martes, 16 de septiembre de 2008

Competencia, contra la colegiación profesional en España

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera necesario acabar con la colegiación obligada en determinadas profesiones por entender que puede limitar la competencia. El organismo aboga por una redefinición de las funciones de los colegios profesionales, según "El País".

La CNC ha elaborado un informe sobre el funcionamiento de los colegios profesionales dentro de las funciones que le otorga la Ley de la Competencia de julio de 2007.

En él se dice que "es preciso quebrar la asociación automática de profesión titulada con colegio profesional" porque "una cosa es restringir la entrada en un mercado por razones de interés público" y otra obligar al profesional a que, además de contar con un título, esté inscrito en un colegio.

La CNC considera que la exigencia de colegiación se debe enfocar "desde el punto de vista de los consumidores y no de los profesionales" con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

El autor de un informe sobre el Yak-42 dice que no pudo investigar

MADRID.- El coronel auditor Ricardo Fortún, al que Defensa encargó un informe sobre el sistema de contrataciones del Ejército tras el accidente del Yak-42, aseguró ayer que sólo pudo utilizar la documentación que le proporcionó el propio Ministerio y que no tuvo autonomía para realizar trabajo de campo.

Durante su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del avión siniestrado, Fortún también indicó que, cuando Defensa le encargó la elaboración del informe, se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos.

Además, tampoco incluyó las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque “no se las dieron”.

Fortún declaró que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por Defensa a través de la empresa de la OTAN ‘Namsa’, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 más tarde siniestrado.

El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 –el accidente había ocurrido en mayo–, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán –imputado por los errores en la identificación de los cadáveres– y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.

El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil aseguró ayer en la que el avión Yakovlev-42 no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias, según informaron fuentes jurídicas.

Afectados por Riviera Invest confían en que las cuentas de los detenidos hayan sido inmovilizadas

ALICANTE.- El presidente de los afectados por la presunta estafa de Riviera Invest expresó hoy su "preocupación" por la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de decretar el ingreso en prisión eludible bajo fianza de los dos máximos responsables, aunque confiaron que el juez haya "sopesado la decisión" y que las cuentas de los detenidos, "estén donde estén", hayan sido inmovilizadas.

El presidente de la asociación de afectados, Miguel Cancela, y el abogado, José Luis Escobar, ofrecieron hoy una rueda de prensa para valorar la decisión judicial, al tiempo que anunciaron que el próximo viernes, 19 de septiembre, habrá de nuevo una asamblea de los afectados.

Miguel Cancela indicó que los afectados están "muy sorprendidos" y "un poco preocupados" por la decisión de Grande-Marlaska. Desde el punto de vista de la directiva, según dijo, "quisiéramos intentar acoger esa decisión con algo de satisfacción" porque "la detención de esas personas se produjo con el fin de evitar" el "alto riesgo de fuga" y para "localizar el dinero".

"Entendemos que el juez Marlaska ha liberado a todos los implicados, algunos bajo fianza, habrá sopesado al decisión y lo habrá hecho porque tiene ya localizado el dinero", añadió Cancela, quien insistió en que esperan que "sea así" y que "de no ser así, que --el juez-- sea responsable de sus actos y de sus decisiones".

En este mismo sentido, Escobar indicó que a "estos señores se les detuvo y se les ha tenido en prisión". En su opinión, y "confiando en la justicia", la Audiencia Nacional "se habrá asegurado de inmovilizar las cuentas donde estén esos 70 millones de euros, antes de ponerlos en libertad".

Así, según explicó, "los asuntos económicos en España, desde el punto de vista penal no van nada bien". Escobar resaltó que la cifra estafada alcanza los 70 millones de euros, ya que "la empresa en 2006 recibió 19 millones de euros de anticipos, más otros 10, por tanto casi 30 millones de euros de ingresos; en 2007 de enero a julio ellos mismos, también en las cuentas anuales del 15 de julio de 2007, confiesan que 1 de enero de 2007 a 15 de julio de 2007 ingresaron 41 millones de euros".

