Vela afirma que los presupuestos de la Generalitat incluyen una "poda selectiva" de gasto prescindible

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha afirmado este miércoles que los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2012, que a nivel consolidado caerán un 6 por ciento respecto al ejercicio anterior, incluyen una "poda selectiva" de capítulos de gasto "prescindibles".

   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras el acto de apertura del XIX Congreso Nacional de Titulados Mercantiles, organizado por el Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia, donde ha precisado que está previsto que el pleno del Consell apruebe esas cuentas en su sesión del viernes y que el próximo lunes, día 31 de octubre, se presenten públicamente en las Corts Valencianes.

   Vela ha destacado que esa disminución del 6 por ciento "es una reducción importantísima" y se debe a "ajustes" que no afectarán a las prestaciones sociales y que se han logrado mediante "una poda selectiva de algunos capítulos del gasto que eran absolutamente, o en estos momentos sobre todo, prescindibles".

   "Es una poda, no es un recorte ni una podadora absoluta", ha insistido el conseller, quien ha explicado que se trata de "una poda muy selectiva que lo que busca es precisamente lo que se hace en un jardín, podar los árboles para que luego surjan esos brotes verdes, que algunos ya se empiezan a ver".

   De hecho, se ha mostrado "convencido" de que esos presupuestos para el próximo ejercicio "son el principio de la salida de la crisis que estamos padeciendo".

   En su intervención en el acto de inauguración, Vela ha subrayado que esa reducción presupuestaria supone "un récord histórico" en un año en el que se volverá a "niveles de ingresos de finales de 2006 y principios de 2007 y con un nivel de Estado de Bienestar que financiar, que no va a ver para nada recortadas sus prestaciones".

   "No es que haya que sacar la podadora ni las tijeras, los recortes más que recortes van a ser ajustes de calado que no van a suponer recortar ese Estado de Bienestar", ha insistido el titular de Hacienda, quien ha remarcado que "más que una tijera o un recorte lo que se produce es una poda selectiva, como se hace con una planta para que luego crezca con más vigor", a fin de que "esos brotes verdes crezcan con más vigor y empecemos a ver la luz, algo que --a su juicio-- ya empieza a suceder y que está relativamente cerca".

   A preguntas de los medios por esos ajustes, ha aludido a alguna de las medidas anunciadas a finales de julio y que explicó en septiembre en las Corts, que afectaban "al capítulo uno --gastos de personal--, a algunas subvenciones, al gasto farmacéutico y a temas incluso de reorganización de temas sanitarios y educativos", entre otros.

La Generalitat suspende la oferta de empleo público

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, ha anunciado este miércoles que el capítulo 1 --el correspondiente a gastos de personal-- de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 se reducirá un 1,7 por ciento, lo que supone un descenso de 90 millones de euros. 

También ha avanzado que el próximo año no habrá oferta de empleo público, debido a que no se conocen los presupuestos del Estado.    

José Manuel Vela se ha pronunciado de esta manera tras presidir la Mesa General de Negociación, donde se han tratado aspectos relativos al capítulo 1 de los Presupuestos. El conseller ha declarado que las retribuciones de los funcionarios permanecerán "congeladas hasta conocer los presupuestos Generales del Estado".

Anticorrupción prorrogará la investigación sobre las ayudas de Solidaridad a dos fundaciones

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Valencia prorrogará previsiblemente durante seis meses más la investigación abierta sobre los fondos adjudicados por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, cuyo titular era el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a las fundaciones Cyes y Hemisferio --esta última se llamaba Fundación Solidaria Entre Pueblos, pero tuvo que cambiarse el nombre por sentencia judicial--, según han informado hoy fuentes próximas al caso.

   El ministerio público abrió una investigación por este asunto en octubre de 2010, y tenía el plazo de un año --que finaliza este mes-- para decidir si lo archivaba, si lo remitía al juzgado, o si lo prorrogaba. Ante la abundante documentación y su complejidad, lo más probable es que el fiscal decida pedir una prórroga durante seis meses más para seguir con la investigación, han señalado las mismas fuentes.

