Representantes de Equo de varias provincias de España constituyen un grupo de trabajo sobre la gestión de los ríos

TOLEDO.- Representantes de Equo de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Zaragoza, Alicante y Murcia han constituido un grupo de trabajo sobre la gestión sostenible de los ríos y de los usos del agua con el objetivo de elaborar un discurso político unitario y coherente para este partido, superando las diferencias territoriales.

   En la sesión de trabajo, todos los miembros del grupo se han mostrado de acuerdo en que existe una "mala gestión" del agua como patrimonio y, por ello, entienden que el actual modelo "es insostenible y necesariamente caduco", según ha informado Equo en nota de prensa.

   Tras exponer la situación y problemática en los diferentes territorios, se ha acordado la idoneidad de actuar y trabajar según los criterios de la Directiva Marco del Agua, a la vez que defender los principios de la Nueva Cultura del Agua.

   En un primer nivel de concreción, han concluido que el discurso de Equo ha de girar en torno al uso del agua bajo criterios de sostenibilidad integral y al modelo de gestión pública.

   En este sentido, han acordado dar prioridad a las estrategias del uso sostenible del agua en cada cuenca hidrográfica, ajustándolo a sus propios aportes, y no privatizar los servicios de abastecimiento, distribución y tratamiento del agua.

   Asimismo, pretenden garantizar la conservación y recuperación de acuíferos y ríos, abandonar definitivamente la construcción de grandes infraestructuras hídricas, como embalses y trasvases, y apoyar el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano.

   El grupo seguirá trabajando para desarrollar sus objetivos, manteniéndose en contacto de forma virtual, aportando materiales elaborados con anterioridad desde diferentes territorios, proyectando nuevas reuniones y preocupándose por la "alarmante ineficacia" de las administraciones en la gestión del agua.

EU denuncia que en menos de tres meses el gobierno local ha pagado 4,5 millones por intereses de demora

VALENCIA.- El grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este lunes que, según ha respondido el equipo de gobierno del PP a una pregunta del grupo de izquierda, el consistorio, con fecha de 20 de marzo, ha pagado un total de 4.509.966,75 euros por las certificaciones pagadas fuera del plazo legalmente establecido.

   La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, en un comunicado, que ha tildado de "absolutamente desproporcionada" esta cifra, ha afirmado que las delegaciones que más intereses de demora han abonado han sido las de gestión urbanística con 2.460.685 euros y la de residuos solidos y limpieza con 862.872,92 euros.

   Según ha explicado Albert, "aunque prácticamente todas las delegaciones del Ayuntamiento han tenido que abonar intereses de demora por el abono de certificaciones pagadas fuera del plazo legalmente establecido destacan las de gobierno interior y personal con 323.725 euros, los 242.421 euros de Alumbrado y Fuentes, los 148.338 euros de Urbanismo y Vivienda, los 147.931 euros de Educación, los 115.526 euros de Jardinería y Medio Ambiente,  y los 104.547 euros del Ciclo Integral".

   Para la edil, "además del gasto económico, las principales consecuencias de estos retrasos las han sufrido las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, las cuales han tenido que hacer frente a los gastos derivados de su actividad, repercutiendo directamente de forma negativa sobre los trabajadores y trabajadoras que, según nos han comunicado, están pendientes a día de hoy del cobro de atrasos de nominas del año pasado".

   EU considera que, seguramente, "si estas cantidades no se tuvieran que abonar no nos encontraríamos en la situación de tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo que se están planteando en varias de las contratas del Ayuntamiento y, además se podría destinar dicho dinero a la construcción y mantenimiento de equipamientos públicos tan demandados por la ciudadanía", ha concluido Albert.

El Gobierno podrá intervenir las comunidades autónomas a partir de mayo

MADRID.- El Gobierno español podrá tomar el control fiscal de aquellas autonomías que no cumplan con la senda de consolidación fiscal marcada por el Gobierno a partir del próximo mayo, dijo una fuente gubernamental.

Las Comunidades Autónomas tienen que realizar un duro ajuste para encauzar su déficit público y reducirlo hasta el 1,5 por ciento del PIB frente al 2,9 por ciento con el que cerraron 2011, lo que les obligará a importantes recortes de gasto.

Con la prima de riesgo española en el entorno de los 450 puntos básicos, los mercados están centrando su atención en la evolución del déficit autonómico y el Gobierno español ha aprobado una serie de modificaciones normativas para incrementar su control de las cuentas públicas regionales.