"Si esto lo sumamos a la cantidad del año anterior tenemos 70 millones de euros. Si hasta julio de 2007 tienen 70 millones de euros de ingresos y no pagan a bancos y no pagan a acreedores y no pagan a afectados, la pregunta es ¿dónde está ese dinero?", preguntó. A este respecto, indicó que en España "no están, en España las cuentas no tienen fondos".

Por ello, consideró que la Audiencia Nacional "no los va a poner en libertad para que muevan ese dinero y la policía judicial no pueda encontrarlos" y que la Audiencia Nacional "se ha cerciorado de que el dinero esté inmovilizado".

De no ser así, según estimó, "ya nunca se va a encontrar" y "el culpable de esto es Tabarot, de eso no hay duda, pero ya no es sólo Tabarot y sea quien sea el responsable vamos a pedir responsabilidades, sea quién sea".

En caso de que no se haya inmovilizado el dinero, preguntado por los periodistas, Escobar opinó: "si yo soy Tabarot en cuestión, si me dan tres horas, y me sobran dos horas y media, para nombrar un apoderado ante un notario, y que ese apoderado me mueva las cuentas donde quiera, no hay policía en el mundo capaz de seguir el movimiento de esas cuentas".

Por ello, insistió en que la Audiencia Nacional "habrá secuestrado o embargado ese dinero, porque de lo contrario los afectados, proveedores y toda la gente a la que ha dejado arruinada no van a ver ni un sólo céntimo de euro".

También quiso subrayar que cuatro de los detenidos que han sido puestos en libertad y que "no tienen fianza ni tienen nada", sí tienen "poderes mancomunados, según lee en el registro mercantil, para disponer del dinero que quieran de la empresa que recibían los ingresos".

Es decir, según precisó, "cada uno de ellos por sí mismo no podían sacar más que 20 mil euros, pero dos juntos, con firma mancomunada podían sacar de la empresa que recibía los ingresos todo el dinero que quisieran".

En cuanto a los afectados, Escobar calificó la situación como "dramática" para proveedores "por falta de pago", al tiempo que resaltó "la situación de los afectados de Murcia, Granada, Málaga, donde no hay construcción, nada más tienen un pagaré sin fondos o unos avales falsos".

"Todos aquellos que tienen esos avales, no van a cobrar absolutamente nada porque son falsos y los que han recibido pagarés, resulta que son pagarés sin fondo, por lo tanto no cobrarán nada", según Escobar.

En cuanto a los que tienen inmuebles, indicó que los créditos, firmados por bancos y que ascienden a 12 y 15 millones de euros, "están sin pagar".

Según resaltó, "esos créditos que debería haberlos pagado Riviera no los ha pagado y los tienen que pagar los afectados, es decir, aquellos que compraron inmuebles".

Según el presidente de la asociación, Riviera Coast se disponía a construir un gran complejo residencial de lujo para la tercera edad en Marruecos, por lo que creen que en ese país tienen guardados gran parte de los fondos.

Cancela ha estimado que el número de afectados puede ascender a unos 2.400 y que la cantidad presuntamente estafada estaría entre 60 y 70 millones de euros.

Por ello, pedirán la colaboración del Banco de España en la investigación de posibles depósitos de los responsables de la promotora en el exterior.

El abogado de la asociación, José Luis Escobar, explicó que el colectivo ha intentado personarse en la causa judicial en dos ocasiones y que no han podido por un defecto de forma, aunque lo seguirán pidiendo hasta que lo consigan.

Afirmó, además, que pedirán la prisión incondicional de los seis detenidos ya que las cuentas que tienen en España carecen de dinero, algo que no explican por qué en 2006 ingresaron 10 millones de euros, en 2007 un total de 41 y se estima que otros 40 en lo que va de año 2008.

Esto les hace pensar que la cúpula directiva de Riviera Coast Invest ha podido derivar importantes cuantías a otros países.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska había decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 y 40.000 euros para los directivos de la entidad Riviera Coast Invest, Roch Claude Tabarot y Francisco Fernández.

Además el juez Marlaska había dejado en libertad a los otros cuatro responsables de esta promotora, detenidos el pasado miércoles en el aeropuerto de El Altet.

El juez había determinado también para Tabarot y Fernández la obligación de presentarse todos los lunes ante el juzgado más próximo a su domicilio así como la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia.

