martes, 1 de agosto de 2023

Sánchez exige al Rey que el primer nominado para formar gobierno sea él, no Feijóo / Eulogio López *


Sánchez acaba de traspasar otra línea roja, es su especialidad: ahora ha exigido al Rey Felipe VI que le mandate para formar gobierno antes que a Alberto Núñez Feijóo, el vencedor de las elecciones del 23-J. 

Como siempre, el argumento se ha lanzado primero como consigna, a través los tertulianos de medios amigos, en especial RTVE, la Ser y La Sexta. Ojo al dato: la Constitución no dice nada sobre que el Rey deba llamar al candidato de la lista más votada, es más lógico nominar a quien puede obtener los apoyos para la investidura, aseguran.

La verdad es que la Constitución no dice ni lo uno ni lo otro. La constitución dice que el Rey nominará a quien le venga en gana para formar gobierno. Por tanto, todas estas presunciones, también las pergeñadas por el propio Sánchez, que ya habla de "cuatro años más para seguir avanzando" no es más que una forma interesada de arrimar el ascua a su sardina.  

Pero ojo, Sánchez no es tonto. Hasta un ególatra de su calibre es consciente de que cada día cae más gordo a más gente. Su egolatría y su sociopatía alejan. Sabe que no repetirá la hazaña de la última semana de campaña ni Feijóo sus errores. 

El Rey, por su parte, sabe que Pedro Sánchez es una verdadera ruina para España, aunque, cobardón como es el monarca, nunca se ha atrevido a hacerle frente. Por tanto, el presidente en funciones ha prometido al jefe del Estado y a quien quiera escucharle que, si continúa como jefe de gobierno esta legislatura, abandonará el cargo dentro de un año, con ansia de convertirse en el presidente la Comisión Europa, sustituto de Ursula Von der Leyen. 

Recuerden que las elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Para ser elegido presidente del ejecutivo europeo no viene mal un entrenamiento de seis meses como presidente de turno de la Unión. Un cargo honorífico, sí, pero don Pedro es un especialista en aprovechar a conciencia ese tipo de acontecimientos extraordinarios, tan útiles para quien sepa sacar partido de ellos.

Y no, no hay problema en que sea el Partido Popular Europeo el que repita triunfo en las elecciones europeas. El partido socialista siempre será la segunda fuerza y créame: tanto el PP como los socialistas europeos son hoy una misma cosa: Europa no está regida por dos ideologías en disputa, sino por una sola.

Progresismo de derechas y progresismo de izquierdas: el Partido Popular Europeo (PPE) y el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) son una misma cosa. El resto, son verdes y separatistas por la izquierda y peligrosos 'ultras populistas' por la derecha. O sea, cristianos tipo Vox, húngaros, polacos, italianos y otras plagas. la verdadera extrema derecha está en Francia y Alemania, y no es cristiana sino pagana.

El pluralismo de la Unión Europea se parece cada vez más al pensamiento único. Y el que de ese marco se salga será ninguneado. 

A todo esto, de fronteras adentro, ¿qué pasa con la Banda de los Cuatro, los separatistas -los cuatro lo son- Junts, ERC, Bildu y PNV. Pues Sánchez está dispuesto a darles lo que pidan aunque al Rey y a lo que él llama "la España conservadora" o sea la cabreada por Sánchez, se les venda otra tonada.

La intervención de Pere Aragonés en la mañana del martes ha sido sintomática. Utilizando la técnica Miguel Roca: primero llegó a un acuerdo en privado y luego afirmo en publico que, o se me concede lo ya acordado o rompo la baraja. Pues Aragonés ha pedido mucho más dinero para Cataluña y un referéndum, que acabará, como ya adelantamos en Hispanidad, en una consulta no vinculante.

Curiosamente, quien no pone ni condiciones para el acuerdo son los proetarras de Bildu, los que con más entusiasmo apoyan a Sánchez.  

Recuerden cómo, hace cuatro años, el proceso del matrimonio contra natura entre el PSOE y la Banda de los Cuatro, comenzó en Pamplona y con Bildu permitiendo la investidura de la socialista María Chivite. 

 ¡Qué casualidad!, en la mañana del martes 1 de agosto, la portavoz de Bildu en el Parlamento navarro, Laura Aznal ha manifestado que, harta como están de la vergonzante lucha por los despachos de socialistas y Geroa Bai (recuerden que los proetarras son unos románticos) convocará a la militancia bilduetarra para que les permitan votar a favor de la socialista María Chivite, no sólo abstenerse. 

Y Chivite aceptará, no lo duden, como Sánchez aceptará los votos de los proetarras en Madrid porque no son ultras: los ultras son los de Vox. 

Esta es la paradoja de Pedro Sánchez y de los ocho millones de españoles que votaron socialista: antes prefieren al partido que secuestró a Ortega Lara que al partido en el que milita Ortega Lara. Bildu es demócrata, los de Vox son ultras.

En cualquier caso, convendría que el Monarca, por vergüenza torera, no se dejara amedrentar por Pedro Sánchez. Además, ¿puede alguien crecer que Pedro Sánchez abandonará el sillón de Moncloa en julio de 2024? ¿A qué no? 


(*) Editor de Hispanidad

 

https://www.hispanidad.com/politica/espana/sanchez-exige-rey-primer-nominado-formar-gobierno-sea-el-no-feijoo-cambio-promete-dejar-cargo-en-ano-presidir-comision-europea_12044499_102.html

Portugal frena los pisos turísticos a golpe de ley

 


LISBOA.- Portugal pone límites a los pisos turísticos. Un problema que afectaba de manera especial a nuestro país vecino, con una tasa incluso superior a la española. Ahora estos pisos enfocados a turistas tendrán que cumplir una serie de obligaciones, así como pedir permisos especiales para poder abrir. Una serie de medidas que tienen como objetivo limitar su número y evitar que este tipo de pisos eclipse las viviendas de los ciudadanos, se escribe en www.xataka.com.

