viernes, 6 de abril de 2018

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas 'Castor'

MADRID.- El Santander, CaixaBank y Bankia han presentado una reclamación al Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para pagar la compensación por el cierre del almacén submarino de gas Castor. Este proyecto tuvo que ser paralizado al desencadenar decenas de pequeños terremotos, recoge El País

El Gobierno recurrió a esas tres entidades para pagar los 1.350 millones de indemnización a la promotora del proyecto, controlada por ACS, que los usó para devolver el dinero a los inversores. El Estado dejó de pagar a los bancos porque el Constitucional anuló la fórmula legal elegida para liquidar la indemnización en 2014. Ahora los bancos se lo reclaman.
La fórmula que ideó el Gobierno pasaba por que cada año (durante los próximos 30) las tres entidades financieras recibieran 80 millones de euros, que deben pagar los consumidores de gas a través de su factura. 
Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que aprobó el Gobierno y que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar la indemnización de 1.350 millones a cambio de entregar un almacén de gas que le había encargado acometer el Estado pero que nunca se empleará por el riesgo sísmico que acarrea.
 Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devolución de lo adelantado por los bancos, ha dejado de obligar al pago a los bancos de esos 80 millones anuales a través de la factura del gas al entender que no existe un paraguas legal que lo ampare.
El embrollo es enorme. El Constitucional no cuestionaba en su sentencia el pago de la indemnización en sí, sino la vía de urgencia empleada por el Gobierno del PP, que los magistrados no consideraban adecuada ni justificada. La alternativa que el tribunal ha dejado abierta implicaría que el Ejecutivo lleve ahora al Congreso –no a través de una vía de urgencia– el pago de esos 1.350 millones. 
Pero parece casi una quimera que el PP, que no tiene mayoría suficiente en el Parlamento, pueda encontrar algún apoyo en otro partido para sacar adelante una norma que garantice a los bancos el pago de lo que adelantaron para cubrir la indemnización.
Así que, finalmente, las tres entidades bancarias han decidido reclamar por la vía administrativa la devolución de los 1.350 millones.
Pese a presentar esa reclamación, las tres entidades sostienen que ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo "que permita hacer la devolución de una manera flexible" para "evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas". 
Básicamente, lo que ponen sobre la mesa es recuperar la misma fórmula ideada en 2014 –pagos fraccionados durante tres décadas con los mismos tipos de interés–. Pero, para que esos pagos puedan realizarse, hace falta una norma legal que sirva de paraguas y que sustituya al real decreto ley anulado por el Constitucional.
El Ministerio de Energía ha rechazado este viernes hacer cualquier valoración sobre la demanda, al argumentar que no la ha "podido estudiar" todavía. Tampoco aclara si el Ejecutivo planea aprobar algún tipo de decreto o norma sobre la indemnización anulada por el Constitucional.
Pero, ¿por qué se indemnizó a Escal UGS, controlada por la compañía de Florentino Pérez? Cuando el proyecto Castor se adjudicó en 2008 –durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– se incluyó una cláusula que preveía el pago de la inversión realizada a la promotora en el caso de que se produjera la extinción o caducidad de la concesión. Y el montante de esa inversión fue de 1.350 millones.
Cuando se dispararon los temblores provocados por la inyección del gas colchón en este almacén marino, el Ejecutivo decretó la hibernación de las instalaciones por la vía de urgencia. 
Y por la misma vía de urgencia se decidió aplicar la cláusula de 2008 y, por lo tanto, la devolución de los 1.350 millones. El Gobierno defiende que una parte importante de esa inversión –alrededor de 300 millones– los había puesto el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que reclamaba la devolución de esa cantidad.

El patronato de Fundación Caja Mediterráneo aprueba su plan estratégico para los próximos tres años

ALICANTE.- El patronato de Fundación Caja Mediterráneo, presidido por Luis Boyer, ha aprobado por unanimidad el plan estratégico de la institución para los próximos tres años. El objetivo de este plan estratégico es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 a través de la reestructuración de la entidad desde una perspectiva de racionalidad financiera y económica. 