Asimismo decretó la "libertad provisional" para los directivos José Antonio Quesada Cordón, Luis César Dávalos Coronatti, Sonsoles Sánchez Albiñana y Germán Piñeiro Vázquez que deberán comparecer cuando sean citados y que tendrán también que notificar cualquier cambio de domicilio.

Para el juez los delitos cometidos por los directivos de Riviera Coast Invest tienen la consideración "por el momento" de "delito continuado de apropiación indebida con especial gravedad al haber dedicado una cantidad aproximada de siete millones de euros a fines distintos a su objeto legítimo" de cancelar hipotecas que pesaban sobre inmuebles adquiridos por terceros.
Aún considerando la "gravedad de los hechos imputados, la cantidad distraída de su fin legítimo, manifestada en una actitud torticera y penalmente relevante" el juez determinó la prisión provisional eludible bajo fianza "sin perjuicio de lo que pueda resultar del desarrollo de la instrucción".

Según el auto judicial "no puede sostenerse con la necesaria seriedad la existencia del engaño precedente a la inversión" ya que "no consta un pago complementario" por la utilización de los fondos económicos de la sociedad y "la creación de un riesgo complementario y no pactado a la inversión de terceros de buena fe".

Ford fija en 1.013 los afectados por el ERE en la planta de Almusafes

VALENCIA.- La dirección de Ford Almusafes anunció hoy a los sindicatos que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal presentado por la empresa para los tres últimos meses del año finalmente afectará a 1.013 trabajadores, frente a los 1.300 que los sindicatos habían calculado en un principio.

No obstante, el secretario general de UGT en la factoría y presidente del Comité de Empresa, Gonzalo Pino, criticó que la dirección de la factoría pretende "echar la pelota al tejado de la administración valenciana" en lo que se refiere al complemento salarial.

En este sentido, Pino indicó que la empresa les trasladó en la reunión que está dispuesta a aportar hasta el 80 por ciento del salario de los trabajadores, con lo que, a su juicio, "está echando la pelota" al Consell, para que el ejecutivo autonómico "se haga cargo del 20 por ciento restante".

El representante sindical subrayó que el Gobierno valenciano "no debería de aprobar" el ERE si la dirección no se compromete a aportar la totalidad de las nóminas de los afectados, y que, en cualquier caso, si el Consell decidiera hacerse cargo de este complemento, tendría que "restar de las ayudas que tiene pedidas Ford, la cantidad que representa ese 20 por ciento del complemento salarial".

En cuanto a la posición de la compañía, lamentó que Ford alegue que "no puede complementar hasta el 100 por ciento" y que haya "cerrado la negociación", aunque precisó que las reuniones con los representantes de los sindicatos continuarán hasta el 26 de septiembre, cuando finaliza el plazo de consulta, de 15 días, para que tanto el Comité de Empresa como la Inspección de Trabajo realicen su informe sobre el ERE.

Asimismo, aseveró que Ford "no está en una situación tan complicada" y sostuvo que con la reducción de los empleados afectados hasta los 1.000, es "mucho más posible que puedan percibir el complemento salarial".

La empresa "ya va a obtener un beneficio al no pagar a parte de la plantilla durante tres meses", y por ello, hacerse cargo de la totalidad de la nómina de los trabajadores afectados "no le supone absolutamente nada", insistió Pino.

En la misma línea, hizo hincapié en que la empresa, "al no querer entender que se tiene que hacer cargo del complemento salarial, está diciendo a los trabajadores que vayan a la administración a que complemente, pero quien tiene que pagar es Ford", remarcó Pino, quien resaltó que los trabajadores "no tienen la culpa de la crisis porque no participan en las decisiones de la compañía" y que esta situación está "provocada por quienes dirigen la empresa".

Por su parte, fuentes de la compañía automovilística confirmaron que la multinacional del óvalo "está dispuesta a complementar hasta el 80 por ciento del salario completo de los trabajadores, incluida la antigüedad", de modo que "únicamente quedarían excluidos los pluses, como el de nocturnidad, que son muy poquito y además no los perciben todos", subrayaron.

