El Impiva respalda la investigación y desarrollo de un calcetín capaz de ayudar a regenerar la piel

VALENCIA.- El Impiva ha respaldado dentro del Programa de I+D una investigación puesta en marcha por la empresa valenciana Lurbel, en colaboración con el Instituto Tecnológico Textil (Aitex), y que ha dado como resultado el desarrollo de un calcetín con propiedades regeneradoras de la piel, con poder cicatrizante, de eliminación del olor así como del exceso de sudoración, según informó la Generalitat en un comunicado.

Todas estas propiedades son fruto de un "complejo proceso de I+D" realizado por la empresa y el instituto tecnológico de la Red Impiva que están determinadas tanto por la fibras utilizadas como por la estructura y diseño del calcetín, ya que se ha tenido en cuenta la anatomía del pie a la hora de definirlo.

El calcetín, testado y presentado internacionalmente en la feria para empresas dedicadas a la fabricación y venta de artículos deportivos, Ispo Winter 09 (Munich), se diferencia del resto por incorporar varias bandas ajustables que permiten mejor adaptabilidad al pie y mayor confort. Además no tiene costuras por lo que evita rozaduras con heridas.

Otra de las características de este calcetín es su capacidad de regular la temperatura corporal al permitir la entrada de aire del exterior, lo que ayuda a su salida y evita la sudoración y el olor del pie.

Este calcetín está constituido por cuatro tipos de fibras: Chitosán, Thermocool, Polyamide (nylon Ion Silver) y Lycra. El chitosan es un polímero que se obtiene de la naturaleza, sobre todo de la quitina presente en el esqueleto exterior (caparazón) de animales invertebrados como moluscos o crustáceos. El hecho de ser 100% natural confiere a las fibras compuestas con este material una "total biodegradabilidad y reciclabilidad".

Thermocool es un hilo compuesto por 50% de fibra multicanal, lo que le proporciona un efecto de disipación y evaporación del sudor, y un 50% de fibra hueca, que dota de un efecto termorregulador. La poliamida (Ion Silver), en este caso contiene partículas de plata de manera inherente a su constitución proporcionando al tejido propiedades antifúngicas, antibacterianas, evitando exceso de olor, y son un excelente evacuador del calor.

Las fibras de quitina poseen una gran cantidad de propiedades que ayudan al tratamiento de pieles delicadas. Entre estas características diferenciadoras destacan la capacidad de coagulación y regeneración de tejido blando.

Además de esta regeneración celular, destacan otras propiedades tales como activador corporal que acelera la cura de heridas o ampollas, gran capacidad de absorción y efecto antimicrobiano.

Estas fibras de quitina combinadas con otras, Termo Cool, por un lado e IonSiver, que contienen iones de plata, proporcionan al calcetín "nuevas propiedades", entre las que destacan poder cicatrizante; evitan que el calcetín se adhiera las heridas; eliminación del olor por su efecto bactericida y fungicida y evitan además infecciones por su poder antimicrobiano.

Además contrarrestan el exceso de sudoración, evitan la irritación de la piel y regulan la temperatura.

El PSRM pide a Valcárcel y Camps que exijan a sus diputados el voto en contra de las enmiendas del PP

MURCIA.- El diputado regional y secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, manifestó que los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, deben ser "contundentes" y exigir a sus diputados de Valencia y Murcia que voten en contra de las enmiendas del Partido Popular al Estatuto de Castilla-La Mancha.

"Eso es lo que debe desprenderse de la reunión que mantendrán mañana ambos presidentes en Alicante, pues de lo contrario una vez más acecharía un nuevo golpe al trasvase Tajo-Segura, como el que ya le asestaron en 2001 cuando permitieron elevar el mínimo trasvasable en la cabecera del Tajo a 240 hectómetros", explicó el socialista en nota de prensa.

Por eso agregó, "es muy importante que de esa reunión salga una posición contundente en contra de esas enmiendas del PP al trasvase Tajo- Segura".

Oñate señaló que "ha quedado patente que la número dos del Partido Popular a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha podido más que Valcárcel y Camps en esta cuestión". También es verdad, continuó, que "ambos presidentes lo han estado ocultando durante estos días, pero al final ha podido más la realidad".

El dirigente socialista explicó la importancia de que el Partido Popular vote en contra de las enmiendas populares al Estatuto de Castilla-La Mancha relativas al trasvase Tajo- Segura, "porque son anticonstitucionales, invaden competencias del Estado, van contra la solidaridad de España y fijan el final del trasvase para 2015, así como la reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos".