Impuesto extraordinario del 15%. La Asamblea de Portugal ha aprobado las medidas del programa 'Mais Habitação' (Más Vivienda) del gobierno portugués. Aunque se han rebajado algunas de las pretensiones iniciales.

Uno de los principales cambios es la aplicación de un impuesto extraordinario del 15%, que deberán pagar los dueños de pisos turísticos. Se trata de una tasa especial como tienen sectores concretos como las energéticas. La idea del gobierno era que este impuesto fuera del 35%, pero finalmente se ha reducido considerablemente por la polémica generada.

Pisos turísticos y vivienda no son compatibles. Uno de los principales problemas de los pisos turísticos es su afectación al resto. Y la convivencia es cuanto menos difícil. No es solo una percepción social, sino algo reconocido legalmente en Portugal.

En 2022, el Tribunal Supremo vetó un piso turístico en un espacio destinado a vivienda. La explicación es, según apunta la Asociación de Inquilinos de Lisboa, que generaban "inseguridad y malestar en las familias".

Si la comunidad de vecinos está harta, se suspenderá la licencia. En base a esta incompatibilidad, desde Portugal se ha aprobado de que cuando dos tercios de la comunidad de propietarios lo solicite, se podrá suspender una licencia ya concedida de piso turístico. Es decir, si el piso provoca muchos problemas y la mayoría de vecinos quiere que cambie, podrán hacerlo. Se trata de una medida para forzar a que el piso turístico no impacte lo suficiente en la vida cotidiana del resto de vecinos.

Fin a las visas doradas por invertir en pisos. Al igual que España, Portugal ha limitado los visados de oro. Según el Foro Económico Mundial, este tipo de visados provoca un aumento de los precios de la vivienda y fomentan la especulación inmobiliaria. Con la aprobación de estas medidas, Portugal entierra estos visados a los extranjeros que realizaban inversiones inmobiliarias.

Marcando el camino. Aunque no han conseguido todos sus objetivos marcados el pasado mes de febrero, cuando anunciaron la intención de aprobar esta ley, sí se han convertido en uno de los primeros países en regular de manera intensiva los pisos turísticos.

Han hecho falta meses de debate y se han prescindido de medidas más exigentes como el alquiler forzoso de pisos vacíos. A cambio tenemos ya aprobada una limitación de los pisos turísticos que podría marcar el camino de una posible futura regulación en otros países con una situación similar, como España.

Sanidad recoge hasta diciembre 14.000 efectos graves y 500 muertes por las vacunas covid

 


MADRID.- Las vacunas contra la covid han provocado reacciones adversas en miles de españoles. El último Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID del Ministerio de Sanidad recoge, hasta diciembre de 2022, 84.650 notificaciones de acontecimientos adversos, 14.003 consideradas graves y 500 con desenlace mortal.

De hecho, un estudio publicado en el British Medical Journal en septiembre de 2022, con pacientes de EEUU y cinco países europeos –entre ellos, España–, vincula la inmunización contra la covid-19 con mayor riesgo de trombosis con trombocitopenia.

ATEAVA, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, cuenta entre sus 93 socios con militares, guardias civiles, policías, docentes, fisioterapeutas, bomberos, enfermeros, funcionarios de prisiones, veterinarios, asistentes de familia, trabajadores sociales. Son de todas partes de España y una media de edad de 35-40 años. Alrededor del 50% todavía no se ha podido incorporar al trabajo.

Sus patologías incluyen trombosis, encefalomielitis miálgica –EM/SFC–, trastornos neurológicos, inflamación sistémica, cardiopatías, cuadros autoinmunes y un complejo entramado de síntomas severos que la medicina todavía no sabe cómo tratar ni catalogar.

Los dolores fuertes son algo que tienen en común muchos de ellos, igual que ocurre con los 115 socios que en la actualidad tiene otra plataforma a nivel nacional, APAVaC19 –Asociación de Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19, que incluye a inoculados con Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

Algunos no tuvieron tanta suerte. "Hay compañeros que murieron por esos efectos secundarios", dice Celia Piquer, de 47 años, veterinaria, vacunada el 29 de marzo de 2021.

Una de ellas fue M. C. G. H., auxiliar educativa en Aldeas Infantiles SOS de Tenerife y madre de una niña de un año. Se vacunó el 10 de marzo de 2021 y empezó a quejarse de que le dolía la cabeza. "En el centro médico no le dieron importancia. Pero yo la veía cada vez peor", relata su hermana.

La noche del 21 de marzo, "estaba como zumbada, se le caían las cosas, se mareaba, no podía hablar. Entonces, llamé a una ambulancia y se la llevaron de urgencias". Falleció a las pocas horas, doce días después de la inoculación, por un derrame cerebral y bajada drástica de las plaquetas. Según el informe que recibieron del Servicio Canario de Salud, "puede haber correlación con la vacuna". 

Lorena Montesinos, comercial de 47 años, con dos hijos de 10 y 16, y presidenta de APAVaC19, asegura: "Una semana después de la segunda dosis de Pfizer, el 14 de julio de 2021, "empezaba a ir a rastras del cansancio y los dolores articulares".

Fue empeorando hasta que, al año, una internista de la Seguridad Social le dio el diagnóstico: "Postcovid vacunal con posible desregulación del sistema inmunológico".

"La gente no quiere saber nada, prefiere mirar hacia otro lado. Yo me he sentido muy abandonada por los médicos. ¿Por qué tienen tanto miedo de reconocerlo? Las vacunas han salvado vidas, pero, como muchos medicamentos, tienen efectos secundarios", nos dice, tras dos años de lucha.

