miércoles, 24 de noviembre de 2010

Mireia Mollà se ratifica como denunciante sobre la supuesta red de ONG

VALENCIA.- La diputada de Compromís Mireia Mollà se ha ratificado este miércoles ante el fiscal anticorrupción como denunciante sobre las presuntas irregularidades en las subvenciones a proyectos de cooperación por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirige Rafael Blasco y se ha mostrado "optimista" de que pueda prosperar y se investiguen los hechos por la justicia.

   Mollà ha detallado al fiscal, en una comparecencia que se ha prolongado durante tres horas, la documentación que aportó sobre el "entramado" de ONG que supuestamente desviaba dinero a empresas afines a sus dirigentes, según ha explicado. La parlamentaria ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Valencia a las 11.00 horas, donde ha permanecido hasta las 14.00 horas.
   La diputada de Compromís ha informado, en declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia, de que la Fiscalía ha abierto unas diligencias preprocesales a partir de la información aportada por Compromís, que se añaden a las ya existentes con motivo de la denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado por la supuesta compra de pisos y un garaje a cuenta de los fondos de cooperación por parte de la Fundación Cyes.  
   Ha explicado que ambas diligencias de momento van por separado pero el fiscal no descarta que, si prosperan, lleguen a unirse, algo que competería decidir al juez en su momento. Ha especificado que hay una conexión entre ambas denuncias, que ha situado en la empresa Arcmed, que facturaba a la Fundación Cyes y cuyo administrador único es, a su vez, presidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, según ha indicado Mollà.
   La parlamentaria ha incidido en que es "consciente" de que la investigación sobre estos hechos "es muy difícil" y "complicada" porque hay "muchísima documentación" y tiene "constancia de las carencias que pueda tener la administración judicial a la hora de emprender investigaciones de este carácter porque es muy complicado y abarca todo un entramado presuntamente corrupto".
   Sobre las posibilidades que tiene de prosperar su denuncia, ha indicado que espera que se pueda llevar a cabo "con paciencia y que se tenga voluntad de investigar, no tengo dudas al respecto y, por tanto, sí que soy optimista".
   Mollà ha explicado al fiscal "uno por uno" los puntos reflejados sobre el supuesto "desvío de fondos públicos que, según la documentación que tenemos, se han podido hacer por parte de la Conselleria y de la Fundación Solidaria Entre Pueblos a determinadas empresas", según ha relatado.
   Ha recalcado que desde Compromís "no tenemos ninguna duda de que lo que denunciamos es veraz" y ha subrayado que, a partir de la documentación que aportan, "queda muy claro y muy patente" el "trato de favor" de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Solidaria Entre Pueblos y que ésta "lo que ha hecho es desviar el dinero que recibía para ingresar en las cuentas de las empresas cuyos jefes son los miembros" de la propia entidad.
   "No tenemos dudas de ello, volvemos a ratificarlo y esperamos que se profundice en el tema, que se investigue y, sobre todo, que sea una llamada para que dejen de hacer estos comportamientos que son simplemente corrupción en toda regla", ha apostillado.
   Mollà ha señalado que el fiscal le ha comentado que no se puede tener "prisa en estas cosas" porque hay "muchísima documentación", pero "con esto no ha querido decir que quiera hacer un 'impasse' en el tema sino que continuará investigando". También ha trasladado a la diputada que en el momento en que necesite alguna aclaración o ella misma quiera aportar nuevos datos puedan tener "todo el contacto fluido que haga falta", según ha indicado la parlamentaria.
   La representante de Compromís ha especificado que la documentación aportada incluye facturas "con sus propios resguardos de haberlos cobrado estas empresas, todos los expedientes en los que hay irregularidades, nóminas de personal, órdenes de haber recibido por parte de la Conselleria las subvenciones y todo lo que relaciona este entramado de ONG con la matriz de la trama, es decir, toda la documentación que liga todas las cuentas de estas fundaciones a los patronos de Entre Pueblos con firmas en sus respectivas cuentas".
   Ha insistido en que espera que estos hechos "se investiguen a fondo" y ha remarcado que el resultado final debe ser que se acabe "ya de una vez con estos comportamientos corruptos y si alguien tiene que tener algún tipo de responsabilidad penal, la tenga".
   Mollà ha especificado que las subvenciones que ha podido recibir el "entramado" de ONG entre 2009 y 2010 "podrían sumar un montante de cuatro millones de euros" y, de ese dinero, "que nosotros tengamos clarificado", dos millones habrían ido a parar a las empresas vinculadas a miembros de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, ha señalado.
   Asimismo, la diputada ha incidido en la "falta de medios materiales y humanos" de la justicia para poder investigar hechos como estos y, al respecto, ha realizado una "llamada a las instituciones para que aumenten las dotaciones que hacen falta en el ámbito judicial" para evitar que los procesos sean "eternos", porque esto "no beneficia a nadie, ni a las personas denunciadas ni a los que denunciamos ni a la ciudadanía en general, que ve estos procesos eternos como justicia de dos velocidades, la que tiene la gente normal y corriente y la que tienen los políticos".

