El gobierno de Barberá "respalda en todo momento" la negociación para mejorar el contrato con Ecclestone"

VALENCIA.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP y presidido por la alcaldesa Rita Barberá, ha manifestado este viernes su respaldo "en todo momento" a la negociación para mejorar el contrato entre la Generalitat y el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para la celebración en esta ciudad del Gran Premio de Europa de F-1. Asimismo, ha mostrado su apoyo al Consell en este proceso. 

   Así lo ha planteado el vicealcalde y portavoz del grupo municipal 'popular', Alfonso Grau, en el pleno celebrado esta jornada en el consistorio valenciano, en la sesión correspondiente al mes de enero. Grau se ha pronunciado de este modo durante el debate de una moción presentada por el portavoz de Compromís, Joan Ribó, en la que solicitaba la cancelación del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia, teniendo en cuenta la deuda de la administración autonómica y los recortes llevados a cabo en los servicios públicos.

   Ribó proponía por medio de esta iniciativa que el consistorio valenciano "en tanto que el Gran Premio de Europa de F-1 se celebra en las calles de la ciudad", exija al Consell que se cancele y que "no realice ningún tipo de pago como penalización por la no celebración de este acontecimiento", todo "mientras continúe la política de recortes en los servicios sociales, la rebaja de los sueldos de los trabajadores públicos y la subida de impuestos".

   El responsable de Compromís pedía también que el Ayuntamiento de Valencia exija al presidente del Consejo de Administración de RTVV "la suspensión de las retransmisiones de Fórmula 1 y del pago de los derechos de televisión, más en un momento en el que se está produciendo un ERE que afectará a más de mil trabajadores de RTVV".

   Igualmente, Ribó solicitaba que el consistorio "no conceda los permisos y licencias correspondientes para realizar el acontecimiento por las molestias que ocasiona a la ciudadanía que no aporte los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad del acontecimiento por los altos gastos que ocasiona y que supone mayor endeudamiento para las arcas municipales".

   El PP ha rechazado esta moción, como ha explicado Alfonso Grau, por considerarla "nociva, contraria a los intereses de los valencianos y absolutamente cargada de todo menos de bien para los ciudadanos". Por contra, Esquerra Unida, (EU) ha expresado su respaldo a la propuesta de Compromís y el PSPV se ha abstenido.

   Joan Ribó ha preguntado al defender su propuesta "qué sentido" tiene en una situación como la actual "que una administración como ésta pague un gasto tan grande como la Fórmula 1". A su vez, ha considerado que hacer frente a este evento representa "un símbolo de tirar el dinero" público mientras hay recortes en servicios sociales, colegios sin calefacción y otros con menos servicio de limpieza por falta de presupuesto, ha dicho.

   Ha manifestado que la Fórmula 1 "a la ciudad de Valencia no le sale gratis" y ha aludido a las molestias de los vecinos y a los gastos en seguridad, además de recordar que "el Ayuntamiento debe dinero a la Policía Local por estas horas extras". Con todo ha pedido al PP que "se acabe con el contrato --de la F-1-- hasta que la situación económica lo permita por lo menos".

   Por su lado, el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, ha compartido lo expuesto por Ribó y ha afirmado que está en "coherencia" con lo que su formación ha planteado desde hace tiempo al respecto. Ha pedido que el dinero público se destine a "gasto social" y ha descartado los gastos "desproporcionados y desorbitados" y que "se regale el dinero público a personas que no lo necesitan". Ha recordado que su grupo ha pedido en las Corts que se rescinda el contrato, además de censurar también el impacto ambiental del circuito en la ciudad.

   El portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha estimado que "uno no puede gastar lo que no tiene" y se ha referido también al recorte de servicios públicos acordado por la Generalitat, así como la "deuda social" que tiene con el Ayuntamiento. Calabuig ha opinado que el consistorio "no puede concentrar esfuerzos en estos grandes eventos" y ha instado a "reflexionar sobre estos eventos".