   En octubre de 2010, Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.

   En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que --según mantenía-- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

   En respuesta a esta denuncia, Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --así como de los grupos parlamentarios-- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.

   Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.

   El fiscal estudia ahora la documentación aportada sobre estas dos fundaciones para decidir si la remite al juzgado o si, por contra, archiva la causa. En principio tendría que haber adoptado una decisión este mes de octubre, pero ésta probablemente se prolongará seis meses más.

   Sobre la denuncia en relación a la Fundación Cyes, Blasco ha mantenido desde el primer momento que la Generalitat no ha dado un sólo euro para la adquisición de ningún inmueble de esta organización, y enmarcó estas acusaciones en una estrategia "degenerada" del PSPV, que, a su parecer, había facilitado un "expediente trucado, obviando documentos esenciales".

   Respecto a la Fundación Hemisferio, el exconseller señaló que la relación de su exdepartamento con la entidad era "perfecta, absolutamente reglamentada y dentro de la ley" y, aunque esta relación está en manos de la Justicia, agregó que "nadie ha podido señalar que haya habido una sola irregularidad".

La Generalitat da tres días a la operadora de Metrobús para suprimir los anuncios de clubs de alterne

VALENCIA.- La Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) ha solicitado a una de las empresas operadora del servicio de transporte metropolitano (Metrobús) que, en un plazo de tres días suprima los carteles dispuestos en la trasera de los autobuses con anuncios de clubs de alterne, ha anunciado este miércoles la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, departamento del que depende ese organismo.

   Según ha detallado la Generalitat valenciana a través de un comunicado, la empresa operadora ha señalado que no era conocedora de esta situación, ya que el alquiler de los espacios lo efectúa a través de una empresa de medios, que es la que consigue los anunciantes y que va a cambiar los anuncios.

   Por otro lado, desde la Conselleria han destacado que las imágenes que actualmente ocupan toda la trasera del autobús, relativas a un club de citas, "incumplen claramente los requisitos de imagen y de medidas de Metrobús, marca comercial bajo la que opera las empresas de transporte de autobús en el área metropolitana de Valencia". La propia consellera del ramo, Isabel Bonig, ha expresado esta mañana a los medios que no le parecía bien el contenido de estos anuncios, han apuntado a Europa Press fuentes de la Conselleria.  

   Por ello, desde la Agencia Valenciana de la Movilidad se ha enviado recordatorio de que todos los vehículos deben respetar la imagen corporativa de Metrobús, que fija los espacios utilizables para publicidad en los autobuses.

   Además, la Agencia Valenciana de Movilidad está analizando si estos contenidos incumplen la Ley 34/1988 de publicidad, a los efectos de adoptar las medidas pertinentes.

   En este sentido, han recordado que el artículo 3 de La Ley General de Publicidad indica que una publicidad es ilícita cuando atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado.

   Además, se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El juez imputa a Crespo al entender que conocía la situación de Emarsa y pide sus cuentas desde 2004

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado imputar al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, del PP, Enrique Crespo, en la causa abierta por un presunto agujero en Emarsa --dependiente de la Emshi--, al entender que conocía la situación de esta entidad. Así, ha pedido que se recabe su hoja histórico penal y un extracto integral de sus cuentas desde enero de 2004 hasta la fecha, según consta en el auto.

   De esta manera, el magistrado ha atendido a la petición formulada por el ministerio fiscal, la acusación particular --la Emshi-- y la popular, de imputar a Crespo, en base a las declaraciones realizadas por el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, quien aseguró ante el juez que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Enrique Crespo, entonces presidente de la Emshi.