Oñate apostilló que las enmiendas construidas por el abogado del Estado y diputado popular por Toledo, Arturo García Tizón, demuestran que "ha sabido defender los intereses de su Comunidad, frente a Ayala y Garre, que son abogados de secano y que no han aclarado qué van a votar".

El dirigente socialista también hizo alusión al informe jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, Antonio Fanlo Lora, sobre las enmiendas relativas al agua del citado Estatuto, que evidencian su inconstitucionalidad, al tiempo que prevén, "no sólo en el preámbulo", que Castilla-La Mancha haga un informe previo a cada envío de agua, "lo que retrasaría estos envíos", explicó.

Asimismo, añadió, "contemplan que se sustituya progresivamente el agua del trasvase por ahorro de agua o por agua de otro trasvase".

Andanzas y pitanzas de 'Aqualium' en Valencia

SANTANDER.- (...) La sociedad pública del gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps encargada de gestionar grandes eventos adjudicó contratos con Aqualium. La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana fue constituida en 2006 por el Gobierno de Camps para llevar a cabo los eventos promocionales de la Generalitat.

Esta Sociedad Pública era la encargada de contratar con terceros la celebración de estos eventos. En su primer año de vida adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium. El contrato por un importe de 350.000 euros se adjudicó a dedo, mediante el sistema "negociado sin publicidad", atendiendo a razones de urgencia.

Desde 2004 Aqualium Spain, dedicada al diseño, desarrollo y asesoramiento externo en materia de proyectos vinculados al campo de las artes plásticas, con una especial dedicación al mundo de la pintura y de la escultura contemporáneas, propiedad de María Porto, tercera esposa de Francisco Álvarez Cascos, cuenta con este como asesor externo, según informa la página web de la empresa.

Aqualium ha tenido especial actividad en las ciudades más pobladas de España, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia, pero también llegó a capitales medianas como Logroño, donde logró un sustancioso contrato, y Santander. Son muestras de arte moderno, generalmente de grandes esculturas, que cimentan un buen negocio.

La pareja ha facturado un mínimo de cinco millones de euros a base de contratos de intermediación, organización o comisariado de artistas, exposiciones y obras en venta; un nutrido grupo de esos contratos los ha firmado con ayuntamientos –buena parte del PP, pero no faltan del PSOE– y entidades de ahorro como Bancaja, La Caixa o Cajastur, según informaba la revista Interviú en un amplio reportaje publicado hace dos años.

(...) Aqualium, empresa en la que Álvarez-Cascos figura como asesor externo, trabaja con administraciones de distinto signo, aunque con más frecuencia con las gobernadas por el PP. Entre el 8 de enero y el 25 de febrero de 2007, Aqualium organizó en Valencia una exposición al aire libre de esculturas monumentales del estadounidense Robert Indiana, uno de los pocos representantes vivos del pop art. Cascos preparó la muestra personalmente con la alcaldesa popular Rita Barberá que, aunque no financió la exposición, sí la autorizó cediendo el suelo.

Los alrededor de 300.000 euros que costó la muestra salieron de Bancaja. Como casi todas las cajas, esta entidad está controlada por políticos. El presidente de Bancaja es José Luis Olivas (PP), que presidió la Generalitat valenciana cuando Eduardo Zaplana se fue a Madrid para ser ministro de Trabajo.

Esta misma exposición estuvo del 4 de mayo al 31 de julio de 2006 en el madrileño paseo de Recoletos con el apoyo del Ayuntamiento de Ruiz Gallardón y el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre. Son gigantescas piezas de acero o aluminio en vivos colores, que forman palabras como love o art. (...).

(En la imagen, el presidente de Bancaja, la alcaldesa de Valencia y el vicepresidente del Consell con María Porto, comisaria de la exposición de Robert Indiana, en su inauguración hace justo dos años).

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Amigos, trajes y otros líos políticos / Enrique Arias Vega

Hace tiempo que el panorama económico y político del país no andaba tan revuelto en perjuicio, sobre todo, de los pobres ciudadanos.

Como si no tuviésemos bastante con una crisis económica de proporciones devastadoras aún sin evaluar correctamente, ha comenzado una cacería más aparente que efectiva de políticos presuntamente corruptos y de tramas perversas que, más que tales, lo que sí evidencian es el oportunismo de algunos chorizos que medran a la sombra de los partidos.

