martes, 17 de abril de 2012

La Generalitat presenta facturas pendientes de pago por importe de 4.069 millones de euros

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, José Manuel Vela, ha anunciado este martes que en la noche del sábado remitieron al Gobierno central facturas pendientes de pago por importe de 4.069 millones de euros para acogerse al plan de pagos de pagos a proveedores del que se beneficiarán unas 10.050 empresas y autonómos de la Comunitat.

   Según ha señalado Vela en rueda de prensa, en concreto, 982 millones corresponden a facturas de la administración de la Generalitat --conselleries-- y otros 1.237 millones a las empresas del sector público, lo que suman 2.219 millones de euros de deuda pendiente imputable a los presupuestos de la administración.
   Además, ha considerado "oportuno" incluir otros 1.850 millones de euros correspondientes a deuda no imputable a esas cuentas, básicamente proveniente de la sanidad, las conocidas como 'facturas en los cajones'.

Moliner considera que si las Diputaciones no asumen más competencias, los pueblos "pueden morir"

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, considera que si las diputaciones no asumen más competencias, los pueblos "pueden morir", y se ha mostrado convencido de que, por la situación que viven los ayuntamientos en estos momentos, las diputaciones, "entidades que tienen una capacidad supramunicipal que les permite ejercer de coordinadores buscando la eficiencia en la gestión", tienen "más vigor, más fuerza y más sentido que nunca".

   Moliner ha puesto como ejemplo que "el hecho de que una administración pueda tutelar y permitir que un secretario preste servicio a cuatro ayuntamientos o que una misma brigada de recogida de basuras atienda a ocho núcleos de población, optimizando la gestión de los recursos humanos y permitiendo la gestión de unos servicios que serían totalmente inasumibles por muchos ayuntamientos", es el motivo por el que la diputaciones "deben reivindicarse con más fuerza que nunca".
   Según ha explicado, éste el objetivo con el que este miércoles la Diputación de Castellón acude a la reunión de la FEMP en Valencia, en la que --según ha dicho-- el consistorio provincial castellonense "lidera" a nivel nacional "esta defensa de asunción de nuevas competencias por parte de las diputaciones". En este sentido, ha añadido que cree que el documento que aporta la Diputación "será la base de debate de todos los presidentes de Diputación de España, y eso nos hace sentirnos orgullosos".
   "Esta acción política --ha señalado-- no busca otra cosa que mejorar la gestión de los municipios e intentar que acabe prestando las competencias el que mejor pueda prestarlas". En su opinión, "no se trata de acaparar más, sino que algunas las estamos prestando de facto las diputaciones", y --según ha dicho-- "no tiene sentido que gastándonos el dinero y haciendo el trabajo, no tengamos nosotros las competencias".
   Así, Moliner considera que hay cuestiones en las que lo "lógico y sensato" sería que las diputaciones asumieran un marco competencial más amplio "porque les permitirá prestar mejor una serie de servicios que demandan los ayuntamientos".
   Al respecto, Javier Moliner defiende la asunción de competencias en materia del ciclo integral del agua, "en el que la Diputación este año se gastará más de 12 millones de euros en mejora de abastecimientos"; en carreteras secundarias y caminos rurales; en políticas activas de desarrollo rural; en mejora de las redes de telecomunicaciones o en asistencia a municipios de baja población, entre otras.
   Sin embargo, ha asegurado que hay otros servicios en los que las diputaciones tienen competencias que "quizás otras administraciones los podrían prestar mucho mejor", como las relacionadas con el ámbito social, de la cultura o del deporte, "en los que hay otras administraciones que pueden aportar mucho más valor añadido al que pueda aportar la Diputación".
   "Se trata de que preste el servicio el que pueda ser más eficiente, y creo que éste es el gran reto que tiene hoy en día la reforma de la función pública y del escenario público en nuestro país", ha indicado el presidente de la Diputación, quien ha advertido de que "si las diputaciones no incrementan el marco competencial, los pueblos pueden morir".
   Finalmente, preguntado por la propuesta del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, respecto a que el nombramiento de los presidentes de las diputaciones y de los diputados se haga de forma directa por parte de los ciudadanos, Moliner ha dicho que "en estos momentos a los ciudadanos les preocupa mucho más que gestionemos los recursos de forma eficiente que el hecho de dedicarnos a debatir cómo se nos tiene que elegir".
   "No creo que ningún ciudadano considere que eso sea un problema, y lo único que esperan los ciudadanos de los políticos es que intentemos resolver algunos de los problemas que tienen y que no creemos más", ha finalizado Moliner.

PP y PSOE adeudan a la CAM más de 3 millones y la Comunidad Valenciana, 65 millones

MADRID.- Banco CAM tenía concedidos al PP y PSOE préstamos por valor de 3,016 millones de euros a cierre de 2011, mientras que la deuda de la Comunidad Valenciana con la caja administrada temporalmente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ascendía a casi 65 millones. 

   Estos importes se corresponden con el saldo vivo de los préstamos concedidos a final del ejercicio de 2011, según informó la entidad adjudicada al Banco Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   En concreto, el PP tenía concedidos créditos por importe de 1,919 millones, en tanto que el PSOE tenía préstamos por 1,097 millones. Por su parte, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, contaba con préstamos, créditos y avales que alcanzaban los 64,667 millones, de los que 9,667 millones pertenecían a avales y créditos de empresas relacionadas.
   La CAM además tenía concedidos 8,069 millones en préstamos a la diputación provincial de Alicante a cierre del pasado ejercicio, que incluyen 6,269 millones destinados a empresas vinculadas. Para el Ayuntamiento de Alicante los préstamos alcanzaban los 5,187 millones, en tanto que el Ayuntamiento de Santa Pola adeudaba a la caja 1,873 millones.
   Por otro lado, los directivos del consejo de administración de la caja, gestionada desde el pasado 22 de julio por el FROB, percibieron una remuneración total de 13,876 millones, a la que habría que sumar unos beneficios de 57.000 euros en concepto de obligaciones en materia de pensiones.