La semana pasada, el Parlamento aprobó una nueva ley que da al Gobierno central poder para imponer sanciones e incluso intervenir aquellas CCAA que no cumplan los objetivos marcados por el Ejecutivo.

Catalá dice que las medidas de ajuste en educación no conllevarán despidos

MADRID.- La consellera de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, María José Catalá, ha indicado que las medidas de ajuste presentadas este lunes a las comunidades autónomas por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, no conllevarán despidos en la Comunitat Valenciana, pero sí supondrán un ahorro, ya que la contratación de nuevos profesores será menor.

   Así lo ha manifestado la consellera tras asistir a la Conferencia Sectorial de Educación, que ha reunido a los consejeros del ramo y que ha presidido el titular de la cartera, en la que se han abordado los recortes que el Ejecutivo tiene previsto hacer en materia educativa.

   En concreto, Catalá ha destacado que en la región no es necesario que haya despidos en educación, ya que los profesores que contiene el sistema "se necesitan", pero si habrá menos contrataciones ya que una de las medidas que se contempla es el aumento de los horarios de los profesores, lo cual conllevaría que si se aumentan "mínimamente" los horarios, no se necesiten tantos profesores nuevos de cara al nuevo curso.

   Así, ha destacado que se necesitarían del orden de 1.000 nuevos profesores, pero con estas medidas, no hará falta "hacer una contratación tan importante", lo que promoverá un ahorro destacado.

   Todas estas medidas, según ha asegurado la consellera, se adoptarán "de forma transitoria", y es previsible que puedan revertirse, pero en estos momentos es fundamental apoyarlas para poder "optimizar y racionalizar" los recursos.

   Así, ha destacado que es importante destacar que ninguna de estas medidas "merma la calidad del sistema educativo", y ha apoyado el hecho de que la importancia no reside en cuánto se invierte en educación, sino "en qué educación invertimos", ha dicho.

   En este sentido, ha concretado que una de las medidas presentadas es el aumento de la ratio de alumnos por clase, lo cual ayudará a "reorganizar el esquema educativo de la Comunitat y hacer más eficiente el sistema".

   Asimismo, se tenderá al aumento de horas lectivas superior a 20, tanto en primaria y secundaria, que en la Comunitat se sitúan en un total de 18, "una de las pocas regiones, por no decir la única, que dispone de esta cifra".

   Por último, la consellera ha agradecido al Ejecutivo la puesta en marcha de estas medidas "reversibles", sobre todo porque "no afectan a la calidad de la enseñanza".

   Durante la reunión, el ministro de Educación ha planteado a los consejeros de Educación, en el seno de la Conferencia Sectorial, elevar hasta un 20 por ciento el ratio de alumnos por aula en primaria y secundaria, como una de las medidas para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciado por el Gobierno.

   Esta medida, según ha explicado el propio ministro, será aprobada mediante Real Decreto-Ley el próximo viernes en el Consejo de Ministros, junto a un paquete de otras cinco modificaciones para hacer frente al recorte en enseñanza no universitaria.

El juez cita a declarar a Villalonga y a tres testigos más en la causa de financiación ilegal del PPCV

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel', ha citado a declarar a primeros de mayo a cuatro testigos, entre los que se encuentra la actual secretaria general de Delegación de Gobierno de la Comunitat, Isabel Villalonga, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretaria de Presidencia de la Generalitat.

   Así consta en las últimas providencias dictadas por el magistrado. En las mismas, a parte de las citaciones a imputados, se recogen interrogatorios a cuatro testigos: Isabel Villalonga (el día 8 de mayo), y otros tres más los días 7 y 9 del mismo mes.

   Con estas testificales, el calendario de las declaraciones quedaría de la siguiente forma: el día 26 de abril comenzarán los interrogatorios con el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal (9.30 horas); el jefe del servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro (12.15 horas); y la ex directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars (16.00 horas).

   Al día siguiente, el 27, están citados la exadministradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, Felisa Jordán (10.30 horas); y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret (11.30 horas). El día 7 de mayo comparecerán en el TSJCV dos de los testigos, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

   Asimismo, el 8 de mayo, a las 10.00 horas, declarará Isabel Villalonga en calidad de testigo; y a las 12.00 horas tendrá que hacerlo, pero esta vez en calidad de imputada, la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez.

