Fedea advierte de que las CC.AA. incumplirán el objetivo de déficit

MADRID.- La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que las comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit asumido para este año (1,5%) y se quedarán alrededor del 2,2% a pesar de los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así lo ha señalado el experto de Fedea Juan Rubio en una rueda de prensa, donde ha explicado que las CC.AA. registrarían un déficit del 2,2% si no se tuvieran en cuenta esos planes de ajuste y que, tras analizarlos, se quedarán en ese entorno porque han sobrestimado los ingresos.

   "Históricamente los planes de ajuste no han servido para nada", ha dicho Rubio, quien ha explicado que tradicionalmente las comunidades sobrestiman los ingresos en un 7%.

   Este año, las comunidades tuvieron que presentar sus presupuestos sin que se hubiera elaborado el Presupuesto del Estado, lo que les llevó a realizar una sobrestimación de ingresos de 12.235 millones: unos 6.000 millones por el sistema de financiación autonómica, unos 3.000 millones en concepto de transferencias de capital y unos 3.000 millones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos.

   Una vez presentados los planes de reequilibrio, con un incremento de ingresos por valor de 4.710 millones, aún registrarían un desfase de unos 7.525 millones en ingresos, lo que les llevará a registrar un déficit final cercano la 2,2%.

   En este escenario, las comunidades que registrarían más déficit serán Castilla-La Mancha (-4,9%), Murcia (-3,7%), Baleares (-3,4%) y la Comunidad Valenciana (-3,3%). Las que mejor se comportarán serán Madrid (-0,8%), La Rioja (-1%), Galicia (-1,1%) y Castilla y León (-1,7%).

   Rubio ha puesto como ejemplo lo que pasó en 2011, año en el que las comunidades presentaron planes con un incremento de ingresos de 3.194 millones y la realidad fue que los ingresos bajaron en 6.057 millones. En gastos, presentaron recortes por 8.557 millones que al final se quedaron en unos 6.300 millones.

   Dos de los principales problemas de las comunidades, según Rubio, son las competencias de Educación y Sanidad, dos partidas muy difíciles de controlar, y la "grave opacidad" de las cuentas, tal y como ha demostrado el plan de proveedores, mecanismo que ha permitido aflorar nuevas facturas que han acabo por elevar el déficit de 2011.

   Preguntado por las comunidades que van peor, Rubio ha admitido que hay tres que van muy mal: la Comunidad Valenciana, la primera con la que se podría aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria,  La Rioja y Castilla y León, aunque estas dos últimas van mejor y son menos importantes.  

   En cuanto a la política fiscal en general, Rubio ha recordado que España es uno de los países con la presión fiscal más baja. "Pagamos pocos impuestos nos guste o no", ha dicho, tras afirmar que si no se eleva la recaudación habrá que recortar el estado de bienestar. "No podemos tener una presión fiscal a la americana y un gasto a la alemana", ha dicho.

    Así, ha apostado por subir los impuestos indirectos, IVA e Impuestos Especiales, por subir determinadas tasas y por introducir una tasa sobre el patrimonio similar a la de Francia, una medida que podría aportar un punto de PIB.

   En el caso del IVA, Rubio cree que el Gobierno ha hecho bien diciendo que no lo subirá hasta el año viene, y ha apostado por combinar la ampliación de la base imponible del impuesto (limitando los productos que se pueden acoger a la tasa reducida y superreducida) con una subida del tipo general que no ha querido cuantificar.

   En paralelo, ha apostado por eliminar deducciones en algunos impuestos, eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y bajar "drásticamente" los impuestos sobre las rentas laborales, no solo en cotizaciones, sino que también se puede el IRPF.

   Por otro lado, Rubio ha repasado el índice que elabora Fedea para ver la evolución de la economía en este momento y ha dicho que ahora está en niveles  similares a los de la crisis de 1992.

   "La situación es como mínimo preocupante", ha dicho, tras confiar, sin embargo, en que el país supere la recesión a mediados del año que viene porque históricamente las recesiones no suelen durar más de seis trimestres.

Císcar asegura que la reducción de diputados que plantea Aguirre "no es equiparable a la Comunitat"

VALENCIA.- El vicepresidente de la Generalitat y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado que la rebaja a la mitad de diputados autonómicos que ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "no es una circunstancia equiparable a la Comunitat", aunque de todas formas ha reconocido no saber si se planteará en el hemiciclo valenciano en un futuro.