   Tal y como indica el juez en su auto --de 29 páginas--, contra el que cabe recurso, de la instrucción se desprende la existencia de "numerosísimos" indicios de que un número "ciertamente considerable" de personas --unas integrantes de Emarsa y otras ajenas a la sociedad-- se "concertaron" para obtener un beneficio ilícito a costa de los fondos de dicha entidad. Estos llevaron a cabo la actividad "de manera continuada" y durante el periodo 2004 a 2010, cuando se acuerda la disolución de la sociedad.

   Hasta ahora, quien aparecía como nexo de unión de las personas y empresas investigadas no era otro que el exgerente de la entidad, Esteban Cuesta, cuyo nombramiento fue propuesto por el mismo Crespo en 2004, pese a que éste --enfermero de profesión-- "carecía de experiencia profesional en la gestión y administración de empresas". Ahora --agrega el magistrado-- "en modo alguno puede descartarse la participación de Crespo" en los hechos investigados.

   Indica en su escrito que Crespo "ha sido conocedor en todo momento" de la situación de la entidad, en base a las manifestaciones de Cuesta y a las Auditorías, las Actas del Consejo de Administración y los Convenios suscritos.

   Además, recuerda que fue él quien propuso al Consejo de Administración el nombramiento de Cuesta como gerente de Emarsa. Por consiguiente, estima que la primera cuestión que se suscita es la referente a este nombramiento, que, además, "no fue seguido de medida alguna para reforzar su preparación" en el cargo, puesto que carecía de experiencia. Es más --añade-- este nombramiento y su posterior ratificación años después fue acompañado del otorgamiento a Cuesta de unas "amplísimas" facultades, "sin apenas limitación alguna".

   En segundo lugar, el juez plantea la cuestión relativa a la contratación de las empresas. Estima que se advierten "serias irregularidades" en cuanto a la contratación por parte de Emarsa de las empresas investigadas en este procedimiento "que deberán ser valoradas en su momento en el marco del conjunto de la investigación".

    El juez indica sobre este asunto que existe la sospecha "fundada" de que la contratación de las entidades se hizo, bien sin mediar expediente de contratación alguno, o bien confeccionándose luego por personas aún por determinar para dar una cierta apariencia de que distintas empresas concurrían a la contratación, que en ningún caso tuvo publicidad.

   Los informes de Auditoría, desde 2004, ya advertían de que la revisión de los procedimientos de control interno relacionados con adquisiciones de equipo y elementos de inmovilizado, reparaciones y mantenimiento, pusieron de manifiesto "insuficiencias" de formalización de la autorización, proceso de contratación, recepción efectiva, aplicación contable, imputación de subvenciones de capital, baja de elementos fuera de uso e inventario actualizado. "El problema se mantuvo invariable a lo largo de los años".

   Y no consta que ni entonces ni posteriormente se dictara alguna instrucción ni se promoviera la menor iniciativa por parte de Crespo para la regulación de los procedimientos de contratación por Emarsa. Por el contrario, Cuesta declaró que determinadas personas fueron contratadas siguiendo las órdenes del alcalde de Manises, que estaba al corriente de todo lo relativo a la contratación de las empresas investigadas.

   El magistrado entiende que es difícil que Crespo, ante la cuantía de las sumas objeto de investigación y el número de empresas y personas que indiciariamente intervinieron, no reparase en ello y en su impacto en las cuentas de cada ejercicio. Por tanto, considera que la hipótesis de que Crespo estuviera al tanto de cuanto ocurría y participara en los hechos objeto de la investigación, además de modo relevante, "en modo alguno puede descartarse", por lo que decide llamarle a declarar en calidad de imputado.

Equo avisa de que el PP suprimirá el Ministerio de Medio Ambiente

MADRID.- El líder de Equo y ex presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha denunciado que existen indicios que hacen pensar que, si el presidente del PP, Mariano Rajoy, gana las elecciones del 20 de noviembre, suprimirá el Ministerio de Medio Ambiente pues, en cuestiones relativas al cambio climático, los 'populares' se mueven en función del "primo" de su líder. 