   El 9 de mayo, el turno será para la exconsellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts Valencianes, Angélica Such, quien está citada a las 10.30 horas, según consta en una de las providencias. Este mismo día, pero media hora antes, comparecerá ante el magistrado otra testigo, mientras que a las 12.00 horas será el turno del excontable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.

   Seguidamente, el 14 de mayo están citados el exconsejero delegado de esa mercantil, Cándido Herrero (10.30 horas); y el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' (a las 12.00 horas). Al día siguiente comparecerán en calidad de imputados el expresidente de Special Events, Pablo Crespo (a las 10.00 horas); y a las 11.30 horas el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa.

   El 22 de mayo están citados en calidad de imputados el extesorero del PP Luis Bárcenas (10.30 horas); y la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez (12.00 horas). Al día siguiente comparecerán Yolanda García --tesorera del PP--, a las 9.30 horas, y David Serra --vicesecretario de Organización del partido--, a las 12.30 horas.

   Siguiendo el calendario, el día 25 del mismo mes será el turno del exsecretario general del PPCV y diputado 'popular', Ricardo Costa, quien prestará declaración a las 10.00 horas; el día 29 le tocará al exvicepresidente del Consell y también diputado autonómico Vicente Rambla, (10.30 horas); y, por último, el día 30 comparecerá en calidad de imputado, a las 12.00 horas, el administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez.  

   La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

   En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

Torres (PSPV) cree que la ausencia de Puig de las Corts restará "proyección"

VALENCIA.- El próximo portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, considera que la ausencia del secretario general del partido, Ximo Puig, del parlamento valenciano puede "restar algo de proyección pública". Asimismo, ha subrayado que el grupo parlamentario socialista "siempre se ha mantenido unido".

   Torres fue propuesto la pasada semana por la Ejecutiva Nacional del PSPV para ser el síndic del grupo socialista, aunque formalmente no lo será hasta este martes, cuando se presente un escrito ante el presidente de las Corts, Juan Cotino, en el que se explique los parlamentarios socialistas han decidido que sea él el portavoz.

   El nuevo síndic ha destacado que afronta esta etapa "con ilusión", y ha subrayado que el PSPV ha celebrado recientemente un congreso en el que ha tratado de construir una alternativa a las políticas actuales del PP en la Comunitat. En esta línea, ha subrayado que comienza una etapa "de ilusión", en la que se plantearán "nuevas iniciativas y proyectos que tienen como objetivo fundamental ganar las próximas elecciones".

   Preguntado por si puede haber algún problema por el hecho de que no esté el secretario general del PSPV en la cámara, Torres ha destacado que el PSPV actúa siempre en las instituciones "de forma uniforme, no ha habido nunca fisuras". Así, ha añadido que aunque en la Comunitat Valenciana los socialistas han atravesado "períodos de cambios y gestoras", el grupo parlamentario "siempre se ha mantenido unido, siempre ha habido un grupo de diputados que ha actuado a la voz del partido y en esta ocasión va a pasar lo mismo".

   "El hecho de que el secretario general del partido no esté en las Corts le puede restar algo de proyección pública pero lo fundamental son las ideas y propuestas que desde el partido se trasladan a la sociedad, y se seguirán trasladando desde el grupo parlamentario en lo que afecte a la labor de control y seguimiento de la gestión del gobierno y desde el propio partido en la labor del secretario general", ha subrayado el dirigente socialista

   Respecto a las voces críticas que ha habido en el partido por la consideración de que la tarea de oposición se centraba principalmente en la corrupción e inquirido sobre si se va a cambiar esta línea, ha señalado que aunque lo que más recogían los medios eran los aspectos relacionados con la corrupción, el grupo socialista en las Corts "ha planteado en los últimos meses más propuestas" relacionadas, por ejemplo, con la Ley de Dependencia.

   Además, el PSPV también ha presentado "propuestas alternativas a la política del PP", como la creación de un plan especial de empleo, ha indicado. De este modo, "no solo nos hemos centrado en los últimos tiempos en la corrupción; ha sido un elemento importante", pero "no ha sido nuestro único enfoque de la política", ha apostillado.

   Asimismo, ha hecho hincapié en que el PSOE, igual que la mayoría de los ciudadanos de la Comunitat "rechaza la corrupción de plano", por lo que dentro de las obligaciones de los socialistas como diputados "está el seguimiento, control y gestión del gobierno".