   Císcar ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts. "Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial y tiene 129 diputados", ha explicado, además de añadir que "no es una comunidad histórica". 

"Nuestro Estatuto de Autonomía se reformó en 2006 con los diputados actuales", ha recordado.

   El vicepresidente ha comentado, respecto a la rebaja salarial del 10 por ciento a los diputados que plantea Aguirre, que "por austeridad, los diputados de las Corts fueron los primeros en rebajarse un 15 por ciento el sueldo y esto no se ha dado en otras comunidades". Císcar ha resaltado que actualmente, el presidente Alberto Fabra y los diputados "son los que menos están cobrando de toda España".

   El portavoz del Consell considera que "no son situaciones equiparables".

 "Aquí se habla de cuestiones de ahorro y nosotros ya lo hemos hecho", ha insistido. En Madrid son "muchos más diputados" que en la Comunitat, "a pesar de que aquí hay tres provincias y hay que dar representación a todas ellas", ha aclarado.

   Císcar ha sido preguntado por las cantidades que cobran los cuatro síndicos de los grupos parlamentarios ya que perciben más que el presidente de la Generalitat. "Todo es susceptible de ser corregido, el Gobierno ya manifestó su opinión por boca del portavoz, el debate está ahí y queda en el ámbito de las Corts, no del Gobierno", ha finalizado.

Cinco nuevos empresarios detenidos en la 'causa de cooperación'

VALENCIA.- Los nuevos detenidos dentro del conocido como 'caso de cooperación', que investiga el juzgado de instrucción nº 21 de Valencia, son cinco empresarios titulares de tres empresas y dos domicilios en los que se ha llevado a cabo este jueves una serie de registros, según han informado fuentes de la Fiscalía.

   Los cinco empresarios detenidos --cuyas identidades no han sido precisadas-- se encuentran dentro de una pieza secreta que forma parte de la causa de cooperación, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciutadania --que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

   Por el momento, no se prevé más detenciones aunque la decisión dependerá de lo que se desprenda de la documentación intervenida en los registros practicados, según fuentes fiscales. Los cinco detenidos está previsto que pasen esta tarde a disposición judicial.

   La juez del juzgado de instrucción nº 21 de Valencia ha acordado practicar este jueves diversas entradas y registros, así como varias detenciones dentro de esta causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, en el que no se ha especificado el número de detenidos pero sí se ha precisado que ninguna de las entradas y registros ha sido en dependencias oficiales. Las diligencias se seguían practicando a las 14.00 horas.

   La titular del juzgado de Instrucción notificó el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto al que hasta ese momento y durante un año habían estado sujetas las diligencias previas, que incluyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

   Por estos supuestos delitos, en ese momento del levantamiento del sumario, y a la espera de lo que suceda con los nuevos detenidos, el número de imputados ascendía a 22 personas, seis de ellas cargos o excargos en la administración, como el ex director general de Integración y Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el ex subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo.

   Las otras 14, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG. Una de ella es el empresario Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional desde febrero. En la investigación están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio, de la que era responsable Tauroni. Asimismo, ascendían a 19 los testigos a los que se había tomado declaración. No obstante, en ese momento de la instrucción, no se había podido precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.

   La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

   En concreto, se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones. La mecánica de desvío del dinero obtenido de la administración a través de subvenciones ha sido, supuestamente,  "hinchar facturas que justificaban el dinero concedido".

   Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití.

   Durante el año de instrucción que lleva la causa en el juzgado, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registrados en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

   Asimismo, se ha acordado la intervención telefónica de diversos móviles, conversaciones que han dejado ver cómo presuntos implicados en la trama, como el empresario encarcelado y su hermano, hablan de la convocatoria los ayudas de cooperación y llegan a referirse a su ámbito de actuación como los "proyectos de Negrolandia"  o a los "negratas". También se recogen en el sumario conversaciones del actual síndic del PP en las Corts y el empresario encarcelado.

Los farmacéuticos de Valencia advierten de que 400 de las 1.200 oficinas están "al límite"

VALENCIA.- La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, ha advertido este jueves que 400 de las 1.200 oficinas de la provincia están en "una situación límite" y que muchas de ellas se han mostrado interesadas en presentar un preconcurso de acreedores ante los impagos del Gobierno valenciano, que este viernes ascenderán a 480 millones de euros. Por ello, exigen soluciones realistas ya como ser incluidos en el pago de proveedores o que el Gobierno central se haga cargo de la deuda. 