"Dentro de las reacciones postvacunales, un grupo de pacientes ha desarrollado encefalomielitis miálgica (EM/SFC)", cuenta a Público la doctora Eva Martín, médico especialista en esta enfermedad que no tiene cura y que limita, al menos, al 50% las capacidades físicas y mentales del paciente. ¿Cómo puede establecerse la correlación? La clave, para esta experta, está en el timing, cuando vacuna y enfermedad "son factores coincidentes en el tiempo".

"Hay mucha reticencia a hablar del tema, porque la pandemia nos ha dejado un trauma", indica a Público el doctor Francisco Mera, director de la unidad de investigación y asistencial de covid persistente en una clínica madrileña.

Mera nos describe el "síndrome postvacunal" como un proceso inflamatorio sistémico, con envejecimiento celular acelerado, dolor neuropático, fatiga crónica, calambres. Un cuadro muy parecido al síndrome postcovid, con la diferencia de que pueden darse en pacientes vacunados que nunca tuvieron el virus.

Lo mismo apuntan dos artículos publicados en Science en enero de 2022 y en julio de 2023 con el titular: "Las vacunas de coronavirus pueden causar síntomas parecidos a los del covid persistente".

Según el afectado Pedro García, , de 49 años, profesor de Física y Química en un instituto de Barcelona y padre de dos hijos de siete y cuatro años, el Ministerio de Sanidad "solo saca estadísticas, no estudia los casos para validarlos y hacer seguimiento". 

"A mí nadie me ha llamado", dice. El Ministerio no ha respondido a la consulta de Público para contrastar esta observación.

"Es inédito que, después de una pandemia en que se ha vacunado casi el total de la población, no se hayan empezado a estudiar aún los efectos secundarios. No se están recogiendo datos. A la gente que ingresa con un cáncer o con un infarto no se le pregunta cuántas dosis se puso", nos dice el cardiólogo Esteban García Porrero, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital de León.

Por lo pronto, en su especialidad, "en los últimos dos años, ha aumentado la incidencia de infartos en personas jóvenes".

Mazón tilda de "inasumible" los 55.000 millones de deuda que tiene la Generalitat


ALICANTE.- Los más de 55.000 millones de euros de deuda pública de la Comunitat hacen que cada valenciano tenga una deuda superior a los 12.000 euros si se repartiera por persona, una cifra "totalmente inasumible" que se ha convertido en un "reto" para el nuevo gobierno de la Generalitat.

El president valenciano, el alicantino Carlos Mazón, del PP, ha explicado que estos dígitos suponen una "enorme losa" en la etapa que ahora se abre y que se ha producido a consecuencia de la mala gestión económica durante ocho años del Botànic del socialista Ximo Puig, donde la Comunitat ha sido, junto a Cataluña, la autonomía líder en deuda con más de 55.000 millones de euros, tras un 2022 en el que la cifra se incrementó en casi 3.900 millones.

Es "una herencia económica penosa", en palabras de Mazón, quien ha proseguido que como "de la queja no se vive sino de la reacción", tratará de que haya un cambio para activar la economía mediante la rebaja de impuestos, la disminución del gasto político y la caída del número de políticos, entre otras medidas.

Según el jefe del Consell, "en estos momentos a la Generalitat solo le presta dinero el Tesoro de España, lo cual es un drama" ya que no se puede "salir por ahí a pedir dinero porque nadie nos lo da". "Esto es la realidad a la que nos enfrentamos; sabemos lo que hemos heredado", ha advertido el popular.

De esta manera, si la deuda se repartiera equitativamente entre cada habitante de las tres provincias valencianas, "cada ciudadano debería 12.000 euros" lo cual es "totalmente inasumible".

Las declaraciones de Mazón se han producido al término de la primera visita institucional a un ayuntamiento, el de Alicante, de donde es natural y donde el pasado mandato ocupó un acta como concejal, que le permitió ser presidente de la Diputación Provincial.

En el recorrido por unas dependencias que conoce de sobra estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, por el equipo de gobierno popular y gran parte de la corporación municipal.

El pasado viernes, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, informó de la situación financiera "muy preocupante" de la Generalitat en muchos de sus indicadores, con un déficit "disparado" en el ejercicio de 2022, con 3.847 millones de euros, "por encima de todas las comunidades" y superando el 3 % del PIB.

El Tribunal Supremo rechaza suspender el aumento del caudal ecológico en el río Tajo que pedía la Junta de Andalucía

 


MADRID.- El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo. En una resolución conocida este lunes, el Supremo decide no suspenderlo de manera cautelar y, aunque decidirá sobre el fondo de la cuestión en una próxima sentencia, defiende “la necesidad de implantar caudales ecológicos en la cuenca del Tajo”. 

Los jueces, como ya habían resuelto con un recurso similar de la Generalitat Valenciana en mayo y con la Región de Murcia y la Diputación de Alicante hace apenas unos días, no consideran urgente la suspensión cautelar de la aplicación de caudales ecológicos en el río tajo. 

La Junta de Andalucía rechazaba la modificación aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado mes de enero, argumentando que no contaba con informes técnicos ni jurídicos que la respaldaran y que se había tomado “de forma unilateral” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua en el que consensuó un aumento hasta los 6 metros cúbicos por segundo.  

El auto señala que los argumentos de la administración andaluza “afectan indudablemente a la cuestión de fondo y, por tanto, será en sentencia donde debamos examinarlos”, dicen los jueces. 

En todo caso, defienden “la necesidad de implantar caudales ecológicos en la cuenca del Tajo, como en el resto de cuencas, es imperativa, como derivada de la normativa nacional y de la Unión Europea, en línea con la jurisprudencia de esta Sala”.