   En esta línea, Antonio Torres ha advertido: "si se producen situaciones de presunta corrupción, lo seguiremos denunciando" pero, al mismo tiempo, "también seguiremos planteando propuestas para tratar de implicar al gobierno en los principales problemas que tiene la Comunitat Valenciana".

   Al respecto, ha puntualizado que la Comunitat Valenciana tiene una tasa de paro de casi tres puntos por encima de la media de España, lo que considera "insostenible". Así, cree que el objetivo "prioritario" debe ser "tratar de colaborar con el Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana en todo lo que sirva para generar empleo" y, después, "como segundo objetivo, impedir por todos los medios que el Estado del Bienestar se vea dañado con las medidas que pueda adoptar el PP".

   "Debemos mantener la sanidad, que está por debajo de la media de España, la educación y los servicios sociales para proteger a las personas que están en mayor situación de necesidad", ha resaltado Antono Torres.

   El próximo portavoz del PSPV en las Corts entiende necesario que el jefe de la Generalitat, Alberto Fabra, plantee al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "la cantinela que llevan repitiendo durante muchos años de que la comunidad está insuficientemente financiada" Además, cree que debería advertirle de que "no puede reducir el presupuesto de sanidad y educación porque están por debajo de la media en recursos".

El Supremo cita a Pajín para aclarar sus contactos con el empresario Dorribo

MADRID.- El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga la presunta implicación del exministro de Fomento José Blanco en la denominada 'Operación Campeón', ha citado el próximo 25 de abril a la ex titular de Sanidad Leire Pajín para que comparezca, en calidad de testigo, en relación con los contactos que mantuvo con su departamento el empresario farmacéutico Jorge Dorribo.

 Al igual que ha ocurrido con la citación de la ex vicepresidenta Elena Salgado, el alto tribunal da oportunidad a Pajín de evitar la comparecencia declarando por escrito de modo que, si se acoge a este derecho, se le remitirán las diferentes preguntas que le quieran realizar las distintas partes personadas en este procedimiento.

   Según la providencia, el alto tribunal ha citado para ese mismo 25 de abril al ex director general de Farmacia y Productos Sanitarios, Alfonso Jiménez Palacios.

   Para un día más tarde están citados, igualmente en calidad de testigos, la directora de la Agencia del Medicamento, Belén Crespo-Sánchez; el Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, César Hernández García; la técnico de la División de Gestión de Procedimientos de esta agencia Ana Viñas del Castillo y la subdirectora general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio María Dolores Vaquero García.

   Fuentes cercanas al caso han explicado que todos ellos serán interrogados sobre las reuniones y contactos que mantuvieron con Dorribo u otros responsables de su empresa, Nupel, en relación con posible trato de favor por intermediación del ex ministro socialista.

   El Supremo mantiene a Blanco imputado en delitos de tráfico de influencias y cohecho por su presunta vinculación con la trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas, que se investiga en el Juzgado nº 3 de Lugo.

   Allí, Dorribo ha declarado que entregó cantidades al ex ministro en efectivo y a través de una empresa de instalaciones eléctricas de su primo político con el fin de obtener su favor en la concesión de subvenciones.

   Mañana mismo está prevista la declaración en el Supremo de una colaboradora de Dorribo en Nupel, la directora técnica de la entidad María José Marqués Navarro, cuya comparecencia inicial se pospuso por coincidir con la huelga general del pasado día 29.

   Para el jueves están citados el exsecretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña; y a la que fuera directora general de Fondos Comunitarios, Mercedes Caballero, que han sido convocados a las 11.30 y a las 12.30 horas, respectivamente, según fuentes del alto tribunal.

   A finales del pasado mes de marzo, Soriano citó a Salgado y a dos de sus colaboradores con el fin de aclarar las condiciones en las que se concedió el crédito de casi 2,9 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, principal encausado por esta operación y que es quien implicó a Blanco en la trama.

   Fuentes del caso han señalado que la citada subvención es concedida directamente por la Xunta de Galicia, por lo que es probable que la explicación de la exministra de Economía vaya dirigida a aclarar este extremo.

   Con estas citaciones de responsables de Economía el Supremo trata de aclarar si Blanco habría podido mediar en la concesión del crédito a Dorribo, que fue quien denunció ante la jueza Estela San José, que instruye el caso en Lugo, la realización de pagos en efectivo al exmandatario socialista a cambio de gestiones que favorecieran a sus empresas.