Camps y Takahashi acuerdan aumentar las relaciones comerciales entre la Comunitat y Japón

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el embajador de Japón, Fumiaki Takahashi, han acordado este miércoles aumentar las relaciones comerciales entre la Comunitat y Japón en la reunión que han mantenido en el Palau, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   El jefe del Consell ha explicado que, durante el encuentro, han abordado aspectos de carácter político, económico, social y cultural de un momento importante tanto para España como para Japón que va a ser el año 2012. Así, se ha referido a aumentar la presencia en ese período a través de la oficina IVEX, que ya cumple 20 años.
   Camps ha subrayado las expectativas de futuro y el aumento de las exportaciones durante este último año en prácticamente todos los sectores productivos, al tiempo que ha hecho alusión a la producción en la Comunitat de calzado, mueble, textil, o cerámica, entre otros.  
   Además, ha afirmado que el AVE que en pocos días unirá a la Comunitat Valenciana y a Madrid convertirá a estas comunidades en el eje de prosperidad del futuro de España.
   De esta forma, Camps ha recalcado que la unión de estos dos territorios "se traduce en prosperidad, crecimiento y generación de empleo y bienestar" que cambia definitivamente la historia de España desde el punto de vista económico y social. Además, ha apuntado que así como en el siglo XX el eje de crecimiento y desarrollo industrial se situaba al norte del país, ahora "baja definitivamente hacia el centro peninsular y el arco Mediterráneo".
   Así, la comunicación en hora y media con Madrid y con el centro peninsular "supone un aumento de expectativa de manera exponencial para la Comunitat, así como inversiones tanto dentro como fuera de la región". En esta línea, Camps ha resaltado la repercusión que va a generar para el turismo, los servicios y, en definitiva, en la creación de todo tipo de iniciativa empresarial y económica.
   El jefe del Consell ha vaticinado que la configuración de la España de los próximos años "pasa de manera indefectible por ese eje esencial y fundamental que es el de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana". Así, ha recordado que ambos suman la cuarta parte de la población nacional, la tercera parte de la riqueza y buena parte de las exportaciones del país, al tiempo que ha indicado que son comunidades muy complementarias con una visión de España común y unas expectativas de futuro "sin ningún tipo de complejo", ha dicho.

Un total de 38.946 extranjeros de la Comunitat han sido notificados por el censo para votar en las próximas elecciones

MADRID.- Un total de 38.946 extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana han sido notificados por el censo para votar en las próximas elecciones municipales. Las provincias de Alicante y Valencia, con 19.499 y 16.725 personas, son la cuarta y la quinta con más extranjeros con derecho a voto.

   Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que además indica que los ciudadanos extranjeros notificados por el censo para votar en Castellón ascienden a 2.722 personas.
   Por delante de las provincias de Alicante y Valencia, las que registran más extranjeros con derecho a voto son Madrid, con 92.212 personas, casi la cuarta parte del total, seguida de Barcelona (52.743) y Murcia (30.752).
   En el otro extremo, además de Ceuta (30 votantes) y Melilla (108), se sitúan las provincias con menos votantes de estos países: Zamora (286 electores), Salamanca (309), Cáceres (381) o Teruel (429).
   A nivel nacional, más de 322.000 extranjeros han sido notificados por el censo para votar en las próximas elecciones municipales, entre ellos se encuentran los ciudadanos nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú, al haber firmado estos países un Acuerdo con España sobre participación en las elecciones municipales.
   El grueso de los electores extranjeros son ecuatorianos, 168.639 personas, a los que les siguen los ciudadanos de Colombia, 95.192. El tercer colectivo más numeroso es el de los peruanos (38.244), seguidos de bolivianos (27.502), chilenos (10.078), noruegos (6.027), paraguayos (4.305) y neozelandeses (148).
   El próximo 1 de diciembre se abre el plazo para que los extranjeros con derecho a votar en las elecciones municipales del 22 de mayo del año que viene puedan hacerlo, plazo que se prolongará hasta el 15 de enero. Las solicitudes que se realicen fuera de estas fechas, incluidas las que pudieran realizarse por reclamación a los datos de inscripción en el censo electoral, serán desestimadas.
   En concreto, la medida afecta a 322.633 personas residentes en España e inscritos en el censo. A ellos se suman 27.502 ciudadanos de Bolivia, país con el que este acuerdo se ha firmado recientemente y a quienes se les va a enviar la comunicación.
   Son varios los requisitos que estas personas deben cumplir para poder votar, empezando por estar inscritos en el censo electoral. Para ello, hay que ser mayor de 18 años y no estar privado del derecho al sufragio activo, estar inscrito en el padrón municipal, tener la autorización de residencia en España y haber residido legalmente al menos cinco años en el momento de la solicitud (tres años el día de la votación en el caso de los noruegos). Cada acuerdo entre países puede incluir además otros requisitos que se deberá cumplir en cada caso.
   Quienes reciban la comunicación del INE podrán solicitar la inscripción bien a través de internet, a través de la página web del INE, bien por correo postal, que no necesita franqueo. No es necesario que el elector acuda al Ayuntamiento correspondiente a su municipio de residencia en España.
   Los ciudadanos de estos países también pueden presentar las solicitudes directamente en los ayuntamientos, cumplimentando el impreso disponible en ellos para tal fin. En estos casos es necesario tener en cuenta que la identificación se realizará con la Tarjeta de identidad de extranjero, de la que se deberá entregar una fotocopia. Los ciudadanos noruegos también podrán acreditar su identidad con el Documento nacional de identidad o Pasaporte de su país.
   Además, también en estos casos, el tiempo de residencia legal en España requerido se deberá justificar con un certificado de residencia expedido por la Comisaría de Policía, cuando no se pueda deducir de los datos de la fotocopia de la Tarjeta de identidad de extranjero, si esta fuera aportada.

El TS avala el archivo de la queja el PP contra Garzón por filtraciones del sumario Gürtel

MADRID.- El Tribunal Supremo ha avalado el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una queja que fue presentada por el PP contra juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por filtraciones a la prensa durante el periodo en el que instruyó el "caso Gürtel", relativo a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido.

   En una sentencia hecha pública este miércoles, el alto tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por los abogados del PP contra la decisión adoptada en septiembre de 2009 por el órgano de gobierno de los jueces, cuando rechazó sancionar disciplinariamente a Garzón tras la publicación en diversos medios de la identidad de los inicialmente aforados en esta causa, entre los que se encuentra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
   La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo, concluye que la Comisión Disciplinaria del CGPJ realizó "una actividad investigadora suficiente" sobre los hechos relatados en la denuncia del PP para concluir que éstos carecían de relevancia disciplinaria,  al tratarse de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducían de cada actuación judicial de Garzón. A juicio del alto tribunal, esta conclusión "no es irrazonable".
    Los servicios de Inspección del Consejo habían señalado sobre esta denuncia en particular que la queja del PP no incluía más que "consideraciones subjetivas expresadas por los interesados", quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.
   Según el escrito de queja presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que "dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP", además de darse publicidad "sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes".
   El PP había denunciado también como "irregular" la notificación del auto en el que Garzón se inhibió de esta investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar".
   Igualmente, en la queja se criticaba la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.
   Denunciaba también el PP que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición a los tribunales superiores de Valencia y de Madrid, lo que esta parte consideraba como una maniobra para retener el caso en su poder.  A este respecto, el Tribunal Supremo señala que "solicitado y concedio el permiso, no cabe responsabilizarle (a Garzón) por ello".
    Finalmente, y en coincidencia con el propio CGPJ y con la Abogacía del Estado, personada también en este incidente, el Tribunal Supremo ha destacado que con la información a la prensa de los autos de inhibición al TSJM y al TSJCM "el Gabinete de Prensa actuó siguiendo escrupulosamente el protocolo de la Comunicación de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 7 de julio de 2004".

El Consejo Regulador de Chufa de Valencia estima una producción de 6,5 millones de kilos

VALENCIA.- El Consejo Regulador de Chufa de Valencia estima una producción de 6,5 millones de kilos de este producto en esta campaña, cuya recoleccióm ya ha comenzado y se desarrolla "a muy buen ritmo" por las "inmejorables condiciones climatológicas". 

   Según ha informado en un comunicado, en este mes se ha iniciado en la comarca de l'Horta Nord la actividad de recolección de la chufa, que se extenderá hasta más allá de febrero. Este año, las "inmejorables" condiciones climatológicas, con ausencia de lluvias destacables en noviembre han favorecido que la recolección se esté desarrollando "a un buen ritmo".
   Esta campaña la superficie dedicada al cultivo de la chufa ha disminuido "considerablemente, debido a las lluvias de la primavera que dificultaron su plantación en la época óptima y por el descenso del precio percibido por los agricultores la pasada campaña". Esta situación ha dado lugar a un "ligero repunte" en las primeras cotizaciones que se están dando en el campo y que oscilan entre 42 y 50 céntimos por kilo de chufa tierna, frente a los 36 céntimos de la temporada anterior.
   Las previsiones del Consejo Regulador son de una producción que rondará los 6,5 millones de kilos de chufa tierna en las 4.100 hanegadas (342 hectáreas) que se han destinado a su cultivo. De esta producción, más del 90 por ciento estará amparada por la denominación de origen Chufa de Valencia.
   Asimismo, ha indicado que los análisis y el seguimiento sobre la chufa de Valencia que ha realizado el Consejo Regulador sobre las primeras partidas recolectadas han puesto de manifiesto su "gran calidad y un muy buen tamaño, tal y como viene siendo habitual".  
   Para el presidente del Consejo Regulador, Antonio Gimeno, "la denominación de origen es una herramienta fundamental con la que cuenta el sector para proteger, promocionar y distinguir la chufa de Valencia, de chufas de países terceros cuya calidad y sabor son muy inferiores".
   Además, ha animado al consumidor a que busque y demande el logotipo de la Denominación de Origen en la horchata que consuma, "única garantía de que se ha elaborado con chufa valenciana". "La apuesta por este sello de garantía es, además, una apuesta por mantener la agricultura y el entorno medioambiental de la zona en la que se produce", ha asegurado Gimeno.
   La chufa se cultiva en 16 términos municipales de la comarca valenciana de l'Horta Nord, ya que en ellos se dan unas condiciones climáticas y de suelo "determinantes", que la convierten "en la única zona de Europa en la que se produce este singular tubérculo".
   Asimismo, junto con la recolección de la chufa, se inicia su secado, proceso artesanal, lento (nunca es inferior a tres meses)  y cuidadoso, mediante el cual el tubérculo pierde el 40 por ciento de humedad y que confiere a la Chufa de Valencia la calidad y sabor que la distingue.

Alarte: "Prácticamente no hay ningún sector económico o social en la Comunitat al que Camps no deba dinero"

VALENCIA.- El secretario general de los Socialistas Valencianos y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha afirmado que "prácticamente no hay ningún sector económico o social en la Comunitat Valenciana" al que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "no deba dinero". 

   En un comunicado, Alarte ha calificado de "intolerable" que a Camps y al PP "no les importe que los cientos de empresas que contratan con la Generalitat sepan que no van a cobrar nunca lo que se les debe, debido a que desde hace meses ningún banco acepta una deuda reconocida de la Generalitat como aval".
   El dirigente socialista ha señalado que para arreglar esta situación "sólo hay una salida: sanear la Generalitat y reformar su papel y sus prioridades, frente al gasto descontrolado de Camps y su insistencia en derrochar cada día más".
   En este sentido, el líder socialista ha lamentado que la Generalitat sea "el mayor lastre que tienen las empresas y los trabajadores de la Comunitat para poder iniciar la recuperación económica".
   Alarte ha mostrado su preocupación por "la alarmante situación de quiebra económica de la Generalitat". "Hoy son las farmacias las que saben que no cobrarán a tiempo lo que les debe el Consell y el grupo RTVV está en una situación más crítica de lo que suponíamos", ha añadido.
   "Cambiaremos, sanearemos y reformaremos una Generalitat que es ruina, riesgo y retroceso para las empresas y los trabajadores", ha indicado el máximo dirigente socialista, quien se ha mostrado convencido de que "sólo hay una salida para la situación a la que Camps y el PP nos han llevado: un cambio urgente de prioridades económicas" que, según Alarte, "pondrá en marcha el futuro Gobierno socialista de la Generalitat".  
   Alarte ha aseverado que su formación tiene claro "los pasos para solucionar la terrible situación en la que se encuentra la Generalitat. El primer paso será pagar a los proveedores todo lo que se les debe. Los costes financieros asociados a esta operación serán mucho menores que los costes sociales que supone el cierre de empresas y tener una tasa de paro cuatro puntos superior a la de la media española".
   El segundo paso, ha agregado, "será replantear desde cero las prioridades de gasto e inversión de la Generalitat, priorizando las acciones que tengan un retorno directo e inmediato en la creación de empleo para nuestros trabajadores. Y finalmente, aumentar la productividad y la competitividad de nuestra economía", ha resumido.
   Además, ha expresado que "sólo un Gobierno distinto, de un partido político distinto podrá hacer las cosas de distinta forma". Así ha advertido que "cuando todos los agentes económicos, políticos y sociales están exigiendo un cambio en la orientación de la política económica del Consell basada en el consenso entre las fuerzas políticas, ha sido el PP quien se ha negado a aceptar todas nuestras propuestas para poderlo llevar a cabo".

La Generalitat, a punto descarrilar en el objetivo del déficit para 2010

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha informado hoy de que Castilla-La Mancha y Murcia tienen un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para 2010, por lo que tendrán que adoptar medidas de "importante calado". El Gobierno Valcárcel deja así en ridículo a la Región en pleno ajuste presupuestario para que España no se arruine.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Salgado ha asegurado que a final del año se va a cumplir el objetivo de déficit por parte del conjunto de las comunidades autónomas, fijado en el 2,4%. Ha explicado que de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre y los datos provisionales del tercer trimestre, sólo las citadas comunidades tienen "algún riesgo de no cumplir" ese objetivo, otras cuatro (Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León) presentan un riesgo de desviación "leve" y ya han propuesto algunas medidas para ajustarse, y las otras once no tienen a día de hoy "ningún riesgo" de incumplir el objetivo de déficit.

Según la ministra, una vez que sean definitivos los datos referidos al tercer trimestre se podrá incluir a Castilla y León en este último grupo, que representa el 70% del PIB. En cuanto a Murcia y Castilla-La Mancha, que suponen el 6% del PIB, la principal consecuencia del incumplimiento de los objetivos de déficit es que no podrán recibir autorizaciones para endeudarse en el segundo tramo previsto por el Gobierno para 2010, que equivale al 1,2%. Esto es consecuencia del acuerdo adoptado el pasado 15 de junio en el CPFF, que decidió que el endeudamiento para 2010 se autorizaría en un primer tramo hasta el 0,75%, en un segundo tramo (una vez estudiados los datos del primer semestre del año) hasta el 1,2% y en un tercer tramo al final de ejercicio.

Así, una vez evaluados los datos del primer semestre, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León deberán desarrollar sus medidas de ajuste para acceder al segundo tramo de endeudamiento. Por su parte, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Extremadura y Baleares serán autorizadas para activar nuevas operaciones de endeudamiento hasta el 1,2% citado.

Además, en el encuentro de hoy las comunidades han decidido, por unanimidad, homogeneizar sus datos de ejecución presupuestaria, para que, a partir del primer trimestre de 2011, se puedan publicar de forma conjunta. Salgado ha explicado que es la primera vez que se darán estos datos, cuya periodicidad será trimestral y en aras a la transparencia.

Preguntada por cuándo se publicará por primera vez esa estadística, Salgado indicó que los primeros datos serán los del primer trimestre de 2011 y que se divulgarán unos "60 días después". Esta homogeneización había sido solicitada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como por el Gobierno. 

El CPFF ha conocido asimismo un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por las comunidades en el ejercicio 2009. Madrid, La Rioja y Galicia son las únicas comunidades autónomas que han cumplido este objetivo, fijado en el 0,75%, por lo que ninguna de las tres ha tenido que presentar un plan de reequilibrio presupuestario.

El déficit conjunto de las comunidades autónomas en 2009 se situó en el 1,92% del PIB. La ministra, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha dicho que la reunión se ha desarrollado en un ambiente de colaboración, cooperación y cordialidad, a pesar de las circunstancias económicas que en estos días está viviendo el país.

Por otro lado, Salgado, aseguró que hay que continuar con las reformas y con los planes de austeridad que se han puesto en marcha para que los mercados no castiguen la deuda española.

En cuanto a si, tras el rescate de Irlanda, a España le basta con homogeneizar los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades, Salgado destacó que "lo más importante" es que las comunidades autónomas van a cumplir en 2010 el objetivo de déficit del 2,4%. Además, en 2011 las comunidades van a seguir con la senda de cumplir los objetivos de déficit, añadió Salgado.

El arzobispo de Tarragona culpa de la crisis a los especuladores "sin moral"

TARRAGONA.- El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, culpa de la crisis financiera a los especuladores "sin moral" en su pastoral de esta semana, correspondiente al domingo 28 de noviembre, que lleva por título "No robarás". 

En la hoja pastoral, Jaume Pujol recuerda que la Iglesia católica "siempre ha defendido la licitud de la propiedad privada, contra ideologías que pretendían abolirla, y que lo único que lograron fue una sociedad más pobre".
En esta línea, el arzobispo señala que la institución eclesiástica ha abogado siempre "por el bien común" y ha recordado a los gobernantes de cada momento que "tienen obligación" de procurarlo.
En este punto, Pujol aclara que el "no robarás" no sólo prohíbe el delito directo, "el que hace alguien que puede ser cogido con las manos en la masa", sino "el que especula con operaciones financieras al límite y que por falta de ética compromete los ahorros de muchas personas".
En su opinión, "la actual crisis financiera mundial tiene su origen en esa falta de moral".
La doctrina social de la Iglesia "no sólo vela por un mundo más espiritual, sino también por un mundo más justo", añade.

El PSPV municipal retira el recurso contra la modificación del PGOU para el actual campo de Mestalla

VALENCIA.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha acordado retirar el recurso que había planteado el año 2008 contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que afectaba al actual estadio de fútbol de Mestalla, así como el acuerdo de aprobación del Programa de Actuación Integrada de dicha unidad, según han informado fuentes del PSPV.

   Esta decisión se ha adoptado en una reunión celebrada esta mañana y se ha tomado "tras el proceso de diálogo abierto hace más de un año entre el Valencia y el grupo municipal socialista" y "después de que el Valencia se haya comprometido a renunciar a la actual ordenación urbanística de la parcela de Mestalla y a su modificación" y, en consecuencia, a presentar a trámite una nueva ordenación urbanística para los terrenos del actual estadio, han indicado.
   Así, las decisiones adoptadas por el Valencia CF y el grupo socialista son el resultado del proceso de diálogo abierto entre ambos y que se materializó el viernes, 24 de septiembre, con la celebración de un acto único en que los procuradores de las partes interesadas en el proceso --grupo socialista, Ayuntamiento de Valencia, Generalitat valenciana, AUMSA y el Valencia CF SAD-- firmaron un escrito dirigido al TSJCV solicitando el aplazamiento del fallo, previsto para el martes 28 de septiembre.
   Los concejales del grupo municipal socialista accedieron a solicitar el aplazamiento de la decisión judicial durante dos meses después de que los responsables del club manifestaran su disposición favorable a repensar, desde el consenso y el respeto a la legalidad, aquellos aspectos del proyecto que permitieran mejorar su calidad urbana, medioambiental y paisajística.
   Tras ello, el Valencia CF ha cambiado de posición comprometiéndose a renunciar formalmente a la ordenación de volúmenes y usos actuales en la ordenación de los terrenos del actual estadio. La ordenación a la que los socialistas se oponían va a dejar de existir. Por tanto, "es comprensible también que cambie la posición de los socialistas al respecto", ha explicado la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch.
   Las bases para una nueva ordenación urbanística que presenta el Valencia suponen una importante liberación de espacio público. La nueva ordenación reduce el número de torres y aumenta su altura para liberar más espacio en superficie; supone una clara mejora de la calidad urbana, medioambiental y paisajística; y permite el equilibrio entre la población residente y los equipamientos necesarios, al incrementar la superficie de las parcelas destinadas a jardín y centro escolar y reducir el volumen de edificabilidad residencial, según las mismas fuentes.
   Después de que el Valencia CF SAD mantenga la edificabilidad inicial en las nuevas bases de ordenación urbanística, los socialistas no persisten en el procedimiento judicial para no comprometer más la situación económica del mismo, teniendo además en cuenta el esfuerzo realizado por éste para ajustar las bases de ordenación urbanística a las exigencias del interés general.
   Los responsables del club se comprometen a plasmar la nueva ordenación urbanística mediante la presentación de un estudio de detalle y a someter a consulta al grupo municipal socialista la nueva ordenación antes de someterla a trámite al Ayuntamiento de Valencia, a fin de conocer su punto de vista y sugerencias sobre la misma y tratar de lograr una cuerdo en cuanto a su configuración, así como a establecer una política de comunicación directa y transparente con dicho grupo en todos los expedientes futuros que afecten a ordenación y usos de las parcelas del actual estadio.
   Además, el escrito del club señala que el Valencia CF "entiende y comparte la inquietud del grupo municipal socialista por lograr una ordenación urbanística que, respetando la legalidad vigente y los legítimos derechos del club, permita conseguir una configuración singular de los volúmenes edificatorios en un emplazamiento tan relevante como el terreno del actual estadio, y a este fin acometerá los estudios técnicos precisos para diseñar una nueva ordenación del mismo".
   "Los valencianos ganan con la nueva propuesta urbanística. Hay un beneficio público que los socialistas hemos promovido y aceptamos de buen grado", ha explicado Alborch, quien ha subrayado que "la ciudadanía en general y los socialistas en particular, prefieren el acuerdo al enfrentamiento, el consenso a la disputa en los asuntos que afectan al interés general".
   "El Valencia ha aproximado sus posiciones a las que los socialistas defendíamos con el recurso y en consecuencia los socialistas preferimos un acuerdo extrajudicial a un fallo que podría ser favorable o desfavorable a cualquiera de las partes", ha afirmado la portavoz municipal socialista, para quien "se entendería mal que habiéndose comprometido el Valencia a renunciar formalmente a la ordenación urbanística recurrida, los socialistas no renunciaran al conflicto judicial planteado".

