VALENCIA.- El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, ha sido el hilo conductor que
ha permitido desarticular la que se presenta como mayor trama de
corrupción de la historia de la Comunitat. La confesión del que se
definió como un «yonqui del dinero» ha supuesto el golpe de gracia a la
última etapa del PP valenciano, según recuerda hoy http://www.lasprovincias.es.
La Diputación de Valencia había sido
hasta la fecha el único organismo libre del virus de la malversación. La
operación de ayer, que culmina once meses de pesquisas de la Guardia
Civil, no sólo mancha la institución provincial sino, de nuevo, a la
administración autonómica e incluso al Ayuntamiento de Valencia.
Alfonso Rus sobresale entre los detenidos. El expresidente de la
Diputación y exalcalde Xàtiva aparece como uno de los cabecillas de la
trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.
En el mismo nivel de la pirámide delictiva se situaría Máximo Caturla,
exsecretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la
Diputación.
Esta pareja era la gran comisionista de la red delictiva. Junto a
ella aparece otro exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, y
el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis. Este cuarteto, núcleo duro y de
confianza de Rus, se sitúa a la cabeza de la presunta trama que no sólo
extendió sus tentáculos por Imelsa. La empresa pública Ciegsa,
encargada de la construcción de colegios, también fue víctima de una
desmedida ambición económica. Sin embargo, las conclusiones finales de
la investigación podrían deparar unas consecuencias todavía más graves
para la Comunitat y que además dejarían herido de muerte al Partido
Popular. En este sentido, el papel de Gerardo Camps resultaría clave en
la trama. Algunas fuentes apuntan a que era otro de los «coordinadores»,
atribuyéndole incluso un rol similar al de Rus o Caturla. La
investigación, todavía bajo secreto, dirige uno de sus focos
directamente hacia el actual diputado nacional del PP.
No es el único aforado que, de momento, disfruta de este paraguas del
Tribunal Supremo en virtud de su condición para evitar afrontar mayores
consecuencias. La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá podría verse
salpicada directamente por un asunto que afectaría a su gestión al
frente del consistorio. Una línea de investigación conduce a ella.
Además, una de las personas de su círculo de confianza, Mari Carmen
García-Fuster, secretaria del grupo municipal durante 25 años, fue
detenida ayer. Un aviso para Barberá.
La Guardia Civil y uno de los fiscales anticorrupción irrumpieron a
las diez de la mañana en las dependencias municipales. Aparte de la
anterior detenida, los agentes también comunicaron la imputación del
portavoz del PP Alfonso Novo, del asesor Luis Salom y de María José Pi.
Esta última es la secretaria de García-Fuster. El principal objetivo de
los investigadores fue recopilar copias de correos electrónicos.
La financiación del PP -al igual que en Gürtel- también está siendo
revisada al detalle en este caso. Benavent confesó en su día, durante
las más de cien horas que ha declarado ante la Benemérita, que parte de
las mordidas iban destinadas a la caja del partido para costear campañas
y actos de la formación. Por el momento no ha trascendido si algún
cargo del organigrama popular se ha visto atrapado por la red tejida por
la Guardia Civil.
Miembros de la trama delictiva, entre ellos el exgerente de Imelsa,
organizaban comidas en restaurantes para repartirse el dinero. Allí
todos los comensales recibían su parte correspondiente de la comisión
cobrada por adjudicar un determinado contrato. Al parecer, había un
local por el que sentían predilección. La sobremesa no era precisamente
breve. Ahora se investiga de qué forma y a través de qué firmas se
blanquearon estas cantidades.
El dispositivo policial se saldó con cifras escandalosas para una
Comunitat muy castigada ya por la corrupción política. El balance, por
el momento, es de 24 detenidos, cifra que no se descarta que pueda
aumentar en un futuro. Además, los agentes realizaron 33 registros en
toda la Comunitat, entre empresas y los domicilios de los propios
arrestados. Dentro de las dependencias visitadas por la Guardia Civil se
encuentra la empresa pública Ciegsa y fundaciones (entre ellas la Jaume
II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva,
del que Rus fue presidente), aparte de la sede del Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de Valencia.
Pero las pesquisas, en realidad, salpican a un mayor número de
personas. Más de un centenar de cargos públicos y empresarios están
investigados por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO).
Sin duda se trata del mayor caso de corrupción por número de imputados y
la posible cantidad de dinero malversado. Los millones se cuentan por
decenas. Una estructura de crimen organizado.
Más datos que ofrecen una idea del ingente volumen del asunto en
manos del titular del juzgado de Instrucción número 18. El juez decidirá
en breve si acepta la petición formulada por la UCO de la Guardia Civil
de embargar un total de 150 coches de alta gama vinculados a las
personas implicadas en la trama, así como el bloqueo de 252 cuentas
bancarias.
El instructor analiza la presunta comisión de delitos de
malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales,
incluso a nivel internacional. En este último ilícito el papel de Rus y
Camps podría definirse como primordial. Dos fiscales anticorrupción
participaron en la operación debido a la cantidad de registros. Se
desconoce la importancia del material decomisado en estas
intervenciones. En teoría, los principales imputados conocían desde hace
meses que la Guardia Civil seguía de cerca sus pasos.