   En respuesta a la oposición, Alfonso Grau ha asegurado haber escuchado "tres discursos distintos" y ha dicho que "ninguno responde a la ciudad". Ha criticado que en sus años de gobierno el PSPV no hiciera "nada" por la promoción turística de la capital valenciana y ha censurado que ninguno de los grupos de la oposición haya presentado una moción similar en Barcelona para rechazar allí la F-1.

   El portavoz del PP ha defendido el impacto económico de 55 millones de euros anuales que tiene esta prueba deportiva en Valencia y ha rechazado que se diga que el sector hostelero no está de acuerdo con ella cuando es "el principal beneficiario". Ha asegurado que supone "crear puestos de trabajo e inyectar dinero en hoteles, restaurantes y cafeterías".

   Tras ello, Grau ha manifestado que el gobierno del Ayuntamiento de Valencia "respalda en todo momento la negociación para mejorar el contrato con Ecclestone firmado en otro momento". "Nosotros no somos menos que Barcelona o Singapur", ha apuntado en alusión a otras ciudades en las que se disputan pruebas de la F-1. Asimismo, ha acusado a la oposición de querer "quitar categoría a la ciudad" y de buscar el "enfrentamiento" entre el Consell y el consistorio, a la vez que ha mostrado su respaldo al gobierno de la Generalitat.

El Consell tiene "claro" en qué y cuánto hay que recortar

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, ha asegurado que desde el Consell están "abiertos" a escuchar cualquier sugerencia de los sindicatos sobre la reestructuración de la administración valenciana, aunque ha señalado que tienen "claro los capítulos que hay que recortar, las áreas que hay que recortar y las cantidades que hay que recortar".

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por las manifestaciones celebradas el jueves en la Comunitat Valenciana contra los recortes de la Generalitat --en las que participaron alrededor de 200.000 personas-- y sobre si el Ejecutivo autonómico tiene previsto revisar alguna de las medidas puestas en marcha o reunirse con los sindicatos.

   Al respecto, el vicepresidente ha expresado el "máximo respeto" al "derecho fundamental de los ciudadanos a poder manifestarse libremente". Asimismo, ha señalado que desde el Consell son conscientes de que medidas aprobadas son "muy duras" e implican "sacrificios" para los ciudadanos.

   No obstante, ha hecho hincapié en que en estos momentos son "absolutamente necesarias". Además, ha aseverado que han procurado que "no hubiera ni un solo despido, hemos tomado medidas para no tener que despedir a nadie".

   Del mismo modo, ha indicado que los recortes "afectan a sueldos de los profesionales que están trabajando todos los días en educación y sanidad, pero no afectan a las retribuciones básicas".

   José Císcar también ha subrayado que estas medidas son "transitorias" de modo que dentro de dos años, o "antes si hay algún índice que permita deducir que las cosas van mucho mejor, las cosas volverán a la normalidad".

   El vicepresidente del Gobierno valenciano ha resaltado que están "abiertos" a escuchar cualquier sugerencia, pero ha destacado que tienen "claro los capítulos que hay que recortar, las áreas que hay que recortar y las cantidades que hay que recortar". También ha anunciado que el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, se reunirá "pronto" con los sindicatos.

El parque móvil de la Generalitat se reducirá en más de un 50%

VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado reducir en más del 50 por ciento el parque móvil que depende de la Generalitat, para pasar de 112 vehículos a 51, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar.

   El portavoz del Consell ha explicado que esta actuación "se encuadra dentro del plan de ahorro y racionalización", que se dio a conocer tras la reunión del pleno del Consell del pasado 5 de enero. Actualmente el parque móvil de la Generalitat contaba con 112 vehículos para Presidencia y las distintas consellerias, con esta medida de reducción la flota se quedará en 51 coches.