Respecto a los caudales ecológicos, “se ha previsto una implantación progresiva, precisamente, para desarrollar medidas especialmente en la cuenca del Segura que aporten recursos alternativos y pueda paliar los eventuales efectos que produzca la implantación de los caudales ecológicos fijados”. 

La Junta argumentó que existe una “relación directa” entre la fijación de los caudales ecológicos del Tajo y el volumen de agua que se puede trasvasar a través del acueducto Tajo-Segura, considerando “determinantes” los caudales mínimos trimestrales establecidos en el tramo Bolarque-Aranjuez porque el acueducto tiene su toma en el embalse de Bolarque, de manera que “el cumplimiento del nuevo régimen depende esencialmente de las aportaciones a este embalse”.

También consideraba la Junta que la decisión “injustificada” del Estado conlleva “un gran perjuicio” para el levante español en general y para el almeriense en particular. El plan del Gobierno central, en concreto, incluye subir el mínimo de esa cantidad que debe llevar el Tajo a su paso por la localidad madrileña de Aranjuez para enviar al Segura, subirá hasta los citados 8,65 hectómetros cúbicos en 2027.  

Entre los argumentos comunes que se incluyeron en los recursos ya rechazados de Murcia, Valencia y Andalucía, según informó la Junta el pasado 21 de marzo, se encontraba la “falta de respaldo científico” para incrementar el caudal ecológico hasta los 8,6 m³/seg. 

Como se trasladó en la reunión del Consejo Nacional del Agua, los informes establecen que 6 m³/seg serían suficientes para garantizar el buen estado del río, según recurrieron estas tres comunidades autónomas. 

Tampoco existía una obligación judicial para elevar el índice hasta esa cantidad, añadían los recursos, ya que el Tribunal y el Parlamento Europeo exigen que se vayan tomando medidas para aumentar los caudales ecológicos pero no establecen esa cantidad. La Junta formalizó el 10 de abril el recurso ahora rechazado. 

Así son los sueldos de los diputados: todas las nóminas, complementos y ayudas que reciben

 


MADRID.- Los diputados del Congreso y el Senado cobran unos sueldos que oscilan entre los casi 56.000 euros hasta los 100.000, dependiendo de las responsabilidades que desempeñen en las Cámaras y la circunscripción a la que pertenezcan, y disfrutan de otros extra como ayudas al transporte, dietas o dispositivos digitales para facilitar el ejercicio de su cargo. También tienen derecho a indemnizaciones, según matiza hoy el diario económico Expansión.

Solo dos de los 350 diputados electos fueron este lunes, primer día que se abría el plazo para presentar sus credenciales en el Congreso y poder adquirir la condición plena de diputados cuando se constituya la Cámara: los diputados del PP por Ávila, Héctor Palencia, hasta ahora jefe de gabinete del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el diputado también 'popular' por Soria, Tomás Cabezón.

Los diputados, además, de sus credenciales, tienen la opción de recoger el iPad y el iPhone, el "kit tecnológico" que se entrega a los nuevos diputados y del que pueden disfrutar mientras estén en el cargo.

Los nuevos diputados tienen de plazo para presentar sus credenciales hasta el próximo 16 de agosto, un día antes de que se constituyan las Cámaras Baja y Alta y sus respectivos órganos de Gobierno, las Mesas del Congreso y el Senado. El 17 de agosto los diputados electos juran o prometen su cargo con lo que adquieren la condición plena de diputado, se pone en marcha la nueva legislatura y se abre el camino hacia una investidura.

Los sueldos de los diputados en España son retribuciones públicas que pueden consultarse en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados. Constan de un salario base llamado retribución constitucional de 3.126,89 euros brutos al mes, según la última revalorización a cargo del IPC, un sueldo común para todos al que se suman varios extras y suplementos dependiendo de las responsabilidades que se les asignen en el Congreso.

Todos los diputados cobran, además de su salario base, una indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros en Madrid y 2.008,61 para el resto de circunscripciones). Por tanto, el sueldo base anual de los diputados parte de 55.803,86 ó 70.143,36, según la indemnización mensual que les corresponda, al que se le suman ayudas, las dietas y extras.

Pero lo que más engorda la nómina total de los diputados es su cargo, y pueden desempeñar distintas funciones al mismo tiempo, como miembros de la Mesa, la Junta de Portavoces o alguna Comisión Parlamentaria, con lo que finalmente su sueldo puede ponerse en alrededor de 100.000 euros brutos anuales.

Las retribuciones de los cargos nombrados por la Mesa de la Cámara, son específicamente, las siguientes:

La de Secretario General, que consta de un sueldo y complemento de jornada de 6.229,44 euros brutos mensuales; el complemento de Secretario General (3.377,63); y los gastos de representación (1.185,52); y gastos de libre disposición (981,15).

En el caso de los Secretarios Generales Adjuntos, el sueldo y complemento de jornada asciende a 6.229,44 euros, más el complemento (2.804,59)y los gastos de representación (510,26).

Las nóminas de sueldo y complemento de jornada de los Directores , nombrados entre funcionarios de los Cuerpos de Letrados, Archiveros-Bibliotecarios y Asesores Facultativos a propuesta del Secretario General son las fijadas para el Cuerpo al que pertenezca el funcionario, a las que se suman el complemento de Director (2.274,01) y los gastos de representación (425,25).

Ayudas para el transporte y dietas

Las ayudas para transporte, al igual que las contempladas en muchas empresas privadas, contemplan reembolso de gastos en aparcamiento en aeropuertos y trenes, hasta billetes de avión, barco y tren, a cargo de la empresas transportista salvo las ayudas para el pago en combustible para el uso del automóvil propio, que corresponde a 0,15 euros por kilómetro o los peajes en autopistas.

