VALENCIA.- La Fiscalía presentó un escrito en los juzgados de Gandía que revela que el ayuntamiento de esta ciudad ocultó al juez información del caso que amenaza a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por impedir en 2015 un desahucio en un bloque de viviendas oficiales, según recoge El Español.
Los hechos de este caso se produjeron en junio de 2015, año en el que la nueva secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.
Morant, recién nombrada en el cargo, se presentó a las puertas de
un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento y gestionado por una
concesionaria, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.
El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito",
impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento
de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de
protección", según concluyeron los tribunales después de que la
promotora del bloque presentara una demanda contra el ayuntamiento.
La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias.
Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas.
Según
la Fiscalía, "habiendo observado que en la documentación presentada
faltan ciertos documentos", pidió que se le volviera a requerir, según
consta en el informe de la fiscal con fecha del pasado mes de diciembre,
al que ha tenido acceso este periódico.
Entre esta documentación, destacan las dos sentencias dictadas en lo contencioso-administrativo y que atribuyeron directamente a Morant la responsabilidad del grave
deterioro del bloque viviendas de protección oficial, al permitir
múltiples daños ocasionados por ocupaciones y redes de delincuencia.
"Siendo
necesaria su aportación", la fiscal pidió al juzgado que volviera a
dirigirse al Ayuntamiento de Gandía para que aportara la documentación,
pendiente de entrega desde hacía meses, y valorar de una vez la
actuación de Morant.
Finalmente, el ayuntamiento se vio obligado a entregar los expedientes completos y el actual alcalde socialista, José Manuel Prieto, entregó un escrito pidiendo el sobreseimiento que todavía no ha sido resuelto.
El
caso pasó de la vía contenciosa a la penal el año pasado después de que
presentara una querella contra Morant el exalcalde del PP Arturo Torró, condenado por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión por causar un perjuicio económico de 135.812 euros al rescindir el contrato de la TV local -la sentencia está recurrida-.
Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.
La querella atribuye a los tres
los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración,
tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Dos sentencias
Los juzgados estimaron en 2021 varios pleitos presentados por la promotora del edificio, Inmobles Reunits de Catarroja SL,
a la que el Ayuntamiento de Gandía adjudicó en 2007 la construcción de
un bloque de viviendas de protección oficial sobre suelo municipal, en
concreto en la zona de San Nicoalu Perú.
Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".
En declaraciones a este
periódico, y tras ser preguntada por estas sentencias, publicadas en
exclusiva por El Español en 2022, la ministra de Ciencia subrayó que "en
toda mi trayectoria siempre he cumplido escrupulosamente con la legalidad, el ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales".
"Siempre he tenido claro que en
el centro de la política tienen que estar las personas; ayudarlas y
aportar soluciones a sus problemas. Y más todavía cuando se trata de
personas vulnerables, con niños pequeños", destacó.
El impulsor del proyecto urbanístico fue el ex alcalde socialista de Gandía, José Manuel Orengo.
Se trataba de una concesión administrativa a 50 años a la promotora a cambio de la construcción de 79 viviendas, con 79 garajes y trasteros,
que irían destinadas a la población vulnerable de la ciudad a cambio de
un alquiler social, que oscilaba entre los 200 y 360 euros.
Era la tercera experiencia de estas características en España, después de las acometidas en Madrid y San Sebastián.
En junio de 2015, Morant, recién
nombrada alcaldesa de Gandía, se presentó a las puertas del bloque de
viviendas para evitar el acceso de una comitiva judicial en un
lanzamiento por el impago de un alquiler social.
La Policía Local de Gandía no auxilió a la comitiva judicial, que tuvo que hacer frente sola a la protesta.
Según estimaron los tribunales por la vía contenciosa, "la comisión judicial no contaba con el auxilio de la Fuerza Pública,
Policía Local, como prevé el artículo 703 LEC. De modo que careciendo
del auxilio de la Fuerza Pública, el Agente de la Autoridad Judicial se
vio impedido en el cumplimiento de sus funciones, desistiendo del
lanzamiento".
"El Ayuntamiento ha pretendido que tal actuación fue inocua o que la alcaldesa actuó a título particular", reconocían las sentencias.
Pero "su presencia en una
concentración o manifestación pública, acompañada de otros concejales
dentro del término municipal, se presume ejercida en la representación
que ostenta el consistorio, el cual asume responsabilidad por sus actos
como dispone el art. 145 de la anterior LRJPAC, entonces vigente".
"Todo ello sin perjuicio de la
obligación o facultad del Ayuntamiento como dispone el propio precepto,
de repetir contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y
perjuicios derivados de su consulta", concluyeron los tribunales.
El caso no requiere de una
instrucción compleja y con detenimiento porque los hechos están
acreditados por la vía contenciosa: la actuación de Morant causó un
perjuicio al Ayuntamiento de Gandía de más de 700.000 euros, dicen las
sentencias.
Por tanto, el siguiente paso será tomar declaración a los querellados y valorar si esos hechos tienen relevancia penal o no, según explicaron fuentes judiciales.
En el proceso figuran como querellante el propio exalcalde del PP Torró, tras abonar una fianza de 10.000 euros -el ayuntamiento solicitó 12.000-.
La promotora que se vio
perjudicada por la actuación de Morant pidió personarse en el caso tras
tener conocimiento de la denuncia.
El exdirigente del PP, a preguntas de este diario, declinó realizar declaraciones sobre la denuncia que presentó contra Morant.
Morant está aforada por el Tribunal Supremo,
pero el juzgado puede asumir la investigación e inhibirse a favor del
alto tribunal más adelante, en el caso de que halle indicios de delito
en la actuación de la ministra.