   Los coches que dejarán de pertenecer al parque móvil son de la marca Ford Mondeo y se venderán en dos subastas públicas. La primera tendrá lugar dentro del primer cuatrimestre del año y la segunda antes del 30 de junio. Además "se subastarán otros vehículos que están adscritos al personal técnico y se retirarán por antigüedad", ha añadido Císcar. En total serán 11 Ford Focus.

   Los coches que se subastarán estarán expuestos en la explanada de las naves del polígono de 'La Reva' en Riba-roja. En parelelo a esta exposición se publicará información detallada en la página web de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas para informar del proceso para acceder a la subasta.

   De los 51 coches que permanecerán en la flota de la Generalitat, tanto solo el presidente y los diez consellers tendrán un coche adscrito, los otros 88 altos cargos restantes de las consellerias tendrán a su disposición 37 vehículos, "por lo que tendrán que compartirlos", ha apuntado el portavoz del Consell.

   Una vez finalizado el proceso de la subasta, la Generalitat prevé "ahorrar un total de 399.128 euros, derivados de unos ingresos por la venta de los coches por 129.320 euros y de una reducción anual de gastos de 269.808 euros", ha explicado Císcar.
 Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 31 de marzo de 2012 de las autorizaciones de endeudamiento correspondientes al ejercicio de 2011 que no fueron utilizadas, total o parcialmente, por la Comunitat Valenciana debido a la situación de los mercados financieros, por una cuantía de 1.822,9 millones de euros.    La vigencia de las autorizaciones de endeudamiento es el año natural por lo que la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo de 2012 requiere acuerdo de Consejo de Ministros.

El Tercer Sector vaticina un "crack social" en España si no se refuerza la protección

MADRID.- La Encuesta de Población Activa (EPA) estima en un millón y medio el número de hogares en España que tienen a todos sus miembros en paro y, aunque hasta bien entrado 2012 las ONGs no dispondrán de datos fiables acerca de cómo ha impactado este avance de la crisis en su realidad diaria, "es un hecho" que las demandas de ayuda han aumentado "y mucho" durante 2011, tanto, que la plataforma que aglutina a las principales entidades españolas vaticina "un crack social" si no se refuerzan los mecanismos de protección. 

   Así lo ha descrito el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la importancia de mantener la red de protección existente y, a partir de ahí, "seguir avanzando" en inversión ya que, según ha dicho, "si en plena crisis se deja de invertir en este tipo de servicios ya estructurados que estaban atendiendo y de alguna manera fomentando el aumento empleabilidad, el coste luego va a ser mayor y la fractura social excesivamente preocupante".

   Cuando en el año 2010 la EPA cifró en medio millón los hogares en España con todos sus miembros en paro, Cáritas atendió a 1,6 millones de personas, --un 4,3% más que en 2009--, muchas de las cuales pedían ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, recibos de la vivienda o libros escolares para los niños. El 67 por ciento de ellos acudía derivado de los servicios sociales municipales.

   En aquel momento, la organización advirtió de que si el aumento del paro no revertía durante 2011 se seguirán incrementando las personas en situación de pobreza "crónica" en España, ya que habían constatado que siete de cada diez beneficiarios habían acudido previamente a Cáritas en demanda de ayuda.

   Cruz Roja Española fue en la misma línea, con la previsión de que al cabo de 2011, se acabaría atendiendo a unos dos millones de personas en situación de vulnerabilidad, un 120 por ciento más que en el año 2008. La preocupación que ha manifestado recientemente la organización es que "que la gente no entre en el ciclo de la exclusión" y, para ello, considera imprescindible que "la capa de necesidades básicas se cubra urgentemente".

   Poyato recuerda que ya en tiempos de bonanza económica la pobreza llegaba a 80 millones de ciudadanos en toda la Unión Europea y, si bien en su opinión, no se trata sólo de que la miseria se esté volviendo crónica, "lo cierto es que si se deja de atender estos servicios que mantienen la cohesión de la sociedad", se va a llegar "a una situación de crack social con una diferencia entre clases medias y clases bajas cada día mayor".