Explicaron que el INEM se hace cargo del 70 por ciento del máximo de la cotización, cantidad que "exceden con creces" los empleados de Ford Almusafes "por los sueldos altos que tienen".

Así, "el 70 que pagaría normalmente la Seguridad Social, en este caso supone entre el 48 y el 53 por ciento de los salarios" de los empleados de Ford, por lo que "la empresa ha mostrado su disposición a complementar para todos ellos hasta el 80 por ciento del salario completo con la antigüedad".

El Comité de Empresa de Ford Almusafes tiene previsto reunirse mañana para tratar la negociación del convenio colectivo, aunque se ha incluido en el orden del día el ERE.

Los sindicatos presentes en el comité --UGT, CCOO, CGT y PUT-- darán a conocer mañana si aprueban o no el expediente, aunque UGT manifestó ya su negativa "si no se complementa el salario", con lo que, al ser el sindicato mayoritario con el 80 por ciento de los afiliados, previsiblemente el comité rechazará el ERE.

Del mismo modo, la Inspección de Trabajo visitará mañana a las 9.30 horas la factoría para preparar su informe sobre el expediente y para recabar información tanto de los sindicatos como de la dirección de Ford.

Por lo que se refiere al sindicato CCOO en la planta, el secretario general de esta organización en Ford, Miquel Rosaleny, explicó que el ofrecimiento de la dirección de llegar hasta el 80 por ciento "del salario bruto y el plus de antigüedad, excluyendo otros pluses" supone que merma del salario "es mucha".

Destacó que esa disminución de la nómina es aún mayor "para los empleados del turno de noche que se vean afectados, ya que el plus de nocturnidad es una cantidad muy importante". Criticó que "aunque la empresa lo presenta como un esfuerzo, lo que ofrece es muy poco, y no llega a lo que pedimos".

Por ello, avanzó que CCOO también rechazará mañana en la reunión del Comité de Empresa el ERE y lamentó que la compañía no haya presentado esta propuesta para que los sindicatos puedan negociar, sino que "ha cerrado la negociación" porque ha dicho que "hasta ahí está dispuesta a llegar".

La secretaria general de CGT en Ford Almusafes, Francisca Cuesta, también mostró su "rechazo al expediente" y exigió a los responsables de la fábrica la lista concreta de empleados que se verán afectados.

La compañía trasladó hoy a las organizaciones sindicales el número de afectados por planta, aunque no los nombres de los trabajadores que acudirán al ERE.

Así, de los 1.013 afectados, 363 serán de la planta de Montaje; 183 de Pintura; 220 de Prensas y Carrocerías; 90 de Control de Calidad; 127 de Logística; 20 de Mantenimiento Central; y los restantes 10 trabajadores pertenecerán a otros departamentos.

Del mismo modo, el sindicato se refirió en un comunicado a las declaraciones de Pino, quien ayer dijo que sólo defenderá el complemento salarial para los afiliados a su organización.

Así, apuntaron que "en el improbable caso de que la empresa pactase un trato discriminatorio con un sindicato --por muy dócil y amigo suyo que éste sea, apostillaron-- los servicios jurídicos de la CGT presentarán la correspondiente denuncia ante los juzgados de lo social".

Bancaja tiene invertidos 13 millones de euros de sus clientes a través de fondos en bonos de Lehman

VALENCIA.- Bancaja tiene invertidos 13 millones de euros de sus clientes a través de cinco fondos de inversión en bonos de Lehman Brothers, cantidad que representa "un pequeño porcentaje de su patrimonio", explicó hoy la entidad valenciana.

La caja de ahorros aclaró que "no tiene exposición directa a Lehman Brothers" e indicó que la situación del banco de inversión estadounidense "no tendrá impacto ni sobre el balance, ni sobre la cuenta de resultados de la entidad".

Asimismo, la entidad precisó que estos fondos "tienen un perfil de inversión agresivo, su gestión es dinámica y especializada y no se comercializan de forma masiva en las oficinas de Bancaja".

La entidad aseguró que esta clase de fondos de inversión "son suscritos habitualmente por clientes con elevada cultura financiera" y que, por tanto son conocedores del riesgo que conllevan estas operaciones.