   Guardiola ha realizado este jueves una rueda de prensa para informar del seguimiento del cierre patronal convocado este jueves y viernes ante la deuda del Consell, que en la provincia ha tenido un seguimiento del 98,3 por ciento. En concreto, ha señalado que en los pueblos "no hay ninguna" botica abierta más allá de las de guardia, mientras que en la ciudad sólo han levantado las persianas ocho, situadas en las zonas de mayor concurrencia.

   Al respecto, ha reiterado al conseller de Sanidad, Luis Rosado, que el pago de la factura de enero -120 millones de euros para las 2.200 farmacias de la Comunidad Valenciana-, hecho efectivo ayer, aunque se tenía que haber abonado en febrero, "no soluciona el problema", ya que la Generalitat todavía adeuda los meses de febrero, marzo y abril, además de los medicamentos facturados en mayo y junio.

   En total, entre deuda facturable y dispensada, la Generalitat debe hoy, a pesar del pago, más de 480 millones de euros a las oficinas de farmacia de la Comunitat ya que dudan que este viernes les abonen los 120 millones correspondientes a febrero.

   Por ello, ha advertido de que si el Consell no presenta un plan de pagos "creíble" los farmacéuticos "no podrán seguir, no podremos comprar ni por tanto dispensar medicamentos porque los distribuidores ya no nos sirven, y habrá problemas de abastecimiento". Así, ha comentado el caso de una farmacia que ha facturado 32 euros en un mes o el de otra que paga intereses superiores al 29,2 por ciento, con el aval de su patrimonio e incluso hipotecando su residencia, para poder seguir adquiriendo medicamentos. "Estamos al borde de la quiebra", ha señalado.

   Precisamente, ha alertado de que serán las oficinas de las costas las que serán las más afectadas ya que, ante el gran turismo en julio y agosto que absorbe la Comunitat Valenciana, pueden quedar desabastecidas y sin medicamentos, con lo que se dará "una muy mala imagen a los ciudadanos europeos de que en España no hay dinero". Así, ha comparado que será una imagen similar a la de Grecia donde ya han cerrado la tercera parte y en el resto son los propios ciudadanos los que tienen pagarse sus fármacos. "No queremos llegar a ese extremo", ha recalcado.

   Guardiola ha esgrimido que entiende la situación económica por la que atraviesa la Comunitat Valenciana pero ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que busque soluciones, para lo que le ha "tendido la mano". Así, ha puesto el ejemplo de Castilla la Mancha en el que se ha conseguir pagar mes a mes y los retrasos se han hecho frente con el plan de proveedores.

  Por su parte, el presidente de la patronal farmacéutica valenciana (Farval), Emilio Monte, ha agregado que es una deuda que "al haberse arrastrado tanto tiempo sobrepasa ya la Comunitat Valenciana", por lo que están "convencidos" de que "la solución tiene que venir de Madrid". "La Administración central se tiene que hacer responsable para que esto salga adelante", ha apuntado.

Cáritas alerta de que el recorte de un 78% en tres años de las ayudas al desarrollo del Consell provoca un "déficit social"

VALENCIA.- Cáritas Diocesana de Valencia ha alertado este jueves de que la Generalitat ha reducido sus presupuestos en ayuda al desarrollo un 78% en los últimos tres años pese a que la pobreza en la Comunitat es cada vez "más intensa, más extensa y más crónica" y ha hecho un llamamiento para recordar que "Cáritas no podrá nunca sustituir la función de la Administración Pública ni asumir los déficits sociales que ésta genere" ya que su tarea es complementaria a la suya.

   Así lo ha manifestado la secretaria general de la institución, Fani Raga, durante la presentación de la memoria anual 2011 de Cáritas Diocesana de Valencia, junto al la directora de la misma, Mª de la Concepción Guillén y el obispo auxiliar de Valencia, Enrique Benavent.

   Según ha explicado, a lo largo del pasado año, esta entidad ha atendido a un total de 92.856 personas, lo que supone un incremento del 23% respecto al 2010 y un 147% desde los inicios de la crisis en 2007. La mayor parte de las personas atendidas durante el 2011, un 61%, son extranjeras y mujeres, pero se ha notado una mayor afluencia de españoles que alcanzan el 39%, el mismo porcentaje que suponen las personas que antes no acudían a esta casa y que en el último año han llamado por primera vez a sus puertas en busca de asistencia.