   "Consideramos a pesar de la crisis, que destinar fondos a políticas sociales no es un gasto sino una inversión", ha explicado, para incidir en que se debe dar "un impulso a esta inversión en lo social" porque "no se trata sólo de la disponibilidad de servicios y de atención a estas personas", sino de apreciar que el Tercer Sector en España "genera 584.000 empleos directos".

El juez sobresee la denuncia de un funcionario contra Rita Barberá

VALENCIA.- El juzgado ha sobreseído la denuncia interpuesta por el funcionario de la Generalitat y miembro de la Junta de Personal de esta administración Alfonso Puncel contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por injurias y calumnias, después de que ésta afirmara que "todos los políticos y funcionarios de este país han recibido regalos".

   Según ha explicado el mismo funcionario en un comunicado, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia por no ser competente para estudiar el caso y por no estar suficientemente acreditado el motivo que dio lugar a la formación de la denuncia.

   Esta resolución se pondrá en conocimiento del fiscal y contra la misma cabe recurso de reforma. Ante ello, Puncel ha avanzado que presentará el recurso para "acreditar" las declaraciones de Barberá, que "están en los periódicos, radios y televisiones puesto que se hicieron con publicidad a través de medios de comunicación de masas y queda ostensiblemente acreditado el motivo de la denuncia", opina.

   Así, ha avanzado que presentará un dossier de prensa con estas manifestaciones, y si hace falta hará una prueba pericial "para demostrar que la voz y las fotos del acto donde se realizaron las declaraciones calumniosas se corresponden por quien dice llamarse Rita Barberá Nolla, a la sazón alcaldesa de Valencia", ha dicho.

El juez da tres días a Carlos Fabra para que informe de sus bienes a embargar

CASTELLÓN.- El juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Nules ha decidido dar tres días de plazo al presidente provincial del PP y expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para que informe sobre sus bienes a embargar para cubrir la fianza de 4.270.859,60 euros que se fija en el auto de apertura de juicio oral por el 'caso Naranjax'.

   Este acuerdo se recoge en un decreto de dicho juzgado, de fecha 26 de enero de 2012, que también incluye en este mismo supuesto a la exmujer de Carlos Fabra, María de los Desamparados Fernández, cuya fianza asciende a 1.718.192,80; y al exsocio del dirigente del PP, Vicente Vilar, y la exesposa de éste último, Montserrat Vives, a los que se pide una fianza de 800.000 euros a cada uno, todos ellos imputados en esta causa.

   Las partes, concretamente Carlos Fabra y su exmujer, solicitaron aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que ha desestimado el juez, quien les ha dado este tiempo de tres días para informar de su relación de bienes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha aclarado que las otras dos partes, Vilar y su exmujer, no habían contestado en sentido alguno. La decisión judicial se produce después de que, tras finalizar el plazo, las partes no hayan verificado las fianzas.

   En los fundamentos de derecho, el juez explica que la ley establece que si en el día siguiente al de notificarse el auto no se presta la fianza requerida, se procederá al embargo de bienes del procesado, y para ello le requerirá para que señale los que sean suficientes para cubrir la cantidad que se hubiera fijado para las responsabilidades pecuniarias.

   Así, el juez ha acordado que las partes, en el plazo de tres días, relacionen sus bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada en el auto de apertura de juicio oral y que expliciten las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.

   El juez advierte de que, en caso de no verificarlo, se procederá "de oficio" o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y se les impondrán también multas coercitivas periódicas.

   El decreto judicial establece que se puede presentar un recurso de revisión contra esta resolución en el plazo de cinco días y, para que sea admitido, se deberá constituir un depósito de 25 euros, que será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.

