lunes, 1 de julio de 2013

El TSJ valenciano abre juicio contra las exconsejeras de Turismo y deja fuera a Rambla

VALENCIA.- El magistrado instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado abrir juicio oral contra las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y otras 11 personas más por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 a 2009. 

Asimismo, ha decidido dejar fuera de la causa al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla por la debilidad de los indicios.
   Los otros 11 imputados en esta pieza --la número 3 de 6 que hay en total-- del 'caso Gürtel' son Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
   Inicialmente, el auto de procesamiento también se dirigía contra el exvicepresidente del Consejo Vicente Rambla, pero finalmente, y tras solicitarlo el ministerio fiscal, el juez ha decidido dejarlo fuera de la pieza al no tener constancia de que intercediera para facilitar contratos a empresas de la trama.
   Al respecto, el magistrado afirma que ha quedado acreditado que Rambla mantenía una "estrecha" relación personal de "amistad" y de "confianza" con Álvaro Pérez, al que también conocía porque Orange Market realizaba los actos del PPCV. Fruto de esta relación recibió a principios de 2009, en Navidad, un bolso de una marca conocida de algo más de 200 euros para su esposa; un despertador; un cargador de móvil; una cadena pequeña; y una figura de un payaso.
   Sin embargo, no consta que Rambla intercediera ante las diferentes autoridades y empleados públicos de la AVT para que se facilitara o concediera la adjudicación de las ferias de Fitur objeto de investigación y, singularmente, las correspondientes a los años 2008 y 2009 a la mercantil Orange Market. Por ello, lo exime del juicio.
   Junto a Rambla, el juez también decide dejar fuera de la causa la acusación contra Such de haber recibido un regalo de la trama. Así, se enfrentará al juicio oral por el delito continuado de prevaricación, pero no por el de tráfico de influencias y de cohecho pasivo, según consta en el auto facilitado por el tribunal valenciano.
   Los 13 imputados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. El siguiente paso es fijar fecha de juicio, para lo que no existe un plazo determinado.
   En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
   Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
   Orange Market, según se recuerda en el auto, estaba liderada y gestionada por Francisco Correa, y tenía un importante poder de decisión en la misma Pablo Crespo, seguido de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'. Principalmente se dedicaban a organizar actos del PP a nivel nacional, pero al disminuir los encargos, decidieron crear Orange Market en Valencia, "dadas las buenas relaciones existentes entre sus gestores con algunos dirigentes del PPCV y de la Generalitat". Entre otros nombra al exvicepresidente Víctor Campos; al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
   El objetivo de estos empresarios era la adjudicación de las ferias de Fitur, por lo que en verano de 2004 desplegaron una primera influencia sobre las máximas autoridades y empleados públicos de la AVT, y persuadieron a empleados de rango inferior.
   Así, consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consejera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más --TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid--; Exporural; y adjudicaciones de las Consejerías de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
   Para conseguir las adjudicaciones, los empresarios elaboraron un borrador de criterios de adjudicación de unos pliegos de contratación que pudieran resultarles favorables, destacando el tratar de reducir la valoración económica y aumentar los criterios subejtivos. Y así se fue haciendo año tras año.
   En el auto, el juez también ordena crear una pieza de responsabilidades pecuniarias para que diferentes imputados aporten la cantidad reclamada en el plazo de 10 días. En concreto, la cuantía más alta solicitada es para Milagrosa Martínez, a quien pide 636.500 euros; seguida de Correa, Crespo y Pérez (651.500 euros); Betoret (645.000 euros); Vidal (540.000); Jordán (440.000); Herrero (336.500 euros); Magariños (330.000); Guarro (230.000); y Grau (137.000 euros).
   En este caso figuran como acusaciones el ministerio fiscal y el PSPV --como acusación popular--. El primero pide para Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación y para Such otros nueve años de inhabilitación; mientras que los socialistas reclaman para Martínez 11 años de prisión y cuatro para Such.

La AVL afirma que la propuesta del PP sobre el origen del valenciano "vulnera el ordenamiento jurídico"

VALENCIA.- La Acadèmia Valencia de la Llengua (AVL) ha presentado en las Corts Valencianes una declaración sobre la proposición del Grupo Parlamentario Popular referida al origen del valenciano en la que advierte de que esta propuesta "vulnera el ordenamiento jurídico" al "ignorar" un pronunciamiento sobre esta cuestión del ente normativo y, además, no respeta la normativa lingüística oficial en su redacción.