   En este sentido, Raga ha constatado cómo va aumentando el número de personas y hogares en situación de necesidad" y va "aumentando la precariedad con la bajada de los niveles de renta". Cada vez es mayor la brecha que se abre entre ricos y pobres" provocando una "dualización de la sociedad" que rompe la cohesión social, ha agregado.

   Sin embargo, el Consell ha reducido su aportación en materia social un 78% en el último trienio que resulta "claramente insuficiente" y provoca la "debilidad e insuficiencia" de los servicios sociales públicos, el "endurecimiento" del acceso a las ayudas, que son además "muy limitadas en el tiempo".

   Como consecuencia, son más las personas que acuden a Cáritas en busca de la ayuda que no encuentran en la Administración pública, entre las cuales hay un aumento de los jóvenes, por lo que ha advertido de que "el país se podrá recuperar pero las personas pero para las personas que se atienden en Cáritas será más lenta porque el daño que se ha hecho a los colectivos más vulnerables tardará más tiempo".

   De hecho, "en los años de bonanza también había millones de pobres" y ahora, con la crisis, "estos se añaden" a aquellos, ha argumentado.

   Así, ha expresado su "preocupación" por últimas normativas introducidas como el decreto ley privatiza la gestión sanitaria y según ha apuntado supone un cambio de modelo que "afectará a españoles y extranjeros, y aumentará la estigmatización" de los colectivos más vulnerables". Del mismo modo, ha lamentado que el sistema de la Ley de la Dependencia está "absolutamente estancado y paralizado" y en estos momentos hay 275.000 personas esperando la ayuda.

   También ha criticado los cambios introducidos el pasado 20 de febrero en la renta garantizada, apoyo económico para las familias que carecen de ingresos que a partir de esta fecha dejan de tener carácter retroactivo, dejando a familias en una situación "muy preocupante", ha remarcado.

   Para combatir la crisis es necesario "un cambio de valores y una economía que ponga en el centro el bien común de las personas", ha defendido. En esta línea, Cáritas ha trabajado a lo largo de 2011 ayudó a lograr 1.10 inserciones laborales, realizó 34 cursos para la integración social y la formación laboral en los que participaron 657 personas, e impartió formación en otras acciones como la sensibilización a 4.562 personas.

   Además, el año pasado puso en marcha el Programa de Vivienda que ofreció techo a 29 personas en 12 viviendas que coordina, así como a otras 69 que se albergan en las destinadas a personas sin hogar. En este sentido, Raga ha llamado la atención sobre el mayor número de familias que se ven afectados por las hipotecas y ha recordado que la entidad apoya la Iniciativa Legislativa Popular que defiende la dación en pago para que se cancele la hipoteca a aquellas personas que entreguen las llaves de su casa.

    En cuanto al acompañamiento de personas dedicadas a la prostitución, Cáritas ha trabajado para ofrecer una alternativa a 647 personas y también ha acompañado a 1.138 personas sin hogar. También 5.800 familias se han beneficiado de los 33 economatos, recursos de los servicios de acogida de Cáritas que acompañan a las familias para un cambio de vida y facilitan la compra al menor coste. El volumen de compra ha alcanzó los 935.000 euros.

   Ante el incremento de la situación de precariedad, Raga ha querido destacar tanto el aumento de voluntarios en un 10%, llegando a los 4.189, como el incremento de donativos procedentes de fondos propios hasta el 77%. Los ingresos de Cáritas Diocesana fueron de 3,7 millones y un 46% se invirtió en programas de Acción Social. Mientras la inversión en Atención primaria para necesidades básicas fue de 2,2 millones por parte de Cáritas Parroquiales (un 26% más que en 2010) y 3,9 millones por parte de Cáritas Diocesana.

   Por su parte, Benavent ha instado a "no compadecernos" y a "pasar a la acción", y ha apelado al "camino evangélico" de asumir cada uno su responsabilidad, a la "cultura de la gratuidad" y ha comprometerse con la Iglesia y la solidaridad.

El Congreso retrasa las comparecencias públicas pedidas por la oposición

MADRID.-   El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez la Torre; el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José María Méndez, y el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, serán citados a comparecer antes del verano ante la subcomisión de seguimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) del Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Bankia.