   Por otra parte, el juez ha dictado otro auto que incluye como imputado al exsenador del PP Miguel Prim en el'caso Naranjax' después de que la Audiencia de Castellón revocara el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con él, lo dejara sin efecto, y acordara la continuación de las actuaciones sobre él por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias.

   Así, en la ampliación de la exposición de hechos del auto de fecha 23 de diciembre de 2001, en que aparece Prim como imputado, se indica que éste participó en una reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura el 12 de julio de 1999 con el entonces ministro Jesús Posadas; el exsecretario de Hacienda, Juan Costa; el entonces diputado Juan José Ortiz, y el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, uno de cuyos puntos del día era los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios de Naranjax.

   En dicha reunión también intervino Rafael Millán Díez, entonces director General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar concretamente del estado administrativo en el que se encontraban los productos de las empresas del exsocio de Fabra, Vicente Vilar Ibáñez, y de la exmujer de éste, Montserrat Vives Plaja.

   En la misma exposición se indica que, tras la citada reunión, Miguel Prim, haciendo valer su condición de senador por Castellón, presionó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas de Vicente Vilar y Montserrat Vives, remitiendo, incluso, una carta de fecha 2 de septiembre de 1999 a la atención del entonces ministro del ramo en la que le recriminaba que en la fecha indicada no se hubiera actuado conforme a como él entendió que se había quedado en la reunión.

   El auto señala que deberá conferirse nuevo traslado al Ministerio Fiscal y resto de acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias, tan solo en lo que a Miguel Prim se refiere.

El Gobierno obliga a las CCAA a tener déficit cero en 2020

MADRID.- El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este viernes dicho anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En este punto, Montoro indicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.

   Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". 

"No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Montoro destacó que se trata de una de las "grandes reformas estructurales", que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

   "Facilita la financiación de la economía del país y asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la UE y recuperar una imagen de solidez ante los socios europeos, condiciones y premisas para volver al crecimiento", enfatizó el ministro, quien añadió que la norma respeta "con cuidado extremo" la capacidad de autogobierno de las comunidades.

Fainé (CaixaBank) dice que no ha recibido presión para nuevas fusiones

BARCELONA.- El presidente de La Caixa y Caixabank, Isidre Fainé, ha indicado este viernes que no ha recibido "ninguna presión de ningún tipo" por parte del Gobierno para llevar a cabo una fusión con otra entidad financiera española.

   Así lo ha afirmado durante la presentación de los resultados de 2011, al ser preguntado por la posibilidad de llevar adelante una fusión con Bankia o con otra entidad.

   Fainé ha considerado "lógico" que el Gobierno quiera fomentar las integraciones de cajas, teniendo en cuenta que la contracción va a durar entre tres o cuatro años y que el negocio financiero no va a crecer o lo va a hacer de forma muy leve.

   "Es lógico que para subsistir se piense en ayudar a crear entidades de mayor tamaño para buscar masa crítica", ha admitido.

   El presidente de La Caixa ha insistido en que la entidad catalana no está negociando ninguna fusión: "Todo el mundo habla con todo el mundo, pero no estamos negociando con nadie".

   Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a nuevas operaciones fuera de España: "En España tenemos mucha importancia, y a lo mejor nos interesaría más extendernos en otros países. Estamos abiertos a todo, fuera y dentro".

   Al ser preguntado por los beneficios para la Obra Social de una hipotética fusión con Bankia, el vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, se ha limitado a señalar que "un CaixaBank y una Caixa más grande harían una Obra Social más grande".

   En este sentido, ha afirmado que "no solamente sería factible, sino deseable" para favorecer la tarea de la Obra Social.

   Fainé ha constatado que el sector financiero en España ha llevado a cabo un importante proceso de fusiones, ya que en los últimos tres años se ha pasado de 45 cajas a 14 grupos, se han cerrado 4.000 oficinas y se han destruido 18.000 puestos de trabajo.

   Asimismo, ha puesto de manifiesto que se han cambiado 31 presidentes de cajas y 26 directores generales.