El JEMAD alerta de que si continúan los recortes en Defensa los riesgos en seguridad pueden superar a los de la crisis

MADRID.- El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, ha alertado este martes de que si continúan los recortes al presupuesto de las Fuerzas Armadas la seguridad y la defensa de España deberán "asumir riesgos crecientes", que, teniendo en cuenta la "incierta situación geoestratégica", pueden llegar a "superar a los de la crisis económica".

   Así lo ha avisado el JEMAD en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que ha insistido en la necesidad de contar con un "compromiso presupuestario" a largo plazo para poder afrontar los cambios que se plantean en la organización de la Defensa.
   El almirante García Sánchez ha explicado que la reducción del gasto en Defensa supone que algunas de las capacidades de las Fuerzas Armadas "disminuyen", lo que "implica un aumento de los riesgos asumidos". Y aunque ha asegurado que se entiende que en estos momentos "los mayores riesgos" que afronta España son "los derivados de la crisis", ha alertado de que si los recortes en Defensa continúan, esto podría revertirse.
   Para evitar esta situación, ha defendido la necesidad de hacer un esfuerzo en la priorización de capacidades y de adaptación, orientado a un modelo de "unas Fuerzas Armadas ágiles, adaptables, sostenibles y tecnológicamente avanzadas", pero que necesitan de "una base presupuestaria estable tanto para esta etapa de restricciones como para posteriores etapas previsibles de estabilización y recuperación".
   "La Defensa no es algo que pueda improvisarse y las Fuerzas Armadas son una organización que puede convertirse en frágil y hueca cuando se deterioran equilibrios imprescindibles", ha señalado, tras apuntar que el "problema" de la financiación de las Fuerzas Armadas no son los presupuestos para 2012, sino en la "acumulación de recortes de los últimos años".
   Por lo que se refiere a los presupuestos de 2012, el almirante García Sánchez ha explicado que se ha dado "prioridad" a la seguridad y el mantenimiento y sostenimiento de las fuerzas que participan en operaciones en el exterior. Además, ha explicado que se está trabajando para que la reducción presupuestaria tenga "un impacto limitado en la ejecución" de estas misiones y "no suponga una merma de la eficacia en su desarrollo".
   A partir de aquí, los Ejércitos de Tierra y del Aire y la Armada han realizado un planeamiento de sus actividades, que ha sufrido una merma considerable, debido, entre otras cosas a la disminución del combustible y a la capacidad de mantenimiento de vehículos y otro material.  
   Así, ha detallado que el Ejército de Tierra está considerando acometer "cierres temporales de algunas instalaciones no vitales para el cumplimiento" de sus misiones y la disminución o supresión de determinadas actividades que no tengan influencia directa en las operaciones.
   Además, ha indicado que se continúa con la tendencia de los últimos cuatro años de reducción de créditos a la preparación de la fuerza, con la premisa de alcanzar el "nivel de adiestramiento necesario", en el que tienen prioridad los elementos que se desplegarán en el exterior, y ha hablado de la reducción de créditos para munición y combustible.
   También deberá continuar con el plan puesto en marcha desde 2009 que hace que el 30% de su flota se mantenga paralizado, mientras que los escasos recursos para inversiones hacen que sea "prácticamente imposible acometer nuevos programas de adquisición".
   En la Armada, el almirante ha explicado que, siendo igual las prioridades, se contempla una "reducción general de actividades de preparación de la fuerza", una disminución de número de horas de vuelo y de navegación, la disminución de buques y unidades en diversos escenarios y la "reducción selectiva" del nivel de sostenimiento e incluso renuncia a la modernización de ciertos elementos.
   Entre otras cosas, se reduce a cuatro los meses de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, se renuncia a asumir el mando de la misión de cazaminas de la OTAN y se reduce la actividad de adiestramiento y presencia en zonas de interés.
   Además, se reducen servicios de externalización, cuyas labores pasarán a ser asumidas por personal militar y, con menos de dos tercios del apoyo logístico que se considera necesario, se dedicará a las unidades que vayan a participar en misiones y operaciones.
   El almirante, exsegundo jefe de Estado Mayor del Armada, ha reconocido que estos recortes suponen una "disminución de la capacidad de acción del Estado en la mar", en sus actividades de vigilancia, seguridad marítima, entre otras.
   Finalmente, en lo que se refiere al Ejército del Aire, ha precisado que el recorte afectará principalmente a las partidas de combustible, el mantenimiento de edificios, los servicios contratados con empresas y las indemnizaciones por servicio.
   En concreto, ha explicado que no es "factible" acometer las 82.000 horas de vuelo que se preveían para 2012 y que se quedarán en entre 65.000 y 70.000, el "mínimo" requerido para que los pilotos tengan las calificaciones que les permitan cumplir sus misiones con niveles de seguridad.
   Además, se han cancelado "toda participación en maniobras de gran envergadura en el extranjero" y se reducirán los despliegues, mientras que se cancelarán o reducirán los programas de inversión. Además, el recorte en apoyo logístico afectará al mantenimiento de aeronaves, vehículos y material logístico.
   El JEMAD ha resumido los presupuestos como "pragmáticos", "austeros" y "solidarios" y ha hecho hincapié en que las medidas de ajuste no pueden tener un "impacto negativo" en los "valores propios" de las Fuerzas Armadas.