Desde 2006 la Cámara facilita a cada diputado sin coche oficial una tarjeta personalizada para hacer uso del servicio de taxi en Madrid, hasta un máximo de 3.000 euros anuales. Por cada viaje oficial al extranjero, los Diputados cobran 150 euros al día y 120 si son viajes por España.

Indemnización constitucional e indemnización por cese

También forma parte de la retribución constitucional la llamada indemnización, que cobran algunos diputados entre legislaturas. Desde que se publicó el decreto de disolución del Congreso tras las elecciones generales solo mantienen la condición de diputados los 137 titulares o suplentes que integran la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que funciona para gestionar las iniciativas legislativas hasta que se conformen las nuevas cámaras formalmente.

Los miembros de la Diputación Permanente siguen siendo diputados hasta que se constituya el nuevo Congreso que surja tras las elecciones generales del 23J, 25 días posteriores a la votación, como tarde el 17 de agosto.

El resto, un total de 212 diputados que no forman parte de esta Diputación Permanente, cobraron un pago único que oscila entre los 6.800 de los diputados de base de Madrid hasta los 9.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones con algún cargo en la Cámara, dependiendo de los complementos que tenga asignados cada diputado por circunscripción y cargo. 

Esta cantidad corresponde a 52 días de sueldo que median entre la disolución y el día de reflexión, la misma cantidad que cobrarían si siguieran en activo. Se cobra en un pago único y tributa a Hacienda.

Una vez celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público puede solicitar una indemnización por cese si han estado en el Parlamento un mínimo de dos años, que consta de una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros), por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses y que se abona de forma mensual para dar tiempo a hacer ajustes y poder dejar de cobrar el abono si el exparlamentario retoma su actividad laboral en otro ámbito fuera del Congreso

Los cargos nombrados por la Mesa de la Cámara no perciben indemnización por cese.

Sumar y Vox no consiguieron ningún senador pese a que sus candidatos lograron más de 14 millones de votos

 


MADRID.- La ley electoral en España es inexorable: prima al partido más votado y da mayor representación en el Congreso a las provincias menos pobladas, en detrimento de las grandes ciudades. Muchos votos se quedan por tanto sin representación, especialmente los de los partidos medianos: en estas elecciones, Sumar y Vox. 

Pero si el reparto de escaños prima al más votado en el Congreso, en el Senado esta circunstancia es muchísimo mayor. Más de 31 millones de votos –que no personas, porque cada votante elige a tres candidatos– se han quedado en estas elecciones sin representación en la Cámara Alta, razona elDiario.es. 

El sistema de elección en el Senado tiene su propia particularidad y beneficia al partido que recibe más apoyo en cada circunscripción y, en menor medida, al segundo. En total, en unas elecciones generales, se eligen a 208 senadores. 

A cada provincia le corresponden cuatro, a excepción de las provincias insulares (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife a los que le corresponden tres a cada una e Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma a las que le corresponden uno a cada una). En el caso de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos senadores.   

Con esto, el partido más votado en una provincia se lleva tres senadores y el segundo más votado consigue uno (salvo en situaciones de empate donde puede haber 2-2). El PP fue la formación más votada en la mayoría de los territorios y este sistema de reparto explica la mayoría absoluta que obtuvo este 23J con 120 senadores de los 208 que se elegían este domingo. 

Al conjunto de escaños obtenidos hay que sumar otros 57 senadores por designación autonómica que eligen los parlamentos regionales, de los que 23 pertenecen al PP.

Con esta forma de elección que prima al partido más votado en el Senado que se lleva directamente tres senadores de la provincia frente a uno del segundo y ninguno del resto, el PSOE es el partido que ha cosechado más votos improductivos en el Senado en esta ocasión: 9,97 millones.

 Tres veces más de los votos perdidos del PP (3,6 millones), que ha logrado la mayoría absoluta de la cámara alta con 120 senadores y ha perdido solo el 15,7% de los apoyos que recibió.

Pero esta cuenta es engañosa. El PSOE al menos ha conseguido 72 senadores y de todos los votos que obtuvo, se quedan sin representación el 46,3%. Los partidos más castigados por el sistema electoral español tampoco han sido los nacionalistas vascos y catalanes, que sí tendrán representación en el Senado y apenas tienen votos improductivos.

Quienes peor lo pasan en el Senado con el sistema electoral español son el segundo y el tercero: Vox y Sumar, que pierden el 100% de los votos que recibieron para el Senado el 23J. La extrema derecha ha logrado 7,1 millones de votos y ni un solo senador. Y en el caso de Sumar, con 7,37 millones de votos tampoco obtienen representación. 

Solo consiguen escaño en otra lista compartida, la que pactó con el PSOE para la circunscripción de Ibiza-Formentera. Según el acuerdo, los tres primeros años serán para un candidato independiente de Ibiza que en el pasado ha ocupado cargos con Podemos y, el cuarto, para otra candidata independiente, pero en este caso de Formentera. 

No es la primera vez que sucede esta situación. Unidas Podemos no logró representación en el Senado en ninguna de las dos elecciones de 2019. Y en 2016 –el mejor resultado electoral histórico de cualquier partido a la izquierda del PSOE– solo lograron 13 escaños en el Senado. 

Aquel año, el PSOE bajó hasta 43, y el gran beneficiado de la competición en la izquierda fue el PP, que logró la mayoría absoluta con 130 escaños –el total son 208–. Desde aquellas elecciones, todos los votos en el Senado de Unidas Podemos y de Sumar han conseguido, injustamente, apoyar indirectamente el dominio en esta cámara del PP.

Lo mismo ocurre con la división en la izquierda. La última mayoría absoluta del PSOE en el Senado fue en abril de 2019. ¿La razón? Que en aquellas elecciones los votantes conservadores en el Senado votaron al PP, pero también a Ciudadanos y a Vox.