Asimismo, en esta misma reunión del Patronato se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2018, que contempla un presupuesto para la realización de actividades de más de un millón de euros.
Luis Boyer afirma que "la Fundación Caja Mediterráneo emprende una nueva etapa con la finalidad de consolidarse como una institución al servicio de la sociedad de Alicante, Murcia y Valencia. De este modo, comenzamos una nueva etapa de consolidación de nuestra misión, de la estructura de la entidad y de las líneas de actividades estratégicas, todo ello con un horizonte temporal de tres años, hasta 2020".
Boyer añade "nuestro objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de Alicante, Murcia y Valencia. Este Plan Estratégico pone las bases para garantizar la viabilidad de la Fundación a medio y largo plazo, lo que nos permitirá que esta institución siga ocupando un espacio relevante en las actividades culturales, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa en su ámbito de actuación."
El punto de partida de este documento se encuentra en la nueva definición de la Misión de la entidad: "Fundación Caja Mediterráneo es sucesora de la Obra Social de Caja Mediterráneo y custodia de su patrimonio y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de las provincias de Alicante y Murcia. Esto se hará gestionando ese patrimonio y sus recursos de forma responsable con el fin de desarrollar iniciativas propias y colaborando activamente en aquellos proyectos que compartan el objetivo de impulsar una sociedad más sostenible."
El Plan Estratégico 2018-2020 de la Fundación Caja Mediterráneo es el resultado de un proceso de reflexión en común y conjunto realizado por el Patronato y por el equipo técnico de la Fundación y está dirigido a garantizar la viabilidad de la entidad y a rentabilizar socialmente su patrimonio.
El documento establece seis objetivos estratégicos prioritarios sobre los que la Fundación debe cimentar su futuro. Entre estos objetivos se encuentran la redefinición de las actividades desarrolladas por la Fundación, la reestructuración del patrimonio inmobiliario y de los recursos humanos, la modificación de la imagen corporativa y la página web, el ajuste de balance y cuenta de resultados y la rentabilización del patrimonio artístico y documental de la Fundación.
Estos seis objetivos estratégicos responden a tres necesidades básicas, la primera de ellas garantizar la viabilidad económica de la fundación mediante la reestructuración del patrimonio inmobiliario, la gestión activa de los recursos financieros y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
Por otro lado, cobra especial relevancia el diseño de un nuevo organigrama para adaptarlo a las necesidades de la Fundación en esta nueva etapa, tanto por tamaño y área de influencia como por las actividades a desarrollar. Por último, es prioritario adaptar la programación de actividades a la nueva misión, al área geográfica de actuación e influencia y a la disponibilidad de recursos.
En los primeros seis meses de aplicación del Plan Estratégico se abordarán las medidas más urgentes, como la reestructuración de los recursos humanos de la Fundación para poder adaptar cuanto antes la plantilla al nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, se posibilitaría la creación de equipos específicos para la gestión integral del patrimonio inmobiliario y para la comercialización de espacios y organización de eventos.
Uno de los ejes sobre los que gira el plan es equilibrar el balance de la Fundación. Para ello, es clave reducir los gastos, tanto de personal, como los de servicios profesionales y los gastos excepcionales jurídicos, así como los relacionados con el mantenimiento de los edificios.
Paralelamente, es imprescindible aumentar la captación de fondos externos. Para ello, la Fundación ya ha comenzado ha trabajar con equipos especializados en captación de subvenciones y búsqueda de ayudas públicas. Además, se está priorizando la organización y gestión de eventos que conllevan alquileres de los centros de la Fundación, así como afianzar el incremento de los ingresos por actividad propia para conseguir que siga creciendo el porcentaje de actividades y centros autofinanciados.
La gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación es otro eje fundamental de este plan de actuación. Esta nueva etapa da gestión de los activos inmuebles arranca con la identificación de los centros estratégicos de la Fundación a los que se replegará la actividad, fundamentalmente Alicante y Murcia, abre una vía para reestructurar y rentabilizar el patrimonio inmobiliario sin uso, mediante la venta o el alquiler. 
La ubicación estratégica de la mayoría de los centros culturales de la entidad dota de un importante valor añadido a los inmuebles de la Fundación, y será clave tanto en la venta y alquiler como en la comercialización de los espacios para eventos
La Fundación Caja Mediterráneo cuenta entre su patrimonio con 44 inmuebles, entre los que destacan los centros culturales de Alicante, Murcia, Elche, Benidorm, Cartagena, Orihuela, Lorca o Torrent, los centros de medio ambiente de Crevillente, Alcoy, Buñol y Sangonera la Verde; las casas museo Modernista de Novelda y Azorín; el colegio de educación infantil y primaria Sagrada Familia de Elche y, entre otros, el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). 
El resto de los inmuebles están vacíos o cedidos a otras entidades, tanto públicas como privadas. A este respecto el Plan contempla revisar la situación tanto de dichos inmuebles cedidos como de aquellos de titularidad compartida. Para ello, se creará una unidad de gestión integral del patrimonio inmobiliario.
El Patrimonio artístico de la Fundación es uno de los agrandes activos de los que dispone la entidad, y por ello se desarrollarán nuevas estrategias para la divulgación del patrimonio artístico, tanto de la Colección de Arte Contemporáneo, que puede visitarse en el MACA de Alicante, como del resto del Fondo Artístico de pintura y escultura. Se propone, además, trasladar y centralizar todo el fondo artístico y documental en las instalaciones propias de la Fundación, y replegar las obras artísticas de aquellos centros de los que se desprenda la Fundación.
El Plan también identifica que uno de los valores más destacados de los fondos de la Fundación es el patrimonio documental que custodia tanto en sus bibliotecas como en el centro de Legados. El documento da el impulso definitivo para la creación del Centro de Documentación e Investigación sobre Legados de la Fundación, resultando prioritario trabajar en la localización, catalogación, archivo, digitalización y divulgación de los fondos bibliográficos y los legados.
La Fundación redefinirá su ámbito de actuación, circunscribiéndose a la provincia de Alicante, la Región de Murcia y a la Llotgeta en la ciudad de Valencia. Junto a ello, también se impulsarán nuevas áreas de interés para la organización de actividades, centrándose en las últimas y más recientes formas de actividad social, económica y productiva vinculadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad, la solidaridad y la innovación social.
Asimismo, entre los objetivos más importantes que se ha marcado la Fundación para esta nueva etapa destaca incrementar el número de actividades que puedan ser autofinanciables e incrementar la captación de recursos externos.
El Plan también propone replantear el papel que debe adoptar la Fundación en cuanto a las actividades en colaboración, para potenciar aquellas iniciativas que tengan mayor retorno social y mediático.
Diseñará un nuevo organigrama y adaptar la plantilla al nuevo organigrama y a la nueva estimación de gastos de personal elaborando una nueva relación y valoración de los puestos de trabajo.
Por último, el plan también propone modificar la imagen corporativa, así como aumentar la presencia de la Fundación en Redes Sociales e Internet, partiendo de un profundo rediseño de la página web.

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 
Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 
Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.
En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).
El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 
Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).
Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.
La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.
Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).