La investigación, no obstante, sigue bajo secreto. Se mantendrá al
menos hasta que se practiquen todas las declaraciones que comenzaron
ayer mismo. La primera detenida en comparecer fue la exconcejal y esposa
del vicealcalde Alfonso Grau, María José Alcón. Entró acompañada por
dos agentes de la Guardia Civil y por su letrado cerca de las once de la
noche. Al parecer, su delicado estado de salud hizo que se adelantara
su comparecencia ante el juez, quien le embargó bienes y decretó su
libertad bajo fianza. Entre los arrestados figura Pedro Aracil, antiguo
asesor de Alcón.
Uno de los epicentros del terremoto judicial y político que sacudió
ayer la Comunitat tuvo lugar en Xàtiva. Los agentes de la UCO de la
Guardia Civil y el fiscal Vicente Torres entraron por la puerta del
garaje para realizar el registro en la casa de Alfonso Rus y detenerlo
de la forma que menos perjudicara a la imagen del expresidente de la
Diputación. Eran las nueve de la mañana. De hecho, la mayoría de sus
vecinos se enteraron de la operación policial a través de las ediciones
digitales de los medios de comunicación y tras la nube de periodistas
que se concentró en la calle Moncada de Xàtiva.
Unos 150 vecinos se agolparon en la salida del garaje para ver cómo
aparecía su exalcalde custodiado por la Guardia Civil. Una vez acabado
el minucioso registro, Alfonso Rus salió del inmueble en un vehículo sin
distintivos policiales entre gritos e insultos. «Cabrón» y «corrupto»
fueron algunos de los improperios. También le gritaron que devolviera el
dinero antes de que el turismo abandonara el centro de Xàtiva. A
continuación se trasladaron a una empresa del ex dirigente popular,
donde se practicó otro registro. Los especialistas permanecieron más de
ocho horas, desde las 15.30 hasta las 23.30 en la firma de muebles FDM.
La pequeña localidad de Genovés, en la Costera, fue otro de los
puntos calientes. En este caso, los investigadores acudieron a casa del
exalcalde Emilio Llopis. Muchos de sus vecinos no se sorprendieron. Un
grupo de personas se concentraron frente a su domicilio, lo que provocó
cortes en la carretera por lo que ha tenido que acudir la policía para
evitar incidentes con el tráfico.
Además de la cúpula de la organización, una estructura perfectamente
organizada para amañar concursos y cobrar comisiones, la Guardia Civil
arrestó a una veintena de personas. Destaca el exgerente de la Fundación
Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu,
Vicente Burgos y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de
la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco. Este último aparece
también como muy cercano a Rus. Se trata de un histórico dirigente en el
órgano provincial. Durante la década de los noventa fue jefe de
Informática. Más tarde ocupó la responsabilidad de Evaluación y
Planificación.
Otro de los que ayer recibieron la inesperada visita de los agentes y
que resultó detenido fue Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent y
amigo íntimo de Deusa. El domicilio de la familia en Xàtiva sufrió una
minuciosa inspección por parte de los especialistas de la Guardia Civil.
Posiblemente también se rastreara su segunda vivienda, un chalé muy
cerca del núcleo urbano. Su papel resulta, sin duda, capital en toda
esta trama. Terriblemente molesto por cómo Benavent había tratado a su
hija decidió vengarse con todo lo que encontró a mano. Y qué mejor
munición que las grabaciones que durante años acumuló el exgerente de
Imelsa como una forma de cubrirse las espaldas por si algún día -como
ocurrió hace unos meses- este escándalo llegaba a los investigadores.
Benavent, que se compró un equipo de grabación profesional, vivía
obsesionado con su privacidad. Pero no dudó en acumular audios con
decenas de horas de conversaciones muy comprometidas para destacados
dirigentes. Los audios implican a la exconcejal del Ayuntamiento de
Valencia, María José Alcón, el expresidente Rus y otros dirigentes.
Hasta la fecha 13 empresarios han sido detenidos. Algunas de las
identidades ya han trascendido, según las fuentes consultadas. Otros
responsables de mercantiles desfilarán por el juzgado en breve. Las
oficinas de la empresa valenciana de comunicación y publicidad, Engloba,
también fue registrada a lo largo del martes y a última hora de la
tarde era detenido su propietario, José Adolfo Vedri, conocido como
Sadol. El empresario, vinculado también con la gestión del Centro
Cultural La Rambleta, ha sido trasladado a las dependencias del cuartel
de Calamocha y se prevé que preste declaración esta mañana.
La construcción del complejo cultural, así como la rehabilitación y
obras en otros puntos de interés de la ciudad, se encuentran bajo
investigación. Fuentes de la empresa reconocen que trabajaron para
Imelsa, pero que fue «un cliente más». Por otra parte, se le alquiló un
bajo en la calle Poeta Liern de Valencia, en el que actualmente continúa
como inquilina. El registro y la documentación intervenida tiene que
ver con esos trabajos realizados a la empresa de la Diputación, según
los testigos.
Otro de los rostros conocidos del empresariado es Carlos Turró,
presidente de Cleop. La empresa ha sido adjudicataria de diversas obras
públicas y superó el concurso de acreedores en 2014, tras un profundo
redimensionamiento. Entre sus negocios también se ha contado la gestión
del servicio de gruas municipales de la ciudad de Valencia, entre otras
plazas, aunque fue el fin de la concesión en la capital la que llevó a
la suspensión de pagos de esta filial.
Turró figuraba con una deuda de 9,5 millones de euros en el listado
publicado de los principales deudores de la Agencia Tributaria, pero
esta no ha sido la única noticia vinculada a aspectos ajenos a la
actividad empresarial. Hace dos años, la Fiscalía archivaba la
investigación por los créditos concedidos a la empresa por el Banco de
Valencia.
