el caso de la de Bellver, que el edil se limitó a firmar una resolución porque le correspondía por delegación, como culminación a un expediente con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, sin que en todo el proceso se adviertiese de la necesidad de solicitar informe de Patrimonio.

   Asimismo, la sala hace en este caso una argumentación sobre la jurisdicción correspondiente. Al repecto, indica: "no es propio de la competencia atribuida a los órganos de la jurisdicción penal el control de la legalidad de los actos de la administración, sino el enjuiciamiento de las conductas tipificadas en el Código Penal como delictivas".

   El tribunal cita jurisprudencia del Supremo que estima que lo que el Código Penal sanciona como prevaricación no es "la equivocación, ni el error, pero tampoco la mera ilegalidad, por grave que pudiera parecer, sino la realización de un acto o el dictado de una resolución de manera injusta, torcida o arbitraria, con intención deliberada y plena conciencia del acto injusto".

   Por otra parte, la sala ha rechazado la petición de una de las defensas de imponer las costas por su "total indeterminación" respecto a la parte a la que fuera dirigida y porque no resulta legalmente procedente, de acuerdo con la legislación.