   Así lo ha aprobado este jueves la subcomisión parlamentaria a petición del Grupo Popular, según han informado a los medios fuentes parlamentarias en un receso de la sesión, añadiendo que aunque la fecha aún no está cerrada, la intención es sustanciar las comparecencias a puerta cerrada, en contra del criterio de la oposición.

   La Mesa de la subcomisión aún tiene pendiente revisar las peticiones de comparecencias del resto de los grupos, si bien los parlamentarios de la oposición ya se temen que el PP bloquee la decisión o la demore indefinidamente, escudándose en las explicaciones pendientes de Economía, CECA y AEB. En cualquier caso, no esperan que este jueves haya una decisión, que podría retrasarse hasta que se produzcan esas comparecencias ya aceptadas.

   En sus listados, las formaciones de la oposición reclaman que se cite, entre otros, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o diferentes dirigentes políticos --los vicepresidentes socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado, o los presidentes autonómicos Esperanza Aguirre (Madrid) y Francisco Camps (Comunidad Valenciana), en el momento de la gestación de Bankia--.

El consejo de Bankia se podría enfrentar a penas hasta seis años de cárcel

MADRID.- El consejo de administración de Bankia presidido por Rodrigo Rato podría enfrentarse a penas de entre uno y seis años de prisión por un presunto delito de falsedad en el folleto informativo de salida a Bolsa de la entidad, incluido en la reforma del Código Penal aprobada en junio de 2010 y tipificado en el artículo 282 bis.

    El despacho madrileño V Abogados informó que está estudiando iniciar acciones legales ante la Audiencia Nacional contra Bankia y las personas jurídicamente responsables de su Oferta Pública de Venta (OPV), materializada el 11 de julio de 2011 tras realizar una "intensa" campaña de venta de títulos a minoristas a través de las sucursales.

   "Todo indica que las cuentas auditadas y presentadas junto con el folleto no reflejaban la imagen fiel del banco, lo que ha podido provocar que miles de personas compraran acciones de Bankia sin saber que la entidad estaba pasando por serías dificultades económicas, como se está comprobando pocos meses después", explicó el bufete, que recordó que los accionistas han perdido el 70% de lo invertido. Las acciones salieron a cotizar a un precio de 3,75 euros y actualmente valen 1 euro.

   Los abogados consideran responsables del presunto engaño a los 18 miembros del consejo de administración que dirigieron la salida a Bolsa de Bankia, de los que 16 dimitieron en bloque el pasado 25 de abril tras la nacionalización de la entidad. Entre ellos, se encontraban representantes de PP, PSOE, IU, CCOO y consejeros de las siete cajas que conformaron Bankia.

   Además, también considera responsable a la auditora Deloitte, que a principios de mayo se negó a firmar las cuentas de BFA-Bankia de 2011 al detectar sobrevaloraciones de activos por importe de 3.500 millones de euros, después de que la entidad anunciara un beneficio de 300 millones de euros en febrero. Este hecho desembocó en la dimisión de Rodrigo Rato el 7 de mayo.

   Los abogados también consideran responsables a los cuatro bancos que coordinaron la salida a Bolsa de Bankia: Deustche Bank, JP Morgan, UBS y Bank of America Merrill Lynch, así como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España por fallos en la supervisión de la operación.

   "La investigación penal tendrá que determinar si hubo una intención real de engañar a los inversores", explicó el socio de V Abogados, Santiago Viciano.

   En caso de no poder probar esta intencionalidad, los hechos supondrían una infracción civil por incumplimiento de la obligación de ofrecer una información veraz en el folleto, establecida en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley del Mercado de Valores. El despacho también presentará acciones ante los juzgados de lo mercantil.

   Viciano explicó que el nuevo Código Penal tipificó este nuevo delito de falseamiento de cuentas en el folleto para "unificar los delitos económicos" como la estafa y la falsedad documental, entre otros, en empresas cotizadas, y señaló que no ha sido aplicado todavía por los tribunales españoles.

   "Este delito específico ya existe en países como Alemania e Italia", afirmó Viciano, quien añadió que con él se asegura que las empresas cotizadas ofrezcan a los inversores una imagen fiel de su patrimonio, tal y como obliga el Código de Comercio y el Plan General Contable.

   Este delito castiga con penas de uno a cuatro años de prisión en su tipo simple y hasta seis años en su modalidad agravada a los administradores que emitan valores negociados en los mercados, falseando la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, u obtener financiación por cualquier medio.