   López de Uralde ha realizado estas declaraciones durante una conferencia debate en el Instituto Superior de Medio Ambiente de Madrid donde ha explicado las principales propuestas económicas de su formación.

   El candidato ha estado acompañado en la conferencia por el consultor ambiental Alberto Vizcaíno, la presidenta de la Asociación de Ambientólogos de Madrid, Yaiza Sesé, el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva y el coordinador del programa economía verde de Equo, Fernando Rodrigo.

   El candidato 'verde' ha mostrado su preocupación por "el partido que parece que va a gobernar", el Partido Popular, porque "no propone nada". Asimismo, ha resaltado que su formación tiene la "transparencia" ya que los ciudadanos disponen de acceso a todas sus propuestas en la páginas web del partido.

   En este sentido, Uralde ha trasladado a sus asistentes sus "indicios" de que el PP piensa sacar al país de la crisis "con el mismo modelo que nos trajo aquí".

"El modelo urbanístico ha contado con el beneplácito tanto del PP como del PSOE", ha reiterado.

   López de Uralde ha pedido más "voluntad política" en temas medioambientales, pues considera preocupante que muchos dirigentes no explican sus planes en torno a estos temas. Al hilo de esto, ha insistido en que "existen indicios" de que, si gobierna Rajoy, el Partido Popular "se cargará el ministerio de Medio Ambiente".

   Según han indicado hoy fuentes 'populares', el PP está estudiando quitar a Medio Ambiente el rango de Ministerio si gana las elecciones para crear a cambio una agencia nacional que gestione esta cuestión de manera "transveral".

   El líder del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio sobre la configuración de su hipotético futuro Gabinete, pero las fuentes consultadas dan por hecho que una de sus primeras señales, en caso de ser investido presidente del Gobierno, será reducir el número de ministerios.

   Por otra parte, el cabeza de lista de Equo ha explicado el programa económico de su formación en el que destaca la renovación del modelo energético para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sobre este asunto, Uralte ha apostado por una "movilidad sostenible" para buscar soluciones a la contaminación urbana que "incluso se niega".

   Al hilo de esto, ha propuesto una "electrificación" del transporte donde tienen que primar los servicios ferroviarios, el metro y los coches dependientes de electricidad.

   El candidato de Equo por Madrid ha informado de que su partido promoverá una reforma fiscal donde "paguen más los que más tienen y los que más contaminan". Por ello, ha reclamado una reestructuración de los presupuestos con una disminución de gastos como el de infraestructuras.

   En este sentido, López de Uralde ha precisado que una renovación del modelo energético podría generar en nuestro país 2,7 millones de empleos según datos del Gobierno. "Estos puestos de empleo se generarían por apostar en cosas como las energías renovables", ha añadido.

   El expresidente de Greenpeace también ha expresado su "inquietud" por el cambio climático ya que desconoce cual es el plan de los principales políticos respecto este asunto. "El PP no sabe que hacer con el cambio climático, se mueven por el primo de Rajoy", ha ironizado.

   Por todo ello, el candidato ha adelantado que la próximas legislatura va a ser "complicada" por lo que ve "necesaria" la existencia de un partido político como el suyo. "El PP no deja mensajes claros y el PSOE el 21 de noviembre va a estar en una crisis lógica de cambio", ha pronosticado.

20 hombres y 16 mujeres, preseleccionados como jurado para el juicio a Camps y Costa

VALENCIA.- Un total de 20 hombres y 16 mujeres han sido preseleccionados como jurado para el juicio previsto el 12 de diciembre contra el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo, tras presuntamente recibir trajes de la trama Gürtel.

   Estas 36 personas --que finalmente se quedarán en nueve y dos suplentes-- han sido elegidas este miércoles por sorteo en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El acto ha estado presidido por el secretario judicial de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y han asistido los letrados de Camps, Costa y del PSPV --acusación popular--, así como el fiscal Anticorrupción de Valencia.