   El PP en la cámara autonómica presentó el pasado mes de junio una proposición no de ley en la que solicitaba instar al Consell a que se dirija a la Real Academia Española (RAE) para que en la próxima edición del diccionario "se reconozca al valenciano su categoría de lengua o idioma propio de los valencianos, que se habla en la mayor parte de la Comunitat".
   En dicha iniciativa, los 'populares' afirmaban que el habla de los valencianos "que parte, sin duda, de la más profunda prehistoria, se escribe ya desde el siglo VI antes de Cristo con el lenguaje ibérico y, después de las aportaciones sucesivas a partir de las fenicias, griegas y latinas, ha llegado a nuestros días en la forma en la que la conocemos".
   Al respecto, la Acadèmia Valenciana de la Lengua ha trasladado este lunes a la Mesa de las Corts una declaración institucional en la insta a este organismo --encargado de decidir la tramitación de todos los escritos y los documentos de índole parlamentaria-- a comunicar, tanto al Grupo Parlamentario Popular como al resto de grupos, que el texto de la proposición no de ley del PP "vulnera el ordenamiento jurídico valenciano en la medida que ignora un pronunciamiento oficial como es el 'Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano', emitido por la AVL --"la institución normativa del idioma valenciano (artículo 6.8 del Estatuto de Autonomía)".  
   En la misma línea, señala que "no respeta, en la redacción, la normativa lingüística oficial de la AVL, que es de aplicación obligatoria a todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana", de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de Autonomía.
   Asimismo, la Acadèmia "pode con firmeza a los grupos parlamentarios que no se utilice la lengua como instrumento político de confrontación entre los valencianos".
   En su declaración, el ente normativo añade que "la lengua valenciana, como ocurre en cualquier otro idioma, se ha configurado a lo largo de la historia con aportaciones de las diferentes civilizaciones y culturas que, en épocas pasadas, se asentaron en el actual territorio valenciano".
   "El valenciano, propiamente dicho, --prosigue-- se conformó a partir del siglo XIII, cuando fue llevado aquí por los repobladores catalanes y aragoneses que acompañaron a Jaume I, como demuestra la historia, la documentación medieval, la onomástica y la filología, en especial la fonética, la morfología, la sintaxis y el léxico históricos, que muestran su procedencia del latín".
   "Por esto, valencianos, catalanes, baleares, y los habitantes de otros territorios de la antigua Corona de Aragón, compartimos una misma lengua, aun cuando, debido al paso de los siglos, cada zona ha mantenido o incorporado formas y vocablos propios", argumenta.
   La AVL puntualiza que "estas particularidades se explican muchas veces por el legado que han aportado los distintos pueblos, como por ejemplo el árabe, el aragonés, el castellano, el francés o el occitano; en cambio, las reliquias de los pueblos remotos, como el íbero, son inexistentes o imperceptibles".
   Sobre esta cuestión, la AVL recuerda que, en la reunión plenaria celebrada el 9 de febrero del 2005, el ente normativo del valenciano aprobó por unanimidad y con carácter prescriptivo el 'Dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano' y, además, acordó comunicarlo al Gobierno valenciano y a las Corts, así como a otras instancias políticas y académicas.
   La Acadèmia "confía plenamente que los servicios de documentación de las Corts Valencianes podrán facilitar al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular el mencionado dictamen". "Sin embargo, se pone a su disposición y a la de los señores diputados de la cámara para prestarles toda la información que requieran", remata la institución.

El PSOE plantea quitar la subida del IVA a todas las fiestas de interés turístico

MADRID.- El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo al Gobierno que anule la subida del IVA del año pasado a las fiestas "de Interés Turístico Nacional e Internacional", que a su juicio no sólo suponen la expresión cultural e histórica de un país, sino también un importante recurso turístico y económico.

En la proposición no de ley se señala que "la mal entendida austeridad" ha provocado "recortes indiscriminados contra el mundo de la cultura" que han ido acompañados de la subida del IVA cultural, que ha pasado del 8% al 21%. "13 puntos que van a ir directamente a deslucir y rebajar la importancia que tienen nuestras fiestas --denuncia--. Y la cultura no es un lujo, es una necesidad".

Pero los socialistas entienden que "este gravamen no sólo atenta directamente contra el esplendor de las fiestas ejemplo de cultura, y también contra la economía y la generación de empleo en los pueblos y ciudades españolas".

Los diputados promotores de la iniciativa, todos de la Comunidad Valenciana y encabezados por su secretario general, Ximo Puig, citan como ejemplo el caso de las fiestas de Las Hogueras de Alicante, donde "se ha disminuido la inversión por parte de los entes festeros" y ello ha derivado en "la no creación de puestos de trabajos".

"La subida del IVA ha sido sufragada por la propia fiesta lo que ha llevado a restar brillantez a la misma a la vez que ha propiciado la pérdida del factor impulsor de la economía que supone disponer de unas fiestas tradicionales dignas", sostienen.

Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida a los bienes y servicios culturales, aprobada mediante decreto ley hace un año, en especial en relación con las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional.