miércoles, 29 de febrero de 2012

Fabra dice que el Gobierno tiene que ayudarles con su deuda porque no obtendrán confianza hasta que paguen a proveedores

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha manifestado este miércoles que el Gobierno central "tiene que ayudarles" a resolver sus problemas de pago a proveedores e instituciones porque no obtendrán la "confianza necesaria" de éstos y de los inversores extranjeros hasta que no salden su deuda con los proveedores.

   Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de inauguración de la Feria Egética, Expoenergética, Ecofira, Novabuild y Green Up, al ser preguntado por la rebaja de S&P de la calificación de la deuda de la Comunitat por debajo del umbral del grado de inversión debido precisamente a las "incertidumbres" sobre el apoyo del Ejecutivo estatal a la hora de atender su deuda.
   Al respecto, Fabra ha achacado esa bajada de los 'ratings' de largo y corto plazo de la Comunitat a que se ven "arrastrados por una rebaja también que se ha hecho a nivel de Reino de España" y ha reivindicado que dados los "momentos de extrema dificultad" que atraviesan todas las autonomías y administraciones, el Gobierno tiene que ayudarles a resolver sus problemas de pago.
   De hecho, ha asegurado que esa fue una de las cuestiones que comentó este martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste le transmitió una garantía "absoluta" de que les ayudarían en este sentido.
   El jefe del Consell ha insistido en que la ayuda estatal "tiene que ir destinada en estos momentos a pagar a los proveedores y a ayudar a las administraciones a generar esa confianza necesaria de los países extranjeros".
   "Hasta que no generemos ese pago a proveedores no vamos a conseguir la confianza necesaria tanto de las instituciones y de los proveedores como también de inversores extranjeros", ha remarcado Fabra, quien ve "fundamental" cumplir esos compromisos para recuperar "esa confianza que luego se reflejará seguro en la valoración que puedan hacer esas agencias". "Y en eso estamos", ha dicho.
   En cuanto a las garantías que le ofreció Rajoy al respecto, ha asegurado que "absoluta" y ha recordado que la pasada semana "ya salió la ayuda a los ayuntamientos y esta semana en un principio saldrá también la ayuda de las comunidades autónomas".
   Según Fabra, "el concepto que transmite el Estado es de colaboración con el resto de administraciones, y eso es fundamental" dado que "todos somos parte del Estado y tenemos que ayudar a generar esa confianza necesaria que nos ayude a todos" y que "haga que los mercados exteriores, la Unión Europea y otros países inversores, tengan la confianza necesaria para poder venir a nuestro país".
   Así, ha subrayado que "la colaboración tiene que ser conjunta de todas las administraciones" y ha enmarcado en esa afirmación la "idea que tiene el Gobierno de ayudar a todos, tanto a los ayuntamientos la semana pasada como esta a las comunidades autónomas, para que podamos pagar a proveedores y ganar confianza de dentro y de fuera".

Rus no cree que haya "maldad" en las palabras de Blasco sobre Fabra

VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, considera que no hay "ninguna maldad" en las palabras que pronunció este martes el portavoz del PP en las Corts y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, sobre el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. No obstante, ha destacado que "donde hay patrón no manda marinero".

   Rus se ha expresado en estos términos en respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre las declaraciones que realizó Blasco, en las advirtió de que "hay que ser muy respetuosos" con las imputaciones judiciales y "muy escrupulosos en las decisiones" que se toman al respecto y recordó que Fabra fue imputado en su etapa al frente del Ayuntamiento de Castellón.
   Preguntado por si considera que el jefe del Consell ha actuado bien cesando al director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, y al subsecretario del departamento de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, el presidente provincial ha preferido no dar su opinión personal. Sin embargo, ha hecho hincapié en que "lo que hay que tener claro es que donde hay patrón no manda marinero".
   Alfonso Rus ha dicho estar "convencido" de que Blasco "es un hombre muy serio y muy responsable".
 "La gente puede pensar lo que quiera", ha dicho el presidente de la institución provincial, quien ha señalado que confía en Blasco, con quien mantiene una relación de amistad. "La juez está ahí y será la que tenga que decir lo que tiene que hacer", ha añadido.
   Asimismo, ha recordado que a él también lo han imputado "varias veces", pero ha añadido que lo que "nunca" ha hecho desde que está en política es "aprobar nada con un informe en contra de un técnico, para que si tenemos que ir a Picassent vayamos los dos".
   "El político lo que tiene que hacer es dar la idea y el técnico instrumentalizarla, pero si el político también tiene que instrumentalizar, malo", ha manifestado.
   Inquirido por si cree que Blasco tiene responsabilidades en lo relativo a las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones, Rus ha respondido que se trata de un tema "muy complicado". Para ejemplificarlo, ha indicado que en la Diputación hay 4.000 empleados y que él es el responsable, pero "si dijera que lo sé todo, estaría mintiendo".
   En su opinión, "la Comunitat Valenciana no es tan mala como parece".
 "Aquí todos los días estamos con historias ante la opinión pública", ha criticado el también presidente del PP provincial, quien cree que ésta es la causa del "mal concepto que los ciudadanos tienen de los políticos".
   Ante esta situación, entiende que "no hay más remedio que asumirlo o cambiar". Alfonso Rus ha señalado que "todas estas historias no nos benefician" y, en esta línea, ha advertido de que "o cambiamos, o la gente no va a confiar en ningún político".
   El responsable de la corporación provincial ha asegurado que en la Diputación intenta siempre que las cosas se hagan "razonablemente bien, obligatoriamente bien", aunque ha indicado que "siempre puede haber alguna cosa" negativa.
   Rus ha incidido en que los políticos tienen la "obligación" de tratar "como si fuera propio" el dinero de los ciudadanos y "no malgastar". Al respecto, ha señalado que su "obsesión", que se ha hecho realidad, es que la Diputación de Valencia tenga "remanentes positivos".
   "El diputado de Hacienda ha engordado y todo porque cuando estaba en otro sitio estaba muy delgado, y yo estoy haciendo régimen", ha ironizado el presidente provincial, quien ha resaltado que intenta "en todo momento que las cosas vayan con tranquilidad".
   A su juicio, "el dicho que parece un tópico de 'tanto tengo, tanto gasto' es lo que hay que aplicar". En este sentido, ha destacado la necesidad de "apretarnos el cinturón, gastar lo que se tiene y pagar a la gente que es lo que quiere".

El PSPV cree un "escándalo" que Barberá sitúe a Ramón-Llin en el Emtre al haber sido consejera delegada de Emarsa

VALENCIA.- El secretario de Área Metropolitana del PSPV, Josep Soriano, ha calificado de un "auténtico escándalo" que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, haya nombrado presidenta de la Entidad Metropolitana de Residuos Urbanos (Emtre) a la concejal Maria Ángeles Ramón-Llin, porque fue consejera delegada de la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, "en la época del saqueo y la persona que controlaba el 48 por ciento de la Junta General y la asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi)". 

   Soriano ha apuntado en un comunicado que Ramón-Llin "por indicación de Barberá, colocó a Enrique Crespo como presidente de la depuradora, y a Esteban Cuesta como gerente y, a diferencia de los representantes socialistas, siempre votó a favor de las cuentas generales y nunca alzó la voz para criticar su gestión".
   El dirigente socialista ha subrayado que "no por necesario y esperado" el cese de Ramón Isidro de la presidencia de la Emtre "es un alivio después de saber quién tomará el relevo". 
"El balance de la etapa de Isidro al frente de la Emtre no puede ser más negativo para el millón y medio de vecinos de Valencia y el área metropolitana, con una nefasta gestión, una entidad arruinada, y después de triplicar la tasa de la basura", ha argumentado.
   El también portavoz socialista en el Ayuntamiento de Xirivella ha lamentado que "diez años después de que el PP aprobara el Plan Zonal en las Corts, las infraestructuras previstas para la comarca todavía no están terminadas". En este sentido, Soriano ha denunciado que la vida útil de los dos vertederos previstos era de 25 años, "y solo se ha construido uno con capacidad para seis".
   Además, ha lamentado que los "sobrecostes" de estos vertederos más las plantas de tratamiento roza "ya los 120 millones de euros, es decir, tres veces la cantidad saqueada a Emarsa" y ha recordaddo que la deuda de la Emtre "supera los 16 millones de euros".
   Soriano ha destacado especialmente el acuerdo impulsado por el ya expresidente de la Emtre para solucionar la situación, "triplicando en algunos casos la factura del agua".
 "Cada familia está pagando entre 50 y 100 euros más al año en el recibo del agua por la ineptitud de Isidro y el Ayuntamiento de Valencia, en una tramitación que está siendo caótica y con numerosos errores, y que puede ser anulada por los recursos presentados por el PSOE y numerosos colectivos vecinales y de usuarios", ha criticado.
   El dirigente socialista ha cuestionado la "arrogancia y chulería con las que la alcaldesa de Valencia ha realizado los cambios cuando a ella le ha convenido". A su juicio, lo ha hecho "nuevamente a espaldas a la comarca y sin consultar a nadie, demostrando que no le importan lo más mínimo los pueblos del entorno y sus intereses".
   "El PP de l'Horta debería levantar la voz ante este abuso, pero parece ser que el caso Emarsa ha arrasado con todos ellos, más pendientes de los juzgados y de los problemas internos que de lo que necesitan sus vecinos", ha añadido.
   Soriano ha exigido a la nueva presidenta de la Emtre que suspenda la subida de la tasa de recogida de residuos aprobada por Isidro y recurrida ante la justicia por el PSPV. "Ramón-Llin debe iniciar una ronda de reuniones con los partidos políticos y con las asociaciones de vecinos y de usuarios para consensuar otras fórmulas con las que hacer frente a la situación creada por su propio partido", ha indicado.
   El representante socialista ha subrayado que "no tiene ningún sentido cobrar esta tasa a través del recibo del agua, y el anuncio de los ayuntamientos socialistas de modificar esta situación debe hacer reflexionar a la nueva responsable".
   Por ello, ha emplazado a la edil a "plantarse" ante el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "y exigir el pago de los más de 27 millones de deuda histórica que la Generalitat mantiene con la Emtre desde la extinción del Consell Metropolità de l'Horta". "Ramón Isidro reconocía la deuda y año tras año demostraba su incapacidad para el cargo explicando que lo estaba intentando sin éxito", ha considerado.

Císcar dice que "no es comparable" el caso por el que se imputó a Fabra y el presunto fraude en cooperación

ALICANTE.- El vicepresidente del Consell y portavoz, José Císcar, ha considerado que la cuestión por la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue imputado cuando era alcalde de Castellón, "no es comparable" con el supuesto fraude en ayudas de cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad que se está invetsigando judicialmente, y ha remarcado que Fabra y su gobierno "lo tienen claro: tolerancia cero con cualquier tipo corrupción".

   En un encuentro informativo ofrecido este miércoles en Alicante para firmar un convenio de colaboración con la Federación de Casas Regionales, a preguntas de los periodistas, Císcar se ha referido así a las palabras del portavoz del PP en las Corts y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien este martes recordó que Alberto Fabra estuvo imputado cuando era alcalde.
   "Blasco se refería a una cuestión que fue una querella meramente política, interpuesta por un partido político, en un claro ejemplo de instrumentalización de la política, y como esa querella no tenía absolutamente ningún fundamento, se archivó rápidamente por el juzgado correspondiente", ha aclarado. Al respecto, ha remarcado que el Gobierno de Alberto Fabra "lo tiene muy claro y no quiere que en su gobierno exista la más mínima sombra de duda o de sospecha".
   "Estamos ante un caso que genera alarma, y ojalá llegue a demostrarse la inocencia de las personas que están imputadas, pero estamos hablando de un presunto desvío de fondos en ayudas que van a gente necesitada, y ante esa situación, el presidente de la Generalitat y todo su gobierno lo tienen muy claro: tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción", ha reiterado.
   Por ello, ha subrayado en que las situaciones aludidas por Rafael Blasco, "no son comparables" y ha insistido en que "el presidente quiere actuar con firmeza y con contundencia para que nadie pueda pensar que nadie de su gobierno puede tener la más mínima sombra de sospecha o pueda existir la más mínima duda".

El Presidente de Cantabria aboga por reformular Estado de las Autonomías

SANTANDER.- El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del PP, ha opinado este miércoles que habría que "repensar" el Estado de las Autonomías, del que, sin embargo, se ha declarado "partidario", porque, a su juicio, "se han dado muchas transferencias" a las comunidades que actualmente "no son sostenibles".

   En una entrevista en ABC Punto Radio,  Diego ha apuntado que no se trata de un "problema" sólo de Cantabria sino de "todas" las comunidades autónomas.
   Tras poner como ejemplo las transferencias realizadas a Cantabria en materias como la Sanidad --en la que ahora hay que reconocer ante el Parlamento 260 millones de euros de deuda farmacéutica porque el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) "no pudo pagar" las facturas o "no quiso hacer el esfuerzo"--, o la Justicia --a su juicio "mal negociada"--, Diego ha opinado que algunas se han convertido en un "problema añadido" porque "no son sostenibles" en las condiciones en que se hicieron.
   Sin embargo, y aunque ha precisado que habría que "reformular" el Estado de las Autonomías, el presidente regional ha reconocido que en sus 30 años de existencia en España este modelo de Estado "ha posibilitado avances importantes", "progreso" y "calidad de vida" para los ciudadanos.
   Diego también fue cuestionado anoche en relación a este asunto en una entrevista en 'La Brújula', de Onda Cero, en la que ha negado que "en absoluto" se trate de una "oleada de centralismo".
   De hecho, Diego ha asegurado que significa "todo lo contrario" y se trata de que "cada uno", cada comunidad autónoma, "asuma su responsabilidad".
   "Ahora lo fácil sería renunciar a nuestras competencias y recurrir al centralismo", ha dicho el presidente regional, quien, en cambio, ha opinado que lo que las comunidades autónomas tienen que hacer es reconocer su responsabilidad en la gestión y "cooperar" con el Gobierno central para corregir el déficit de España.
   Según ha explicado, se puede hacer si, "uno a uno", los responsables de las comunidades autónomas adoptan medidas y toman decisiones, algunas "no gratas", que sirvan para "corregir el camino" emprendido en años anteriores "sin esperar" a que el Estado les "inste" a ello.
   Durante la entrevista en el programa 'La Brújula', de Onda Cero, Diego ha explicado que el Gobierno de España aún no les ha trasladado el "máximo" de déficit público que se va a autorizar a las comunidades autónomas este año, un dato para el que aún no dispone con una "cifra exacta".
   Sin embargo, ha explicado que tendrá que tener en cuenta las "exigencias de Bruselas" para el déficit de España, porque el de las comunidades autónomas "computa" dentro de él.
   Durante su entrevista en ABC Punto Radio, y cuestionado por las exigencias de Bruselas a España para rebajar el déficit, el presidente regional ha explicado que "le gustaría pensar" que se suavizarán pero ha reconocido que, poniéndose en el lugar de los responsables económicos de la UE y con lo ocurrido con Irlanda, Portugal y Grecia y con los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el déficit de las CC.AA, sería "muy reticente" a dar flexibilidad.
   En Onda Cero, y a preguntas del entrevistador, Diego ha afirmado que si el Gobierno de Cantabria no cumple este año los objetivos que se le marquen a la comunidad, entre otros aspectos en el del déficit, "asumirá la responsabilidad".
   El presidente del Gobierno de Cantabria ha afirmado que "asume el compromiso" de hacer lo mismo que se les ha pedido a los responsables de las empresas públicas: cumplir los objetivos para hacerlas viables ya que, de lo contrario, podrían ser despedidos.
   "No tengo inconveniente en hacerlo", ha dicho Diego, al ser cuestionado sobre si él mismo tomaría la decisión de dejar el Gobierno regional si, al cierre de 2012, no cumple los objetivos para la comunidad autónoma. "Tendré que hacerlo, por más que el objetivo sea complicado porque se ha acabado la fiesta".
   Diego ha subrayado que, de las cuatro comunidades autónomas más incumplidoras en el déficit, tres de ellas (Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron gobernadas el pasado año por el PSOE.
   Sin embargo, ha confiado en que Cantabria "podrá sobreponerse" de la situación dejada por un Gobierno PRC-PSOE "absolutamente irresponsable" gracias al Plan de Ajuste planteado por el actual Ejecutivo regional (PP).
   En relación a estas medidas de ajuste, y en una entrevista en la Cope, Diego ha reconocido que "quiere pensar que va a ser suficiente" con las medidas anunciadas.
   "Vamos a trabajar para que sea suficiente", ha garantizado el presidente de Cantabria, quien ha asegurado que, a través de la gestión de los gastos y del ahorro que se puede hacer "en muchísimas partidas presupuestarias" sin que se "resientan" los servicios a lo ciudadanos --"una cuestión vital que tiene que estar por delante de cualquier otra razón", ha dicho--, se va a conseguir que "sean suficientes".

Montoro anuncia que se definirán las competencias de las diputaciones provinciales

MADRID.-   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reforma de las administraciones públicas que plantea el Gobierno para cumplir su idea de una administración, una competencia, será rápida y afectará a las diputaciones, cuyo "importante" papel se tiene que aclarar para que asuman competencias que están ejerciendo los municipios más pequeños "en condiciones no óptimas".

   Montoro ha comparecido en la comisión de Entidades Locales del Senado para explicar sus planes de trabajo. Ha asegurado que el país está "en condiciones" de reformar el mapa administrativo para aclarar las competencias de cada cual y lograr unas administraciones públicas "lo menos costosas posibles". El Gobierno quiere llevar a cabo esta reforma "con bastante rapidez" porque de no ser así, ha sentenciado, "no será posible" terminar con el déficit público.
   En lo que atañe a los ayuntamientos, supondrá reformar la ley de gobierno local para asegurar qué competencias son propias de los municipios y también su financiación. Cristóbal Montoro ha subrayado que se quiere "evitar" las llamadas competencias impropias, aquellas que ejercen los consistorios pero que corresponden a otra administración, y aclarar la financiación de cada servicio que se presta, lo que afecta también al Estado y a las Comunidades Autónomas.
   Esta reforma paralela de la financiación municipal, para que cada competencia sea financiada "correctamente", supondrá estudiar cómo se distribuyen los tributos y abordar también una mayor "autonomía financiera", lo que no deberá traducirse en más impuestos para los ciudadanos, ha agregado.
   El rediseño del mapa administrativo supondrá, según ha precisado hoy el ministro, reformar el papel de las diputaciones; lejos de plantear su desaparición, Cristóbal Montoro ha explicado que estas instituciones tienen un "importante papel que jugar" y que es necesario especificar su trabajo, porque pueden asumir competencias que ahora ejercen los ayuntamientos más pequeños "en condiciones no óptimas".
   "Necesitan una reforma que especifique sus actividades claramente y que conlleva una simplificación de las competencias que están ejerciendo los municipios de menor tamaño en condiciones no óptimas", ha subrayado.
   Cristóbal Montoro ha defendido el compromiso de su gobierno con los ayuntamientos y el respeto por su autonomía, como también por el autogobierno de las comunidades. "Este Gobierno pretende profundizar y mejorar ese Estado de las autonomías, no al contrario", ha dicho, aunque ha reconocido que dado el "agobio financiero" exista la "tentación" en algunas administraciones "de entregar las llaves" y devolver competencias. "Nos han votado para hacer lo contrario", ha sentenciado.
   El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, le ha "confesado" al ministro que el "aliado natural" de los ayuntamientos es el Gobierno y viceversa, "independientemente del color político", y ha subrayado que los municipios tienen mejor relación con el Ejecutivo que con los gobiernos autonómicos.
   El alcalde y senador ha lanzado una batería de propuestas al ministro sobre las entidades locales, como una quita en la devolución que deben hacerle al Gobierno de los adelantos de 2008 y 2009, o convertir las tasas en impuestos y ponerles un suelo, un mínimo, para aproximarlas "al coste real de los servicios".
   Belloch ha exigido sobre todo que se termine con la existencia de las competencias impropias y ha asegurado que el déficit estructural de los ayuntamientos se terminaría sólo con que cobraran lo que les deben otras administraciones por ejercerlas. Como Montoro, ha reconocido que en algunos casos se está cerca de la quiebra técnica

Juncker destaca que España ha tomado medidas para evitar nuevos desvíos fiscales en las CCAA

BRUSELAS.- El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho este miércoles que tendrá en cuenta "todos los factores importantes", entre ellos que España ha tomado ya medidas para evitar futuros desvíos presupuestarios en las comunidades autónomas, a la hora de decidir si se flexibiliza el objetivo de reducción de déficit.

   Juncker se ha declarado "satisfecho" por las reformas y ajustes realizados hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Van en la dirección de la consolidación, demuestran que el Gobierno español es firme a la hora de poner en marcha una auténtica política de consolidación y no veo cómo se puede criticar al Gobierno del señor Rajoy por haber hecho lo que ha hecho", ha dicho en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara.
   Sobre el desvío de 2,5 puntos en el déficit del año pasado (que fue del 8,5% en lugar del 6% prometido a Bruselas), Juncker ha dicho que espera en la reunión del Eurogrupo que se celebra este jueves las "explicaciones" del ministro de Economía, Luis de Guindos, para tener un "panorama más claro" de la situación.
   El presidente del Eurogrupo ha resaltado que el Pacto de Estabilidad permite "considerar todos los factores importantes" a la hora de examinar el déficit. En este sentido, ha apuntado que el desvío de 2011 no se debe al Gobierno central sino "a los presupuestos regionales y a algunas dificultades de la seguridad social".
   A su juicio, "el Gobierno español ya ha reaccionado" a esta problema y "se han establecido reglas que permitirán respetar en el futuro los objetivos presupuestarios nacionales y regionales". 
"Tenemos que abordar el caso español tal y como es", ha apuntado, sin dar más detalles.

Miles de estudiantes dicen no a los recortes en Valencia

VALENCIA.- Miles de estudiantes se han unido este miércoles en Valencia para "decir no a los recortes en la calidad de la enseñanza pública y a la represión de las reivindicaciones" en una multitudinaria manifestación que han definido como la de "la dignidad". 

   La marcha, un nuevo acto de protesta que vive la capital valenciana desde que el pasado 15 de febrero un alumno del IES Lluís Vives fue detenido en una concentración no comunicada, ha estado apoyada por diversos colectivos estudiantiles de niveles medios y universitarios como la Assemblea Interuniversitària, Sindicato de Estudiantes --que también ha convocado más de 40 manifestaciones y concentraciones en toda España--; Faavem; Consell de la Joventut Valenciana (CJV), Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), Campus Jove, Acontracorrent y Sindicat d'Estudiants del Països Catalans (SEPC).
   La comitiva ha salido poco después del mediodía de la Facultad de Geografía e História de la Universitat de Valéncia detrás de una pancarta en la que se podía leer 'Por una enseñanza pública y de calidad'.
   Además de este mensaje, los jóvenes han exhibido multitud de carteles con mensajes como 'Podéis cortar todas las flores, pero no detener la primavera valenciana', 'Estamos mejorando la sociedad, disculpen las molestias', 'Educación al 5% TAE', 'Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres' y algunos más irónicos como el que, con la ilustración de una porra, pedía 'En la cabeza no, que estoy estudiando'.  
   El grupo ha recorrido la avenida Blasco Ibáñez y ha comenzado una ruta que ha tenido la primera parada al paso por los Jardines de Viveros, cuando unos jóvenes han desplegado un gran cartel en el que animaban a 'Parar 2015' en referencia a la estrategia Universidad 2015 enmarcada en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que ha provocado los aplausos de los asistentes.
   Los estudiantes han cruzado el Puente del Real y, en este punto, han tenido que hacer una sentada de unos diez minutos, ya que la cantidad de participantes ha hecho que la manifestación se dividiera en dos. De hecho, cuando la cabecera de la marcha se encontraba en los Viveros, la cola aún no había salido de la Facultad de Historia.
   La marcha, algo tímida al principio, se ha animado al entrar en la calle de la Paz, donde los lemas que coreaban los jóvenes se han oído con más fuerza. 'No a la privatización', 'Delegada dimisión', 'Menos policía, más educación' y 'En Valencia se acaba la paciencia' han sido los más repetidos.
   En la Plaza de la Reina, los estudiantes han vuelto a sentarse a esperar al resto de compañeros, algunos de los cuales se encontraban todavía a la altura del Puente del Real.
   El grupo se ha desplazado por último a la Plaza de la Virgen, donde, finalmente y después de dos horas de recorrido, se ha decidido culminar la marcha y dar lectura al manifiesto elaborado por la Assemblea Interuniversitària.
   Sara Martín, una alumna de 20 años de la Facultad de Historia, ha sido la encargada de leer el texto, en el que se explica que los estudiantes han salido a la calle "a decir no a la ilegítima violencia policial, a los recortes de los derechos laborales y de la calidad de la enseñanza".
 "Hemos venido a decir que vuestros recortes no los pagaremos", ha exclamado.
   El manifiesto ha hecho referencia también a algunos de los supuestos casos de corrupción de actualidad al afirmar que "el dinero del fraude de Emarsa (la depuradora de Pinedo en la que se investiga un agujero de millones de euros) es la cantidad que la Conselleria de Educación adeuda a los colegios e institutos" o a que el coste de la Ciudad de las Artes supone "30 años del presupuesto de la Universitat de València".
   "Somos una manifestación de dignidad y la Universidad es nuestra. Los estudiantes estamos unidos por una enseñanza pública, crítica y de calidad. Solo luchando nos salvaremos", ha rematado.
   La manifestación ha transcurrido sin incidentes destacables. Unos cuantos furgones de la Policía Nacional seguían la marcha pero a bastante distancia, mientras agentes locales han velado por que se siguiera el itinerario previsto. Los jóvenes han respondido con sonoras protestas a la presencia del helicóptero que seguía el acto.    
   Los estudiantes han recibido también el apoyo de padres, expresado con la presencia de la nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la provincia de Valencia (FAPA-Valencia), Remei Santacatalina, que ha asegurado que los progenitores "están al lado y junto a los alumnos". Ha agregado que en la Comunitat Valenciana la educación "lleva muchos años de recortes" que ahora se están acrecentando con la crisis.
   Sobre las 14.30 horas, los manifestantes que habían conseguido llegar a la Plaza de la Virgen han comenzado a disolverse, aunque miles de jóvenes permanecían en la calle Micalet, la Plaza de la Reina y parte de la calle de la Paz.
   No obstante, a las 15.00 horas, cuando la manifestación ya había acabado, un grupo ha cortado el tráfico en la calle Xàtiva a la altura del IES Lluís Vives y alrededor de un millar de personas se encontraba pasadas las 15.30 horas ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat para volver a reclamar la dimisión de su titular, Paula Sánchez de León. Esta protesta que se ha activado de forma espontánea ha sido animada inmediatamente a través de las redes sociales.
   Tras la manifestación, cientos de estudiantes han colapsado el tráfico de la Ronda Interior de Valencia durante tres horas al grito "la calle es nuestra". Entre sus reivindicaciones, volvieron a solicitar el cese de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.
    A las 15.00 horas, cuando la multitudinaria manifestación ya había acabado, un grupo ha cortado el tráfico en la calle Xàtiva a la altura del IES Lluís Vives y alrededor de un millar de personas se ha congregado unos minutos más tarde ante la sede de la Delegación del Gobierno para reclamar la dimisión de su titular y el rechazo a la actuación policial del pasado 20 de febrero con consignas como esta: 'Iros a casa, nosotros vigilamos'.
   Tras la parada en Delegación de Gobierno, esta última protesta, que se ha activado de forma espontánea y poco a poco se ha ido nutriendo a través de las redes sociales, se ha dirigido, interrumpiendo el tráfico, hacia las inmediaciones del domicilio de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, donde han coreado: 'Rita, sal, es una mascletà'.
   A continuación han tomado el margen izquierdo de la Ronda Interior de Valencia al grito 'Si no hay solución, habrá revolución', 'La calle es nuestra' y con pancartas en las que reclaman: 'No retalleu el futur' (No recortéis el futuro).         
   Los manifestantes, que se han enfrentado con los conductores que se han mostrado molestos con el corte de las vías, han proseguido por toda la ronda hasta que han llegado a la calle Quart. Allí han parado frente a la sede del PP donde han realizado una sentada ante los policías nacionales que custodiaban la puerta.
   Posteriormente, han continuado por la Gran Vía Fernando el Católico, atajaron por la calle Cuenca para salir de nuevo a Guillem de Castro y, a la altura del IES Luís Vives, estuvieron portagonizando una sentada cortando el tráfico.

"La calle es nuestra"

Cientos de estudiantes han colapsado este miércoles el tráfico de la Ronda Interior de Valencia desde las 15 hasta las 18 horas al grito "la calle es nuestra". Entre sus reivindicaciones, vuelven a solicitar el cese de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.
   Esta protesta ha comenzado al término de la manifestación que ha reunido este mediodía a miles de estudiantes para "decir no a los recortes en la calidad de la enseñanza pública y a la represión de las reivindicaciones".
   A las 15.00 horas, cuando la multitudinaria manifestación ya había acabado, un grupo ha cortado el tráfico en la calle Xàtiva a la altura del IES Lluís Vives y alrededor de un millar de personas se ha congregado unos minutos más tarde ante la sede de la Delegación del Gobierno para reclamar la dimisión de su titular y el rechazo a la actuación policial del pasado 20 de febrero con consignas como esta: 'Iros a casa, nosotros vigilamos'.
   Tras la parada en Delegación de Gobierno, esta última protesta, que se ha activado de forma espontánea y poco a poco se ha ido nutriendo a través de las redes sociales, se ha dirigido, interrumpiendo el tráfico, hacia las inmediaciones del domicilio de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, donde han coreado: 'Rita, sal, es una mascletà'.
   A continuación han tomado el margen izquierdo de la Ronda Interior de Valencia al grito 'Si no hay solución, habrá revolución', 'La calle es nuestra' y con pancartas en las que reclaman: 'No retalleu el futur' (No recortéis el futuro).        
   Los manifestantes, que se han enfrentado con los conductores que se han mostrado molestos con el corte de las vías, han proseguido por toda la ronda hasta que han llegado a la calle Quart. Allí han parado frente a la sede del PP donde han realizado una sentada ante los policías nacionales que custodiaban la puerta.
   Posteriormente, han continuado por la Gran Vía Fernando el Católico, han atajado por la calle Cuenca para salir de nuevo a Guillem de Castro y, a la altura del IES Luís Vives, se han detenido. Sobre las 17.30 horas, los manifestantes permanecían sentados en este punto cortando la calle Xàtiva.

Montoro sitúa "próximos a la quiebra técnica" a algunos ayuntamientos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores. 

   Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro ha considerado "inaceptable" la situación, por lo que ha resaltado la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de las corporaciones locales y la situación de las empresas en España.
   En este sentido, el ministro ha resaltado la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y se ha referido al mecanismo que implementará el Gobierno para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores.
   De hecho, ha repasado las líneas generales del anteproyecto de ley y el real decreto ley aprobado el pasado viernes, que posibilitará la creación del mecanismo que se desarrollará para hacer frente a estas deudas y que, según Montoro, en ningún caso elevará el déficit público.
   Este mecanismo, según Montoro, será una "gran operación financiera" y se cerrará "bien pronto", de forma que esté vigente a lo largo de 2012 y habilite las condiciones necesarias para que las administraciones puedan cumplir con sus obligaciones pendientes.  
   Además, Montoro ha justificado esta medida al decir que no solo facilitará el pago de las deudas a las administraciones, sino que también promoverá la inyección de un gran volumen de dinero sobre la economía real, los autónomos, las pymes y las grandes empresas.
   "No se debe entender esta operación como una relajación o flexibilización", ha señalado Montoro, tras recordar que el objetivo es "sanear y clarificar" las cuentas y comprometerse con el principio de estabilidad presupuestaria.  
   El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la necesidad de trabajar en "acuerdos políticos y consensos" porque hay que "hacer de la necesidad virtud" y convertir la crisis en una "oportunidad" para sacar adelante reformas estructurales "útiles" para favorecer la salida de la crisis.  
   En este sentido, ha asegurado que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un "amplio" programa de reformas. "Las metas son claras", ha dicho, tras recordar que el objetivo principal es conseguir el saneamiento del sector público y generar un escenario de confianza para poder crecer y crear empleo.
   Así, el ministro ha repasado algunas de las medidas implementadas por el Gobierno desde que llegó a La Moncloa, sobre todo aquellas que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, como el anticipo del 50% de las liquidaciones del año 2010 o el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.
   De la misma forma, ha resaltado la intención del Gobierno de no exigir la licencia previa en los comercios y aplicar criterios "más efectivos de control, al tiempo que ha resaltado la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas en todas las administraciones de forma que se puedan coordinar en todo el territorio.  
   Finalmente, se ha referido al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que actualmente está en el Consejo de Estado, y ha asegurado que es uno de los grandes proyectos del Gobierno para recuperar la confianza frente a los socios europeos y los acreedores.
   "Muy pronto estaremos en condiciones de enviarlo a las Cortes", ha dicho Montoro, quien ha insistido una vez más en la "importancia" de los acuerdos políticos en esta materia porque se trata de una ley orientada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y reforzar los compromisos adquiridos por España.
   Montoro ha resaltado la novedad que supone que todas las comunidades tengan que elaborar techos de gasto, algo que no ocurre en otros países y que aporta mucho más "transparencia" y más compromiso democrático porque permite a las Cortes participar en todo el proceso previo a la elaboración a los Presupuestos.

Dos tercios de asistidos por Cáritas están derivados de los servicios sociales

MADRID.- El secretario general de Cáritas en España, Sebastián Mora, ha afirmado que el 65 por ciento de las personas que acceden a los recursos de atención primaria de Cáritas están derivados por los servicios sociales municipales y ha reconocido que, a pesar del deseo de la organización, "están sustiyendo alguna acción del Estado, entendido como administración pública".

   En declaraciones a RNE, Mora ha afirmado que desde la organización se está tratando de "estirar" lo máximo posible para ayudar porque "ni pueden, ni deben, ni sería conveniente sustituir al Estado".  
   En este sentido, ha explicado que han recibido tanto donaciones en especie como donaciones dinerarias y que en el último año "han crecido en 17 millones de euros de los cuales todo el crecimiento ha sido de donativos privados, de personas y de empresas e instituciones".  
   "Ha decrecido la ayuda de los gobiernos municipal, autonómico y central y sin embargo ha crecido mucho la ayuda de las donaciones privadas entre ellas las de empresas, restaurantes que donan tanto en especie como en dinero", ha añadido.
   Mora ha afirmado que un fenómeno que se está dando en España es el de los trabajadores pobres, "gente que está trabajando a jornada completa pero que sigue por debajo del umbral de la pobreza" y ha explicado que "un 14 por ciento de los trabajadores no pueden sacar a sus familias adelante a pesar de trabajar ocho o diez horas al día".
   En este sentido, ha señalado que en España hay dos redes asistenciales importantes, "la red familiar, que sigue sustentando a muchas personas" y las redes asistenciales entre las que se encuentra Cáritas.
   De este modo, Mora ha afirmado que "en los últimos años se han incrementado mucho a Cáritas las peticiones de ayuda para necesidades básicas como la alimentación, vestido, pagar la luz, pagar el gas, pagar un uniforme del niño o la compra de los libros para los niños".
 "Tras una necesidad básica hay una necesidad de desarrollo personal y tras una petición de alimentación hay una petición de autoestima, de escuha, de empleo, de una vivienda minimamente digna; de ser un ciudadano normal", ha explicado.
   Por ello, la organización diocesana realiza su labor en cuatro líneas de trabajo. Una primera de acogida, que significa "acoger a todas las personas que llegan a su servicio" y aunque "no solucionan todo, tratan al menos de escuchar a todas las personas".
   También, ofrecen ayuda, que puede ser "dineraria, en forma de talleres de formación, ayuda psicológica o de asesoría legal" y;  programas de desarrollo de las de empleo, vivienda, derechos sociales, en los que "tratan de recomponer lo que está descompuesto".
   Por último, Mora ha explicado que realizan la "denuncia pública de lo que ocurre", donde tratan de ser "el amplificador de la voz de las personas más pobres".
   El secretario general de la organización, ha explicado que el año pasado se atendió en Cáritas "a 1.500.000 personas y este año se prevé que ese número ascienda entre un 20 y un 17 por ciento".
   Así, ha señalado que se ha producido una importante "erosión de las clases medias y medias bajas" donde se encuentran familias en la que ambos cónyuges tenían trabajo y una vida normal y se va erosionando por diferentes factores, lo que ha producido, según ha explicado Mora, una "incorporación masiva de más de un millón de personas a vivir por debajo del umbral de la pobreza".
   Por ello, ha afirmado que a Cáritas le preocupa, "la fractura, la brecha y la desigualdad que se está generando en la sociedad", donde "los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez tienen menos y, además, cada vez son más los que tienen menos".  
   No obstante, Cáritas "cree que este aumento se puede detener" con una "concienciación ciudadana amplia, una concienciación empresarial amplia y con una política distintas".
   En este sentido, Mora ha afirmado que tienen encuentros con "la mayoría de partidos en los que presentan estudios, propuestas, se reflexiona y existe una receptividad importante en el trato aunque luego no se vea aplicado en políticas concretas.

El Supremo confirma la decisión de rechazar la querella de Consell y Ayuntamiento contra Sinde por prevaricación en El Cabanyal

VALENCIA.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado en un auto, de fecha 9 de febrero, confirmar la decisión adoptada el pasado septiembre de rechazar la querella interpuesta por la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia contra la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde por un presunto delito de prevaricación y otro de usurpación de atribuciones, en referencia a la orden ministerial que paraliza el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio valenciano de El Cabanyal.

   En una resolución de cinco páginas, el alto tribunal rechaza el recurso de súplica interpuesto por Generalitat y Ayuntamiento de Valencia contra la decisión de esta misma sala de inadmitir a trámite la querella al considerar que los hechos denunciados no constituían delito ya que sostiene que en el escrito de recurso los querellantes no aportan "ni una sola alegación ni un pequeño argumento que intente desvirtuar siquiera cuanto se expresó en la resolución recurrida".
   En esta línea, explica que el contenido material del delito de prevaricación parte de comprobar que el acto administrativo no solo contradice el derecho positivo, lo que sería controlado por la propia administración o por la jurisdicción contenciosa-administrativa, sino que además requiere que el acto suponga una vulneración de los principios y valores constitucionales.
   Desde esta perspectiva, entiende la sala que las afirmaciones de los querellantes sobre que los hechos se subsumen en la prevaricación "carecen de relevancia" para su consideración como indicios de este delito mientras que la querella tampoco relata hechos "que puedan ser tenidos como indicios del delito de usurpación de funciones".
   El pasado 14 de septiembre de 2011, el TS rechazó la querella de las administraciones valencianas --interpuesta el 5 de mayo anterior contra la entonces ministra socialista Ángeles González Sinde-- al entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y afirmaba que, en este caso, no existía "arbitrariedad, ilegalidad o invasión de competencias" de la exministra socialista, tal y como mantenían los querellantes.
   La Generalitat y el Ayuntamiento presentaron una querella contra Sinde por la Orden que dictó el 29 de diciembre de 2009, en la que obligaba al consistorio a la suspensión inmediata de la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal, aprobado definitivamente el 2 de abril de 2001 por la Conselleria de Obras Públicas.
   Según alegaron los querellantes, en este caso resultaba "patente" la "injusticia y arbitrariedad" de la Orden, puesto que, a su entender, vulneraba el ámbito de competencias autonómicas que correspondían a la Generalitat, y el ámbito de competencias locales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat. Además, advertían de que la Orden "obviaba" el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo que "respaldaban" la legalidad del Plan.  
   La Sala se declaró en ese momento competente para resolver sobre este asunto porque Sinde es un miembro del Consejo de Ministros y entendió que la exministra no incurrió en ningún delito, puesto que "no hubo arbitrariedad, ilegalidad o invasión de competencias" ajenas en torno a la resolución administrativa que fundamentaba la querella.
   Ahora, el TS ha confirmado esta decisión que fue recurrida por Generalitat y Ayuntamiento, que alegaron vulneración de la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso al proceso penal en la interpretación del artículo 313 del la Ley de Enjuiciamiento Criiminal, mientras que el ministerio fiscal pidió por su parte que se mantuviera el auto recurrido.
   Al respecto, señala que la ley ordena al juez de instrucción rechazar la querella cuando no sea competente o cuando los hechos no son constitutivos de delitos, en lo que supone una previsión formulada de forma negativa. En este sentido, subraya que la ley dispone el rechazo de la querella tras su examen cuando pueda excluirse el carácter delictivo de la conducta imputada al querellado.
   Asimismo, indica que el carácter delictivo de los hechos imputados puede negarse por dos razones: o porque los hechos contenidos en la querella no sean susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal o porque, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos imputados, no se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale su verosimilitud.
   Así, señala que, en este caso, "ignoran o pretenden ignorar los recurrentes que el artículo 313 de la Lecrim es aplicable cuando, como en el caso ahora contemplado, de la lectura de los propios hechos expresados en el escrito de querella y de la propia documentación adjunta presentada con tal escrito, se desprende que los hechos no son típicos, tal querella inadmisible, y ello supone el deber de explicitarlo así al tribunal, lo contrario sería vaciar de contenido el precepto".
   Del mismo modo señala que el fiscal cita en su informe los procedimientos administrativos que los querellantes tienen pendientes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, "de ellos no solamente tienen cumplido conocimiento en tanto en cuanto son parte, sino que los silencian ante esta sala y ahora en este trámite procesal pretenden su justificación alegando infracción del principio de contradicción, cuando del escrito del ministerio fiscal tuvieron conocimiento antes de dictarse la resolución recurrida y nada manifestaron".

El Banco de Valencia emite 1.200 millones en bonos a seis años avalados por el Estado

VALENCIA.- Banco de Valencia ha emitido bonos a seis años por valor de 1.200 millones de euros avalados por el Estado, con lo que dispone de otros 300 millones para agotar el máximo previsto de deuda garantizada que podía emitir hasta junio de este año. 

   Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ofrecerá un interés fijo anual del 4% por estos valores, que se amortizarán el 24 de febrero de 2017.
   Por su parte, Banca Cívica también informó al regulador bursátil de que ha emitido bonos a cuatro años por valor de 1.000 millones y también con la garantía de la Administración General del Estado.
   La emisión ofrece una rentabilidad anual del 4% y su vencimiento será el próximo 24 de febrero de 2015. Banca Cívica precisó que aún dispone de otros 4.000 millones de euros de deuda avaladas para emitir antes de julio.

Blasco se defiende 'acuchillando' a Carlos Fabra al recordar su paso por los tribunales de Castellón

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha advertido de que "hay que ser muy respetuosos" con las imputaciones judiciales y "muy escrupulosos en las decisiones que se toman hasta que no se haya producido una sentencia firme" porque "pueden hacer mucho daño". Así, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue imputado en su etapa al frente del Ayuntamiento de Castellón. "Si hubiera dimitido, no sería hoy presidente de la Generalitat", ha apuntado.  

   Blasco ha aludido así a una situación por la que atravesó Fabra cuando era alcalde de Castellón, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en relación a la actuación judicial y policial por un supuesto fraude en ayudas a la cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad que dirigió, que se ha saldado políticamente, hasta el momento, con la destitución del director general de Cooperación, Josep María Felip, y del subsecretario del departamento de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, por sus responsabilidades en ese departamento.
   El síndic 'popular, también ha puesto como ejemplo al concejal del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver imputado por el caso de los jardines de Monforte. "Fue imputado y, además, fue a juicio. Si con esa imputación hubiera dimido, hoy no sería diputado del PP".
   Así, ha advertido del "daño" que se puede hacer a los imputados por exigirles que tomen decisiones que, según él, "no se corresponden con el funcionamiento adecuado de un estado de derecho". Por ello, considera que "quienes alimenten campañas sobre esto, le hacen un flaco favor a la democracia", ha agregado.
   En este sentido, a preguntas de los medios por la decisión de Fabra de destituir a Felip y Catalá, el exconseller ha afirmado que el jefe del Consell actuó "correctamente". Sin embargo, ha señalado que se ha "abierto un camino en el que todo el mundo va a tener que ser muy cuidadoso".
   "Yo estaré siempre al lado de mi presidente, en este caso Fabra. Otra cosa es que, dicho esto, hay que ser muy escrupulosos en las decisiones que se toman hasta que no se haya producido una sentencia firme. Hasta que una persona no tiene una condena, tiene el mismo derecho a que se presuma de su inocencia como cualquier otro". 
"Se ha demostrado en más de una ocasión que se han causado daños irreparables", ha recalcado. Preguntado por si acepta pero no comparte la decisión de Fabra, ha dicho: "acepto la decisión de Fabra".
   Blasco ha afirmado al respecto que "cada imputación tiene que tener un trato singular y, por lo tanto, se tiene que valorar en función de lo que resulte de cada uno de estos casos". También ha dicho que "un partido político está en el derecho y la obligación de abrir expedientes de información con una circunstancia que nos haga dudar de su honorabilidad o actuación legal". Pero, "una cosa es un informe interno" y otra cosa es "tomar decisiones que no tienen marcha atrás". 
 "Mucha prudencia con estas cosas", ha recalcado.
   Por otro lado, Rafael Blasco ha aludido a su responsabilidad en el asunto de las ayudas a la cooperación y ha delimitado su ámbito competencial en este caso. Concretamente, ha dicho primero que le corresponde "velar por que los expedientes se tramitaran de acuerdo con la ley, que se cumpliera escrupulosamente la normativa vigente y me hiciera responsable de las personas que estaban bajo mi dirección". En ese ámbito, ha defendido que la actuación ha sido "impecable". Fuera de estas responsabilidades quedan los funcionarios de la Conselleria, ha indicado.
   Inquirido así por el cuadro de dirección de la Conselleria del que se hace responsable, Blasco ha afirmado que Felip y Catalá son "honorables, no han cometido irregularidad y son dos excelentes profesionales, de los más brillantes de la Comunitat. Lo que ya no estoy tan seguro es si alguien fuera de este ámbito ha podido cometer alguna cosa", ha comentado.
   Preguntado por si incluye al exjefe del área de Cooperación Marc Llinares dentro de su ámbito competencial, Blasco ha dicho que Llinares es un funcionario, "un buen funcionario". Pero "no tengo que responder por él. Yo soy responsable político de la Conselleria, no administrativo", ha insistido.
   En cuanto al alcance de su responsabilidad en la Conselleria, Blasco ha declarado que es responsable de la "magnífica política de solidaridad que ha sido ejemplar en todo el mundo"; de las "felicitaciones recibidas por la ONU y todo el mundo que trabaja en la cooperación" así como responsable también por "haber tenido la mejor etapa de cooperación" de la Comunitat. Así, ha subrayado que lo que estaba bajo su responsabilidad "se ha hecho todo, no bien, sino excepcionalmente bien, impecable".
   El exconseller ha defendido así su actuación al frente del departamento de Solidaridad y Ciudadanía y ha destacado que "no hay ninguna línea de investigación, ni imputación" que le afecte. Además, ha dicho que las auditorías como la del Síndic de Comptes "avalan" las acciones de la Conselleria y que la Fiscalía le exoneró de cualquier responsabilidad en este caso.
   Por otro lado, a preguntas de los medios por su relación con el empresario César Augusto Tauroni, responsable de la fundación Hemisferio y que se encuentra en prisión por esta causa, Blasco ha explicado que lo conoce de su pueblo natal, Alzira, igual que conoce a su familia y a otras personas, ha apuntado. Si de aquí alguien puede interpretar "privilegios" es que es una "mala persona", ha dicho y el que "lo haga circular" también es "mala persona".

Montoro pide "planes de estabilidad" para corregir la "desviación" en CCAA

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha instado este martes a las comunidades autónomas, y en concreto a la Junta de Andalucía, a "reaccionar con planes de estabilidad" para "corregir" la "desviación" del objetivo de déficit, y ha expresado la disposición del Ejecutivo central a "trabajar juntos" con los gobiernos autonómicos.

   Montoro se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto institucional con motivo del 28-F en el Parlamento andaluz, donde ha querido mostrar la disposición del Gobierno para trabajar junto con los gobiernos autonómicos y municipales para salir de esta crisis a través del trabajo conjunto.
   "Desde el Gobierno de España vamos a promover el pago a los proveedores, a tantas pymes y autónomos que están pendientes del cobro del presupuesto de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos", ha añadido el ministro, que ha adelantado que en los próximos Presupuestos, que comenzarán a elaborarse en los próximos días, el Ejecutivo hará una apuesta por salir cuanto antes de esta crisis económica y volver a la senda de crecimiento.