Algunos ciudadanos ya conocen estas duras reglas y obran en consecuencia. De hecho, es bastante habitual el voto dual: que votantes de otros partidos nacionales agrupen su voto alrededor del PP y del PSOE para evitar que el beneficiado indirecto sea justamente el partido más opuesto a sus preferencias. 

Aunque las listas son desbloqueadas y abiertas, es decir, cada votante puede escoger a qué candidato como senador quiere y puede decantarse por los representantes de diferentes fuerzas políticas, en la práctica acaba funcionado como un sistema mayoritario porque se suele votar al bloque de un partido y no a los candidatos.

Por provincias, las que se encuentran en Catalunya, País Vasco y Navarra son las que más votos han quedado sin representación dado que en estos tres lugares se presentan otros partidos regionalistas además de los cuatro principales partidos que suelen recibir bastantes apoyos.

La mayoría del PP en el Senado le permitirá, entre otras cosas, presidir la institución y conseguir también un gran poder en el reparto de la Mesa de la Cámara. La importancia política del resultado en la Cámara Alta ha sido sin embargo siempre relativa. No interviene en la elección del presidente del Gobierno y no es decisivo en la elaboración de las leyes: sus enmiendas y reformas pueden ser tumbadas por el Congreso, que tiene la última palabra. 

Sin embargo, detentar la mayoría en el Senado puede convertirse en una herramienta de oposición del PP si Pedro Sánchez logra formar gobierno. El propio Feijóo ha destacado que, en el momento de su intervención en el balcón de Génova, era ya una mayoría absoluta casi segura en el Senado.

El Senado es decisivo para aprobar el techo de gasto, que puede vetar y obligar al Gobierno a presentar de nuevo, y especialmente para aprobar la aplicación del 155 de la Constitución, como ocurrió con Catalunya en 2017. El Gobierno debe presentar un proyecto a la Cámara Alta para que lo debata y apruebe por mayoría absoluta, o no podrá tomar medidas al amparo de ese artículo constitucional. 

Además, el Senado elige un tercio de los magistrados, cuatro en total, por mayoría de tres quintos, diez de los veinte vocales del Poder Judicial, al defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y cuatro de los diez miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, entre otros

Buxadé (Vox) responsabiliza al PP de un resultado electoral inesperado por prematuro triunfalismo

 


MADRID.- El secretario general de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber estado “engañando a los españoles” durante todo la campaña asegurando que rozaban la “mayoría absoluta” y apelando por ello “al voto útil”, lo que provocó, a su juicio, la movilización de la izquierda. 

“El voto útil es una falacia”, ha sentenciado Buxadé, asegurando que para Vox es fruto “de esa maquinaria mediática que no contenta con la demonización de Vox, ni de sus candidatos, ni de sus ideas y propuestas, ha dedicado cientos de miles de euros a hacernos responsables de las expectativas no cumplidas de la calle Génova”. 

“Tanto Feijóo como sus líderes se pasaron la última semana de campaña hablando de que rozaba en la mayoría absoluta alentados por sus propias encuestas manipuladas que acabaron por creer ellos mismos”, ha señalado Buxadé, para añadir luego que Vox no tiene ninguna culpa de que “los líderes del PP fueran unos irresponsables en sus mensajes de campaña y se repartieran vicepresidencias y ministerios a lo largo de los quince días”. 

“El PP se ha equivocado de enemigo y se ha equivocado de aliados. El PP participó en la campaña de demonización de Vox”, ha lamentado.

“Quiero repetirlo una vez más, el voto útil no funciona, el voto útil del PP ha perjudicado gravemente la alternativa a Sánchez. Debemos acabar con esa falacia. Pero al parecer algunos líderes del PP siguen en el 'sostenella y no enmendalla'”, ha reiterado en rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Vox, negando que los comentarios de Abascal días antes del 23J, alertando de que si gobernaban el PP y Vox las cosas se “iban a tensar ” y la situación política allí “iba a empeorar mucho”, influyeran en los resultados. 

Buxadé ha ironizado con que ahora Junts sea “el partido que se rifan todos”, en referencia a las palabras del vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, abriendo la posibilidad a hablar ahora con los de Carles Puigdemont “siempre dentro de la Constitución”. Buxadé ha insistido en que el dirigente catalán es “un prófugo de la justicia al que ahora se lo están rifando los dos grandes partidos para ver quién le convence”.

A pesar de todas las criticas hacía el PP, Buxadé ha señalado que su partido “sigue con la mano tendida” para cerrar los acuerdos que tienen pendientes en Murcia y Aragón, aunque ha repetido que para lograrlo el PP tiene que “respetar al electorado de Vox”.

 “Esperamos que el PP convierta el desconcierto en tranquilidad y sosiego y deje de utilizar a murcianos y aragoneses como moneda de cambio para otros pactos y cuestiones”. 

De igual forma, ha asegurado que no sabe si habrá repetición electoral en vista de las dificultades a las que se enfrentan los dos aspirantes a la investidura, pero ha reiterado que Vox “no va a ser un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional”.


Dos consultoras del conseller de Sanidad de Mazón pagaron “sin justificación” a una trama que saqueó 35 millones


VALENCIA.- El conseller de Sanitat de Carlos Mazón, el popular Marciano Gómez, pagó a una trama presuntamente corrupta sin conocer a las empresas y sin ninguna justificación, tal como reconoció ante el juez instructor del 'caso Osvaldos', la causa pendiente de juicio en la que figura como principal procesado Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana, según publica elDiario.

 Así figura en el auto de procesamiento del juez instructor de la causa, en la que un presunto entramado corrupto saqueó adjudicaciones públicas por un valor total de 35 millones de euros que fueron a parar, a través de empresas pantalla, al abono de gastos particulares, terrenos, viajes y vehículos de lujo de Sergio Blasco, exdirector gerente del Hospital Provincial de Valencia. El sobrino de Rafael Blasco está acusado de los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. 

El médico conquense Marciano Gómez, secretario autonómico de la Agencia Valenciana de la Salud durante el Gobierno de Eduardo Zaplana, fue administrador único de dos consultoras del sector sanitario: Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL e Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL (esta última firma actualmente extinguida). 

Ambas firmas hicieron pagos a empresas de la trama “sin justificación alguna”, según indica el juez instructor. Así, el actual conseller de Sanitat abonó 20.000 euros a Vamon Consulting y 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo. Gómez, según el auto, declaró en calidad de testigo que efectuó los pagos a ambas empresas –“a las que no conocía de nada”– por “indicación” de Sergio Blasco. Todo ello por unos “folios con información en relación a unos hospitales en Perú que le dio el propio Sergio”, agrega el auto.  

Vamont Consulting SL era una de las empresas vinculadas a la construcción de dos hospitales en Perú cuyo administrador es el militar José Luis Sánchez Galán, “amigo de la infancia” de Sergio Blasco y vinculado al Hospital General de Valencia a través de su esposa, Cristina Sanz Hernández, quien además de apoderada de la firma era directora de administración de la fundación del centro sanitario. La sociedad, destaca el instructor, no tenía actividad real ni su administrador “conocimiento previo de la actividad mercantil”.

Sergio Blasco pilotó la construcción de los hospitales de Callao y Villa María del Triunfo en Lima, con un consorcio de firmas españolas (todas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia) y con una inversión de 100 millones de dólares. La empresa Vamont Consulting SL también pagó un “viaje de ida y vuelta en un día” para Sergio Blasco y su hermano a Panamá, según la documentación analizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras los registros a las empresas y a los miembros de la trama. 

Así, la consultora de Marciano Gómez pagó 14.700 euros a Vamont Consulting SL “por supuestos proyectos en Latinoamérica sin justificación documental alguna”. El actual conseller de Sanitat adujo ante el juez que se trataba de abonos “por intermediación en el mercado sanitario peruano, sin justificación alguna”, recuerda el auto.

El abono coincide “en cuantía y en fecha” con los pagos de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una firma cuyo accionista era el hermano de Sergio Blasco. Sin embargo, recuerda el instructor, no existe “documento justificativo de tales facturas”.  

Marciano Gómez también pagó 17.400 euros a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una sociedad tan “íntimamente vinculada con Sergio Blasco” que el propio exgerente del Hospital General de Valencia efectúa transferencias para cubrir el saldo de la cuenta bancaria, destaca el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. 

La firma es una mera sociedad instrumental (no cuenta con trabajadores ni actividad alguna) y factura a la consultora del actual conseller de Sanitat en concepto de “intermediación en el mercado farmacéutico peruano (...) adjuntándose un informe y sin que conste contrato”. 

Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL también asume el pago de varios viajes al extranjero de Sergio Blasco y de otros miembros de la trama, un curso de la Universidad de Navarra para su esposa e incluso un vehículo Mercedes Clase M y un pase para el palco VIP en el estadio del Valencia Basquet durante dos temporadas para el exgerente del Hospital General, entre otros gastos. 

La firma, según el juez, mantiene la “peculiaridad” de que los ingresos y pagos que recibe de empresas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia y de consultoras como las de Marciano Gómez “están muy parejas en el tiempo con los gastos de índole personal y que Sergio Blasco justifica en que se trata de pago en especie de los trabajos realizados por él y facturados por la mercantil”.

Una portavoz de la Conselleria de Sanitat, a preguntas de elDiario.es, asegura que Marciano Gómez simplemente compareció como testigo ante el juez instructor. Gómez “acreditó que había pagado a cambio de un servicio, que se prestó”, agrega la misma fuente.

El pasado siempre vuelve, señor Feijóo / Cristina P. Marcote *

 En la madrugada del 5 de agosto de 1999, un Audi A6 se salía de la calzada en el kilómetro 68,5 de la AP-9. Hay un fallecido. ¿Es el hilo conductor de una serie de narcos? No. Es un negro capítulo en la vida de Alberto Núñez Feijóo. Contemplo asombrada como el candidato del PP a presidir el Gobierno, responde a las preguntas sobre su relación con el narco Marcial Dorado con las mismas respuestas que ha ido dando a lo largo de los años. 

Lo terrible es observar que responde siempre lo mismo porque las preguntas son las mismas de entonces. Es cierto que hasta hace un par de días, ningún medio había publicado absolutamente nada de las famosos fotografías de Feijóo en el barco del narco. Algo hemos avanzado cuando ya hasta la prensa internacional se ha hecho eco de esa amistad.

Es sorprendente cómo ante la respuesta del señor Feijóo de que en su época con Dorado no existía Google, para investigar quién era, callemos. Es más sorprendente todavía que con toda la información publicada, nadie le espete: Miente, señor Feijoo. Usted sabía quién era el narco Dorado por varios motivos y uno de ellos, el principal, es por quién se lo presentó: Manolo Cruz. 

El gran protagonista de toda esta trama es Manuel Cruz López. El hombre que sabía demasiado. Socio y testaferro de Dorado, chófer de altos cargos de la Xunta de Galicia como Romay Beccaría, quien impulsó personalmente las carreras de Rajoy y Feijóo. Él, Manolo Cruz, fue el que presentó a Feijóo y al narco Dorado y su trágico final ha estado siempre rodeado de misterio.