Conclusión: el descrédito de la clase política en su conjunto. Ayer mismo, El Periódico de Catalunya publicaba un sondeo desolador, en el que todos los indicadores de la opinión pública son de los peores en los últimos diez años. También todos los líderes, incluido Rodríguez Zapatero, obtienen un suspenso, a excepción de Rosa Díez, quien con un 5 pelado triplicaría hoy día sus votos y escaños. Por algo será.

Pero, antes de extraer precipitadas conclusiones, recapitulemos lo que está ocurriendo.

A escala doméstica valenciana, el ataque contra el PP se inició con los contratos del conseller Serafín Castellano a un amigo con quien familiarmente comparte la propiedad de una finca. Al socaire de ese suceso se recordó por parte de la oposición el actual empleo del hijo de Font de Mora y hasta la participación de la familia de Juan Cotino en residencias para mayores.

Todo ello, probablemente, de un gran candor aunque en algún caso de notoria falta de prudencia. Los políticos no pueden vivir en urnas de cristal, aislados de la realidad, sin tener hijos, parientes ni amigos, algunos de ellos de gran competencia profesional. Pero ya se sabe que ciertos familiares han cavado la fosa pública de sus allegados, como le sucedió en su día a Alfonso Guerra con su hermano el conseguidor.

Donde la guerra mediática y de opinión ha alcanzado su paroxismo es en la insinuada imputación al presidente Francisco Camps de haberse beneficiado tres trajes.

Como ven, se trata de una modesta acusación que, además, aún estaría por sustanciarse, frente a las que en su momento padecieron los también presidentes autonómicos Demetrio Madrid, Jordi Pujol y Gabriel Cañellas, todos ellos posteriormente exonerados por los tribunales, a diferencia del socialista navarro Gabriel Urralburu, que él sí que se cayó con todo el equipo.

Y es que en la guerra partidista, la frontera entre la realidad y la fantasía, el delito y la insidia, es de un oportunismo interesado y feroz. Lo mismo sucede con la calificación de trama política a cualquier felonía.

En realidad, existen tres tipos de corrupciones: las que realizan delincuentes de cuello blanco que se benefician de su proximidad al poder, las que comparten con ellos aquellos políticos que reciben mordidas de los primeros y las auténticas tramas que propician la financiación ilegal de los partidos.

Aquí nadie está hablando de lo último. Eso sucedió en el PP en tiempos de Rosendo Naseiro, con el PSOE cuando Filesa y las comisiones del AVE, en el caso Pallerols de Unió Democrática, en la denuncia jamás investigada de Pasqual Maragall a Artur Mas de cobrar comisiones del 3 por ciento, etcétera, etcétera. Entre esas prácticas, hasta se podría considerar la condonación por La Caixa de 6,7 millones de euros al partido de José Montilla.

Ahora sólo se habla de latrocinios individualizados que deberán averiguarse hasta el último céntimo. Pero eso no impide la sospecha de que la magnificación mediática de los hechos acaecidos, su deliberada filtración gota a gota, el desconocimiento completo del sumario y otros pormenores de su utilización política vayan mucho más allá de la simple búsqueda de justicia.

Bastantes ciudadanos tienen la impresión de que, ante la inevitable catástrofe económica que se le viene encima, el Gobierno pretende acabar preventivamente con la oposición e impedir así que pueda tomar el relevo. Lo malo de ello, insisto, es que resulta afectado todo el sistema democrático en su conjunto.

En España no estamos, por supuesto, al nivel de países corruptos como Chad, Bangla Desh o Turkmenistán. Ni siquiera tenemos impresentables ministros beodos como el japonés Nakagawa. Pero entre todos estamos desprestigiando a la clase política y hasta al mismo sistema representativo.

Aún es muy pronto para que cunda el pánico, aunque es mejor poner el parche antes que la herida e impedir así que surjan movimientos populistas, como aquél de Pierre Poujade que en los años 50 se llevó por delante la IV República francesa.

Aquí, de momento, la semana pasada la Plataforma de las Clases Medias, que inspira el periodista Enrique de Diego, sacó a la calle en Madrid a unos miles de personas. Poco es, de momento, pero sí que supone un inquietante comienzo.

