MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este
miércoles a la petición de intervención judicial de Bankia solicitada
por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M al juez de
la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de la instrucción sobre
las presuntas irregularidades cometidas por el antiguo consejo de
administración del banco.
Según fuentes personadas en la causa, el Ministerio Público ha
advertido que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía
nacional. Ha defendido, además, que ninguno de los dos querellantes goza
de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
En la comparecencia, celebrada para examinar la solicitud de los
dos querellantes, el juez ha escuchado la declaración de un único
representante de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros
(BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002.
Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas,
el representante ha defendido la legalidad de la gestión del banco y ha
explicado que los cambios en las cuentas de la entidad --que los
querellantes interpretan como una manipulación-- se debieron
principalmente a que sus gestores tuvieron que amoldarse a hasta 12
cambios en la regulación bancaria realizadas por el Gobierno en el
último año.
El representante de Bankia, que ha defendido la gestión del consejo
de administración imputado, y ha agregado que las modificaciones en las
cuentas no respondieron a "un cambio de criterio contable sino a una
modificación de la estimación". "No existe percepción de error en la
fusión" que creó la entidad, ha añadido.
Además, el miembro del servicio jurídico de la entidad ha
desvelado que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, ya tenía preparado
un plan de saneamiento alternativo cuando presentó un resultado de 300
millones de beneficio, en el ejercicio en 2011. Fuentes jurídicas han
avanzado que el juez Andreu tomará su decisión en los próximos días.
El juez ha escuchado los argumentos de ambos y las alegaciones del
resto de partes personadas en la causa, es decir, los representantes
legales de aquellos acusados ya personados en la instrucción.
El Ministerio Público, primero en intervenir a través del fiscal
Alejandro Luzón, ha coincidido en su oposición a la intervención con la
postura defendida por los abogados de los 33 imputados, que también han
rechazado la medida propuesta por UPyD y el 15-M.
Así, Anticorrupción ha indicado en la comparecencia que UPyD, como
acusación popular, no tiene legitimidad para solicitar medidas de tipo
civil, sino únicamente penal. Tampoco el colectivo 15-M --que representa
a una decena de accionistas y está personado como acusación
particular-- puede hacerlo, dice el fiscal, ya que la solicitud de
intervención está sólo prevista para los trabajadores o acreedores de la
entidad que quieran reclamarla y no para los propietarios de
acciones.
En la misma línea que Fiscalía y su advertencia de "temeridad" el
Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha advertido de la
inconveniencia de intervenir judicialmente el banco y ha asegurado que
esto sería "letal" y una clara muestra de "desconfianza" hacia el propio
Fondo y, por tanto, el Estado.
Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite
contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y
Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel
Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM),
Arturo Fernández.
También se imputan delitos de falsificación de cuentas,
administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y
apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco
Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio
José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de
Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo
Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
Están, además, imputados representantes del PSOE, como el
exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José
María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral
Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto
Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan
Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco,
Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio
Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José
Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.