Feijóo nunca habla de él más de lo necesario. En una entrevista en el año 2020 a El Diario, menciona que conoce a Dorado por “un amigo” y que siempre estaban juntos cuando lo visitaban. Vuelve a nombrarlo en una rueda de prensa ya como presidente de la Xunta cuando tuvo que decir que no había vuelto a ver a Marcial Dorado desde el entierro en 1999 de Manolo Cruz. 

Miente claramente porque hay grabaciones telefónicas ordenadas por el juez Taín, que instruyó la causa contra Dorado, que van desde el 2001 al 2003, cuando Feijóo era, ni más ni menos que presidente de Correos.

El propio Marcial Dorado reconoce ante Jordi Évole que telefoneó a Feijóo en 2001 para quedar para comer, y que se vieron.  Es por ello por lo que cuando Feijóo dice desconocer las actividades de Marcial Dorado está mintiendo. En Manuel Cruz están todas las claves. Lo de Dorado con Feijóo, no fue una relación puntual fruto de un error de cálculo, fue una relación interesada con viajes pagados y contratos de la Xunta a cambio. Era una amistad añeja con un tipo al que toda Galicia sabía relacionado con el contrabando y el tráfico de drogas.

Voy a obviar los inicios de Manuel Cruz López como “cadenero” en Ferrol. Pero no podemos obviar en qué círculos se movía para poder entender toda la historia.  Manuel Cruz, era amigo de Arsenio Fernández de Mesa, se hizo militante del PP en Ferrol y entra a trabajar como chófer de Romay Beccaría, el mecenas de Rajoy y de Feijóo. 

La Consellería de Romay, con Fraga de presidente de la Xunta, contrataba el suministro de combustible para la calefacción de los hospitales y las ambulancias del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la empresa de gasolineras de Dorado, que también surtían de gasóleo a las planeadoras y camiones con los que el narco transportaba tabaco, hachís y cocaína.

En aquellos años, a principios de los 90, Manuel Cruz comenzó a visitar Vilagarcía y A Illa de Arousa, capital del narcotráfico gallego. Era finales de 1994 y Cruz llevaba una doble vida. Mientras frecuentaba la mansión de Dorado para hablar de “negocios”, atendía sus ocupaciones más públicas como chófer del mentor de Feijóo, Romay Beccaría y militaba en el PP en Ferrol, la ciudad donde vivía.

En esa época, cuando conoció al contrabandista, Feijóo tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de la Consellería de Sanidade que dirigía Romay. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz en sus asiduas visitas a la espléndida mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra), donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistía personal de confianza del contrabandista, incluso algunos mandos uniformados. La amistad entre el político y el contrabandista se fue estrechando. 

Entre 1995 y 1998, Feijóo acudió durante todos los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo. En estas escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el narco tenía atracado en el Club Náutico de esta localidad turística. La afición de Dorado por los barcos de recreo llevó a Feijóo a pasear a bordo de uno de los yates insignia del contrabandista, el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza. Esta embarcación sería intervenida años después en una operación contra el blanqueo de dinero, tras la detención de Dorado en relación con un cargamento de seis toneladas de cocaína, en octubre de 2003.

Manolo Cruz era el hombre de los contactos y un aventajado intermediario gracias a sus relaciones personales y de confianza con la élite política del momento. Una de las primeras operaciones que gestionó fue la compra de los Astilleros Hércules, SL. Los Astilleros Hércules, SL, filial de Astafersa, una empresa vinculada al que fuera consejero de la Xunta con Manuel Fraga, Juan Fernández, para el que además también trabajó de chófer. 

Fabricaban narcolanchas y también tenían contratos con la Xunta de Galicia. El amigo de Feijóo se implicó de lleno en varias de las empresas de Marcial Dorado en el suministro de petróleos a hospitales del sistema sanitario gallego, como es el caso de Petrogalicia, SL o Xatevín, SL, que gestionaba una gasolinera en Caldas de Reis y otra en A Illa de Arousa, en el puerto deportivo. Tenía una concesión de la Xunta y también suministraba combustible a narcolanchas.

El testaferro del contrabandista y amigo de Feijóo, llegó incluso a colocar a varios familiares en este extenso entramado de 40 sociedades que creó Marcial Dorado. Cruz inyectó en esa sociedad 5 millones de pesetas (30.000 euros) y adquirió a través de ella otra firma, JF Oil, una sociedad que gestionaba gasolineras en la provincia de Pontevedra.

Quien le vendió a Cruz, JF Oil, era también alguien vinculado al PP: Evaristo Juncal Carreira, ingeniero de la Xunta de Galicia que desde los años noventa que fue socio de al menos una decena de empresas de explotación de gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios.  El Plural publicó este titular: “Feijóo protegió a un alto cargo de la Xunta que vendió varias empresas a narcos”.

 ¿Y el señor Feijóo quiere ser presidente del Gobierno con este currículo? 

 El vehículo de Manuel Cruz se salió misteriosamente de la calzada en 1999 cuando iba sólo. La prensa de la época lo calificó como “extraño accidente”. Se llegó a decir que el mismo Feijóo impidió que se le practicara una autopsia. Hubo, de hecho, una pregunta en el Parlamento de Galicia sobre ese tema. 

Manolo Cruz tendría que declarar posteriormente como imputado ante el juez en la Audiencia Nacional pero ya no pudo comparecer ante el magistrado. Feijóo nunca quiere hablar de Manuel Cruz. Tal vez no se le ha preguntado con suficiente insistencia.

¿Tiene algo que ocultar, señor Feijóo?

 

(*) Columnista  y escritora


Libro de la autora sobre el tema para poder descargar:

https://publuu.com/flip-book/184510/451847 

 

https://enfoques.gal/firmas/cristinapmarcote/el-pasado-siempre-vuelve-senor-feijoo/