   "La movida en España es tremenda", ha afirmado, mientras que en otros países como Alemania el sistema financiero no ha cambiado desde el inicio de la crisis.

   Nin ha añadido que en los últimos tres años han desaparecido casi 5.000 sucursales y 15.000 empleos en el sector financiero español, y que el proceso "va a continuar en los próximos años; la velocidad dependerá mucho de si la economía española empieza a crecer o no".

   CaixaBank ha cerrado 213 oficinas en 2011, hasta 5.196, y reducido 365 empleados hasta 24.915.

Gisbert fumiga el avispero de cajas / Alfredo Fernández

Juan Antonio Gisbert, el gestor que dejó a la CAM en territorios financieros imperiales tras comerse a la CAPA alicantina en el 91 y desbaratar los intentos de la cúpula de Caja Valencia de guillotinarla a traición en una cumbre semipolítica y policial en Castellón, vuelve ahora como un reflejo esperado del emperador germano Federico II. De momento, ya es consejero delegado de las cajas rurales españolas pese a que sus huestes de Ruralcaja son inferiores a Cajamar. Pero, además, ha imprimido otro golpe magistral antes de ser nombrado: garantiza el empleo en las rurales y se posiciona para modernizar las cajas alemanas de los Landers con la marca "Alfa" que imprimió antes de irse en 2004. Comienza el alfabeto griego.

Juan Antonio Gisbert, un alcoyano entre puentes y barrancos y amamantado en el Barrio Obrero y la Escuela de Comercio (mitad Rómulo y Remo), se desprende de letanías en el año 2004 cuando la CAM es un símbolo de eficiencias entre las cajas europeas y los alemanes envidian su estatura financiera y su saber nadar entre corrientes políticas y sociales. 

Como buen conocedor de la mitología griega (Saturno devorando a sus propios hijos), deja en el camino al presidente Manchi Bono para que Vicente Sala haga institucionalmente el papel de aturdido obediente en unos momentos en los que la Generalitat de Zaplana necesita caudales para Terra Mítica y otros dineros palaciegos para tanta corte de un rey Taifa.

Todo el mundo alicantino se sosiega en 2004 cuando Gisbert parece que se retira a la docencia con una buena indemnización (Cerca de 600 millones de pesetas). Se han equivocado, no sólo los arturos (Arthur Andersen), los Lehman Brother de Guindos, los políticos de bajo relieve de la Comunitat y Murcia sino todo el PSOE estatal adormilado en puestos de Gobierno. 

Gisbert no se contenta con una canongía remunerada de Loterías como Aurelio Martínez, el financiero-semipolítico que arrinconó en los armarios 20 planes de fusiones con Bancaja o Caja Murcia y asesoró a Zapatero sobre los gusanos de la crisis.

El naturalista Gisbert conoce la transformación de las crisálidas financieras y, cuando nadie se lo espera, comienza a agrupar las cooperativas rurales de la Comunitat. El gusano originario se transforma en mariposa y vuela hasta Almería, donde se alimenta la Reina Cajamar. 

A partir de entonces, empieza a desplegar a todas sus obreras y obreros. Logra la paz sindical sin disparar pólvora mientras los SIP pierden sus siglas y hacen fuego amigo al ignorar en que flanco de la batalla se encuentran. Asistimos al primer bombardeo financiero civil contra cinco millones de parados y millones trabajadores sin saber a que lado mirar por eso de si te ven.

Mientras sus sucesores y comandantes aprendices (Roberto López y María Dolores Amorós) pasan, en 2004, del cabotaje financiero y las plazas estratégicamente asentadas y bien protegidas, a embarrancarse en México o Miami y planificar el reino de Babel con cimientos de adobe en las ramblas, el alcoyano imprime gestión en las cooperativas agroalimentarias, sectores tradicionales y se olvida del ladrillo y el hormigón. Así, salva el patio mientras sus personajes de antaño pasan de actores principales a reyezuelos fantasmagóricos de opereta y greguerías.