El Banco de España no cierra en Valencia ni Alicante

MADRID.- El Banco de España ha confirmado la reestructuración de su red para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y humanos de que dispone, y procederá al cierre de las siete sucursales con menor actividad, de las 22 que actualmente están operativas.

   La Comisión Ejecutiva del organismo supervisor ha adoptado esta decisión con fecha efectiva a partir del 31 de mayo de 2011 y afectará a Ceuta, Logroño, Melilla, Pamplona, San Sebastián, Santander y Toledo.
   De este modo, a partir de junio de 2011, la red de sucursales se extenderá por 15 ciudades: Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Las Palmas, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
   La actividad de las siete sucursales que cerrará representa el 9,3% del total de la red y tienen una operativa "muy restringida" con las entidades de crédito, explica el organismo que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez.
   Asimismo, la institución recuerda que los ciudadanos disponen ya de cauces alternativos -a través del correo postal o de Internet- que no hacen necesaria la presencia física en la sucursal del Banco de España para realizar trámites como, por ejemplo, los relacionados con la suscripción de Deuda Pública, la presentación de reclamaciones contra entidades de crédito o la obtención de informes de la Central de Información de Riesgos (CIR).
   En el caso de Ceuta y Melilla, el Banco de España iniciará conversaciones con las entidades de crédito para establecer un sistema de depósito de billetes propiedad de la entidad que garantice un suministro de la misma calidad y coste que el vigente hasta el momento actual.
   El Banco de España subraya que no se producirá ningún despido porque la plantilla de las siete sucursales (58 trabajadores) podrán solicitar el traslado a las sucursales más cercanas en las que existan vacantes o a Madrid. Además, el organismo supervisor ya ha abierto un proceso de negociación con los sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre las modalidades precisas de esta adaptación laboral.
   La reestructuración de la red de sucursales del Banco de España ha vivido ya dos etapas anteriores. Entre los años 1978 y 1982 se cerraron 18 de las 70 oficinas existentes entonces, quedando abierta una en cada capital de provincia, además de en Santiago de Compostela.
   Con posterioridad, tras la puesta en circulación de los billetes y monedas en euros, se procedió a una segunda fase de cierres. Entre 2002 y 2004 desaparecieron otras 30 sucursales, con lo que quedaron las 22 actuales.
   De ellas, sólo las 15 que seguirán abiertas a partir de junio de 2011 tienen "operativa plena", incluyendo el centro mecanizado de tratamiento de billetes y el servicio de caja a las entidades de crédito.

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