   El sorteo ha comenzado a las 9.15 horas, tal y como estaba previsto, y el secretario judicial ha sido el encargado de extraer una bola de un bombo con un número, el 28. Había bolas enumeradas del 1 al 65, a excepción de las correspondientes a los números 1, 12, 24, 29, 30, 42, 47 y 55, ya extraídos en sorteos anteriores. El secretario ha tenido que recibir la ayuda de un funcionario para extraer la primera bola, puesto que parece que se había atascado. Finalmente ha tenido que ser sacada con la mano.

   El número extraído, el 28, corresponde al primer candidato para formar parte del tribunal del jurado en esta casa. A este número se le suma --mediante un programa informático-- 65, y el resultante corresponde al segundo candidato. A éste se sumará otra vez 65 y así sucesivamente hasta completar los 36 seleccionados en el sorteo. En total, la lista definitiva sobre los candidatos a jurado para este año ascendía a 2.372, ordenada por municipios de la provincia de Valencia y correlativamente desde el número 1 hasta el 2.372.

   Estos candidatos, cuya identidad no es pública, recibirán un cuestionario que deberán devolver cumplimentado con las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición, así como los supuestos de excusa que puedan alegarse.

   La ley recoge como posibles excusas ser mayor de 65 años; los que hayan desempeñado funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación; los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares; los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo; que tengan su residencia en el extranjero; los militares profesionales en activo, cuando concurran razones de servicio; y los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.

   Estos candidatos tienen hasta cinco días para contestar el cuestionarlo después de haberlo recibido con las correspondientes excusas, si es que las hay. Estas excusas o las recusaciones que puedan hacer las partes en este procedimiento serán abordadas en una vista no pública que se señalará antes de la fecha de inicio de juicio.

   Después de esta vista, y siempre que queden al menos 20 candidatos, el jurado se conformará el primer día señalado para el juicio. Ese día, sus nombres estarán en una urna, que se irán extrayendo uno a uno. Las acusaciones y defensas irán formulando preguntas, y cada parte podrá recusar hasta a cuatro de ellos. Cuando se haya completado el jurado, es decir, cuando se hayan elegido a los nueve miembros y a los dos suplentes, se dejarán de extraer nombres de la una y se dará por conformado el tribunal. Luego comenzará el juicio.

   Estas nueve personas son las que juzgarán a Camps y a Costa y las que indicaran si son culpables o inocentes de haber recibido regalos de firmas de la trama Gürtel en Valencia. No obstante, su decisión podrá ser luego recurrida por cualquiera de las partes.

La Generalitat adjudica a la CAM una emisión de pagarés de 200 millones

VALENCIA.- La Generalitat ha adjudicado a Caja Mediterráneo (CAM) una emisión de pagarés por importe de 200 millones de euros con un plazo de tres meses y un tipo de interés del 4,75 por ciento.

 

Así lo recoge la resolución del Instituto Valenciano de Finanzas -encargado de la gestión del endeudamiento de la Generalitat-, que publicó ya el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV), por la que el importe que abonará el Gobierno valenciano al vencimiento será de 202,4 millones.

El pasado 18 de julio, cuatro días antes de la intervención de la CAM por parte del Banco de España, la Generalitat ya adjudicó a la caja alicantina la concesión de un aval por 200 millones de euros con el mismo plazo y tipo de interés que en esta ocasión.

Esta emisión, que se haría efectiva el 20 de julio, era una operación por vencimiento del anterior préstamo, también de la CAM.

La emisión publicada, con fecha 18 de octubre de 2011, se enmarca en el convenio de adjudicación de operaciones de crédito a corto plazo para financiar a la Generalitat.

Ese mismo día 18, el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, anunció una nueva emisión de bonos antes de final de año, en concreto a finales de noviembre o principios de diciembre, para pagar a los proveedores.