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La trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional arruina el futuro político de Esperanza Aguirre y Francisco Camps

MADRID.- El sumario que instruye el juez Baltasar Garzón se ha llevado por delante el poder de las baronías en el PP. Al margen de las consecuencias jurídicas y penales, el descubrimiento de la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ha tenido unos efectos políticos demoledores para los dos líderes autonómicos que ostentaban el mayor poder en el partido: los presidentes de Madrid y Valencia, según la periodista Magis Iglesia, de la agencia 'Colpisa'.

Mariano Rajoy se ha quedado así sin su principal adversaria, Esperanza Aguirre, pero también sin su primer y más importante valedor, Francisco Camps. Los otros tres gobernantes populares en Murcia, La Rioja y Castilla y León carecen de peso suficiente para reconstruir la estructura de poder ahora demolida bajo los efectos de la actuación de Garzón.

El resto de los responsables territoriales del PP no sólo están ayunos de influencia, sino que tienen serios problemas internos en sus filas, como ocurre en Baleares, Asturias, Cataluña o Canarias, donde el presidente del partido, José Manuel Soria, también está incurso en un procedimiento judicial supuestamente relacionado con un caso de cohecho y corrupción.

Los partidos populares de Madrid y Valencia comparten el mismo fenómeno porque sus respectivos líderes han librado una lucha sin cuartel con sus adversarios internos. Aguirre no da tregua a su competencia permanente con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, mientras que Camps disputó la influencia y el poder a su mentor y ex presidente autonómico, Eduardo Zaplana.

Todos estos datos vienen a confirmar las sospechas de quienes siempre han pensado que una de las peores lacras del estilo de Rajoy es la falta de cohesión en los equipos dirigentes y la aparente indiferencia del líder a la hora de poner orden en sus filas.

El presidente del PP no ha sabido poner orden en la lucha interna en Madrid y ahora tampoco dispone de capacidad para adoptar medidas disciplinarias. En idéntica situación se encuentra con respecto a la Comunidad Valenciana porque, aunque quisiera tomar medidas ejemplares con el equipo de Camps o con el propio presidente autonómico si llegan a confirmarse las imputaciones que se insinúan en las filtraciones del sumario, no está en condiciones de hacerlo.

Dirigentes más veteranos recuerdan que a José María Aznar no le tembló el pulso cuando tuvo que deshacerse de barones autonómicos con tanto poder como el que tenían el cántabro Juan Hormaechea y el balear Gabriel Cañellas.

«Rajoy no se puede permitir ese lujo», apuntan estas fuentes y recuerdan que al actual líder del PP le resultaría imposible prescindir de las dos grandes autonomías en las que gobierna su partido porque «perdería capacidad e influencia».

El escándalo de la corrupción ya ha debilitado a los dos pesos pesados autonómicos. Aguirre tiene a dos alcaldes imputados, un consejero bajo sospecha y dos parlamentarios de su grupo que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta se ha visto obligada a asumir cuatro dimisiones (el alcalde de Boadilla, el director-gerente del Mercado Puerta de Toledo, el consejero de Deportes y el presidente de la comisión de investigación del espionaje), aunque mantiene la inocencia de todos y es un elemento activo en la divulgación de la tesis oficial que denuncia «una trama contra el PP» urdida por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Francisco Camps, por su parte, no se encuentra en una situación más cómoda porque los focos de la actuación judicial apuntan en su dirección.

El presidente valenciano emuló a Rajoy cuando saltó a las primeras páginas de los periódicos la filtración del escrito en el que la Fiscalía lo incluía entre los posibles aforados de la causa que instruye Garzón. Se rodeó de su equipo de Gobierno al completo y, acompañado por la alcaldesa Rita Barberá, pronunció un solemne discurso en defensa de su honor e inocencia.

«Estaba muy sobreactuado y eso demuestra con claridad su extrema debilidad», sentenció un parlamentario que interpretó como un error la respuesta del político autonómico al que, en principio, se le podría acusar de vestir trajes pagados por una empresa de la trama.

«Sabemos que todo lo que investiga la Policía es serio», confiesa un dirigente en privado. «Pero hemos tenido mucha suerte gracias a la afición cinegética de Bermejo, el hecho de que la causa la lleve Garzón y no otro juez más serio y que le haya reventado la investigación a la Fiscalía, que tiene ahora todo prendido con alfileres», añadió.

Pero «aunque no se pueda demostrar ningún delito y todo quede en unos trajes, los efectos políticos son indudables porque es una cacería en toda regla, a través de periódicos y telediarios», se queja otro dirigente territorial.