Ahora, Roberto y Amorós se enfrentan a un proceso inquisitorial por parte de los creyentes parroquianos de la CAM y la investigación de las Corts y del propio Banco de España. Gisbert se siente a resguardo y espera, bajo las sombras de la Font Roja y Mariola, la carta para dirigir la fusión de las cajas alemanas. Ya fue tentado en 2000 y no esperará a 2013 porque tiene asegurada la confianza de los sindicatos y la estrella de Odín. 

Nadie sabe sobre el destino que depara a sus gobernantes, pero Gisbert tiene atisbos del emperador Federico II ("Stupor Mundi"), muerto en 1250, cuya versatilidad e inteligencia fascinó a casi todos sus contemporáneos. Sus querellas con la Iglesia (el poder del momento) motivaron que algunos colectivos pegados al temor de lo preestablecido lo equipararan a la bestia del Apocalipsis, y su imperio, con Babilonia. 

Hay quien aún cree que Gisbert pudiera ser "El retornado" que ponga orden en las desabastecidas finanzas europeas, pero, antes, tendrá que demostrar sus conocimientos de banca genovesa y sus dotes iberas de Indíbil y Mandonio frente a los mortíferos funcionarios de Bruselas.

Ante las depresiones, la mejor receta es la esperanza del pueblo aunque sea una leyenda de chimeneas de invierno. En 1284, no uno sino tres hombres afirmaron en Alemania ser Federico II. Dos desaparecieron de forma inmediata, pero el tercero, que creyó firmemente que era el emperador, estableció su corte en Neuss, en las proximidades de Colonia. 

En aquellos días nadie dudó de "El retornado": unos porque pensaron que pasó todo ese tiempo deambulando como peregrino penitente y otros, porque había yacido bajo la tierra.

Gisbert tiene claro que no será profeta en su tierra (Alacant) porque ya ha tomado el Camino Español de Carlos V, que pasa por el Milanesado y los cantones suizos, para entrar en Alemania y devolvernos el crédito histórico perdido por los malos gestores que un día se enseñorearon como brujos de su maestro. 

Las galeras de Cajamar acompañarán su desembarco en esta costa de aspiraciones mientras caen galeones como Bancaja, Cajamadrid, La Caixa, Caja Galicia y la corte de Bruselas sin un plan de ataque o resistencia. Sólo Gisbert sabe a quien no tocará la Lotería. La suerte está echada. Sí conoce a la perfección el alcoyano la décima máxima de Marx sobre Fuerbach: "Todo educador necesita ser educado".

http://www.lacronicavirtual.com/index.php/opinion/27433-gisbert-capa-el-avispero-de-las-cajas

El paro subió en 65.400 personas en 2011, hasta 641.300 personas en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El paro subió en 65.400 personas en 2011 respecto a 2010, un 11.36% más, situándose el número total de desempleados en 641.300 personas. De este modo, la tasa de paro se situó al cierre del año pasado en el 25.45, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En España, el desempleo aumentó en 577.000 personas en 2011 respecto a 2010, un 12,3% más, situándose el número total de desempleados en 5.273.600 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española. La tasa de paro escaló al cierre del año pasado hasta el 22,85%, porcentaje 2,5 puntos superior al de 2010.

    De esta forma, en la Comunitat Valenciana en el cuarto trimestre de 2011 la cifra de parados aumentó en 24.000 personas, lo que supone un incremento del 3.88 por ciento en relación con el trimestre anterior.

   Asimismo, durante el pasado año se registraron 58.900 ocupados menos, un 3.04 por ciento menos que en 2010, alcanzando el número total de ocupados la cifra de 1.879.000 ocupados. En relación con el trimestre anterior, el volumen de ocupados en la Comunitat descendió en 0.300 personas (-0.01 por ciento).